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Gustavo Valdés Pérez con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C1975-17

Consejo para la Transparencia, 18/08/2017

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la situación académica actual del alumno de Derecho que indica en su presentación. En particular requirió se informe: a) "Si posee la calidad de alumno eliminado; b) En caso que efectivamente está eliminado, requiere saber si el decreto de rectoría por el cual fue eliminado se encuentra firme". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1975-17

Entidad pública: Universidad de Chile

Requirente: Gustavo Valdés Pérez

Ingreso Consejo: 08.06.2017

En sesión ordinaria N° 824 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1975-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de mayo de 2017, don Gustavo Valdés Pérez solicitó a la Universidad de Chile información sobre la situación académica actual del alumno de Derecho que indica en su presentación. En particular requirió se informe:

a) "Si posee la calidad de alumno eliminado;

b) En caso que efectivamente está eliminado, requiere saber si el decreto de rectoría por el cual fue eliminado se encuentra firme".

2) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 233, de 8 de junio de 2017, la Universidad se pronunció sobre la solicitud, informando que al primer semestre de 2017, el alumno consultado no registra matricula vigente en esa Facultad, por lo que no tiene la calidad de estudiante de la carrera de Derecho, en los términos indicados en el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile. Respecto de su eventual condición de estudiante eliminado, el órgano omite emitir un pronunciamiento al respecto, por concluir que dicho antecedente corresponde a un dato personal del alumno consultado.

3) AMPARO: El 8 de junio de 2017, don Gustavo Valdés Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante Oficio N° E1525, de 20 de junio de 2017. Mediante U.G.I.I. (O) N° 286/2017, de 10 de julio de 2017, la Universidad presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La Universidad cumple con dar certeza a terceros respecto de la pertenencia o falta de pertenencia a la comunidad universitaria, en calidad de estudiante matriculado en cualquiera de sus carreras o programas de estudio, respecto de personas que sean o puedan ser objeto de este tipo de consultas.

b) La Facultad de Derecho informó internamente sobre la materia a la Unidad de Transparencia de esa Universidad, mediante Oficio N° 30 de 8 de junio de 2017, que remite al Consejo para su revisión.

c) En este caso no se aplicó el procedimiento contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en función de haberse determinado que era posible informar el solicitante sobre la actual condición de estudiante no matriculado de la carrera de Derecho del alumno consultado. En lo restante, ante la eventual condición de estudiante "eliminado de la carrera" correspondía dar aplicación directa al principio de divisibilidad, en resguardo de la información personal del tercero.

d) Se enfatiza el carácter personal e inclusive sensible del detalle de la información que pueda dar cuenta del hecho que un estudiante de la Universidad resulte eventualmente eliminado de la carrera por incumplimiento de los objetivos académicos definidos para las cátedras que forman parte de la malla curricular (en síntesis, por presentar un eventual bajo o insuficiente rendimiento académico).

e) La Universidad rechaza que el detalle de la información requerida pueda ser entendido como información pública, susceptible de ser entregada a terceros vía Ley de Transparencia. La sensibilidad propia del dato es manifiesta, y queda reforzada, por la connotación peyorativa que es posible inferir claramente de la condición de alguien que pudiera devenir en un "estudiante eliminado de la carrera". En la práctica, ante un dato personal y sensible, se estima que sólo la autorización expresa del titular puede ser habilitante para que el órgano requerido pudiera entregar la información sobre esta materia a terceros.

f) En este contexto, la aplicación directa del principio de divisibilidad no sólo fue una alternativa de respuesta prevista en la Ley, sino que redunda en una mayor protección de los derechos del titular de la información en controversia, que aquel resguardo que pudiera haber supuesto notificar conforme el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Al efecto, hace presente que de no deducirse oposición en tiempo y forma, se entendería que el tercero afectado accedía a la publicidad de la información.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo confirió traslado del presente amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E1938, de 17 de julio de 2017. A la fecha del presente acuerdo, no consta que el tercero hubiere presentados sus descargos u observaciones en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se circunscribe a la denegación de la entrega de información académica relativa a un alumno determinado de la Universidad requerida. Por lo anterior, se procederá al análisis sobre la procedencia de la entrega o reserva de la información requerida, según se expondrá a continuación.

2) Que si bien el órgano no alegó expresamente alguna causal legal de reserva o secreto, de sus descargos se concluye que la denegación se funda en la causal prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de los derechos de las personas, en particular, la esfera de su vida privada. Lo anterior, por tratarse de datos personales según lo prescrito en la ley N° 19.628.

3) Que sobre las alegaciones del órgano sobre la falta de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, cabe advertir que, sin perjuicio de lo expuesto, correspondía en este caso dar aplicación estricta al citado precepto legal, atendido que el Servicio estimó que en la especie se podrían afectar los derechos de un tercero, en este caso concreto, respecto del alumno cuya situación académica estaría siendo requerida. Por lo anterior, dicha omisión e infracción será representada en lo resolutivo del presente acuerdo a la reclamada.

4) Que la información relativa a la calidad de "eliminado" de una determinada carrera universitaria, es un un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en tanto se trata de un antecedente académico concerniente a una persona natural identificada. Luego, resulta pertinente indicar que conforme el inciso primero del artículo 4° de la citada Ley "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y siguiendo este raciocinio, el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo dispone "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados, salvo que provengan o se gayan recolectado de fuentes accesibles al público". Al efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta el consentimiento expreso del titular de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros. Por su parte, estos datos tampoco provienen ni se han recolectado de fuentes accesibles al público.

5) Que atendido lo anterior, tratándose la calidad de eventual "eliminado" de una carrera universitaria de un dato personal de un estudiante identificado, respecto del que no consta que se hubiere otorgado consentimiento expreso para su comunicación, ni existiendo disposición legal que autorice la entrega de dicha información, corresponde aplicar expresamente lo dispuesto en los artículo 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628. En este mismo sentido, y respecto de la afectación de derechos del tercero, esta Corporación advierte que la entrega de la información requerida -sin el previo y expreso consentimiento de su titular- en cuanto se trata de la calidad de "eliminado" de una carrera universitaria, por no haberse cumplido con los objetivos académicos definidos para las cátedras que forman parte de una determinada malla curricular, producirá afectación de los derechos de éste con determinada certeza y suficiencia, configurándose en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33, literal m), de la Ley de Transparencia, se procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Gustavo Valdés Pérez, de 8 de junio de 2017, en contra de la Universidad de Chile, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Rector de la Universidad de Chile la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que no confirió traslado del requerimiento al tercero involucrado, de conformidad a lo dispuesto en la citada norma legal. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que tal infracción se reitere.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gustavo Valdés Pérez, al Sr. Rector de la Universidad de Chile y al tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.