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Hernán Astudillo Muñoz con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C1265-17

Consejo para la Transparencia, 04/08/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la denegación parcial a un requerimiento de información referente a "la cantidad de reclamos dirigidos a la Escuela E-88 ubicada en la Base Aérea Cerro Moreno, desde el año 2012 en adelante. Solicita incluir en la información a qué persona (Nombre) del establecimiento va dirigido el reclamo y el tipo de reclamo (Ejemplo: Maltrato psicológico)". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1265-17

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: Hernán Astudillo Muñoz

Ingreso Consejo: 12.04.2017

En sesión ordinaria N° 821 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1265-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de febrero de 2017, don Hernán Astudillo Muñoz solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar informar "la cantidad de reclamos dirigidos a la Escuela E-88 ubicada en la Base Aérea Cerro Moreno, desde el año 2012 en adelante. Solicita incluir en la información a qué persona (Nombre) del establecimiento va dirigido el reclamo y el tipo de reclamo (Ejemplo: Maltrato psicológico)".

2) RESPUESTA: Por medio de ORD. 10DJ N° 217, de 23 de marzo de 2017, el órgano accedió parcialmente a la entrega de la información, adjuntando una planilla Excel que contiene la siguiente información: Fecha, Departamento dependiente, RBD y nombre del establecimiento, Región, Comuna y tipo de denuncia. No se entrega el nombre de las personas denunciadas, sin expresión de causa.

3) AMPARO: El 12 de abril de 2017, don Hernán Astudillo Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial a su requerimiento de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación mediante Oficio N° E803, de 26 de abril de 2017. Mediante ORD. 10DJ N° 923, de 12 de mayo de 2017, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) En primer término, sin perjuicio que con fecha 23 de marzo de 2017, se envió la respuesta a la solicitud mediante Ord. N° 217, en la especie se advierte que debido a un error no se adjuntó el archivo Excel que contiene la información a la que se otorgaba acceso, por lo que con fecha 24 de marzo (dentro de plazo) se remite dicha información complementaria al solicitante.

b) La entrega de la identidad de las personas denunciadas afecta derechos de terceros, configurándose la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

c) Al realizarse una denuncia, en el comprobante respectivo, el denunciante únicamente individualiza el establecimiento educacional, y no está obligado a individualizar al eventual agresor, indistintamente sea éste profesor, administrativo u otro alumno, por lo que resulta jurídicamente imposible para el órgano notificar a los terceros afectados mediante el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que no cuenta con las identidades de los denunciados.

d) Por lo anterior, invocando la causal prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 2°, letras f) y g), de la Ley N° 19.628, deniega el acceso a los nombres de los involucrados en la denuncia, por no contar con dicha información, y más aún, por el hecho que dichos comprobantes de denuncias contienen datos personales y sensibles de los denunciantes.

e) La Superintendencia da por cumplido en la entrega el denominado principio de divisibilidad, por cuanto se entregó parte relevante de la información requerida, en lo relativo a la cantidad de denuncias dirigidas a la Escuela objeto de análisis, durante el período requerido, especificando el tipo de reclamo.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo de 5 de julio de 2017, este Consejo requirió a la Superintendencia aclarar si la identidad de los denunciantes obraba en su poder; remitir copia del contenido de las denuncias requeridas; y, precisar el estado de tramitación en que éstas se encuentran. Por correo de misma fecha, la reclamada remitió un archivo Excel con la información requerida. Informó que las 4 denuncias objeto del amparo se encuentran terminadas.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo confirió traslado del presente amparo a los terceros involucrados, en su calidad de denunciados en las denuncias requeridas, mediante Oficios N° 5.658, 5.659 y 5.660, todos de 11 de julio de 2017. Por correo de 26 de julio de 2017, los terceros presentaron sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que se oponen a la entrega de la información requerida indicando que se trata de información personal, cuya reserva y tratamiento corresponde según lo prescrito en los artículos 7° y 10 de la ley N° 19.628.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 818, de 28 de julio de 2017, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, como medida para mejor resolver, requerir a la reclamada informar la forma de término de las denuncias interpuestas (sobreseimiento, sanción en procedimiento administrativo, etc.) y remitir copia de los actos que hubieren puesto término a dichas denuncias (comprobante de respuesta al denunciante, acta con ocasión de fiscalización, etc.). Lo anterior se materializó mediante Oficio N° 6.255, de 1° de agosto de 2017. Por correo de 1° de agosto de 2017, la Superintendencia remitió copia de los comprobantes de atención de estas denuncias, con las respuestas a las mismas, dando cumplimiento a lo requerido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el objeto del presente amparo se circunscribe a la denegación de la identidad de las personas denunciadas en el contexto de denuncias presentadas ante la Superintendencia de Educación Escolar respecto de funcionarios de un determinado establecimiento educacional. Por lo anterior, corresponde el análisis de la causal de reserva alegada para determinar la procedencia de la reserva o publicidad de la información requerida.

2) Que sin perjuicio que en su respuesta el órgano denegó la entrega de la información referida a la identidad de las personas denunciadas ante esa Superintendencia, sin fundar la reserva en alguna causal legal, con ocasión de sus descargos el órgano precisó que la denegación se fundaba en la causal prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en particular, por la afectación a los derechos de las personas, en particular, la esfera de su vida privada.

3) Que en sus descargos, el órgano indicó que resultaba jurídicamente imposible dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que no contaría con las identidades de los denunciados, en los términos requeridos. Sin perjuicio de ello, y sólo a propósito de la gestión oficiosa anotada en el numeral 5) de lo expositivo del presente acuerdo, la Superintendencia remitió a este Consejo una planilla Excel que da cuenta del contenido de las denuncias materias de análisis. Tras revisión de dicho documento, se verificó que en 3 de dichas denuncias constan las identidades (al menos nombre y lugar de trabajo) de las personas denunciadas. Así, atendido que el órgano estimó que en la especie se podrían afectar los derechos de terceros, a juicio de esta Corporación, procedía que el Servicio hubiere aplicado lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al contar con los datos básicos que permitían la individualización y notificación de dichos terceros. Dicha omisión e infracción será representada en lo resolutivo del presente acuerdo.

4) Que este Consejo confirió traslado del presente amparo a los terceros involucrados, en su calidad de denunciados ante la Superintendencia de Educación, respecto del establecimiento educacional individualizado en la solicitud, los que se opusieron a la entrega de la información requerida, por afectación de sus derechos. Por lo anterior se procederá al análisis de la hipótesis de reserva alegada por la reclamada y por los terceros para este caso.

5) Que a la luz de la definición prescrita en el artículo 2°, literal f), de la Ley N° 19.628, el nombre de personas denunciadas ante esa Superintendencia son datos personales de éstas, al tratarse de información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Luego, resulta pertinente indicar que conforme el inciso primero del artículo 4° de la citada Ley "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y siguiendo este raciocinio, el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo dispone "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados, salvo que provengan o se gayan recolectado de fuentes accesibles al público". Al efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta el consentimiento expreso de los titulares de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros. Por su parte, según lo indicado por la reclamada y lo verificado por este Consejo, dichos datos se obtienen de las denuncias por vulneración de derechos que realizan particulares ante la Superintendencia de Educación, en relación a un establecimiento educacional, por lo que no provienen ni se han recolectado de fuentes accesibles al público.

6) Que establecido lo anterior, corresponde a este Consejo ponderar la afectación de los derechos de las personas involucradas en la información requerida, en particular, sobre la identidad de los denunciados en dichas reclamaciones. Sobre la materia, resulta pertinente indicar que, para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tiene como atribución "g) Absolver consultas, investigar y resolver denuncias que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten" (artículo 49 literal g) de la ley N° 20.529). Al efecto, "Formulada una denuncia (...) la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento sancionatorio o la respectiva mediación". La Superintendencia deberá mantener un registro público con las estadísticas de denuncias conocidas y resueltas. Por último, si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento (...). Como consecuencia de dicho procedimiento el Director Regional podrá sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo siguiente (artículos 59 y siguientes de la Ley N° 20.529).

7) Que revisados y ponderados los antecedentes del caso particular, dentro del contexto normativo descrito, atendida la naturaleza sensible de la información requerida, referida a denuncias por maltrato psicológico de adulto a alumno, tenidas a la vista al momento de resolver; y, que estas denuncias se circunscriben a un establecimiento educacional en particular, a juicio de esta Corporación, existe riesgo cierto de afectación de los derechos de las personas denunciadas, quienes podrían resultar estigmatizadas (en su actual como futuros trabajos) al desconocerse los resultados de las denuncias por parte de terceros, así como la afectación de derechos de los integrantes de la comunidad escolar, pudiendo resultar identificables -con mediana facilidad- las personas o alumnos vinculados a las denuncias informadas, vulnerándose con ello sus derechos e inhibiendo con ello, de modo indirecto, la realización de futuras denuncias, con resguardo de la debida anonimización, impidiendo que la Superintendencia realice las fiscalizaciones necesarias que surjan de dichas denuncias. Por lo demás, la existencia por ley de un registro público con las estadísticas de denuncias conocidas y resueltas por esa Superintendencia, permite satisfacer el control ciudadano e interés público existente sobre la materia requerida.

8) Que por lo expuesto, configurándose en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos de los denunciados, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33 literal m) de la Ley N° 19.628, se procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Hernán Astudillo Muñoz, de 12 de abril de 2017, en contra de la Superintendencia de Educación por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Superintendente de Educación Escolar la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que -contando con información suficiente para su individualización- no confirió traslado del requerimiento a los terceros denunciados, de conformidad a lo dispuesto en la citada norma legal. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que tal infracción se reitere.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Astudillo Muñoz; al Sr. Superintendente de Educación Escolar; y, a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.