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Juan Barría González con ARMADA DE CHILE Rol: C4088-16

Consejo para la Transparencia, 31/03/2017

Se dedujo amparo en contra de la Armada de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de la carta enviada por la empresa que indica a "la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante con fecha aproximada 21 de Septiembre del presente año, en la que da cuenta de problemas en las aperturas de balsas salvavidas que fueron realizadas por inspector de la Comisión Local de Inspección de naves." El Consejo rechaza el amparo, por concurrir las causales de secreto y reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4088-16

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Juan Barría González

Ingreso Consejo: 05.12.2016

En sesión ordinaria N° 790 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4088-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de noviembre de 2016, don Juan Barría González solicitó a la Armada de Chile copia de la carta enviada por la empresa que indica a "la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante con fecha aproximada 21 de Septiembre del presente año, en la que da cuenta de problemas en las aperturas de balsas salvavidas que fueron realizadas por inspector de la Comisión Local de Inspección de naves."

2) RESPUESTA: El 28 de noviembre de 2016, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12900/729, denegando el acceso a la información, en virtud de la oposición manifestada por el tercero involucrado en el marco del procedimiento reglado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 5 de diciembre de 2016, don Juan Barría González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio N° 12.399 de 15 de diciembre de 2016. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12900/791 de 29 de diciembre de 2016, señalando, en síntesis que:

a) El documento solicitado por el requirente, no es un documento elaborado con presupuesto público, ni menos responde a un acto administrativo.

b) Dicho documento es una carta elaborada por una persona jurídica que no forma parte del sector público, y que constituye un documento privado, entregado a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y que no forma parte de ningún tipo de procedimiento, expediente y/o antecedente de acto administrativo alguno, por lo que no podría tratarse de información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos de la Institución, ni ha sido elaborada, como se dijo, con presupuesto público, en los términos dispuestos por el inciso 2°, del artículo 10, de la Ley de Transparencia, sin que pueda subsumirse la carta en cuestión, en las hipótesis del citado artículo.

c) Lo anterior, es sin perjuicio de las consideraciones que tenga o pueda tener la empresa en cuestión, y la reserva o interés que, a su juicio, tenga a efectos de ser conocido o no por el requirente.

d) Si bien el artículo 20 de la Ley de Transparencia, consagra el plazo de dos días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, para comunicar mediante carta certificada a la o las personas que pudieren verse afectados, se trata de un plazo de carácter administrativo, no fatal y, consecuentemente, su vencimiento no origina por sí sólo, la ineficacia o invalidación de la actuación realizada fuera de ésta, al no poseer el carácter de fatal, por lo que, en este.

e) Conforme a los antecedentes que expone concluye que la empresa cumplió con el plazo de tres días hábiles para manifestar, por escrito, su decisión de oponerse a la entrega de la información solicitada por el Sr. Barría, al haber constancia de haber recibido la notificación el 21 de noviembre y al haber manifestado su debida oposición a la entrega de la información, con fecha 22 de noviembre de 2016.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° 12.400 de 15 de diciembre de 2016, notificó al tercero interesado.

Mediante carta de fecha 28 de diciembre de 2016, el referido tercero señaló, en síntesis, precisando que su oposición a la entrega de la información se funda en que la misiva requerida fue de carácter meramente informativo de las anomalías que indica.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Atendida una solicitud formulada por este Consejo el órgano reclamado, mediante Oficio N° 12900/191 remitió copia de la denuncia cuya denegación motivó la interposición del presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión A520-09, que se debe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar la afectación de bienes jurídicos, tales como su seguridad y su vida privada, en especial, la de los particulares que pongan en conocimiento de las autoridades públicas determinados hechos que puedan constituir infracciones o presuntos ilícitos. En este caso, si bien la identidad del denunciante es conocida por el reclamante, de la oposición de aquél, como de los antecedentes tenidos a la vista, se colige que la información solicitada dice relación, en definitiva, con una carta que un particular envía al órgano reclamado denunciando ciertos hechos de carácter irregular y , en consecuencia, se trata de comunicaciones privadas, cuya protección se encuentra establecida en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República; y respecto de las cuales, su titular, se opuso alegando la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Además, cabe tener presente que, de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado la denuncia solicitada no ha sido fundamento de un acto o resolución administrativa, ni forma parte de un procedimiento administrativo.

2) Que, en tal contexto, divulgar la información requerida, podría inhibir la formulación de nuevas denuncias, pudiendo dañar el canal establecido por el órgano reclamado, para recibir insumos esenciales para el ejercicio de sus funciones, lo que conlleva un riesgo probable de disuadir o desalentar en el futuro, la colaboración que puedan efectuar los particulares. De este modo, se podría afectar la función de fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes con éstas en el mar, ríos y lagos, establecida en el artículo 3, letra m), del decreto con fuerza de ley N° 292 que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

3) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo por configurarse las causales de excepción establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Barría González, en contra de la Armada de Chile, por concurrir las causales de secreto y reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Barría González, al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, y al tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.