logo
 

Mario Guzmán Vergara con MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Rol: C1328-17

Consejo para la Transparencia, 14/07/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Recoleta, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "Copia y respaldo de la auditoría efectuada en el año 2016, por el departamento de control en conjunto con el departamento de finanzas a la Corporación Cultural de Recoleta". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Rendición de cuentas 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1328-17

Entidad pública: Municipalidad de Recoleta.

Requirente: Mario Guzmán Vergara.

Ingreso Consejo: 20.04.2017.

En sesión ordinaria N° 815 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1328-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de marzo de 2017, don Mario Guzmán Vergara, solicitó a la Municipalidad de Recoleta -en adelante e indistintamente Municipio o Municipalidad-, la siguiente información: "Copia y respaldo de la auditoría efectuada en el año 2016, por el departamento de control en conjunto con el departamento de finanzas a la Corporación Cultural de Recoleta".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 918/2017, de fecha 18 de abril de 2017, el órgano adjuntó memorándum N° 104/2017, de misma fecha, por el cual se informa que lo solicitado forma parte de una denuncia presentada por malversación de caudales públicos, denegándose por lo tanto lo requerido. Dicha causa tiene el RUC N° 1610002036-3.

3) AMPARO: El 20 de abril de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, mediante oficio N° E860, de fecha 2 de mayo de 2017.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 991, de fecha 19 de mayo de 2017, en síntesis, alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, basado en lo siguiente:

a) Con fecha 30 de junio de 2015, se produce la remoción del Director don Roberto Andrés Guerra Veas, por existir serios antecedentes de su mala administración, lo que dio origen a una auditoría.

b) Con estos antecedentes, el Municipio efectuó en el Juzgado de Garantía de Santiago (3°), denuncia criminal, acompañando entre los documentos pertinentes los que corresponden a la auditoria. El Ministerio Público con estos antecedentes está procediendo a efectuar las indagaciones en todos los posibles involucrados o presuntos involucrados en estos hechos. Es evidente que hacer públicos los nombres de las personas respecto a las cuales se investiga por acciones que pueden ser constitutivas de delitos o hacer públicas las actividades que se considera sospechosas, pueden afectar la investigación o podrían afectar a personas por ser presionadas a negar hechos, o a pre constituir pruebas. Pondría en peligro la investigación y persecución de los hechos denunciados, a los cuales se otorga la mayor gravedad. En este caso, los antecedentes descritos y recogidos en la auditoria son esenciales para la investigación, junto a la documentación adjunta.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, con fecha 05 de julio de 2017, hizo ingreso a la página web del poder judicial -http://reformaprocesal.poderjudicial.cl/ConsultaCausasJsfWeb/page/panelConsultaCausas.jsf-, link en donde al ingresar el Rol Único de la causa judicial señalada por el órgano, se apreció que en dicha web, la denuncia se encuentra accesible para el público en general, en forma íntegra, junto con todos los antecedentes acompañados por el Municipio, como la auditoria solicitada en este amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la auditoria indicada en el numeral 1°, de lo expositivo, cuya entrega fue denegada por el órgano por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, debido a que lo solicitado fue acompañado en denuncia criminal deducida por el Municipio, produciéndose la afectación a la investigación en la forma indicada en el numeral 4°, letra b), de lo expositivo.

2) Que, como primera cuestión, se debe señalar que lo requerido constituye un acto de la administración del Estado, el que la Constitución Política de la República declara que es de naturaleza pública. En efecto, el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie.

3) Que, la causal de reserva alegada, debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Sin embargo, este Consejo, de conformidad a lo anotado en el numeral 5°, de lo expositivo, pudo apreciar que lo requerido se encuentra publicado íntegramente en la página web del Poder Judicial. Así las cosas, estando publicada la auditoría, no resultan plausibles los perjuicios que se pretenden evitar con la mantención en secreto de ésta, cuando aquella en realidad se encuentra a disposición del público en general.

4) Que, a mayor abundamiento, y siguiendo lo resuelto en el amparo A44-09, sobre la materia se debe señalar que la auditoría interna, en tanto herramienta de control interno y gestión, busca resguardar el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y que, de acuerdo al artículo 52, inciso 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGRPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizada de la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado "(...) consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", agregando el artículo 53 del mismo cuerpo legal que "el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz (...)". Precisamente la auditoría interna es uno de estos medios. A su turno, el artículo 9 N° 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción compromete a los Estados Parte, en sus letras c) y d), a tomar medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública, incluyendo la adopción de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente y la implementación de sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno.

5) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, se acogerá el presente amparo, ordenándose al órgano hacer entrega de lo requerido en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Mario Guzmán Vergara en contra de la Municipalidad de Recoleta, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta que:

a) Entregue al solicitante, copia y respaldo de la auditoría efectuada en el año 2016, por el departamento de control en conjunto con el departamento de finanzas a la Corporación Cultural de Recoleta, debiendo tarjar, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Mario Guzmán Vergara y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.