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Maximiliano Vega Machuca con CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Rol: C1777-17

Consejo para la Transparencia, 08/08/2017

Se dedujo amparo en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a en "informe en Excel con cada una de las atenciones a migrantes en el servicio de salud debido a enfermedades infecto contagiosas en atención primaria desglosada por nacionalidad y tipo de enfermedad durante los años 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017. Para resguardar la privacidad de los pacientes, por favor que cada caso sea indicado como paciente 1, paciente 2 (o caso 1, caso...) etc.". El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada no obra en poder del órgano reclamado en los términos solicitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1777-17.

Entidad pública: Corporación Municipal de San Miguel.

Requirente: Maximiliano Vega Machuca.

Ingreso Consejo: 23.05.2017.

En sesión ordinaria N° 822 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1777-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de abril de 2017, don Maximiliano Vega Machuca solicita a la Corporación Municipal de San Miguel, "informe en Excel con cada una de las atenciones a migrantes en el servicio de salud debido a enfermedades infecto contagiosas en atención primaria desglosada por nacionalidad y tipo de enfermedad durante los años 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017. Para resguardar la privacidad de los pacientes, por favor que cada caso sea indicado como paciente 1, paciente 2 (o caso 1, caso...) etc.".

2) RESPUESTA: La Corporación Municipal de San Miguel, mediante carta, sin fecha, señala que, en la actualidad, cuentan con un total de 65.101 inscritos en su red de salud, cada uno de ellos tiene su propia ficha, por lo cual, la extracción de los datos, para la elaboración de la información solicitada, conlleva un trabajo extenso y de múltiples funcionarios, labor que significaría distraer indebidamente de las tareas de salud a su personal. Asimismo, consideran que no podrían otorgar una respuesta adecuada a la solicitud debido a los parámetros sanitarios pedidos, donde incluso habría que definir bien, según qué clasificación se considerarían enfermedades infecto contagiosas. Como refuerzo a lo ya señalado, consideran que lo pedido es sumamente sensible, ya que puede conllevar a estigmatización y discriminación de parte de la población según sus resultados. En razón a lo anteriormente expuesto, alegan que no les es posible atender la solicitud de información en los términos que ha sido formulada, por lo que cobra aplicación la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, adjuntan los registros con número de inscritos actuales en su red de salud.

3) AMPARO: Con fecha 23 de mayo de 2017, don Maximiliano Vega Machuca deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, en particular, sostiene que "no da respuesta a ninguno de los puntos solicitados. No incluye desglose solicitado. No incluye detalle de cada caso".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, mediante oficio N° E1.248, de fecha 6 de junio de 2017. El órgano reclamado, por medio de presentación ingresada con fecha 22 de junio de 2017, presenta sus descargos y observaciones, reiterando que la elaboración de la estadística solicitada significaría revisar un total aproximado de 65.101 fichas médicas, estimando evidente que la extracción de los datos solicitados conlleva un trabajo extenso y con la cooperación de múltiples funcionarios los que se distraerían indebidamente de las tareas de salud, afectando de esta manera el funcionamiento, más considerando que son un servicio de atención primaria y se deben a las necesidades de salud de su población. Así argumentan la causal de reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

Además, hacen presente que la información contenida en las fichas clínicas, según dispone el artículo 12 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud - en adelante ley N° 20584-, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. En particular si se considera que el contenido de la ficha clínica involucra descripciones de enfermedades, diagnostico, pronóstico, tratamientos, exámenes, etc., lo que evidentemente corresponde a datos sensibles, a los que no podrán acceder los terceros, entendidos como aquellas personas naturales o jurídicas que no sean el titular de la información, su representante legal, tutor o curador, herederos o las entidades o personas señaladas en letras c) y d) del artículo 13 de la ley N° 20.584. Por lo anterior, argumentan que el reclamante no posee la legitimación activa para solicitar la información. Así, las personas involucradas en el catastro que pretende realizar el reclamante no han prestado su consentimiento para que su información sea parte de dicha indagación, aun cuando no se revele su identidad "nombres y apellidos", consideran que el derecho de vida privada se vulnera al momento en que el recurrente pretende acceder a información que no es pública.

Además, hacen presente que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la ley N° 19.628, los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, de hecho el tratamiento de datos sensibles fue definido por esa misma ley en su artículo 2, letra o). En concordancia con las normas citadas, invocan la resolución exenta N° 605, que determina el contenido de la carta de derechos y deberes de las personas en relación con la atención de salud y a la que alude el artículo 8 de la ley N° 20.584, que señala expresamente dentro de los derechos de las personas en su atención de salud el "recibir un trato digno, respetando su privacidad" y "que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención". Así, sostienen que la ley prohíbe ejecutar cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos que signifiquen utilizar datos personales relativos a los "estados de salud físicos o psíquicos" de las personas, "salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean necesarios para determinación u otorgamiento de beneficios de salud" a sus titulares.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, a saber, un archivo Excel que contenga cada una de las atenciones a migrantes en el servicio de salud debido a enfermedades infecto contagiosas en atención primaria desglosada por nacionalidad y tipo de enfermedad durante los años 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017.

2) Que de lo argumentado por el órgano reclamado, tanto en su respuesta como en sus descargos, se puede concluir que no cuentan con la información en los términos solicitados, y que su elaboración significaría el tratamiento de un total de 65.101 fichas clínicas, para extraer de ellas los datos requeridos, por lo tanto, estiman que se configura la causal de excepción establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, también consideran que en el presente caso se aplicaría lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, esto es, que "no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista el consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares". Lo anterior, en atención a que según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.584, "Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628".

3) Que este Consejo sólo puede requerir la entrega de aquella información contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Al respecto, del tenor de las alegaciones de la reclamada, es posible concluir que no cuentan con la información en los términos requeridos y que para responder la solicitud de acceso deberían elaborarla, no bastando para ello una simple labor de acopio o reunión de datos, sino que deberían procesar datos sensibles contenidos en la ficha clínica de los usuarios de la red salud que ellos administran. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, se rechazará el presente amparo por no obrar en su poder los antecedentes, en los términos pedidos por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Maximiliano Vega Machuca en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, por no obrar en su poder la información en los términos solicitados.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Maximiliano Vega Machuca y al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.