logo
 

Eduardo Rojas Araya con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C1349-17

Consejo para la Transparencia, 11/08/2017

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de la constitución de propiedad de la comunidad agrícola de Punitaqui, según DFL N° 5, de 1968, artículo 3°, así como mapas de loteos de hijuelas, actas de constitución e información relevante. Lo anterior, correspondiente al año 1973 o anterior. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1349-17

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo

Requirente: Eduardo Rojas Araya

Ingreso Consejo: 20.04.2017

En sesión ordinaria N° 823 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1349-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 02 de marzo de 2017, don Eduardo Rojas Araya solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en adelante e indistintamente SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, copia de la constitución de propiedad de la comunidad agrícola de Punitaqui, según DFL N° 5, de 1968, artículo 3°, así como mapas de loteos de hijuelas, actas de constitución e información relevante. Lo anterior, correspondiente al año 1973 o anterior.

2) RESPUESTA: La SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° E-2997, de fecha 28 de marzo de 2017, señalando, en síntesis, que se deniega fundado en la oposición formulada con fecha 17 de marzo de 2017 por la comunidad agrícola Punitaqui.

3) AMPARO: El 20 de abril de 2017, don Eduardo Rojas Araya dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, mediante oficio N° E846, de fecha 02 de mayo de 2017.

El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 1089, de fecha 01 de junio de 2017 presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que se denegó la información pedido fundado en la oposición formulada por la comunidad agrícola Punitaqui, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, mediante carta de fecha 17 de marzo de 2017, dado que a su parecer los antecedentes que se requieren dicen relación con información confidencial de dicha comunidad agrícola y de los terrenos que han sido objeto de la segregación, los cuales se han adjudicado a los diversos comuneros mediante los proyectos de loteo o subdivisión del terreno comunitario, conforme a los procedimientos establecidos tanto en la ley general de comunidades agrícolas como en sus respectivos estatutos. Agregó, que el análisis sobre posible afectación de derechos de terceros viene dado que al momento de constituirse las comunidades agrícolas se tuvieron a la vista antecedentes correspondientes a sus integrantes y su forma de tenencia de la tierra.

Hace presente que el proceso de regularización de una comunidad agrícola regida por el D.F.L. N° 5, también llamada ley de comunidades agrícolas, es de carácter mixto, con una primera etapa administrativa a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y una segunda, definitiva y resolutiva, de carácter judicial. La etapa judicial, se encuentra establecida en los artículos 7 y siguientes del mencionado cuerpo normativo. Agrega, que los derechos, goces singulares y posibles exclusiones, propuestas y acordadas entre el ente administrativo y los propietarios comuneros, son revisadas en la etapa judicial, en un comparendo especial y aprobadas o rechazadas por el juez competente, no constando el resultado de este proceso en Bienes, sino en el respectivo tribunal y en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Por tanto, señala, que acogerse el amparo, se entregaría solamente lo que concierne a la fase inicial y que no contiene la decisión definitiva del proceso. En el caso de que existieran diferencias entre lo propuesto por el Ministerio de Bienes Nacionales y lo que los comuneros o terceros hubiesen estimado como propiedad común o particular, la ley estableció en el artículo 11 del D.F.L. N° 5, los mecanismos, acciones y plazos que permitían discutir esta diferencia, resolviéndose también estas eventuales controversias, a través de una resolución judicial, no administrativa.

Por otra parte, señala que el solicitante requiere mapas de loteos o hijuelas, lo que no es posible de entregar, dado que dicha información no consta en su poder, por las razones que ya se ha expresado y porque en las comunidades agrícolas la propiedad es comunitaria, y la forma de asignación de tierras se denomina "goce singular", en cuyo caso quien asigna la porción de terreno al comunero y su familia es la propia comunidad, actuando Bienes Nacionales solamente como un ente colaborador en el proceso de registro de algunas de estas asignaciones. Hace presente, que si existen segregaciones o proyectos de loteos efectuados por la comunidad agrícola con posterioridad a su constitución, no es facultad de este Servicio aprobarlos ni registrar dicha información.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCERO: Este Consejo mediante oficio N° E1399, de fecha 13 de junio de 2017, notificó al Sr. Presidente de las Comunidad Agrícola Punitaqui a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

El Sr. Presidente de las Comunidad Agrícola Punitaqui, a través de correo electrónico, de fecha 29 de junio de 2017, presentó sus descargos, señalando en síntesis , que debe rechazarse el amparo, por cuanto lo pedido no es información que se encuentra materialmente disponible en los archivos de la Comunidad Agrícola Punitaqui, agregando que tampoco existe información correspondiente al año 1973 o anterior a esa fecha en poder del actual Directorio referente a actas y planos de loteos de hijuelas u otros antecedentes ligados a tales documentos.

Finalmente, agrega, que en cuanto al expediente judicial de constitución de la Comunidad Agrícola Punitaqui, este puede ser solicitado por el requirente ante el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle con los respectivos datos de desarchivo de dicha causa, los cuales se pueden obtener en el Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle, en el cual se tramitó la referida constitución, toda vez que este se encuentra en el Archivo Judicial.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Eduardo Rojas Araya solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, copia de la constitución de propiedad de la comunidad agrícola Punitaqui, según DFL N° 5, de 1968, así como mapas de loteos de hijuelas, actas de constitución e información relevante, de fecha 1973 o anterior, obteniendo respuesta denegatoria fundado en la oposición formulada por la comunidad agrícola a que se refiere la solicitud de información.

2) Que, en efecto, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, tanto en su respuesta como descargos, denegó la información pedida fundada en la oposición formulada por la comunidad agrícola Punitaqui, con fecha 17 de marzo de 2017, por cuanto lo pedido sería información confidencial de dicha comunidad agrícola y de los terrenos que han sido objeto de la segregación, los cuales se han adjudicado a los diversos comuneros mediante los proyectos de loteo o subdivisión del terreno comunitario, conforme a los procedimientos establecidos tanto en la ley general de comunidades agrícolas como en sus respectivos estatutos. Sin embargo, conforme se indicó en el N° 5 de lo expositivo, el tercero en sus descargos señaló que el amparo debía rechazarse, por cuanto lo pedido no es información que se encuentra materialmente disponible en los archivos de la comunidad agrícola Punitaqui, agregando que tampoco existe información correspondiente al año 1973 o anterior a esa fecha en poder del actual Directorio referente a actas y planos de loteos de hijuelas u otros antecedentes ligados a tales documentos.

3) Que, a modo de contexto, el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, que modifica y fija texto refundido del D.F.L. R.R.A. N° 19, "comunidades agrícolas", en su artículo 2 prescribe que "La constitución de la propiedad de las Comunidades Agrícolas, el saneamiento de sus títulos de dominio y su organización podrán efectuarse de acuerdo a las disposiciones del presente Título, a petición de dos o más comuneros interesados", agregando su artículo 3 que "Las Comunidades Agrícolas que soliciten la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, para los efectos del artículo anterior, deberán hacerlo por escrito."

4) Que, sobre el fondo de lo reclamado, cabe tener presente que respecto a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, el órgano reclamado debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que la SEREMI reclamada sólo fundó su denegación en la oposición formulada por la comunidad agrícola Punitaqui, la cual a su vez se limitó a señalar que la información pedida sería confidencial, agregando que de todas maneras no obraría materialmente en sus archivos, antecedentes que no permiten en caso alguno a este Consejo ponderar el modo en que la entrega de la información pedida afectaría sus derechos, razón por la cual se desestimará dicha alegación

5) Que, por consiguiente, de los antecedentes examinados, particularmente la normativa citada y los descargos del tercero, no ha sido tener por configurada alguna causal de reserva, razón por la cual no existiendo controversia acerca que a lo menos la documentación correspondiente a la etapa administrativa de la constitución de propiedad de la comunidad agrícola Punitaqui, es información que debe obrar en poder del órgano reclamado, este Consejo acogerá el presente amparo, y ordenará a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo entregar a don Eduardo Rojas Araya la información referida a la constitución de propiedad de la comunidad agrícola Punitaqui, según DFL N° 5, de 1968, así como mapas de loteos de hijuelas, actas de constitución e información relevante, de fecha 1973 o anterior, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, o en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante.

6) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Consejo hace presente que de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en este caso no procedía realizar la comunicación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que lo pedido consiste en los antecedentes de un procedimiento de administrativo seguido ante el órgano requerido, destinado a consolidar la propiedad sobre determinados inmuebles, información que tiene naturaleza pública, y que en último término además debe constar en los registros públicos del conservador de bienes raíces respectivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Eduardo Rojas Araya, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo:

a) Hacer entrega al reclamante la información referida a la constitución de propiedad de la comunidad agrícola Punitaqui, según DFL N° 5, de 1968, así como los respectivos mapas de loteos de hijuelas, actas de constitución e información relevante, de fecha 1973 o anterior, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. O en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Rojas Araya, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, y a la Comunidad Agrícola Punitaqui, ésta última en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.