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Mario San Martín Aliaga con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C1314-

Consejo para la Transparencia, 14/07/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en que se dio respuesta incompleta a una solicitud de información referente a: a) "Los resultados, multas y/o apelaciones si las hubo y conclusión final respecto a una denuncia formulada por alumnos del CEIA, Centro de Educación Integrada de Adultos de San Carlos, donde se matriculó alumnos que ya habían sido objeto de subvención estatal. Indica que la Superintendencia Regional del Biobío acogió en el 2016 la denuncia y se realizó una investigación de ese caso; y, b) el listado de denuncias correspondientes a la comuna de San Carlos (Ñuble), contenido de la misma, fecha e identidad del o los denunciantes. Solicita información y resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de la identidad de los denunciantes y el contenido de las denuncias requeridas, por configurarse en la especie las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1314-17

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: Mario San Martín Aliaga

Ingreso Consejo: 18.04.2017

En sesión ordinaria N° 815 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1314-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de febrero de 2017, don Mario San Martín Aliaga solicitó a la Superintendencia de Educación:

a) "Los resultados, multas y/o apelaciones si las hubo y conclusión final respecto a una denuncia formulada por alumnos del CEIA, Centro de Educación Integrada de Adultos de San Carlos, donde se matriculó alumnos que ya habían sido objeto de subvención estatal. Indica que la Superintendencia Regional del Biobío acogió en el 2016 la denuncia y se realizó una investigación de ese caso; y,

b) el listado de denuncias correspondientes a la comuna de San Carlos (Ñuble), contenido de la misma, fecha e identidad del o los denunciantes. Solicita información y resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante Ord. N° 220, de 27 de marzo de 2017, el órgano comunicó al solicitante la prórroga para pronunciarse sobre la solicitud. Luego, por medio de Ord. 10DJ N° 268, de 10 de abril de 2017, el órgano accedió parcialmente a la entrega de la información. En cuanto al listado de denuncias correspondientes a la comuna de San Carlos, se entrega una planilla Excel que contiene el número de denuncias resueltas. En cuanto a la denuncia formulada respecto al Centro de Educación Integrada de Adultos de San Carlos (CEIA), informa que dicho proceso administrativo se encuentra pendiente (con recurso pendiente) a la fecha de la solicitud por lo que deniega su entrega.

3) AMPARO: El 18 de abril de 2017, don Mario San Martín Aliaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta incompleta a su requerimiento. El reclamante indica que "(...) no se contiene la información solicitada en cuanto a contenidos de las denuncias, fecha e identidad del o los denunciantes. Respecto de resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha, no hay respuesta satisfactoria".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante Oficio N° E875, de 2 de mayo de 2017. Mediante Ord. 10 DJ N° 925, de 12 de mayo de 2017, la Superintendencia presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Sobre lo requerido en el literal a) indica que dicha denuncia y posterior investigación derivó en un proceso administrativo sancionatorio, que a la fecha se encuentra con un recurso de reclamación pendiente, por lo que la entrega de la información afecta el debido proceso y el derecho a la defensa en dicho procedimiento. Por lo anterior, tratándose de un procedimiento que no se encuentra afinado, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia. Asimismo, indica que procede la causal del artículo 21 N° 2 de la citada Ley.

b) Respecto al literal b), en lo relativo a la identidad del o los denunciantes, información y resultados de investigaciones se informa que las denuncias que se encuentran cerradas son un total de 55. Por tanto, para entregar las identidades de los denunciantes, sumado a la información y resultados de las investigaciones, debería notificar a cada uno de los denunciantes, para así cumplir lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Hace presente que los funcionarios (2) de la Unidad de Transparencia tendrían que haberse ocupado exclusivamente durante 2 días hábiles a conferir los traslados a dichos denunciantes en su calidad de terceros, y que las respuestas de dichos terceros no habrían llegado en tiempo a la Superintendencia para cumplir con los plazos establecidos en la Ley. En razón de lo anterior, se configura la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia.

c) Por su parte, se reservó la identidad de los denunciantes e información de cada denuncia en razón de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega afectaría la esfera de la vida privada de los denunciantes en cuestión.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se circunscribe a la denegación de parte de la información requerida, particularmente, la información referida a contenidos de las denuncias, fecha e identidad del o los denunciantes, como asimismo, los resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que la Superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha.

2) Que la reclamada entregó al solicitante un listado en formato Excel con la siguiente información: RBD del establecimiento, nombre del establecimiento, comuna, región y tipo de dependencia del establecimiento. Por su parte, respecto de la identidad del o los denunciantes, información (contenido) y resultados de las investigaciones, el Servicio denegó su entrega por aplicación de las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y del artículo 21 N° 1, literal c), de la citada Ley.

3) Que respecto a la identidad de los denunciantes, cuestión que también resulta aplicable al contenido de las denuncias, y más allá de las causales alegadas por el órgano, este Consejo ha sostenido reiteradamente, desde las decisiones recaídas en los amparos Roles C520-09 y C302-10, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias..." (considerando 7° de la decisión del amparo Rol 520-09). En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por su parte, este Consejo tuvo a la vista el contenido de la denuncias requeridas, las que versan sobre materias sensibles vinculadas a diversas materias entre las que destacan: maltrato a estudiantes (físico o psicológico, de adultos a alumnos y entre alumnos), discriminación y agresiones sexuales, etcétera, entre las que se contienen esencialmente datos personales y sensibles, de menores de edad, de los denunciantes y denunciados, Por lo anterior, atendido lo razonado en relación a la identidad de los denunciantes y, en razón de la naturaleza de la información referida al contenido de dichas denuncias, se configura en la especie la hipótesis de reserva comprendida en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará esta parte del amparo.

4) Que en cuanto a la fecha de las denuncias requeridas, tratándose de un número acotado de éstas (55) y resultando imposible la afectación a los derechos de terceros por su publicidad, no configurándose en la especie ninguna causal de reserva a su respecto y obrando dicha información en poder de la reclamada se acogerá en esta parte el amparo y se requerirá su entrega en lo resolutivo del presente acuerdo.

5) Que finalmente, respecto a aquella parte de la solicitud referida a los resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha, de la respuesta otorgada por el Servicio se desprende que éste sólo informó sobre el estado en que se encuentran las denuncias entregadas, (resueltas) pero no entregó información relativa a los resultados de las investigaciones y/o fiscalizaciones requeridas, realizadas en la comuna, desde el año 2015 a la fecha de la solicitud. Al efecto, cabe hacer presente que "Formulada una denuncia (...) la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento sancionatorio o la respectiva mediación". La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias conocidas y resueltas. Por último, si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento (...). Como consecuencia de dicho procedimiento el Director Regional podrá sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente (artículos 59 y siguientes de la Ley N° 20.529). Por lo anterior, tras análisis de la respuesta otorgada en su oportunidad, se concluye que ésta no permite satisfacer íntegramente el requerimiento de información, motivo por el que se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá a la Superintendencia entregar los resultados de investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) de los años 2015 a la fecha (Por ejemplo, si dichas denuncias dieron lugar a la instrucción de un procedimiento sancionatorio, indicar si éste terminó con sobreseimiento o con aplicación de sanciones).

6) Que por último, y atendido lo razonado, resulta innecesario pronunciarse acerca de la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia igualmente alegada por la reclamada con ocasión de sus descargos y observaciones.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mario San Martín Aliaga, de 18 de abril de 2017, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar; rechazándolo respecto de la identidad de los denunciantes y el contenido de las denuncias requeridas, por configurarse en la especie las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar:

a) Hacer entrega al reclamante de la fecha de las denuncias correspondientes a la comuna de San Carlos, así como los resultados de las investigaciones y/o fiscalizaciones que esa superintendencia haya realizado en la comuna de San Carlos (Ñuble Biobío) entre el año 2015 a la fecha de la solicitud de información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario San Martín Aliaga y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.