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Miguel Aylwin Oyarzún con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) Rol: C2053-17 / C2054-17

Consejo para la Transparencia, 29/08/2017

Se dedujeron dos amparos en contra del Fondo Nacional de Salud, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Se me otorgue copia del contrato de Prestación de Servicios (y de todos sus anexos) de fecha 14 de mayo de 2002, suscrito entre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), representado por don Álvaro Erazo Latorre, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por don Mario Badilla Igualt, cuyo objeto fue proveer la plataforma de ‘Centro de Contacto’; b) Se me otorgue copia de todas las prórrogas. Modificaciones y/o renovaciones del contrato aludido precedentemente (y de todos sus anexos), desde el 14 de mayo de 2002 hasta la fecha, sea que ellos se hayan suscrito por Fonasa directamente con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. o con cualquier otra empresa que le haya sucedido legalmente o sea continuadora en dicho contrato o que esté relacionada, forme parte o tenga participación en ellas; entre otros. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no ha acreditado de manera suficiente la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2053-17 y C2054-17

Entidad pública: Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Requirente: Miguel Aylwin Oyarzún.

Ingreso Consejo: 15.06.2017

En sesión ordinaria N° 826 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información roles N° C2053-17 y C2054-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de mayo de 2017, don Miguel Aylwin Oyarzún solicitó al Fondo Nacional de Salud, en adelante e indistintamente, el Fondo o FONASA, la siguiente información:

a) "Se me otorgue copia del contrato de Prestación de Servicios (y de todos sus anexos) de fecha 14 de mayo de 2002, suscrito entre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), representado por don Álvaro Erazo Latorre, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por don Mario Badilla Igualt, cuyo objeto fue proveer la plataforma de ‘Centro de Contacto’;

b) Se me otorgue copia de todas las prórrogas. Modificaciones y/o renovaciones del contrato aludido precedentemente (y de todos sus anexos), desde el 14 de mayo de 2002 hasta la fecha, sea que ellos se hayan suscrito por Fonasa directamente con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. o con cualquier otra empresa que le haya sucedido legalmente o sea continuadora en dicho contrato o que esté relacionada, forme parte o tenga participación en ellas;

c) Copia de cualquier otro contrato, en cualquier modalidad (licitado o trato directo) como asimismo de sus prórrogas, modificaciones o renovaciones (y de todos sus anexos), suscrito por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) desde el 14 de mayo de 2002 hasta la fecha, y que tengan relación con la plataforma de ‘Centro de Contacto’ y/o cualquier otro servicio relacionado con ésta;

d) Copia de todas las facturas pagadas por Fonasa a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. o a cualquier otra empresa que la haya sucedido legalmente o continuado en dicho contrato o que esté relacionada, forme parte o tenga participación en éstas, y a cualquier otra empresa que haya prestado el servicio de plataforma de centro de contacto y/o cualquier otro servicio relacionado con ésta (y sus respectivos estados de pago), desde el 14 de mayo de 2002 hasta el día de hoy, con ocasión (y por cualquier concepto) del o los contratos y sus prórrogas, modificaciones y/o renovaciones aludidas en los numerales anteriores".

2) RESPUESTA: El 6 de junio de 2017, mediante Resolución Exenta 4A/ N° 2220, el Fondo Nacional de Salud otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que "el solicitante, en calidad de Mandatario Judicial de la empresa INDRA SISTEMAS CHILE S.A. ha recurrido de reposición en contra de la Resolución Exenta 4.1 D/N° 1377, de fecha 21 de abril de 2017, mediante la cual la Directora Nacional (S) del FONASA revocó el proceso de licitación pública de la contratación del ‘Servicio de Centro de Contacto para el Fondo Nacional de Salud’ (ID 591-1-LR17)".

Acto seguido, informó que "encontrándose pendiente la resolución del recurso incoado como asimismo lo relacionado con el proceso licitatorio sobre el que dicho remedio procesal versa, la solicitud requerida, provocaría para ser resuelta, entregar antecedentes que resultan de toda relevancia para precisamente, resolver la materia en cuestión, por lo que es dable concluir que la información solicitada (...) habrá de ser denegada, declarándose que es reservada conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia".

3) AMPAROS: El 15 de junio de 2017, don Miguel Aylwin Oyarzún, Miguel Aylwin Fernández y don Francisco González Silva, dedujeron 2 amparos a su derecho de acceso a la información, respecto de la misma solicitud de información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, indicaron en síntesis, que "la solicitud de información ha sido requerida por el suscrito en mi calidad de persona natural y no en representación de INDRA SISTEMAS CHILE S.A., por lo que ningún procedimiento administrativo pendiente deducido por INDRA SISTEMAS CHILE S.A. puede serme oponible como persona natural, ya que obviamente somos sujetos de derecho distintos e independientes".

Asimismo, alegaron que "el recurso de reposición deducido por INDRA SISTEMAS CHILE S.A. cuya resolución se encuentra pendiente dice relación con la revocación de un proceso de licitación del servicio de Centro de Contacto para el Servicio Nacional de Salud, respecto del cual la información solicitada no tiene relevancia de ninguna especie, ya que no es sobre la información requerida que FONASA deba pronunciarse, o pueda servir de base para que se pronuncie. Por lo demás, la mera afirmación de parte de FONASA que los antecedentes requeridos ‘resultan de toda relevancia para resolver la materia en cuestión’, sin indicar ningún fundamento para tal aseveración, hace que su denegación sea antojadiza y carente de todo sustento".

Acto seguido, reclamaron que "la norma que invoca para fundar la denegación se refiere a que se trate de ‘antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales’, cuyo no es el caso, ya que, aparte de que se trata de documentos que no dicen relación con el procedimiento administrativo pendiente, no estamos en presencia de defensa jurídica o judicial alguna, sino que la resolución de un recurso de reposición de un procedimiento administrativo, por lo que no se configura la causal invocada para la denegación" y que "la entrega de la información solicitada en nada podrá interrumpir, modificar o entorpecer el cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda a FONASA".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 5.382, de 28 de junio de 2017, confirió traslado a la Sra. Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. 4A/ N° 6954, de fecha 13 de julio de 2017, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "a la fecha de hoy y en atención a que el Recurso antes señalado se ha entendido resuelto en virtud del silencio administrativo negativo, con fecha 27 de junio de 2017, en la oficina de partes del Nivel Central del Fondo Nacional de Salud, se recepcionó Oficio N° 196-2017, de fecha 23 de junio de 2017, del Juez Presidente (S) del Tribunal de Contratación Pública, por el que se solicita a este Servicio informe sobre la demanda de impugnación deducida por Indra Sistemas Chile S.A. (...) a fin de que se sirva informar acerca de la impugnación planteada en autos que incide en la licitación denominada ‘Servicios de Centro de Contacto para el Fondo Nacional de Salud’ ID N° 591-1-LR17. Por lo anterior, a la fecha de hoy, se mantiene el fundamento expresado" reiterando su negativa fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia y el artículo 7 del Reglamento de dicha ley.

Acto seguido, agrega que "es posible colegir que claramente se cumplen los requisitos que el HCPLT exige, por cuanto existe una controversia de carácter jurídico ventilada en el Tribunal de Contratación Pública, ésta a su vez, se ha suscitado entre las mismas partes, ya que el señor Aylwin Oyarzún ha solicitado tanto la información en FONASA, como el reclamo ante este Honorable Consejo para la Transparencia y asimismo, ante el Tribunal de Contratación Pública en su calidad de representante de ‘Indra Sistemas Chile S.A.’, este litigio aún se encuentra pendiente y claramente la documentación solicitada dice relación directa con el conflicto suscitado entre las partes y es un insumo necesario para la defensa jurídica de mi representada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Fondo Nacional de Salud, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos contratos, anexos, modificaciones y facturas pagadas, relacionados exclusivamente con el servicio de Centro de Contacto de FONASA, desde el año 2002 a la fecha. Al respecto, tanto en su respuesta al solicitante como en sus descargos ante este Consejo, el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, respecto de la alegación del órgano en el sentido de que el reclamante sea mandatario judicial de la empresa Indra Sistemas Chile S.A., cabe tener presente, que, en estos autos, el reclamante ha comparecido como persona natural, tanto en la solicitud de información como en el amparo objeto de la presente decisión, y no como representante de la sociedad mencionada. Asimismo, el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, consagra el principio de no discriminación, el cual dispone que "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". En razón de lo anterior, se rechazarán dichas alegaciones.

3) Que, en segundo lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en tercer lugar, respecto a la alegación del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo 21 N° 1, letra a), dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".

5) Que, según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir un juicio o un procedimiento pendiente no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, FONASA no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega de los documentos o antecedentes requeridos, pudieran afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, tanto frente al pronunciamiento en el procedimiento administrativo como en la reclamación ante el Tribunal de Contratación Pública mencionados en sus descargos.

6) Que respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley de Transparencia se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente, menos aún si se trata de contratos y otros actos administrativos de años anteriores.

7) Que, asimismo, cabe tener presente que lo requerido se refiere a los contratos, anexos, modificaciones y facturas de pago, relacionados únicamente con los servicios de Centro de Contacto del Fondo Nacional de Salud, desde el año 2002 en adelante, suscritos con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., u otras, y no se refiere a documentación, archivos, ofertas técnicas o administrativas, relativas a la licitación pública del año 2017, que se encuentra actualmente revocada, por lo que no resulta plausible sostener que pueda existir alguna vinculación directa entre los servicios contratados en el mencionado año 2002, y en los años posteriores, y la tramitación del procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública, así como tampoco el órgano ha acreditado, fehacientemente, que pudiera existir alguna relación, ni la forma en que la entrega de los antecedentes solicitados podrían afectar su estrategia jurídica o judicial ante la reclamación aludida, motivo por el cual también se rechazará dicha alegación.

8) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha alegado su inexistencia, habiéndose rechazado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano para denegar la entrega de la información requerida, y no habiéndose alegado otras causales de secreto que ponderar, este Consejo, en definitiva, procederá a acoger el presente amparo, ordenando al Fondo Nacional de Salud entregar la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Miguel Aylwin Oyarzún en contra del Fondo Nacional de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud lo siguiente:

a) Entregar al reclamante:

i. Copia del contrato de prestación de servicios, y de todos sus anexos, de fecha 14 de mayo de 2002, suscrito entre el Fondo Nacional de Salud y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., cuyo objeto fue proveer la plataforma de "Centro de Contacto";

ii. Copia de todas las prórrogas, modificaciones y/o renovaciones del contrato aludido precedentemente, y de sus anexos, desde el 14 de mayo de 2002 hasta la fecha, sea que se hayan suscrito directamente con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. o con cualquier otra empresa que le haya sucedido legalmente o sea continuadora en dicho contrato o que esté relacionada, forme parte o tenga participación en ellas;

iii. Copia de cualquier otro contrato, en cualquier modalidad, como sus prórrogas, modificaciones o renovaciones, y de todos sus anexos, suscritos por FONASA desde el 14 de mayo de 2002 hasta la fecha, que tengan relación, exclusivamente, con la plataforma de "Centro de Contacto" o servicios relacionados; y

iv. Copia de todas las facturas pagadas por FONASA a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. o a cualquier otra empresa que la haya sucedido legalmente o continuado en dicho contrato o que esté relacionada, y a cualquier otra empresa que haya prestado el servicio de plataforma de centro de contacto o cualquier otro servicio relacionado, y sus respectivos estados de pago, desde el 14 de mayo de 2002 hasta el día de hoy.

Respecto de toda la información que se ordena entregar el órgano deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Aylwin Oyarzún y a la Sra. Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.