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Robert Muller con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1357-17

Consejo para la Transparencia, 18/07/2017

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia del padrón del vehículo matrícula XH6640". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1357-17.

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Robert Muller.

Ingreso Consejo: 21.04.2017.

En sesión ordinaria N° 816 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1357-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de marzo de 2017, don Robert Muller solicita al Servicio de Registro Civil e Identificación, "copia del padrón del vehículo matrícula XH6640".

2) RESPUESTA: El Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante carta N° 63-2017, de fecha 21 de abril de 2017, informa que el vehículo consultado registra, a esa fecha, como propietario a don Ángel Galaz Soto, por lo tanto, el reclamante tampoco sería propietario anterior o titular de alguna solicitud de transferencia en trámite respecto del mismo. Precisado lo anterior, sostienen que en virtud de lo establecido en el artículo 39 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito - en adelante Ley de Tránsito-; y el artículo 1° del decreto supremo N° 1.111, que aprueba Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados - en adelante D.S. N° 1.111-; les corresponde llevar un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos, la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que se otorguen. La labor del citado registro, se traduce por lo tanto, en mantener la historia de la propiedad automotriz y dar publicidad de ella, registrando a nivel nacional primeras inscripciones, transferencias y anotaciones relativas a vehículos motorizados. De este modo, respecto al certificado de inscripción en el registro (padrón), el artículo 53 de la ley citada, consigna que la obtención de la inscripción correspondiente se solicitará en cualquiera de sus oficinas la que otorgará el Certificado de Inscripción que lo identifique, el mismo que deberá otorgarse cada vez que se cambie el titular del dominio del vehículo. Por lo tanto, la norma citada deja claramente establecida la forma de obtener el certificado en cuestión, es decir, no autoriza su entrega en ninguna otra circunstancia; menos aún que un tercero en cualquier momento lo requiera.

Por su parte, hacen presente lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Tránsito, en concordancia con los artículos 15 y 18 del D.S. N° 1.111, en atención a que el Certificado de Inscripción de Dominio - el cual es remitido por correo al adquirente - contiene el dato del domicilio del propietario del vehículo, el cual es ingresado a su base de datos, conforme a la información aportada por él en su oportunidad. Asimismo, de las normas citadas estiman que es posible colegir que el domicilio no es un antecedente que forme parte de la inscripción de un vehículo motorizado en el Registro de Vehículos Motorizados, conforme se aprecia de la sola lectura del artículo 10 del D.S. N° 1.111. Por lo tanto, dicho antecedente se obtendría - en el caso de los Certificados de Inscripción - de los datos personales que el propietario entrega, al solicitar la inscripción a su nombre de un vehículo.

En consecuencia, estiman que la entrega a cualquier persona del Certificado de Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, les significaría no respetar las restricciones legales y reglamentarias, pues allí consta el domicilio del propietario, dato personalísimo sujeto a reservas legales, en atención a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. A mayor abundamiento, informan jurisprudencia en tal sentido de este Consejo.

Finalmente, sostienen que tanto la Ley de Tránsito, así como la ley N° 19.477, que aprueba Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación - en adelante ley N° 19.477-; los facultan para realizar inscripciones en los registros a que se refieren dichas normas, recolectando una serie de datos personales de los comparecientes, entre ellos su domicilio, dato éste que, no han sido recolectadas de fuentes accesibles al público. Además, el detalle de las características de cada vehículo, se debe obtener a través del correspondiente Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, de cada uno de ellos, en cualquiera de sus oficinas o en su página web, cancelando los derechos de rigor por cada certificado.

3) AMPARO: Con fecha 21 de abril de 2017, don Robert Muller deduce amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. En particular, sostiene que ha "solicitado el padrón como tal (aunque sea tachado) y no se me entregó, haciendo mención solamente al nombre del propietario y no los demás datos que posee el padrón (...) De no ser factible, agradeceré remitir todos los datos contenidos en el padrón requerido".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante oficio N° E898, de fecha 8 de mayo de 2017, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 367, de fecha 22 de mayo de 2017, señala que la denegación de la entrega de lo pedido se fundamenta en la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, puesto que su comunicación afecta el derecho a la vida privada, a la propiedad del vehículo y derechos de carácter comercial y económico del titular de la inscripción del vehículo. En este sentido, no debe olvidarse que el documento que acredita, en rigor, la propiedad del vehículo (padrón) contiene datos de propiedad de las personas titulares del mismo. Citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en tal sentido.

Además, precisan que conforme lo establecido en el artículo 2 N° 32 de la Ley de Tránsito, la expresión "padrón", se encuentra asociada al "permiso de circulación", documento que otorgan las municipalidades, y no al "certificado de inscripción", a que alude el artículo 53 de dicha ley. Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante que el reclamante indicó en su solicitud que requiere acceder a "copia del padrón" del vehículo que indica, entendieron que lo pedido era el "Certificado de Inscripción" que comúnmente se le conoce como "padrón". Por lo anterior, no se derivó esta consulta de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia a la Municipalidad respectiva.

En virtud de lo razonado precedentemente, informan que para la solicitud del certificado de inscripción o padrón, el legislador ha aumentado las exigencias para su otorgamiento. Al respecto, hacen presente que su entrega se hace solo bajo ciertas y determinadas hipótesis, esto es, al momento de su primera inscripción o cuando exista una transferencia del vehículo. Además, que su entrega sólo se efectúa al titular de la inscripción (propietario o dueño) del vehículo. Fuera de dichas hipótesis, no están facultados para generar un nuevo Certificado de Inscripción o "padrón" del vehículo, menos aún para hacerlo disponible a un tercero.

Por su parte, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a una serie de restricciones, como por ejemplo que solo el titular de la inscripción pueda requerir este documento, excluye la posibilidad de considerarlo como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628; citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Finalmente, y atendiendo en especial a que, en definitiva, lo que se solicita es un "certificado", resulta pertinente aplicar en la especie la reiterada y uniforme jurisprudencia de este Consejo que señala que la solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia, como ocurre en el presente caso, no constituye una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia no siendo, en consecuencia, ésta la vía idónea para efectuar este tipo de requerimientos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia del padrón del vehículo cuya patente se indica. Al respecto, el órgano reclamado entiende que lo pedido es copia del Certificado de Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, comúnmente denominado "padrón", y que no dice relación con la definición establecida en la Ley de Tránsito, de dicho término, que se relaciona más bien al denominado "permiso de circulación" que otorgan las municipalidades.

2) Que entendiendo lo pedido como copia del Certificado de Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, es necesario hacer presente que el artículo 3 de la ley N° 19.477, establece que corresponderá al Servicio de Registro Civil e Identificación "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1° y 7°, del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que dentro de sus funciones se encuentran, dentro de otros, las de formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el Registro de Vehículos Motorizados, y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". A su vez, los artículos 39 y 47 de la Ley de Tránsito, disponen, respectivamente, que "llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue", debiendo "informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados". Por otra parte, el decreto con fuerza de ley N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, establece el monto en pesos de los impuestos que deberán pagarse por las actuaciones del órgano reclamado, cuyos valores serán reajustados por decreto del Ministerio de Justicia.

3) Que, por su parte, el artículo 53 de la Ley de Tránsito prescribe que "La obtención de la patente única y de la inscripción correspondiente se solicitará en cualquiera Oficina de Registro Civil e Identificación, la que otorgará el certificado de inscripción que lo identifique. // Igual certificado deberá otorgarse cada vez que se cambie el titular del dominio del vehículo. // El certificado de inscripción se otorgará en ejemplares cuya forma y especificaciones técnicas las determinará el reglamento y será uniforme para todo el país. // El certificado de inscripción deberá contener, a lo menos, las siguientes indicaciones: 1. Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación que lo expida; 2. Número de registro, para los efectos de su patente única; 3. Nombres, apellidos y domicilio del propietario del vehículo; 4. Marca, año, modelo del vehículo y los números de fábrica que lo identifiquen; 5. Fecha de emisión del certificado de inscripción, y 6. Fecha en que se practicó la inscripción, así como la fecha del cambio del propietario, si lo hubiere".

4) Que, por su parte, la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Así, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En este sentido, conviene tener presente a título ejemplar, que en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular.

5) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a ciertas restricciones, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.

6) Que, a mayor abundamiento, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 9 de abril de 2015, en causa Rol N° 8582-2014, sostuvo en su considerando 9°, que "En la especie, trátese de información contenida en registros públicos, pero sometida a la aportación de determinados datos, lo que implica que su acceso es restringido o, de otra forma dicho, que no es una fuente accesible al público. Y ambos conceptos no son asimilables, situación que el propio Consejo ha establecido en Decisiones anteriores. El voto disidente los señala específicamente. Esta es la forma en que se entregan los certificados de defunción y las anotaciones vigentes de vehículos motorizados, en lo atinente al caso, vale decir, en forma individual y sobre la base de un suministro previo de ciertos datos que posibilitan el acceso. Esto implica que la ley ha determinado un procedimiento distinto de acceso a la información sita en registros públicos". Seguidamente agregó que "en lo que hace al Registro de Vehículos Motorizados, vinculado con lo dispuesto en la Ley del Tránsito (Artículo 47) referido a la obtención de la patente única y al otorgamiento del correspondiente certificado, y 28 del DS N°1111 que expresa que el Servicio del Registro Civil e Identificación informará o certificará, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el registro de Vehículos Motorizados a través de certificados automatizados que contendrán dicha información (...)".

7) Que, teniendo presente lo señalado en los considerandos precedentes, se aprecia que lo solicitado es el certificado de inscripción del vehículo individualizado, el cual se entrega sólo en determinadas hipótesis. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y a ese régimen debe estarse, de modo que la solicitud de la parte reclamante debe ser rechazada pues con ella se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, conforme sus específicas funciones y competencias legales.

8) Que, en mérito de lo antes razonado, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder al padrón o certificado de inscripción del vehículo que se indica, se rechazará el presente amparo.

9) Que, atendido que el presente amparo se rechazó por los fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, a juicio de este Consejo resulta inoficioso referirse a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rober Muller contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, todo en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Robert Muller y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.