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María Paz Infante con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C1250-17

Consejo para la Transparencia, 04/08/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Salud, fundado en que la información entregada es parcial referente a "El detalle (con documentos) de toda la liberación de garantías que realizó la Superintendencia de Salud a Masvida entre el año 2015 y 2017 y entre qué personas particulares se realizó la gestión. Además, el detalle de para qué se utilizaron esos recursos y qué argumentos entregó Masvida al momento de pedirlas." El Consejo acoge el amparo, toda vez que las isapres son empresas supervisadas que intervienen en un mercado altamente regulado, que financian las prestaciones y beneficios de salud de personas particulares, con cargo al aporte de su cotización legal para salud o una superior convenida, las que deben permanentemente entregar información al público y a los entes fiscalizadores, no apreciándose que la información requerida, deba quedar al margen de tal publicidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1250-17

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: María Paz Infante

Ingreso Consejo: 11.04.2017

En sesión ordinaria N° 821 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1250-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de marzo de 2017, doña María Paz Infante solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información:

El detalle (con documentos) de toda la liberación de garantías que realizó la Superintendencia de Salud a Masvida entre el año 2015 y 2017 y entre qué personas particulares se realizó la gestión. Además, el detalle de para qué se utilizaron esos recursos y qué argumentos entregó Masvida al momento de pedirlas.

2) RESPUESTA: El 05 de abril de 2017, la Superintendencia de Salud respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° 521, de misma fecha, señalando, en síntesis, que:

Se accede a la entrega de la información requerida, respecto del detalle de los ordinarios emitidos y los montos de liberaciones de garantías autorizados a Isapre Masvida S.A., en el período consultado. Asimismo, se detallan las presentaciones efectuadas por la aseguradora mediante las cuales solicitó autorización para destinar los fondos en garantías para pagar las obligaciones especificadas en cada una de éstas, en las que también se encuentran individualizadas las personas que efectuaron tales solicitudes. Los ordinarios y presentaciones aludidas se entregan mediante link que indica.

3) AMPARO: El 11 de abril de 2017, doña María Paz Infante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada es parcial.

Además, la reclamante hizo presente que si bien, en las cartas respuesta de Masvida entregadas se señala que el detalle de los pagos se habrían adjuntado con las comunicaciones, sin embargo, estos adjuntos no fueron entregados pese a la petición expresa.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y mediante oficio N° E800, de 26 de abril de 2017, confirió traslado al Sr. Superintendente de Salud.

Mediante oficio SS/N° 707, de 11 de mayo de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

En cuanto al detalle sobre la utilización de los recursos con ocasión de la liberación de garantías, señala que si bien en la respuesta entregada en su oportunidad se indicó a la reclamante que éstos se utilizarían para el pago de las obligaciones especificadas en cada una de las cartas de la Isapre, lo cierto es que el detalle específico, en casi todas las misivas se acompañó a través de un medio magnético (pendrive o CD), información a la que efectivamente no tuvo acceso la solicitante. Atendido lo expuesto, se pone a disposición de la recurrente el detalle específico contenido en los aludidos medios magnéticos, a los que podrá acceder a través de la extranet en link y con el password que se indique.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante oficio N° 5977, de 24 de julio de 2017, notificó a Isapre Masvida S.A., a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante carta respuesta de fecha 01 de agosto de 2017, Isapre Masvida S.A. respondió en los siguientes términos:

Se deniega la información pedida fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectar derechos de carácter comercial y económicos. Lo anterior, en razón que la compañía está constituida como sociedad anónima cerrada y no tiene obligación de proporcionar información a terceros ni hacerla pública, salvo a los organismos reguladores y fiscalizadores, para uso exclusivo de dicha información por parte de éstos. En consecuencia, siendo una institución de derecho privado, donde terceros no tienen libre acceso público a su información, se debe conservar su carácter privado, manteniéndose la reserva de la información requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto cabe precisar que respecto de las Isapres, el decreto con fuerza de ley N° 1 de salud, del año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece en su artículo 171 inciso 1°, que éstas financiarán las prestaciones y beneficios de salud, con cargo al aporte de la cotización legal para salud o una superior convenida, a las personas que indica el artículo 135 de esta ley. Por su parte, el artículo 110, del decreto referido, dispone en su numeral 3° que corresponderá a la Superintendencia de Salud, en general, fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud y en el numeral 5° prescribe que el órgano deberá exigir que las instituciones den cumplimiento a la constitución y mantención de la garantía y patrimonio mínimo exigidos por la ley, situación que vuelve a reiterar el artículo 182 del mismo cuerpo normativo.

2) Que, la solicitud a la que se refiere el presente amparo se circunscribe al detalle de para qué se utilizaron los recursos de toda la liberación de garantías que realizó la Superintendencia de Salud en favor de Isapre Masvida entre el año 2015 y 2017. Al efecto la reclamante alega que si bien en las cartas de respuesta de la Isapre que le fueron remitidas se señala que el detalle de los pagos se adjunta a dichas comunicaciones, sin embargo esta información no le fue remitida.

3) Sobre el particular, la Superintendencia de Salud señaló en los descargos evacuados en esta sede, que si bien en la respuesta entregada a la reclamante se le indicó que estos recursos se utilizarían para el pago de las obligaciones especificadas por la Isapre en las cartas que le fueron remitidas, no obstante ello, como el detalle específico, en casi todas estas cartas, fue acompañado a través de medios magnéticos (pendrive o CD), por un error no le fue entregada esta información. Atendido lo expuesto, indicó que se ponía a disposición de la recurrente el detalle específico contenido en los aludidos medios magnéticos.

4) Que, atendido el tenor de la solicitud que origina el presente amparo, este Consejo notificó en su calidad de tercero interesado a Isapre Masvida, quien denegó la información reclamada fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectar derechos de carácter comerciales y económicos de la entidad. Lo anterior, en razón que la compañía está constituida como sociedad anónima cerrada y no tiene obligación de proporcionar información a terceros ni hacerla pública, salvo a los organismos reguladores y fiscalizadores, para uso exclusivo de dicha información por parte de éstos. En consecuencia, siendo una institución de derecho privado, donde terceros no tienen libre acceso público a su información, esta debe conservar su carácter privado, manteniéndose la reserva de la misma.

5) Que, en lo tocante a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia invocada por Isapre Masvida, es menester recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en este orden de ideas, las alegaciones de Isapre Masvida no permiten identificar de modo preciso una afectación de sus derechos comerciales y económicos, en los términos indicados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por su parte, a juicio de este Consejo, la causal de reserva en análisis no se configura en la especie, atendiendo que no concurren copulativamente los requisitos anotados en las letras a), b) y c) referidos precedentemente, toda vez que no se advierte que la entrega de la información requerida sea reservada y pueda tener un impacto en las actividades económicas de la aseguradora, especialmente cuando dichos antecedentes, más bien corresponden a información de naturaleza instrumental, que tuvo a la vista la Superintendencia de Salud, en el marco de su función fiscalizadora, para autorizar la liberación de fondos que por ley debe mantener la Isapre en garantía, los cuales, según consta en las cartas de la Isapre tenidas a la vista, serían destinados única y exclusivamente para el cumplimiento de pagos de deudas con prestadores, cotizaciones en exceso, cobranzas de licencias del sector público, entre otras de similar naturaleza.

7) Que, a mayor abundamiento la divulgación de lo solicitado, permite también ejercer un control sobre el modo en que la entidad reclamada, esto es, la Superintendencia de Salud, ha ejercido sus facultades fiscalizadoras. En efecto, la denegación de hacer entrega de la información reclamada, no haría otra cosa que inhibir o coartar a la sociedad de su derecho a determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales del órgano reclamado. En tal sentido, la Exma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 10.474-2013, en su considerando 6°, (criterio reiterado en la sentencia de la mima Corte, en causa Rol N° 6663-2012), ha señalado que "el ciudadano, (...) tiene el derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que dicho órgano público cumple sus funciones. Efectivamente, la información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer cómo cumple la Superintendencia su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados (...) el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando quinto precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática".

8) Que, asimismo, se debe tener presente que las isapres son empresas supervisadas que intervienen en un mercado altamente regulado, que financian las prestaciones y beneficios de salud de personas particulares, con cargo al aporte de su cotización legal para salud o una superior convenida, las que deben permanentemente entregar información al público y a los entes fiscalizadores, no apreciándose que la información requerida, deba quedar al margen de tal publicidad. En este sentido, existe un control social relevante, por velar, especialmente tratándose de Isapre Masvida, que transparente sus obligaciones de pago, especialmente si se efectúan con recursos expresamente autorizados por la Superintendencia de Salud.

9) Que, en consecuencia, en mérito de lo expuesto este Consejo acogerá el presente amparo y ordenará en la parte resolutiva de este acuerdo, la entrega de los anexos de las cartas de Isapre Masvida donde se señala el destino de los fondos de liberación de las garantías que le fueron autorizados, entre el año 2015 y 2017.

10) Que, finalmente, respecto de toda la información que se ordene entregar y sin perjuicio de los datos que deban ser entregados, atendida la naturaleza de lo solicitado en el presente amparo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña María Paz Infante, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud:

a) Entregar los anexos de las cartas de Isapre Masvida donde se señala el destino de los fondos de liberación de las garantías, entre el año 2015 y 2017.

Previo a su entrega deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Paz Infante, al Sr. Superintendente de Salud y a Isapre Masvida, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.