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Eduardo Barría Rogers con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: A162-09

Consejo para la Transparencia, 23/02/2010

Se solicita amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) por denegación en la entrega de la información requerida, relativa a los procesos de selección implementados para proveer los diferentes cargos en que el solicitante ha participado. La DNSC responde que dicha información no puede ser entregada dado que se encuentra amparada por varias de las causales de secreto de la Ley de Transparencia, a la vez que se genera la oposición por la totalidad de los terceros involucrados en la información solicitada -las consultoras especializadas en selección de personal-. El Consejo acoge parcialmente la solicitud señalando que no existen derechos de las consultoras que pudieran verse afectados por la entrega de la información requerida, a la vez que tal información es pública, con ciertas excepciones, que por no recaer en información pública, deben tramitarse conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL A162-09

Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC)

Requirente: Eduardo Barría Rogers

Ingreso Consejo: 08.07.2009

En sesión ordinaria N° 127 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A162-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 y 19 N° 14 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales; la Ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de junio de 2009, don Eduardo Barría Rogers solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil (en adelante DNSC) la siguiente información sobre los procesos de selección implementados para proveer los diferentes cargos a los que ha participado (39 en total):

a) Información objetiva y cuantitativa relacionada con la evaluación de los antecedentes de todos los concursos en que ha participado. Lo anterior, lo pide sobre la base de algoritmos definidos para la evaluación de los concursantes, tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros instrumentos objetivos.

b) Aclaración fundada, legal o administrativamente, del concepto de “cercanía” empleado para informar la exclusión de un determinado concursante. A este respecto, requiere que se le indique cuándo existe cercanía y cuándo no, considerando la métrica o instancia técnica de la referencia que debe ser preexistente y que permite determinar la aplicación del concepto.

c) Aclaración de cómo se evalúan técnicamente cada uno de los parámetros que conforman los elementos centrales del perfil, especialmente en los concursos en que ha participado.

d) Información técnica de cómo se efectúa el proceso de evaluación, en cada etapa de la postulación, especialmente en los concursos que ha participado.

e) Aclaración respecto de los fundamentos por los que, aprobado los antecedentes en una etapa para un determinado cargo, para el mismo cargo en otro lugar, los antecedentes no presentaron la cercanía necesaria en la misma etapa. Hace referencia específica al concurso para proveer el cargo de Director Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

f) Información sobre la forma en que se integran posibles candidatos por las empresas “headhunters” al proceso de selección. Además, en este punto, solicita conocer en cuáles de las postulaciones realizadas por el requirente se empleó dicha modalidad.

g) Requiere saber cómo se asegura a los postulantes que no hay ingreso de personas en forma extemporánea, específicamente en los procesos en los que participó.

2) RESPUESTA: La solicitud de acceso a la información fue respondida por la Directora Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución Exenta N° 411, de 1° de julio de 2009, denegando la solicitud de acceso a la información por las causales que resumidamente se indican a continuación:

a) Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política (artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y artículo 7° de su reglamento): Para explicar la concurrencia de esta causal se describe, primero, la función que realiza la Dirección Nacional del Servicio Civil, que es principalmente asegurar y garantizar el eficaz y eficiente funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (en adelante SADP), cuya piedra angular es el proceso de selección de directivos. La reserva se fundaría en que:

i) El art. 55 de la Ley N° 19.882 señala que el proceso de selección de los altos directivos públicos “tendrá el carácter de confidencial”, lo que obligaría a disponer las medidas necesarias para mantener en reserva la identidad de cada participante.

ii) La selección de las personas implica evaluar rigurosamente competencias para un cargo, lo que incluso incluye aspectos de la personalidad desconocidos por los mismos participantes.

iii) El proceso considera la opinión de consultoras externas y terceros que ofrece como referencia cada candidato para contrastar los elementos curriculares con el saber práctico que exhibe el desempeño pasado de la persona. Estas opiniones calificadas deben ser resguardadas del interesado y de terceros con el objeto de darles mayor imparcialidad y objetividad.

iv) La confidencialidad es una cláusula esencial incorporada en las bases de licitación y los contratos de prestación de servicios suscritos con las empresas expertas en selección de personal, debiendo entenderse que este marco contractual incluye lo establecido en el art. 55 de la Ley N° 19.882.

v) Existen prácticas y estándares internacionales en materias de selección y reclutamiento que exigen confidencialidad de la actividad desarrollada por head hunters y evaluadores de selección de personal, fundadas en dotarlos de objetividad para discriminar al postulante que se acerca al perfil del cargo definido por el mandante. De no garantizarse esta condición se moderarían los juicios y observaciones respecto del candidato; de igual modo, podría exponerse a quienes emitan unos y otras a presiones que conviene evitar.

vi) La reserva o confidencialidad constituiría un estándar profesional y un imperativo legal cuya vulneración lesionaría principios básicos de los postulantes y de los consultores, e importaría un detrimento que el legislador buscó evitar al otorgar el carácter de reservado al proceso de selección del SADP, pues impediría que la Dirección contase con las empresas expertas que necesita para llevar a cabo su labor.

vii) En definitiva, acceder a la solicitud atentaría contra el debido funcionamiento de la Dirección, puesto que el cumplimiento de su mandato legal (“seleccionar”) se apoya en una labor considerada por la ley como confidencial en atención a su naturaleza y a la eficacia de la misma.

b) Afectación de los derechos de las personas (artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 2 de su reglamento): En una triple perspectiva:

i) Derechos de las personas directamente afectadas: La protección de la salud, la integridad síquica y la dignidad de los postulantes exigen no entregar estos antecedentes, pues sólo pueden revelarse en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Por otro lado, las opiniones vertidas por los expertos para un contexto laboral específico no pueden darse a conocer al evaluado, pues perderían todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar, interfiriendo en el proceso de selección que debe discriminar quienes son los mejores para ocupar cargos públicos adscritos al SADP. Las opiniones de los expertos deben ser resguardadas por la confidencialidad, incluso del mismo referido, quien fuera de contexto, puede ver afectada su integridad síquica y su dignidad. Por lo anterior, no correspondería entregar los informes sicolaborales al propio postulante, máxime si el titular de dicho informe no es éste, sino la autoridad que solicitó asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en un plaza concursada.

ii) Derechos de otros postulantes (distintos del postulante requirente de la información): Los informes de evaluación psicolaboral serían reservados por contener datos sensibles, considerando que el art. 2° g) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, define como tales los datos personales “que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como… los estados de salud físicos o psíquicos…”. Para arribar a esta conclusión debe considerarse que esta misma ley agregó un nuevo inciso al art. 127 del Código Sanitario, en cuya virtud “las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados” debiendo incluirse en este supuesto los informes emitidos por psicólogos conforme a lo señalado por los arts. 112 y 113, inc. 3°, del Código Sanitario. Dado que los datos sensibles no pueden ser tratados sino en las situaciones excepcionales del art. 10 de la Ley N° 19.628, que no concurren en este caso, no sería factible entregar esta información, tal como ha reconocido el Dictamen N° 31.250/2008, de la Contraloría General de la República, que en un caso concreto prohibió entregar a terceros los informes psicológicos de los candidatos a un cargo público. A mayor abundamiento, el reclamado señala que la confidencialidad del art. 55 de la Ley 19.882 impide que la Dirección del Servicio Civil, incluso con la aceptación del evaluado, proporcione los antecedentes de su informe psicolaboral, ya que la ley exige resguardar su identidad y el tratamiento confidencial de los elementos constitutivos del proceso de selección. Lo anterior se vería reforzado porque los candidatos postulan bajo la premisa de participar en un proceso de selección de carácter confidencial, cuestión que se vincula no sólo a la protección de su vida privada, sino que también a la seguridad en el empleo, ambos derechos de rango constitucional. En efecto, debe protegerse la legítima posibilidad que tiene una persona de buscar nuevos puestos de trabajo sin afectar el que tiene.

iii) Derechos del evaluador (consultora especializada): La publicidad de la información solicitada afectaría los derechos e intereses del evaluador, cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de las empresas consultoras expertas y, más aún, imposibilitando dicha participación al vulnerarse la regla del sigilo presente en el desarrollo de sus actividades y en la reserva del proceso de selección, que permite que todos estén dispuestos a concursar y que cada postulante sea evaluado en forma rigurosa y profesional.

c) Afectación de la seguridad e interés nacional (artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 4 del reglamento de dicha Ley): La DNSC señala que pueden existir casos concretos de procesos de selección de altos directivos cuyo sigilo pueda sustentarse en la causal de seguridad nacional frente a requerimientos precisos de acceso a la información. En tanto, el interés nacional también justificaría las características de secreto o reserva del nuevo proceso de selección de los altos directivos públicos “al menos en esta etapa fundacional”. El proceso de selección regulado por la Ley N° 19.882 sería un caso excepcionalmente caracterizado por su carácter secreto, como rasgo instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados, orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces. En ese contexto la confidencialidad tendría un valor instrumental para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, con criterios y estándares exigentes, mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello la del Estado, todo lo cual estaría justificado en el interés nacional. En el mismo sentido se explica que la confidencialidad sería básica en los procesos homólogos de reclutamiento de directivos para el sector privado —protegiendo a las personas más idóneas del escrutinio público, sobre todo si no resultan seleccionadas pese a sus méritos—, por lo que en el mundo público debería replicarse el mismo rasgo para obtener el mismo éxito, especialmente porque sería una condición necesaria para contar con el apoyo de consultoras especializadas en estos procesos. Por lo mismo, divulgar esta información desarticularía al SADP en su base, alejando de él a los mejores postulantes y a las consultoras especializadas, máxime si los interesados en obtener esta información carecerían de conocimientos especializados para evaluarla o entorpecerían, al conocerla, la acción estatal. Se añade que también sería de interés público resguardar a la autoridad, a través de esta reserva, de presiones indebidas que no consideren los principios de mérito y de responsabilidad política que inspiran al SADP.

3) COMUNICACIÓN A TERCEROS SEGÚN ART. 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA:

a) OPOSICIONES AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

i) OPOSICIÓN DE TARGET DDI: Target DDI fue notificada del requerimiento por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información mediante carta de 10 de junio de 2009, señalando lo siguiente:

1. Indica que ha asumido un compromiso de resguardar la confidencialidad y reserva estricta de los antecedentes curriculares de la postulación, al firmar el Compromiso de Confidencialidad de la Información, Lineamientos Operacionales para la Contratación de los Servicios de Búsqueda y Contratación de Altos Directivos de marzo del año 2008.

2. Señala que en base a su experiencia en materia de selección de ejecutivos y profesionales para importantes empresas e instituciones del medio local, ha desarrollado uno de los principios que rige su quehacer y que se traduce en el total resguardo de la identidad, perfil, trayectoria y características personales del postulante y de sus referentes, salvo expresa autorización de ellos como una forma de garantizar confidencialidad y generar confianza y calidad de sus servicios.

3. En el caso, expresa, los referentes consultados en el caso de los referentes no están protegidos frente al uso que se pudiera dar a las opiniones y comentarios respecto del postulante, con lo cual se podrían generar daños o perjuicios en su contra los que, en base a la confianza depositada en la empresa que no quieren ocasionar.

4. Por último, manifiesta que la confianza y credibilidad que tiene el Sistema de Alta Dirección Pública (en adelante SADP) se basa precisamente en la garantía de calidad técnica y confidencialidad que aporta el proceso de selección mismo y la participación creciente de empresas consultoras de reconocida imagen y trayectoria, la cual puede verse menoscabada ante el uso indebido de información que, dada sus características (evaluación de habilidades gerenciales, perfil sicológico, opiniones de referentes) requiere ser tratada con máxima rigurosidad y confidencialidad.

ii) OPOSICIÓN DE DONOSO Y TORRENS CONSULTORES LTDA. (EX – AZPIAZU Y DONOSO CONSULTORES): La empresa fue notificada de la solicitud de información por la DNSC, mediante Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 8 de junio, fundamentando su oposición en que de conformidad con las políticas internas de la empresa y que son aplicables cualquier ámbito que le compete en cuanto a este tipo de información, el resultado de toda evaluación, es absolutamente de carácter confidencial respecto del postulante, siendo sólo comunicada a la empresa u organización requirente.

iii) OPOSICIÓN DE LA CONSULTORA DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.: Deloitte fue notificada de la solicitud de información por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta recibida de 10 de junio, señalando lo siguiente:

1. Expresa que no encontró en su base de datos al requirente respecto de los procesos de selección terminados.

2. Manifiesta que habían dos procesos de selección pendientes a dicha fecha en el cual se encontraba participando el requirente y respecto de los cuales no se puede pronunciar sobre la adecuación del candidato al perfil requerido.

iv) OPOSICIÓN DE EVOLIUM CONSULTING S.A.: La consultora Evolium Consulting S.A. fue notificada de la solicitud por la DNSC, mediante Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 8 de junio, señalando lo siguiente:

1. Manifiesta que la evaluación que solicita no puede entregarse de acuerdo al art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de información del ámbito privado de una persona.

2. Además, indica que existen razones de índole profesional que harían imposible la entrega de la información, como por ejemplo: el proceso de selección de personal de todas las empresas, tiene un carácter confidencial por tratarse de un dato personalísimo de un individuo, quien se somete voluntariamente a los exámenes para postular a un trabajo, en el entendido que esa información sólo será usada por el oferente de trabajo, quedando obligado quien practica el examen, tanto como empresa de servicios como los profesionales de la mente que los practican, impedidos de entregar esta información a nadie.

3. Otro tema muy sensible y que explicaría su negativa, es que el trabajo realizado se hace en el contexto del cargo a ocupar por la persona y evaluando las competencias para el mismo, por lo que se puede sacar de contexto la información de sí mismo y ser mal interpretada por la persona, pudiendo ocasionar serios trastornos a su autoestima.

4. Se pueden vulnerar las referencias usadas, pudiendo llegar a perderse la objetividad de las mismas y entregaran referencias poco fidedignas.

5. Finalmente, agrega que si todos los candidatos sometidos a exámenes piden los antecedentes de sus evaluaciones, se desnaturalizaría la función del experto, ya que los sicólogos perderían la imparcialidad y todos los candidatos serían buenos.

v) OPOSICIÓN DE PSICUS CONSULTORES PROFESIONALES LTDA.: Dicha consultora fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 11 de junio, señalando lo siguiente:

1. Invoca, en primer lugar el art. 55 de la Ley N° 19.882, que dispone que el proceso de selección es de carácter confidencial y que la DNSC debe disponer las medidas necesarias para garantizar dicha condición. De acuerdo al mandato legal, indica que la DNSC, ha elaborado lineamientos operacionales que aclaran las etapas, factores y procedimientos sobre los cuales las empresas consultoras realizan los procesos de evaluación de los postulantes a cargos de Alta Dirección Pública. Agrega en este sentido, que la propiedad de la información sobre los resultados de los concursos es de la DNSC y no de la consultora, ni de los postulantes, por lo que como proveedores privados no pueden entregar información declarada confidencial en forma expresa en el contrato que mantiene con la DNSC.

2. Indica que el art. 53 de la Ley N° 19.882 establece que la selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos, que incluirá entre otros aspectos, la verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de mérito y de las competencias específicas. Para ello, la DNSC contrata a empresas especializadas en la selección de personal, de modo que la evaluación sea ejecutada en forma objetiva, de modo que los postulantes tengan igualdad de condiciones al momento de postular. Por lo tanto, señala que si se entregaran los resultados de la evaluación individual de cada candidato, se le otorgarían privilegios por sobre los demás para futuros procesos de selección a cargos equivalentes.

3. Manifiesta que una de las fuentes importantes de evaluación son las referencias laborales consultadas a jefaturas superiores directas de cada postulante, quienes sabiendo que sus opiniones como referentes pueden ser conocidas por el postulante, provocaría la inhibición de la entrega completa y objetiva de información relevante para el proceso de selección.

4. Señala que el servicio que contrata la DNSC a las consultoras es el reclutamiento y/o selección de personal, es decir, la búsqueda y/o evaluación de postulantes respecto de un perfil de competencias y la síntesis de los atributos del postulante en un informe individual dirigido al cliente. En ningún caso, agrega, el servicio contratado incluye el informar, ni asesorar al postulante sobre su evaluación individual. Si fuera así, expresan, que las consultoras deberían inhabilitarse para evaluar nuevamente al mismo postulante a quien se asesoró, encontrándose en un conflicto de intereses. Además, dicha situación significaría un perjuicio comercial para la empresa que no están dispuestos a sumir y por ello, se verían obligados a dejar de prestar servicios de selección de personal al sector público.

5. Expresa que el “know how” de cómo desarrollan sus productos y servicios de selección es de propiedad de PSICUS, por lo que no compartirán detalles de su metodología con terceros para proteger su negocio.

6. Por último, sugiere que, de ser necesario, se publiquen para todos los postulantes los lineamientos operacionales del Convenio Marco elaborado por la DNSC, en donde se aclararían gran parte de las dudas del requirente, decisión que le compete a la DNSC.

vi) OPOSICIÓN DE MANDOMEDIO.COM: La consultora fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 10 de junio, señalando lo siguiente:

1. Indica que el proceso de selección en el que participó el requirente y que estuvo a cargo la empresa fue el de Director Función Depto. Tecnologías de Información y Comunicaciones, de la Dirección General Aeronáutica Civil.

2. Manifiesta que fundamenta su oposición en que, de acuerdo a la política interna de la empresa, toda información sobre el proceso de selección y sobre los resultados e informes de éste, son de carácter confidencial, entregándose la información sólo a la empresa que le ha encargado la realización del proceso.

vii) OPOSICIÓN DE CDO CONSULTING GROUP: La empresa aludida fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 10 de junio, señalando lo siguiente:

1. Indica que la información requerida es confidencial que demanda una instancia distinta para poder otorgar “feedback” de manera adecuada a los participantes.

2. Agrega que una lectura desconectada de los antecedentes de evaluación y sin la posibilidad de que los evaluadores involucrados puedan moderar la retroalimentación, podría ser perjudicial para el candidato.

viii) OPOSICIÓN DE PRICEWATERHOUSECOOPERS: Dicha consultora fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 10 de junio, señalando lo siguiente:

1. Manifiesta que los procesos de selección de personal tienen un carácter confidencial por tratarse de datos privados, correspondientes a personas que han participado voluntariamente en una serie de evaluaciones de tipo sicolaboral.

2. Expresa que es responsabilidad de la consultora, asegurar la mantención de la confidencialidad de toda información relativa a los resultados de las evaluaciones practicadas, para todas las personas que han participado de cualquier proceso de selección realizado por la empresa.

ix) OPOSICIÓN DE SEMINARIUM DESARROLLO LTDA.: La empresa fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 10 de junio, señalando lo siguiente:

1. Fundamenta su oposición en los Lineamientos Operacionales 2009, entregados por la DNSC.

2. En dicho documento, agregan, se informa a las empresas adjudicadas que dentro de los principio del sistema de Alta Dirección Pública se debe garantizar la confidencialidad de los candidatos, reservando su identidad, antecedentes y la resolución que se determine respecto del cargo a postular.

3. Lo anterior, señalan, está expresado en la Ley N° 19.882, que garantiza la confidencialidad de la identidad y la información entregada por los postulantes. Si se revelaren los motivos por los que un candidato no fue seleccionado, podría verse dañada la imagen de quien referenció al postulante.

4. Por último, indica que para la empresa consultora es de suma importancia la confianza que la DNSC deposita en su trabajo, por ello su oposición se basa no sólo en la ley, sino además en la metodología de trabajo reconocida en el mercado, en el que prima por su excelencia profesional y confidencialidad de la información que maneja.

x) OPOSICIÓN DE LABORUM.COM CHILE S.A.: Dicha consultora fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 9 de junio, señalando lo siguiente:

1. Fundamenta su oposición en que la empresa ha realizado el servicio de búsqueda y selección de candidatos, bajo el principio de confidencialidad, el que sin estar reñido con la probidad y transparencia, impide revelar lo requerido. La confidencialidad vincula a la empresa tanto con la DNSC como con los postulantes. Indica cuáles son los documentos por los que se ha comprometido a guardar la confidencialidad de la información.

2. Agrega que, en el caso, ni los candidatos ni quienes facilitaron referencias sobre los mismos tenían conocimiento que sus nombres, postulación u opiniones podrían llegar a ser públicas, por lo tanto, no se podría vulnerar la confianza depositada en la empresa con la entrega de la información, salvo que contaran con su autorización expresa. Invoca en este punto la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que con la divulgación de la información, la empresa asevera que se podrían ver afectados los derechos de terceros, pudiendo acarrear importantes daños a su esfera económica como en su ámbito profesional, ya que sus actuales puestos de trabajo se verían afectados de manera importante.

3. Manifiesta que, de lo anteriormente expuesto, la confidencialidad es un “activo” de trabajo relevante para las empresas consultoras. Más aún, señala que la consultora podrá realizar su tarea de búsqueda y evaluación de altos directivos para la provisión de cargos con personas adecuadas a los perfiles solicitados, sólo en la medida que pueda asegurar la más completa confidencialidad de su participación a los postulantes y a aquéllos que la empresa proponga formar parte del proceso de selección. Del mismo modo, indica, la ausencia del riesgo de publicidad respecto de los procesos de selección, asegura la autonomía de los evaluadores que podrán calificar a los candidatos según los requerimientos de la DNSC.

4. Asevera que las consultoras especializadas en cuanto a la evaluación y selección que se realiza entre los candidatos que compiten para la provisión de un cargo, por ello, no se pretende una objetividad cabal respecto de cada candidato, sino que se buscan las cualidades y debilidades de éstos ponderándose en función del grupo concreto de candidatos que postulan al mismo cargo.

5. Agrega que no estima oportuno entregar los resultados de una evaluación a un candidato que lo requiera, ya que éstos se obtienen en consideración a las aptitudes o competencias de los competidores al cargo a proveer, no considerándose exclusivamente las destrezas y habilidades reales de una persona, sino en función del cargo y competencias que se requiere. Señala en este sentido, que informar los resultados podría causar más daños que beneficios al mismo solicitante, pudiendo suceder que haya sido excluido más que por sus aptitudes personales, por no cumplir con los requisitos específicos o técnicos que requiere el perfil del cargo para el que postula. Estima que no todas las personas están capacitadas para recibir la información requerida, menos aún, si no se da en un encuadre y “setting” definido, como en terapia sicológica, donde se puede recibir apoyo y contención requerida.

6. Por último, hace presente que la calidad y éxito de los procesos de selección, tienen su fundamento en que la consultora llegue a individualizar con la mayor objetividad posible las competencias, fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos y quienes piden y entreguen sus referencias tengan confianza en el profesionalismo y confidencialidad de la empresa que realiza la labor de búsqueda, evaluación y selección de personal.

xi) OPOSICIÓN DE HK HUMAN CAPITAL S.A.: La empresa fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La consultora se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 8 de junio, señalando lo siguiente:

1. Indica cuáles son los cargos (4) a los que postuló el requirente y cuyos procesos de selección tuvo parte.

2. Fundamenta su oposición de forma idéntica a Laborum.com, por lo que se dan por reproducidos aquí dichos argumentos.

xii) OPOSICIÓN DE MG CONSULTORES LTDA.: Dicha consultora fue notificada de la solicitud del requirente por la DNSC, mediante el Ord. N° 729, de 4 de junio de 2009. La empresa se opuso en tiempo y forma a la entrega de la información, mediante carta de 9 de junio, señalando lo siguiente:

1. Fundamenta su oposición en virtud del principio de confidencialidad establecido en el “Compromiso de confidencialidad de la información” de 2008 y en el Convenio Marco de marzo de 2009, establecidos por la DNSC.

2. Agrega que los candidatos les confían sus nombres, antecedentes y referencias laborales bajo el entendido de que dicha información sólo será utilizada para su evaluación respecto del perfil de un cargo. Si dicha información se divulgara, indican, se dañaría la confianza que los postulantes depositaron en la consultora y en la DNSC, poniéndose en riesgo su fuente laboral, la veracidad de las referencias y la confianza en el sistema de selección de Alta Dirección Pública.

3. Asimismo señala, se podría ver afectada la independencia de los profesionales evaluadores en cuanto a la emisión de sus juicios, quedando abiertos a la presión por parte de postulantes, referentes u otras personas, condicionando la calidad y objetividad de los análisis e informes que los profesionales evaluadores realizan.

4. Manifiesta que el análisis e informe que se realizan dentro de los procesos de selección, están dirigidos a la evaluación de un conjunto de atributos de los postulantes respecto de un cargo en particular y están orientados por las modalidades, principios y formatos solicitados por quien contrató la asesoría especializada, en el caso la DNSC. Por ello, la información concerniente a los procesos de selección pertenece a la DNSC y no está dirigida a evaluar o estudiar las características de una persona más allá de ese objetivo.

5. Por último, asevera que la naturaleza propia de un trabajo de asesoría es la experticia, honestidad y compromiso que dicha actividad requiere para ser un apoyo efectivo para la DNSC. La confiabilidad en las consultoras participantes sería básica para trabajar bajo dichos principios y resguardar, de esa forma, la calidad u resultados de las asesorías.

b) TERCEROS QUE NO SE OPUSIERON DENTRO DEL PLAZO DEL ART. 20: No hay.

c) TERCEROS QUE ACEPTARON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: No hay.

4) AMPARO: Don Eduardo Barría Rogers, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló ante este Consejo amparo por denegación de acceso a la información, el 8 de julio de 2009, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundamentando dicho amparo en los siguientes argumentos que se resumen brevemente:

a) Indica, en primer lugar, que recurre a este Consejo con el fin de revertir la resolución denegatoria del órgano reclamado por vulnerar sus derechos y, además, solicita disponer que la DNSC repare el daño causado a su imagen profesional y personal por haber difundido a las empresas consultoras del área de recursos humanos una petición incompleta, imprecisa y fuera de contexto, lo que desarrolla con posterioridad.

b) Manifiesta que le parece del todo extraño que para responder a su requerimiento de información se requería de la respuesta de las empresas consultoras, lo que nunca le fue notificado. Además, indica que también sería peculiar, el hecho de que los antecedentes de las postulaciones no obren en poder de la DNSC y que ésta no conozca la forma en que las consultoras realizan la labor encomendada. Sin embargo, señala que ello explicaría por qué la DNSC no pudo responder a uno de sus requerimientos en cuanto a que para un cargo de idéntica responsabilidad en diferentes regiones, los antecedentes curriculares hayan tenido diversas lecturas y resultados.

c) Después de sintetizar los fundamentos de las empresas especializadas para oponerse a la entrega de la información, el reclamante expresa que las éstas concuerdan en que el proceso de selección debe ser confidencial, sin que se haya definido dicho término. Asimismo, señala que las consultoras, en su mayoría se amparan en el art. 20 de la Ley de Transparencia, no siendo éste el argumento central y uniforme para todas las empresas en relación con los procesos de selección en los que participó. Estima que, a pesar de que las empresas consultoras se apoyan en la Ley de Transparencia, presentan diversas argumentaciones para oponerse a la entrega de la información.

d) Transcribe su solicitud de acceso a la información [la que ya fue reseñada en el numeral 1) anterior]. Al respecto, indica que la DNSC, no obstante lo específico de su requerimiento, sólo comunicó parte de éste a las empresas consultoras en su Ord. N° 729/2009 que señala: “A través de la presentación en comento, el solicitante requiere información objetiva y cuantitativa relacionada con la evaluación de los antecedentes de todos los concursos públicos en que ha participado”. Para el reclamante, resultaría evidente que las empresas consultoras hayan inferido que no existía claridad, precisión, sentido lógico, pertinencia, ni referencia a lo concretamente solicitado y como fue expuesto a las empresas, éstas le dieron un tratamiento a su solicitud en forma general conforme a su interpretación, por lo se habrían evacuado las oposiciones con diversas argumentaciones. Por ello, y como ya se indicó en la letra a) anterior, solicita que se repare el daño, la percepción, la imagen que sobre las capacidades y profesionalismo del reclamante podrían haberse formado, al recibir una solicitud fuera de contexto, imprecisa e incompleta.

e) Luego, procede a analizar cada uno de los fundamentos esgrimidos por la DNSC en su Resolución Exenta N° 411/2009 para denegar la información. En lo que respecta a la afectación del debido cumplimiento de las funciones de la DNSC, el reclamante expone que su requerimiento es coincidente con las actividades que se realizan por parte del órgano reclamado, pues lo solicitado es parte del trabajo realizado para asignar los respectivos puntajes en cada caso, en cada factor ponderado y en cada concurso, siendo ésta información relevante para los concursantes que no afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC.

f) En relación con la confidencialidad de los procesos de selección y, en particular, en lo que se refiere a la invocación del art. 55 de la Ley N° 19.882, el reclamante repara que no puede extenderse en forma amplia dicha confidencialidad a todas las actividades y actos de un proceso de selección, que en su opinión no es el fin perseguido por el legislador, pues si así lo hubiera querido, habría declarado que el proceso de selección es confidencial. La extensión de la confidencialidad, para el reclamante, haría impracticable la realización lo que se busca realizar con eficiencia y eficacia, afectando no sólo a la DNSC, sino además a aquéllos que por ley detentan responsabilidades administrativas para ejecutar procesos similares. Señala que solicitar aspectos técnicos de la evaluación curricular no generaría una afectación de las funciones de la DNSC, más aún cuando el análisis ha sido realizado bajo indicaciones normativas y bajo un sistema estructurado de puntajes. Agrega, además, que la confidencialidad no ha sido definida por el legislador, por lo que concluye que no se busca en su requerimiento contravenir un principio “inexistente” no descrito ni definido por la ley.

g) Por otra parte, el reclamante indica que con la extensión del principio de confidencialidad a todos los actos que componen el proceso de selección, un concursante no podría disponer de información útil, cierta o fundada para poder interponer un reclamo o queja (refiriéndose al proceso de reclamación que puede incoarse ante la DNSC por los postulantes, en conformidad con la Ley N° 19.882). Concluye que el principio de confidencialidad, en la forma interpretada por la DNSC, impide el acceso a la información y vulnera derechos de los ciudadanos.

h) Asevera el reclamante que lo requerido no tiene por objeto conocer, difundir o publicar las opiniones de los referentes, ni las opiniones de expertos, ni los nombres de éstos, sus actividades, ni las competencias de personas, en definitiva, no se solicita nada que pueda afectar a terceros, por lo tanto, lo pedido no podría dañar el proceso de selección, ni quiénes lo realizan.

i) Agrega que hoy, la organización pública y privada, ha asumido una dinámica de cambio que propone nuevas formas de gestión y mejores prácticas y modelos para la Administración, cuyo fin es alcanzar estadios más importantes y estandarizados que le reporten mejores resultados en cuanto a su eficiencia y eficacia. Pero, indica, ello no puede significar la contravención de las normas vigentes que imponen a los órganos de la Administración del Estado su deber de informar.

j) El reclamante –quien ha solicitado información sobre los concursos en que ha participado desde el año 2006– transcribe una respuesta de la DNSC de diciembre del año 2008, en la que se le otorga la posibilidad de la realización de una reunión con un funcionario de dicho Servicio, con el fin de que se le otorgue una “devolución técnica” de la evaluación de que fue objeto. En virtud de lo anterior, el reclamante se pregunta por qué ahora la DNSC le deniega la información, cuando ha sido el mismo requerimiento que ha presentado en forma reiterada ante la misma. Concluye que la aludida respuesta es contradictoria con la Resolución Exenta N° 411/2009 en que se le deniega la información, ya que en la de diciembre de 2008, se estaría reconociendo y recogiendo el derecho del concursante en cuanto a informarse de su situación con respecto a la evaluación a la que fue sometido.

k) Manifiesta que el temor de la DNSC a que exista, sin la confidencialidad, acciones en contra de los especialistas, se puede dispersar con una mayor transparencia para evitar que no tengan cabida vicios producidos en un determinado proceso de selección.

l) Destaca que respecto de la mayoría de las postulaciones que realizó ante la DNSC, ésta le habría enviado una nota en relación con sus antecedentes los que no tendrían la “cercanía” necesaria o habrían tenido un grado menor que otros postulantes, concluyendo que por ello no continuaría adelante en los respectivos procesos de selección. El reclamante indica que el concepto de “cercanía” es impreciso y no es normativo ni concordante con lo que se prescribe en las normas sobre selección de personal, en cuanto a que dicho procedimiento debería referirse a un sistema de puntajes. Por lo anterior, fue solicitada la aclaración del término utilizado por el reclamado.

m) En lo que dice relación con la causal argüida por la DNSC, en cuanto a que la entrega de la información podría afectar derechos de terceros en concordancia con la causal del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el reclamante manifiesta que no aprecia cómo su requerimiento podría afectar la seguridad, salud o la vida privada de terceros, pues éste se enmarca dentro de un proceso propio de la administración. Señala que la única persona que podría verse afectado en sus derechos es el propio reclamante. Sin embargo, agrega que también podría afectarse algún funcionario de la DNSC, lo que sólo podría ocurrir si el proceso de selección no se hubiera enmarcado en la normativa aplicable. Reitera que lo requerido se refiere a información objetiva, por lo que entregar la información requerida no podría afectar desde ninguna perspectiva a ninguna persona. Concluye que la respuesta del reclamado no guarda relación alguna con su solicitud de información, buscando forzosamente hacer ver que el proceso de selección de personal debe, en su contexto general, estar amparado por un aura de confidencialidad, que las normas vigentes no le otorgan y que en caso alguno se verían afectados los derechos de las personas que intervienen, como lo pretendería la DNSC.

n) En lo que se refiere a la causal del art 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, respecto de la seguridad de la Nación y el interés nacional, el reclamante expresa que no comprende cómo lo requerido podría afectar estos bienes jurídicos. Agrega que sería plausible dicha alegación, respecto de, por ejemplo, la designación de integrantes para conformar un equipo de asesores para abordar la problemática de la presentación respecto de Perú en la Haya, pero no en los concursos en que ha participado. Indica que la DNSC, debería especificar cuáles serían las situaciones de seguridad de la Nación e interés nacional en que fundamenta su denegación.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO: En sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 72, de 31 de julio de 2009, se estimó admisible este amparo y se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado a la Directora Nacional del Servicio Civil y a las consultoras involucradas, mediante Oficios N° 388 al 404, todos de 14 de agosto de 2009.

a) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: Mediante Ord. N° 1.043, de 28 de agosto de 2009, la Directora Nacional del Servicio Civil evacuó el traslado conferido en el que reitera, en su totalidad, los argumentos de la denegación de acceso a la información, sin agregar nuevas afirmaciones o antecedentes.

b) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE HK HUMAN CAPITAL S.A.: Mediante escrito de 4 de septiembre de 2009, el representante legal de HK evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Señala en primer lugar que el amparo del reclamante es improcedente, pues no procede entregar información privada acerca de las personas que participaron en el proceso de selección junto con el reclamante ya que no fueron elegidas, por tanto, no pudo haber sido afectado por su participación en los respectivos concursos. Agrega que la participación de las personas no elegidas es un hecho privado resguardado por las normas de confidencialidad vigentes y que están destinadas a protegerlas. Indica que el reclamante, a través de su amparo, pretende vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. La persona elegida para el cargo, en cambio, detenta un currículum público que puede ser debidamente verificado por el reclamante.

ii) Manifiesta que en los procesos de selección llevados a cabo por encargo de la DNSC, existen normas de confidencialidad en la Ley N° 19.882. dicha confidencialidad permite la participación de personas idóneas en los procesos de selección de cargos de Alta Dirección Pública, sin afectar sus derechos, ya que muchas de ellas detentan trabajos vigentes, por lo que la empresa tiene la obligación de mantener en absoluta reserva la participación de los postulantes, ya que si dicha información se supiera por sus empleadores, se pondría en riesgo su continuidad laboral.

iii) Indica que el éxito de los procesos de selección recae en la confidencialidad, pues ello se garantiza a los postulantes y a los referentes.

iv) Además, agrega, que la confidencialidad se encuentra dentro de lo convenido con la DNSC en forma expresa.

v) En lo demás reitera en su totalidad los argumentos esgrimidos en su oposición a la entrega de la información, según fueron descritos en el numeral 3 anterior, letra a), número xi).

c) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE GESTIÓN VITAE CONSULTORES: Mediante carta de 1° de septiembre de 2009, el representante legal de Gestión Vitae evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Señala que en su calidad de terceros, su participación y responsabilidad se restringe a ser entidad prestadora de servicios de selección y reclutamiento de la DNSC, para los concursos que ésta lleva a cabo. En esa línea, continúa, en virtud de los procedimientos fijados para las empresas adjudicadas en el Convenio Marco 2009 del SADP, la empresa se asegura que todos los candidatos tengan acceso a la misma información, haciendo entrega de trípticos informativos del SADP y el detalle de sus etapas, información que es proporcionada por la DNSC.

ii) En cuanto a las consultas de los candidatos respecto de los procesos concursables o de los resultados de las evaluaciones en que la empresa hubiera participado, indica que es práctica de las empresas orientar a los candidatos o candidatas hacia los medios formales y estandarizados para ello, cuyo ámbito es de responsabilidad de la DNSC.

iii) En lo que respecta al reclamante, describe los concursos en que éste participó y en los que la empresa fue parte. Agrega que de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Lineamientos Operacionales proporcionados por la DNSC, el informe sicolaboral elaborado por la empresa fue enviado a dicha Dirección en los plazos y forma establecidos. En consecuencia, el trabajo de la empresa es propiedad del organismo mandante y es él quien debe cuidar del buen manejo de la información proporcionada, en conformidad con las normas vigentes.

iv) Adicionalmente, señala, que independiente de la relación laboral que da origen a la evaluación, cualquier informe sicolaboral se considera información confidencial, del punto de vista del servicio profesional técnico-experto.

d) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE LABORUM.COM CHILE S.A.: Mediante carta de 31 de agosto de 2009, el representante legal de Laborum.com evacuó el traslado conferido, reiterando casi en su totalidad, los argumentos indicados en su oposición, reseñada en el numeral 3 anterior, letra a), número x), por lo que los damos por reproducidos aquí.

e) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.: Mediante carta de 1° de septiembre de 2009, el representante legal de Deloitte evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Señala que tanto las políticas internas de la empresa como las prácticas del mercado, establecen que la información contenida en los informes que se entregan a los clientes son confidenciales, ya que contiene información reservada de los propios postulantes e incluyen referencias solicitadas a terceros, a quienes no se les informó que sus opiniones podrían ser publicadas o entregadas a personas distintas de aquellas que contrataron el servicio de la empresa.

ii) Indica que revelar la información requerida por el reclamante, vulneraría gravemente el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el art. 7° N° 2 de su reglamento.

iii) Finalmente, hace presente que la normativa chilena establece, para los efectos de asegurar la debida transparencia, objetividad y no discriminación entre los distintos candidatos, que en los procesos de selección se debe guardar la debida confidencialidad tanto respecto de la identidad de los postulantes como de los instrumentos de medición. En virtud de lo anterior, señala que su oposición a la entrega de la información se basa en que si eventualmente se entregara la información al reclamante, se estaría atentando en contra del principio de transparencia y no discriminación respecto de otros candidatos que participaron en los mismos procesos de selección a los que postuló el reclamante.

f) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE MANDOMEDIO.COM.: Mediante carta de 28 de agosto de 2009, el representante legal de Mandomedio.com evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Indica que tanto la DNSC como la empresa han actuado con apego a la normativa vigente sobre el desarrollo de los procesos de selección para cargos de la Alta Dirección Pública, ya que éstos fueron ajustados al principio rector de los aludidos procesos y que es la confidencialidad.

ii) Para la empresa la confidencialidad de los procesos de selección no es una característica antojadiza, sino que responde a un criterio rector básico para desarrollar la búsqueda de profesionales, sin permitir que se filtre información que pueda generar temor en los participantes o alguna presión indebida.

iii) Agrega que en conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia, quedaría en evidencia que la entrega de la información requerida hubiera puesto a la empresa en una situación de incumplimiento de la normativa vigente y del Convenio Marco del año 2009. Señala que esta característica fue un elemento de alta importancia al valorar, en su momento, la prestación de servicios a la DNSC.

g) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE EVOLIUM CONSULTING S.A.: Mediante carta de 25 de agosto de 2009, el representante legal de Evolium evacuó el traslado conferido, reiterando en su totalidad los argumentos señalados en su oposición, ya reseñada en el numeral 3 anterior, letra a), número iv) y que damos por reproducidos aquí.

h) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE PSICUS CONSULTORES PROFESIONALES LTDA.: Mediante carta de 27 de agosto de 2009, el representante legal de Psicus evacuó el traslado conferido, reiterando en su totalidad los argumentos señalados en su oposición, ya reseñada en el numeral 3 anterior, letra a), número v) y que damos por reproducidos aquí.

i) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE PROCEWATERHOUSECOOPERS: Mediante carta de 26 de agosto de 2009, el representante legal de PriceWaterhouseCoopers evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Indica el proceso al que postuló el reclamante y en el que tuvo parte la empresa.

ii) Manifiesta que de la totalidad de los antecedentes curriculares (postulaciones) que se presentaron al proceso, la DNSC definió preseleccionar a aquellos que consideró que cumplían los requisitos mínimos exigidos para el cargo, dentro de dicha preselección, el reclamante fue excluido.

iii) Por lo anterior, la empresa, no realizó ninguna evaluación sicolaboral posterior correspondiente a las etapas de selección y definición de postulantes finalistas al cargo, por lo que no dispone de información a entregar.

j) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE SEMINARIUM DESARROLLO S.A.: Mediante carta de 26 de agosto de 2009, el representante legal de Seminarium evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Manifiesta que el proceso de evaluación general de candidatos, debe respetar la confidencialidad de los postulantes, por lo cual por ningún motivo dicha información puede ser publicada sin afectar el derecho de confidencialidad de los juicios que se forman en el proceso. Agrega que el acto de postular, es privado y, por lo tanto, nadie salvo los profesionales evaluadores pueden informarse de él.

ii) Asevera que a nivel individual, el acto de evaluación implica la emisión de un juicio experto que junta variada información, como: entrevistas, evaluación por competencias, evaluación sicológica y referentes profesionales, que son contrastadas con el perfil del cargo y, según eso, se emite una opinión.

iii) Adicionalmente, señala, que se garantiza la objetividad de la evaluación porque se aplica la misma metodología y los mismos profesionales al grupo evaluado. Indica que los postulantes, en su gran mayoría no tiene experiencia ni conocimientos técnicos para validar los aspectos analizados en los aludidos informes y, además, son parte interesada en el proceso, por lo tanto, en su gran mayoría no tienen la objetividad necesaria para analizarlos. Hace presente que, los informes están hechos con un fin evaluador y no con un objetivo de “coaching” o un objetivo clínico.

iv) En relación con la equidad del proceso de selección, señala que para determinar las características de un proceso individual necesariamente se hace un acto de comparación entre los candidatos, dicho análisis es comparativo y, por tanto, para efectos de analizar el fundamento de por qué una persona no quedó seleccionada para un cargo en particular, necesariamente se tendría que conocer la información de otros postulantes, lo que llevaría a una violación del principio fundamental de protección de la confidencialidad de la información de los otros candidatos.

k) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE MG CONSULTORES LTDA.: Mediante carta de 25 de agosto de 2009, el representante legal de MG evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) En primer lugar, reseña el proceso en el que postuló el reclamante (Subdirector de Operaciones del INE).

ii) Agrega que en todo proceso de selección, el correspondiente análisis curricular corresponde a una evaluación realizada con una mirada experta de los antecedentes consignados por el postulante en su currículum. En otras palabras, explica, se evalúa: la experiencia profesional, los conocimientos técnicos y pertinencia y consistencia de su trayectoria profesional considerando las características y funciones del cargo, la organización y su entorno.

iii) En relación con la solicitud que un postulante pueda formular respecto de un determinado proceso de selección, tanto en el sector público como privado, estima que sería inadecuado e incluso contrario a la ética organizacional de la empresa, entregar los resultados personales de las evaluaciones efectuadas o de las notas asignadas a un postulante.

iv) En lo demás, reitera los argumentos expuestos en su oposición, la que fue reseñada en el numeral 3 anterior, letra a), número xii).

l) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE TARGET DDI: Mediante carta de 24 de agosto de 2009, el representante legal de Target evacuó el traslado conferido, formulando los siguientes descargos u observaciones al amparo interpuesto:

i) Indica que el reclamante no ha sido evaluado por la empresa que representa en ningún proceso de selección para cargos de Alta Dirección Pública, situación que la DNSC puede refrendar.

ii) Entre los concursos que el reclamante informa haber postulado, el único que Target realizó la evaluación sicolaboral de los postulantes es el del Director Nacional del INE, efectuado en junio de 2006.

m) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE LA CONSULTORA DE KANEL CONSULTORES: Mediante carta de 20 de agosto de 2009, el representante legal de De Kanel evacuó el traslado conferido, manifestando que la empresa no posee información específica del reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo primero que conviene zanjar para resolver este amparo es la alegación del reclamante consistente en que la DNSC habría comunicado a terceros su requerimiento de información en forma incompleta, imprecisa y fuera de contexto. La DNSC no ha controvertido este hecho que, según el reclamante, le habría causado perjuicios a su imagen profesional y personal, razón por la que solicita a este Consejo requerir a ese órgano que repare los perjuicios causados.

2) Que el reclamante solicitó en el primer punto de la respectiva solicitud, según transcribe en su amparo, “la evaluación de sus antecedentes, basada en algoritmos, tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros instrumentos objetivos”. Que en la DNSC, en el considerando 1° de su Resolución Exenta Nº 411/2009, expresa que la solicitud se refiere a “…la evaluación de los antecedentes y el puntaje obtenido en las distintas postulaciones en todos los concursos en que ha participado”.

3) Que en su amparo el requirente precisa que los “datos solicitados... se refieren a mi persona y no invade[n] ni afecta[n] los derechos de terceros”, añadiendo que en este punto los “…algoritmos, tablas, matrices de comparación, tablas de evaluación, puntajes, ponderaciones, etc. No tiene vínculo con persona alguna, por tanto resulta imposible que aquello afecte, en una triple perspectiva, los derechos de alguien”.

4) Que debe recordarse que en el amparo Rol A29-09 una persona requirió a la DNSC la evaluación que obtuvo en un concurso sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública al que postuló, así como la de la persona seleccionada para dicho cargo. En la decisión final del Consejo sobre este caso, de 30 de diciembre de 2009, recaída en el recurso de reposición interpuesto por la DNSC, se acogió parcialmente el amparo reconociendo que algunos de los componentes de la evaluación personal de un postulante eran reservados por las razones allí indicadas, concretamente la evaluación sicológica, las referencias de terceros, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión que incluye la síntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sin embargo, ninguno de dichos antecedentes ha sido requerido en este caso por el reclamante, ni respecto de su persona ni de terceros. En efecto, éste sólo ha solicitado “…la evaluación de sus antecedentes, basada en algoritmos, tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros instrumentos objetivos”. A este respecto, debe recordarse que este Consejo ha señalado que los puntajes asignados a quien postula a un concurso de Alta Dirección Pública, tanto por parte de las consultoras especializadas como por parte del Comité de Selección o el Consejo de Alta Dirección Pública, en su caso, son públicos para esa persona, debiendo desagregarse por atributo, pues se trata de información que ha sido elaborada con presupuesto público y obra en poder de un órgano de la Administración (art. 5º, inc. 2º, Ley de Transparencia), además de constituir un medio indispensable para permitir el control de los procesos de selección y la retroalimentación de los postulantes. Esto es lo que este Consejo entiende que solicita el reclamante al requerir la información relativa a “la evaluación de sus antecedentes, basada en algoritmos, tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros instrumentos objetivos”. No se aprecia por qué la petición transcrita incluiría la entrega de los componentes reservados de la evaluación de los antecedentes del candidato, como lo ha entendido la DNSC al fundamentar su denegación de información. Si se estimare que la DNSC ha entendido que el primer requerimiento del reclamante incluye la evaluación del postulante/reclamante, con los componentes declarados reservados en la decisión individualizada, este Consejo deberá hacerse cargo, entonces, de las alegaciones planteadas por la DNSC a este respecto y aplicar los criterios ya adoptados en la decisión A29-09, la decisión A35-09 y la decisión de 30 de diciembre de 2009 ya comentada.

5) Que respecto de la afectación de los derechos de las empresas especializadas en selección de personal que estuvieron a cargo de los respectivos concursos este Consejo estima que, en tanto, se entreguen sólo los puntajes asignados a los atributos viene a reiterar lo que señaló en el considerando 11º de la ya citada decisión A29-09, esto es, que:

a) La confidencialidad de los procesos de selección de directivos realizados por tales consultoras (también conocidas como “head hunters”), propia del sector privado, “no puede trasplantarse sin más al sector público, especialmente desde que la Carta Fundamental declara públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen (art. 8°)”.

b) Analizando el artí. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia este Consejo ha estimado que no existen derechos de las consultoras que pudieran verse afectados por la entrega de tales puntajes. En efecto, el trabajo que estas empresas desarrollan “se presta en virtud de un contrato en el cual la Dirección Nacional del Servicio Civil les ha encomendado colaborar en la ejecución de una función pública (el proceso de selección de altos directivos públicos) que corresponde al Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho contrato de prestación de servicios es financiado por el erario público, por lo que el resultado de dicha prestación de servicios es información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia”.

6) Que los demás requerimientos del reclamante, con la salvedad de lo que se indica en la letra siguiente, constituyen solicitudes de acceso a la información referidas al procedimiento de selección de altos directivos públicos regulado en la Ley Nº 19.882, de 2003, procedimiento cuya ritualidad no puede sino ser pública conforme al art. 5º de la Ley de Transparencia. No se trata de requerimientos generalizados a todos los antecedentes completos de las diversas evaluaciones de las que fue objeto el reclamante en los concursos públicos en los que participó. Por ello, deben desecharse todas las alegaciones realizadas por la DNSC para denegar esta información pues no se refieren a lo requerido sino que, más bien, lo ignoran mezclándolo con la primera solicitud, no dándose respuesta o haciéndose cargo de los demás requerimientos del reclamante, ya transcritos en el numeral 1) de la parte expositiva de esta decisión.

7) Que, no obstante lo anterior, este Consejo estima que no todos los requerimientos adicionales del reclamante constituyen peticiones de información amparadas por la Ley. No lo son: la solicitud de aclarar el concepto de “cercanía” [numeral 1), letra b), de la parte expositiva] y la de explicar los fundamentos por los que en la misma etapa del concurso para un cargo se aprobaron sus antecedentes para una región y para otra no [numeral 1), letra e), de la parte expositiva], por lo siguiente:

a) La primera, por no recaer en información pública, esto es, actos y resoluciones, sus fundamentos, documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial o procedimientos que se utilicen para su dictación, o información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de los órganos de la Administración, según los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sino que constituye una solicitud de precisar en abstracto un concepto, petición que debe tramitarse conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos —supletoriamente regidos por la Ley N° 19.880, de 2003— y no a través de la vía especialísima de la Ley de Transparencia (en este sentido véase la decisión A61-09, de 24 de julio).

b) La segunda, por recaer en lo que se ha denominado “juicio de expertos”, reservado por los fundamentos señalados en el considerando 4º de la decisión sobre la reposición en el caso A29-09, de 30 de diciembre de 2009 y no en la información sobre los puntajes que es lo que se declaró de carácter público en la misma decisión.

8) Por lo anterior, se procederá a acoger el reclamo, con la sola salvedad de aquellas peticiones indicadas en el considerando anterior.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Eduardo Barría Rogers en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil y requerir la entrega de la siguiente información:

1) Información objetiva y cuantitativa relacionada con la evaluación de sus antecedentes en todos los concursos en que ha participado, en la forma indicada en el considerando 4° de esta decisión.

2) Forma en que se evalúan técnicamente cada uno de los parámetros que conforman los elementos centrales del perfil, especialmente en los concursos en que ha participado el reclamante.

3) Información técnica de cómo se efectúa el proceso de evaluación, en cada etapa de la postulación, especialmente en los concursos que ha participado el reclamante.

4) Forma en que se integran los candidatos de los propios “head hunters” a un determinado proceso de selección encargado por la DNSC. Indicación de las postulaciones en que participó el reclamante en que se empleó dicha modalidad.

5) Forma o medios con que la DNSC asegura a los postulantes que no hay ingreso de personas en forma extemporánea a los procesos de selección, específicamente en los procesos en que participó el reclamante.

II. Requerir a la Directora Nacional del Servicio Civil:

1) Que entregue la información referida en el numeral anterior al reclamante, don Eduardo Barría Rogers, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que esta decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en conformidad con el art. 45 y ss. de la Ley de Transparencia.

2) Que remita copia de la información indicada en el numeral anterior a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Eduardo Barría Rogers y a la Directora Nacional del Servicio Civil.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.