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Ramiro Mendoza con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL BÍO BÍO Rol: C1720-17

Consejo para la Transparencia, 11/08/2017

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, fundado en la denegación de lo solicitado referente a "la Delegación de SERVIU Ñuble en los siguientes aspectos: a) Copia de todos los contratos a honorarios y decretos de nombramiento del personal contratado desde marzo de 2014 a la fecha. b) Copia de todos los convenios y/o contratos suscritos por dicha repartición con EGIS e instituciones externas desde marzo de 2014 a la fecha. c) Información sobre todos los cometidos funcionarios efectuados desde septiembre de 2016 a la fecha, funcionario que fue objeto del mismo, fecha y lugar de éstos, así como efectividad de haberse pagado viático y monto del mismo en su caso. d) Copia de la bitácora de todos los vehículos pertenecientes a dicha repartición o que se hayan arrendado para la función pública, desde septiembre de 2016 a la fecha". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra b), del numeral 1° de lo expositivo, por la inexistencia de lo requerido. (VOTO CONCURRENTE)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1720-17

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío.

Requirente: Ramiro Mendoza.

Ingreso Consejo: 18.05.2017.

En sesión ordinaria N° 823 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1720-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2017, don Ramiro Mendoza, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío -en adelante e indistintamente SERVIU del Biobío-, la siguiente información "sobre la Delegación de SERVIU Ñuble en los siguientes aspectos:

a) Copia de todos los contratos a honorarios y decretos de nombramiento del personal contratado desde marzo de 2014 a la fecha.

b) Copia de todos los convenios y/o contratos suscritos por dicha repartición con EGIS e instituciones externas desde marzo de 2014 a la fecha.

c) Información sobre todos los cometidos funcionarios efectuados desde septiembre de 2016 a la fecha, funcionario que fue objeto del mismo, fecha y lugar de éstos, así como efectividad de haberse pagado viático y monto del mismo en su caso.

d) Copia de la bitácora de todos los vehículos pertenecientes a dicha repartición o que se hayan arrendado para la función pública, desde septiembre de 2016 a la fecha".

2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Con fecha 22 de marzo de 2017, el órgano solicitó subsanar la solicitud precedente, de conformidad a la letra b), del artículo 12 de la Ley de Transparencia, respecto a lo solicitado en la letra b), del numeral precedente.

Al respecto, el requirente, con fecha 27 de marzo del mismo año, sostuvo que "se solicita información sobre todo convenio o contrato que esta repartición haya efectuado con alguna EGIS o instituciones similares del área de viviendas sociales desde el año 2014 a la fecha".

3) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 5049, de fecha 16 de mayo de 2017, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, en síntesis señaló lo siguiente:

a) En lo que atañe a lo pedido en las letras c) y d), se adjuntan archivos con detalle de cometidos funcionarios y bitácora de vehículo.

b) Respecto a lo solicitado en la letra b), no existen contratos con EGIS desde el 2014 a la fecha suscritos con la Delegación de SERVIU Ñuble. Por otra parte, respecto a los convenios tampoco existen, ya que estos se realizan a nivel regional y se suscriben entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y dichas entidades, lo que las habilita para trabajar en todas las provincias de la región. Por consiguiente, en este aspecto, no se cuenta con información que se ajuste al requerimiento.

c) En cuanto a las instituciones externas, existe un convenio y contrato con la Universidad Tecnológica de Chile INACAP y otros, archivo que se adjunta.

d) Finalmente, en lo que respecta a lo requerido en la letra a), no es posible entregarle dicha información, en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que la consulta conlleva la búsqueda de: 187 resoluciones asociadas a 61 funcionarios el año 2014; 95 resoluciones asociadas a 65 funcionarios el año 2015; 110 resoluciones asociadas a 65 funcionarios el año 2016 y 35 resoluciones asociadas a 35 funcionarios el año 2017, esto implica destinar a 4 funcionarios a tiempo completo por 18 días aproximadamente, para finalmente eliminar datos personales involucrados y volver a digitalizar los documentos.

4) AMPARO: El 18 de mayo de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial de lo solicitado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, mediante oficio N° E1177, de fecha 31 de mayo de 2017.

Posteriormente, por medio de oficio ordinario N° 6297, de fecha 15 de junio de 2017, el servicio señaló en resumen, que la solicitud constaba de cuatro puntos, negándose la entrega parcial sólo respecto de lo requerido en la letra a), del numeral 1°, precedente, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Al efecto, se agregó que la sección de recursos humanos del Departamento de Administración del servicio determinó que necesita cuatro funcionarios que se dediquen durante un mes a recopilar la información solicitada, y en la sección indicada existen solo dos funcionarios a cargo de la información solicitada.

Así las cosas, durante un mes, los dos funcionarios no podrían desarrollar sus labores habituales, distrayéndolos indebidamente del cumplimiento regular de sus labores habituales lo que retrasará el trabajo de toda el área, afectando el debido cumplimiento de las funciones del servicio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acuerdo a lo anotado precedentemente, tiene por objeto la denegación parcial de lo solicitado. Al efecto, de la respuesta del SERVIU del Biobío, se puede apreciar que no se hizo entrega de lo requerido en las letras a) y b), del numeral 1°, de lo expositivo. En este contexto, el órgano en lo que atañe a la letra a), alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. A su turno, en cuanto a la letra b), alegó la inexistencia, indicando que no celebra contratos o convenios con EGIS.

2) Que, en lo concerniente a la causal de reserva alegada, se debe señalar que su configuración debe someterse al examen de determinados criterios objetivos, que hagan suficientemente plausible su aplicación para el caso concreto, teniendo como marco referencial, la descripción normativa referida a la afectación al debido cumplimiento de las funciones el órgano, teniendo presente que no podría alegarse como gravamen el propio cumplimiento de las obligaciones de transparencia que emanan de la Constitución Política, en cuanto base de la institucionalidad, y de la propia de Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada no ha explicado en forma pormenorizada la forma en que llega a determinar el tiempo estimado para hacer entrega de lo requerido, señalando sin un desglose o cálculo previo la necesidad de contar con 18 días. Al respecto, se debe tener en cuenta que se trata de información relativa a contratos a honorarios y decretos de nombramientos, antecedentes que por su naturaleza deberían estar suficientemente sistematizados y ordenados, considerando además que sólo se trata de información que abarca desde el año 2014 a la fecha. A su turno, haciendo la sumatoria de antecedentes a entregar, se colige que lo requerido abarcaría no más de 427 documentos, volumen que no tiene una entidad suficiente como para distraer indebidamente a los funcionarios respectivos. Por lo tanto, la referida causal de reserva será desestimada.

6) Que, en otro orden de ideas, en cuanto a la inexistencia de contratos y convenios celebrados entre el órgano con EGIS, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol N° C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder. Por lo tanto, el amparo en esta parte será rechazado.

7) Que, por estas consideraciones, el presente amparo será acogido parcialmente, ordenándose la entrega de lo requerido en el literal a), del numeral 1°, de lo expositivo, debiendo tarjar, respecto de la información que se entregue, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Ramiro Mendoza en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío; rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra b), del numeral 1° de lo expositivo, por la inexistencia de lo requerido, de conformidad a lo razonado precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío que:

a) Entregue al solicitante, respecto a la Delegación de SERVIU Ñuble, copia de todos los contratos a honorarios y decretos de nombramiento del personal contratado desde marzo de 2014 a la fecha, tarjando todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Ramiro Mendoza y a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío.

VOTO CONCURRENTE

La presente decisión es acordada con el voto concurrente del señor Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien, sin perjuicio de acoger el presente amparo respecto de la entrega de la información solicitada en este caso en particular, estima que procede la entrega de la información por los siguientes fundamentos:

1) Que, en la especie, se debe señalar que los contratos a honorarios y decretos de nombramientos constituyen antecedentes que obran en poder del órgano, son elaborados con presupuesto público, y atendida la naturaleza de la función que cumple todo servidor público, y que justifica un control social sobre aquella información que resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes en la labor desempeñada, constituye información pública en conformidad al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.

2) Que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

3) Que asimismo, la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen. En razón de lo anterior, este Consejo ha entregado u ordenado entregar por ejemplo, los contratos a honorarios de las personas que prestan servicios en la Administración del Estado. De ahí entonces la existencia de un estándar de transparencia mayor que se impone sobre la privacidad la que debe ceder en pos del control de la función pública, en primer lugar, respecto a quien se contrata en determinados cargos y, luego, en el ejercicio de sus especiales encargos, que también estará sujeta al principio de transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.