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Ignacio Suárez Eytel con HOSPITALES AUTOGESTIONADOS Rol: C1164-17

Consejo para la Transparencia, 04/08/2017

Se dedujo amparo en contra del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, fundado en que dio información incompleta a una solicitud referente a: a) Listado y copia en formato digital de todos los contratos a honorarios suscritos a la fecha de esta presentación por la dirección del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú, y las resoluciones que autoricen éstos, entre los años 2016 y 2017. b) Listado de personal que se encuentra trabajando a enero de 2017, en calidad de honorarios en dicha repartición. c) Listado de investigaciones incoadas por maltrato laboral entre los años 2016 y 2017 en su repartición. d) Copia de las denuncias por maltrato laboral interpuestas por funcionarios o contratados a honorarios en su repartición entre los años 2016 y 2017 y las respuesta a éstas. e) Copia de acuerdos de continuidad de contrataciones suscritos por la administración, ya sea por funcionarios directivos, profesionales o administrativos relativos a contratados a honorarios entre los años 2016 y 2017. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo, tanto respecto de la información pedida en la letra b), por no verificarse infracción alguna a la Ley de Transparencia, como también en relación al literal d), por configurarse las casuales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1164-17

Entidad pública: Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada

Requirente: Ignacio Suárez Eytel

Ingreso Consejo: 03.04.2017

En sesión ordinaria N° 821 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1164-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 02 de febrero de 2017, don Ignacio Suárez Eytel solicitó al Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada, en adelante Hospital El Carmen, la siguiente información:

a) Listado y copia en formato digital de todos los contratos a honorarios suscritos a la fecha de esta presentación por la dirección del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú, y las resoluciones que autoricen éstos, entre los años 2016 y 2017.

b) Listado de personal que se encuentra trabajando a enero de 2017, en calidad de honorarios en dicha repartición.

c) Listado de investigaciones incoadas por maltrato laboral entre los años 2016 y 2017 en su repartición.

d) Copia de las denuncias por maltrato laboral interpuestas por funcionarios o contratados a honorarios en su repartición entre los años 2016 y 2017 y las respuesta a éstas.

e) Copia de acuerdos de continuidad de contrataciones suscritos por la administración, ya sea por funcionarios directivos, profesionales o administrativos relativos a contratados a honorarios entre los años 2016 y 2017.

2) RESPUESTA: El Hospital El Carmen, previa comunicación de la prórroga para formular respuesta, respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio ordinario N° 151/2017, de fecha 10 de marzo de 2017, señalando, en síntesis, que en relación a la información solicitada se adjunta la Base de contrataciones Honorarios 2016 (enero a diciembre) y 2017 (enero).

Hace presente que no le es posible entregar la información por medio del formato digital solicitado, fundado en que no cuenta con recursos humanos para dicha función. Por otra parte, en cuanto al requerimiento de las letras c) y d), informa que dichos antecedentes corresponden a datos sensibles de los funcionarios del establecimiento de salud por lo que se deniega la entrega de dicha información.

3) AMPARO: El 03 de abril de 2017, don Ignacio Suárez Eytel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Hospital El Carmen, fundado en que se entregó información incompleta, dado que no se le proporcionó el listado y copia de los contratos pedidos ni los acuerdos de continuidad de contrataciones. Respecto del listado del personal a honorarios que se encuentra trabajando a enero de 2017, el oficio de respuesta no haría referencia a dicha materia. Además señalada, que tampoco se indica la norma legal en virtud de la cual se deniega las investigaciones y denuncias por maltrato laboral requeridas.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio de Salud Metropolitano Central, mediante oficio N° E718, de fecha 18 de abril de 2017.

El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 594, de fecha 05 de mayo de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, respecto a los pedido en las letras a), b) y e) de la solicitud de información, el Hospital ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 7 letra de la Ley de Transparencia, y dicha información en su contenido esencial está en la página web de www.hospitalelcarmen.cl, relativa a nombre, descripción de función, calificación profesional o formación, grado, honorario bruto, pago mensual, fecha de inicio, fecha de término.

Agregó, que no obstante lo señalado, el hospital no cuenta con recursos humanos para atenderla en la forma solicitada, configurándose la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundado en que la solicitud planteada implica un volumen considerable de trabajo e implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales.

Señala que el personal contratado a honorarios asciende a 1063 personas, por lo que teniendo presente que cada contrato de 4 a 5 hojas cada uno más la resolución que lo aprueba, implica la generación de aproximadamente 7.441 copias digitalizadas. A ello hay que sumar y considerar además la necesidad de su fotocopiado previo para luego ser digitalizadas y seguidamente tarjar los datos de carácter personal. Lo anterior, implicaría 2 minutos por copia 14.882 minutos, cifra que dividida por 60, daría 248 horas en recursos humanos que se requerirían, lo que demostraría que se trata de una solicitud referida a un elevado número de actos administrativos.

En relación a la información señalada en las letras c) y d) del requerimiento, se indicó que la información pedida se refiere a procesos disciplinarios sobre maltrato laboral, que por su especial naturaleza a su juicio no correspondería su divulgación, aún en caso de encontrarse terminadas, debiendo resguardarse la identidad de quienes tomaron parte de esos procesos como del contenido de sus declaraciones.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 02 de agosto de 2017, este Consejo revisó la página web de transparencia del órgano requerido, constatando que de la información reclamada, sólo se encuentra disponible la referida al listado de personal que se encuentra trabajando a enero de 2017, en calidad de honorarios en dicha repartición.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Ignacio Suárez Eytel solicitó al Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, diversa información referida tanto a su personal a honorarios, como respecto de investigaciones por maltrato laboral, entre los años 2016 y 2017, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como incompleta por el solicitante, lo que constituye el fundamento del presente amparo.

2) Que, la información requerida en las letras a) y e) de la solicitud, consiste, respectivamente, en copia en formato digital de todos los contratos a honorarios suscritos a la fecha de esta presentación por la dirección del Hospital El Carmen y las resoluciones que autoricen éstos, entre los años 2016 y 2017; y copia de los acuerdos de continuidad de contrataciones suscritos por la administración, ya sea por funcionarios directivos, profesionales o administrativos relativos a contratados a honorarios entre los años 2016 y 2017. A su respecto el órgano reclamado, en su respuesta entregó una base de datos con las contrataciones a honorarios del año 2016, y hasta enero de 2017, agregando en sus descargos que el contenido esencial de dicha información estaría publicado en su página web de transparencia activa, explicando que no obstante lo anterior, no podría entregar los contratos y acuerdos de continuidad pedidos, por cuanto se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, tal como se argumentó en el N° 4 de lo expositivo de la presente decisión.

3) Que, respecto de la información reclamada en esta parte, cabe tener presente que, tratándose del nombre del personal contratado, cargo, lugar de desempeño, contratos, y certificado de títulos, entre otros antecedentes vinculados a los funcionarios públicos, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión A47-09 que la órbita de privacidad de los funcionarios que forman parte de la Administración del Estado, es más reducida que el resto de las personas, toda vez que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que redunda en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el sólo hecho de revestir la calidad de tales, razón por la cual procede la entrega de dicha información, incluso algunas de dichas materias corresponden a obligaciones de transparencia activa. En efecto, en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica la publicidad de aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada, lo que resulta plenamente aplicable al personal contratado a honorarios.

4) Que, en primer lugar, en relación a lo señalado por el órgano requerido en orden que la información pedida en esta parte estaría publicada en su página de transparencia activa, a juicio de este Consejo cabe desestimar que haya cumplido con su obligación de informar conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia, tanto porque no acreditó de forma alguna que le haya comunicado al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a tal información, conforme lo prescribe la citada norma legal, como porque en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, no se pudo constatar que la información reclamada en esta parte efectivamente estuviera disponible en dicho sitio web.

5) Que, por otra parte, cabe tener presente que en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

8) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible acreditar que si bien el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada señaló que los antecedentes solicitados se referirían a un elevado número de actos administrativos, dado que el personal contratado a honorarios asciende a 1063 personas, por lo que la información comprendería 7441 documentos aproximadamente, requiriendo unas 248 horas hombre para atender el requerimiento, no se hizo referencia alguna al personal de que dispone y requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo que se permita apreciar la manera concreta en que efectivamente se afecta el debido funcionamiento de las funciones. Asimismo, no se acredita, conforme los criterios fijados en el considerando anterior, la existencia de algún otro elemento de hecho que permita concluir que las funciones del hospital requerido se verían alteradas en tal medida, que se impida la ejecución de las otras tareas propias de un centro hospitalario.

9) Que, por lo demás, para este caso en particular, la información requerida es de carácter contractual, referida a su personal a honorarios, respecto de un periodo acotado de tiempo y de reciente data, pues se trata de los años 2016 y 2017, antecedentes que deben obrar en su poder y que deben encontrarse disponibles permanentemente al público en su sitio web de transparencia activa, elementos todos que demuestran lo infundado de la alegación de distracción indebida y lo insuficiente de argumentaciones señaladas, razón por la cual se desechará la causal alegada. Por consiguiente, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando al órgano requerido entregar a don Ignacio Suárez Eytel la información pedida en las letras a) y e) de la solicitud, tarjando previamente los datos personales de contexto de terceros incorporados en los documentos ordenados a entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

10) Que, respecto de la información pedida en la letra b) del requerimiento, esto es, listado de su personal que se encuentra trabajando a enero de 2017, en calidad de honorarios, de los antecedentes examinados en el presente caso, ha sido posible establecer que el órgano requerido entregó la base de datos con las contrataciones a honorarios del periodo pedido, y por consiguiente formuló respuesta en tiempo, forma y fondo a la solicitud de información en los términos en que fue planteada. Por lo expuesto, no verificándose infracción alguna por parte del órgano requerido a las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo en esta parte.

11) Que, respecto de lo requerido en la letra c), esto es, el listado de investigaciones incoadas por maltrato laboral entre los años 2016 y 2017 en su repartición, el órgano requerido denegó dicha información, por estimar que se trataba de información sensible de los funcionarios involucrados.

12) Que, de los antecedentes examinados en este punto, a juicio de este Consejo ha sido posible establecer, por una parte, que lo reclamado corresponde a un listado de procesos disciplinarios instruidos sobre una determinada materia, los que son ordenados instruir a través de actos administrativos emitidos por el órgano respectivo, que tienen naturaleza pública, y por otra, que no se han aportado elementos que permitan apreciar el modo en que la entrega de dicha información produzca una afectación presente o probable con suficiente especificidad en los derechos de los involucrados en dichas investigaciones, en la medida que no se proporcione la identidad de los mismos. Por lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar el listado pedido, sin hacer referencia a la identidad de los involucrados.

13) Que, en relación a la información de la letra d) de la solicitud, esto es, copia de las denuncias por maltrato laboral interpuestas por funcionarios o contratados a honorarios en su repartición entre los años 2016 y 2017 y las respuesta a éstas, el órgano requerido también denegó dicha información, por estimar que al tratarse de información sensible de los funcionarios involucrados, correspondía su reserva.

14) Que, sobre el fondo de lo reclamado en esta parte, cabe señalar, que este Consejo se ha pronunciado en orden a mantener la reserva de la identidad de quienes tomaron parte en dichos procesos como del contenido de sus declaraciones. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° C1013-13 se razonó que "dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento [acoso laboral], cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de la identidad de los declarantes, inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano". Luego, resulta esencial para el éxito en el desarrollo de las investigaciones de acoso laboral, que dichos procesos sean tramitados con el debido resguardo, propendiéndose a la reserva de cada uno de los antecedentes que los conforman.

15) Que, en dicho contexto, divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, por ejemplo, informes psicológicos, licencias médicas psiquiátricas, entre otros, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones.

16) Que, de los antecedentes examinados, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que este Consejo deberá "velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", se rechazará el amparo en esta parte, por configurarse las casuales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Ignacio Suárez Eytel, en contra del Hospital el Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada; rechazándolo, tanto respecto de la información pedida en la letra b), por no verificarse infracción alguna a la Ley de Transparencia, como también en relación al literal d), por configurarse las casuales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, todo lo anterior conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada:

a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información, tarjando previamente los datos personales de contexto de terceros incorporados en los documentos ordenados a entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

i. Copia en formato digital de todos los contratos a honorarios suscritos a la fecha de esta presentación por la dirección del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú, y las resoluciones que autoricen éstos, entre los años 2016 y 2017.

ii. Listado de investigaciones incoadas por maltrato laboral entre los años 2016 y 2017 en su repartición, reservando la identidad de los involucrados.

iii. Copia de acuerdos de continuidad de contrataciones suscritos por la administración, ya sea por funcionarios directivos, profesionales o administrativos relativos a contratados a honorarios entre los años 2016 y 2017.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ignacio Suárez Eytel y a la Sra. Directora del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien no comparte lo razonado en los considerandos 7° a 9°, estimando que el amparo debe rechazarse respecto de la información pedida en las letras a) y e) de la solicitud de información, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que en el presente caso se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar la información afecta el debido cumplimiento de las funciones que debe realizar el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

2) Que, en este sentido, sostiene que el órgano requerido explicó detalladamente que la información pedida en los literales a) y e) del requerimiento, esto es, copia en formato digital de todos los contratos a honorarios suscritos a la fecha de la solicitud por la dirección del Hospital El Carmen y las resoluciones que autoricen éstos, entre los años 2016 y 2017, como a la copia de los acuerdos de continuidad de contrataciones suscritos por la administración, ya sea por funcionarios directivos, profesionales o administrativos relativos a contratados a honorarios entre los años 2016 y 2017, constituyen antecedentes referidos a todo su personal a honorarios, lo que comprende a 1063 personas, y aproximadamente 7.441 copias digitalizadas, requiriéndose alrededor de 248 horas en recursos humanos para proceder a su entrega, razón por la cual este Consejero no vislumbra la forma en que se podría entregar la información reclamada en esta parte, sin afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, aún más teniendo presente que no se evidencia el interés que podría existir en información que, casi en su totalidad, se publica en los términos fijados por el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

3) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Consejero hace presente que respecto de su personal a honorarios, el órgano requerido mantiene en su página de transparencia activa la información disponible permanentemente al público referida al nombre, descripción de función, calificación profesional o formación, grado, honorario bruto, pago mensual, fecha de inicio y fecha de término de las funciones de dichas personas, lo que permite al solicitante acceder a información sustantiva y relevante sobre dicho personal, sin necesidad de entorpecer las labores propias del órgano.

4) Que, por lo expuesto, a juicio de este disidente procede rechazar el presente amparo respecto de la información pedida en las letras a) y e) de la solicitud de información, por configurarse a su respecto la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.