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María Angélica Rivas Núñez con MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA Rol: C1155-17

Consejo para la Transparencia, 21/07/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Independencia, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información, indicando en ella que "de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Obras Municipales, el denunciado ingresó un expediente, el cual se encuentra en etapa de revisión. Razón por la cual no es posible resolver el citado reclamo, hasta evacuar un pronunciamiento en cuanto al expediente ingresado". El Consejo acoge el amparo, toda vez que se desestima la causal alegada por la reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1155-17

Entidad pública: Municipalidad de Independencia

Requirente: María Angélica Rivas Núñez

Ingreso Consejo: 03.04.2017

En sesión ordinaria N° 817 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1155-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Doña María Angélica Rivas Núñez solicitó a la Municipalidad de Independencia, por medio de los requerimientos código N° MU111T0000870 y N° MU111T0000871, ambos de fecha 17 de febrero de 2017, código N° MU111T0000886 y N° MU111T0000887, ambos de fecha 08 de marzo de 2017, "información sobre todos los trámites internos que ha seguido el documento ingresado en la oficina de partes de la Dirección de Obras el 16 de febrero de 2016. Una denuncia contra Claudio Infante Fabres por colocar una reja sobre el muro medianero, sin mi consentimiento (...)"; y "toda la información que posea atinente a la denuncia presentada en oficina de partes el 16 de febrero de 2017 (...).".

2) RESPUESTA: El 31 de marzo de 2017, mediante Oficio Ord. N° 214, la Municipalidad de Independencia respondió a dicho requerimiento de información, indicando que "de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Obras Municipales, el denunciado ingresó un expediente, el cual se encuentra en etapa de revisión. Razón por la cual no es posible resolver el citado reclamo, hasta evacuar un pronunciamiento en cuanto al expediente ingresado".

3) AMPARO: El 03 de abril de 2017, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Mediante Oficio N° E702, de 17 de abril de 2017, este Consejo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, solicitó al reclamante subsanar su amparo en orden a que aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, señalando de manera precisa y concreta, la información que solicitada no fue proporcionada, y cuya entrega reclama en esta instancia.

Al efecto, por medio de presentación escrita, de fecha 25 de abril de 2017, la reclamante señaló en lo pertinente, en síntesis, que la respuesta entregada evade informar sobre "todos los tramites que ha seguido el documento". Asimismo, adjuntó una serie de antecedentes referidos al motivo de la presentación de la denuncia a que se refiere la solicitud de acceso objeto del amparo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° E824, de 02 de mayo de 2017, notificó y confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia, quien por medio de Oficio Ord. N° 328, de 25 de mayo de 2017, presentó sus descargos y observaciones, limitándose a señalar que la respuesta entregada se basa en que la informacion solicitada se encuentra en análisis por parte de la Dirección de Obras, y en tal contexto, la entrega de la misma "podría afectar o no la toma de decisión respecto del expediente presentado". Cita al efecto, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a información sobre "los trámites internos" que habría seguido la denuncia presentada por la solicitante con fecha 16 de febrero de 2016. Por su parte, el presente amparo se funda en la denegación de la información requerida por parte de la Municipalidad de Independencia, toda vez que la respuesta al efecto entregada por el órgano no daría cuenta de la información solicitada.

2) Que, en sus descargos en esta sede, la reclamada, no obstante, no señalarlo expresamente, alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, por cuanto la información requerida se encontraría en análisis de la Dirección de Obras Municipales y su entrega podría afectar o no la toma de decisión respecto del expediente presentado.

3) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Luego, el artículo 29 de la ley N° 19.880, establece que "Los procedimientos se iniciarán de oficio por propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia. / Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento".

4) Que, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

5) Que, en relación a la antedicha causal, este Consejo, ha sostenido en forma reiterada que dicha causal exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, la cual debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva.

6) Que, en el presente caso, la reclamada no ha acreditado de manera concreta cuales son las deliberaciones que se encuentren pendientes ni demostró como la publicidad de lo pedido puede afectar el debido funcionamiento del órgano. Por el contrario, solo se limitó a señalar de forma ambigua que lo requerido se encuentra en análisis por la Dirección de Obras y su entrega podría afectar o no la toma de decisión respecto del expediente presentado, presentación que este Consejo entiende dice relación con el expediente de regularización que habría ingresado el denunciado, mas no al expediente administrativo a que habría dado inicio la denuncia consultada, de existir este último. En la especie, el órgano no ha proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño en los términos antes expuestos.

7) Que, en consecuencia, se desestimará la causal alegada por la reclamada, y se acogerá el amparo interpuesto ordenándose la entrega del expediente administrativo o de fiscalización a que hubiese dado lugar la denuncia presentada por la peticionaria con fecha 16 de febrero de 2016. Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su parte, respecto de los profesionales que intervienen en la tramitación de solicitudes y/o expedientes ante las Direcciones de Obras, teniendo presente lo dispuesto en los artículo 18 y siguientes, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y el criterio sostenido por este Consejo sobre la materia, no se deberán tarjar los nombres y firmas de los profesionales que resulten individualizados en los documentos respectivos, entre ellos, el arquitecto que realizó el proyecto de arquitectura, el profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, el profesional a cargo de la obra, los profesionales a cargo de los proyectos de especialidades, el inspector técnico de obra (ITO), el revisor independiente de obras de construcción y el revisor del proyecto de cálculo estructural, todo lo anterior, en caso que sea pertinente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña María Angélica Rivas Núñez, en contra de la Municipalidad de Independencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia del expediente administrativo o de fiscalización a que hubiese dado lugar la denuncia presentada por la peticionaria con fecha 16 de febrero de 2016.

Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su parte, respecto de los profesionales que intervienen en la tramitación de solicitudes y/o expedientes ante las Direcciones de Obras, teniendo presente lo dispuesto en los artículo 18 y siguientes, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y el criterio sostenido por este Consejo sobre la materia, no se deberán tarjar los nombres y firmas de los profesionales que resulten individualizados en los documentos respectivos, entre ellos, el arquitecto que realizó el proyecto de arquitectura, el profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, el profesional a cargo de la obra, los profesionales a cargo de los proyectos de especialidades, el inspector técnico de obra (ITO), el revisor independiente de obras de construcción y el revisor del proyecto de cálculo estructural, todo lo anterior, en caso que sea pertinente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Angélica Rivas Núñez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.