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Abel Patricio Saavedra Tobar con MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ Rol: C1061-17

Consejo para la Transparencia, 07/07/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Olmué fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "el monto, en pesos chilenos, de lo que se paga mensual a Radio Latina de Limache, por el espacio radial que tiene la municipalidad de Olmué con esta radio. Además solicito las copias de las facturas de lo pagado, año 2016, de Enero a Diciembre de este año nombrado, y una copia del contrato que se hizo con esta radio". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredita la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Telecomunicaciones
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1061-17

Entidad pública: Municipalidad de Olmué

Requirente: Abel Patricio Saavedra Tobar

Ingreso Consejo: 23.03.2017

En sesión ordinaria N° 813 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1061-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de febrero de 2017, don Abel Patricio Saavedra Tobar solicitó la Municipalidad de Olmué "el monto, en pesos chilenos, de lo que se paga mensual a Radio Latina de Limache, por el espacio radial que tiene la municipalidad de Olmué con esta radio. Además solicito las copias de las facturas de lo pagado, año 2016, de Enero a Diciembre de este año nombrado, y una copia del contrato que se hizo con esta radio".

2) RESPUESTA: El 6 de marzo de 2017, mediante documento denominado "Informe Técnico", la Municipalidad de Olmué dio respuesta a la solicitud de acceso, limitándose a señalar, en lo pertinente, que "no es posible atender a vuestro requerimiento, de conformidad a lo señalado en el artículo N° 21 numeral 1°, letra c), parte final y numeral 2° de la ley N° 20.285".

3) AMPARO: El 17 de marzo de 2017, ante la Gobernación Provincial de Marga Marga, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, ingresado a este Consejo con fecha 23 de marzo de 2017, fundado la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante oficio N° E608, de fecha 10 de abril de 2017, lo notificó y confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Olmué, quien por medio de Ord. N° 477-17, de fecha 08 de mayo de 2017, presentó sus descargos u observaciones señalando, en síntesis, que:

a) Respecto de la causal de secreto del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, dicho municipio entiende que acceder a lo solicitado distrae indebidamente a los funcionarios, por cuanto "significaba el desarchivo de los antecedentes contables del año 2016, efectuar la búsqueda de los referidos pagos mes a mes, y luego de ello, buscar los respaldos que lo justificaban, lo que significaba la utilización de un tiempo excesivo del personal del Departamento de Finanzas de la municipalidad, considerando su jornada de trabajo, y causando un alejamiento de sus funciones habituales". Asimismo, agrega que el personal del departamento -a la fecha de la solicitud- se encontraba realizando labores de apoyo a la Dirección de Tránsito en el proceso de pago de permisos de circulación, como asimismo "temas relativos al cierre del año contable 2016 y pago de patentes comerciales".

b) En cuanto a la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, aquella es aplicable atendido lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, toda vez las facturas son un documento tributario. En tal sentido, alega que "(...) resulta incuestionable, que la información solicitada por el recurrente contiene datos cubiertos por el secreto tributario por tratarse de información cuya divulgación afecta directamente derechos de índole comercial y económico de terceros, cumpliéndose de esta forma la causal de reserva establecida en el artículo 2° de la Ley de Transparencia, encontrándose consecuentemente las respectivas facturas, amparadas por el deber de reserva o secreto tributario en los términos expuestos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, del tenor de la solicitud, lo requerido corresponde a información sobre el monto de los pagos efectuados por la Municipalidad a Radio Latina de Limache -entendiéndose por tal, el documento en que conste la realización del pago y su respectivo monto-, las facturas que le sirven de fundamento, para los meses de enero a diciembre del año 2016, y el contrato suscrito entre la Municipalidad de Olmué y la señalada radioemisora. Por su parte, el órgano denegó su acceso, alegando la concurrencia de las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe señalar previamente que esta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la antedicha hipótesis de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, este estándar no ha sido demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, en el presente procedimiento, la requerida tanto en su respuesta a la solicitud como en sus descargos, se limitó a invocar la causal de reserva y a indicar que su recopilación requeriría distraer la atención de funcionarios de sus labores habituales; con todo, no indicó cual es el volumen de informacion a revisar, los funcionarios que dispondría para realizar dicha tarea, tiempo estimado o costo de oportunidad en dicha labor, u otro antecedente que permitiese a esta Corporación dar por acreditada la causal de reserva en que funda la denegación de acceso. En efecto, a juicio de este Consejo, los dichos de la reclamada carecen de la plausibilidad necesaria para configurar la causal de secreto esgrimida, ello por cuanto no resulta razonable que el acopio o levantamiento información presupuestaria y contable, vinculada con el uso de recursos municipales en una materia específica como sería el pago de servicios por concepto de publicidad a una radioemisora determinada, y referida exclusivamente al año 2016, no obre en su poder de una forma suficientemente ordenada y clasificada. Por tal motivo, se desestimará la concurrencia de la causal de secreto o reserva en análisis.

7) Que, ahora bien, en cuanto a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por el órgano y que aplicaría respecto de las facturas requeridas, ésta también debe ser desestimada, toda vez que como ha sostenido este Consejo, la antedicha causal de excepción está establecida en forma exclusiva en favor de terceros -personas naturales o jurídicas- a quienes se refiera la información, y que cuentan con el procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual no fue aplicado en este caso. Por tal motivo, los argumentos esgrimidos por el órgano reclamado para configurar dicha causal no pueden ser considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla.

8) Que, no obstante lo anterior, cabe hacer presente que el inciso segundo del señalado artículo 35, contempla un deber de reserva para el Director del Servicio de Impuesto Internos y para todos sus funcionarios. Luego, este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09). Por tanto, no cabe extender su aplicación a funcionarios distintos de aquellos a quienes va dirigido ni a actos de la administración ni a información distinta de la estrictamente comprendida.

9) Que, a mayor abundamiento, la información objeto del presente amparo, está constituida por documentos que dan cuenta del uso de recursos públicos por parte del municipio. En efecto, tanto el contrato requerido como los comprobantes de pago y las respectivas facturas solicitadas dan cuenta de los montos dispuestos por la reclamada para el pago de servicios que le son prestados por terceros. Por tal razón, es información de naturaleza pública cuya revisión permite el ejercicio de un control social, sobre el uso y manejo del presupuesto de un órgano de la Administración del Estado.

10) Que, en consecuencia, no resultado suficientes las alegaciones efectuadas por el órgano para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo y se ordenará a la Municipalidad de Olmué hacer entrega al solicitante de la información a que se refiere el numeral 1 de lo expositivo de esta decisión. Con todo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información requerida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Abel Patricio Saavedra Tobar, en contra de la Municipalidad de Olmué, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Olmué:

a) Hacer entrega al reclamante la siguiente documentación:

i. Copia de los comprobantes de pago y sus respectivas facturas, efectuados a la Radio Latina de Limache, entre enero a diciembre del año 2016.

ii. Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre el municipio y Radio Latina de Limache.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

Con todo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información requerida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Abel Patricio Saavedra Tobar y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Olmué.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.