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Marcelo Vargas Troncoso con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C4107-16

Consejo para la Transparencia, 31/03/2017

Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en la denegación de la información requerida referente a la copia de los informes exigidos en la fase 1, 2 y 3 de la licitación pública ID 605-46-LE15, sobre consultoría para el estudio de ausentismo. El Consejo acoge parcialmente el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4107-16

Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 07.12.2017

En sesión ordinaria N° 790 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4107-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marcelo Vargas Troncoso, mediante presentación de 19 de octubre de 2016, solicitó al Consejo de Defensa del Estado -en adelante e indistintamente Consejo o CDE-, copia de los informes exigidos en la fase 1, 2 y 3 de la licitación pública ID 605-46-LE15, sobre consultoría para el estudio de ausentismo.

2) RESPUESTA: El 2 de diciembre de 2016, el organismo requerido indicó al solicitante que atendido que la auditoría consultada aún se encontraba en desarrollo, no le era posible acceder a la divulgación de los informes consultados, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra b). Agregó, que la documentación requerida detallaba aspectos de la vida privada de sus funcionarios, cuyo conocimiento afectaría gravemente aspectos personales, resultando igualmente aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 2 del texto legal citado precedentemente para justificar la denegación de dichos antecedentes.

3) AMPARO: El 7 de diciembre de 2016, Marcelo Vargas Troncoso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del CDE, fundado en la denegación de la información requerida.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°12.554, de 20 de diciembre de 2016, confirió traslado al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien mediante presentación de 6 de enero de 2016, indicó en síntesis lo siguiente:

a) No procede la divulgación de los informes consultados, por cuanto estos detallan aspectos de la vida privada de la totalidad de sus funcionarios, referidos a estados de salud físicos o psíquicos.

b) El contenido del informe «entregado por la consultora es de carácter reservado y sólo ha sido conocido por las autoridades superiores del Servicio, por tratarse de una materia muy sensible desde el punto de vista de nuestro personal, por que este Servicio estimó impertinente aplicar el procedimiento de comunicación a terceros, regulado en el artículo 20 de la Ley N° 20.285».

c) La publicidad de la información, afectaría al Servicio en su totalidad, ya que esto último generaría un clima de inseguridad para los funcionarios de esta institución que han depositado su confianza en cuanto al resguardo de su información personal y sensible en su empleador que es el Consejo de Defensa del Estado, lo que se traduciría en un clima laboral negativo que terminaría afectando a toda la institución con malas consecuencias a futuro en términos de gestión y desempeño funcionario. En última instancia, esto podría llevar, incluso, a generar demandas en contra del Fisco de Chile por esta causa.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte del Consejo de Defensa del Estado de copia de informes referidos a consultoría sobre ausentismo laboral efectuados por dicho organismo en virtud de licitación pública N° ID 605-46-LE15.

2) Que en cuanto al ejercicio de la función pública, este Consejo ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio sobre su vida privada de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. En efecto, la función pública -según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia-, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma(amparos Roles Nos C47-09, C58-09, C95-09 y C327-09). Por tal razón, cualquier información relacionada a los tópicos antes enunciados o generada con ocasión del cumplimiento de funciones al servicio de un órgano de la Administración del Estado, están sujetas al principio de transparencia y apertura previsto en la Ley de Transparencia. En consecuencia, las hipótesis de reserva invocadas para denegar la información serán desestimadas por resultar improcedentes.

3) Que no obstante lo resuelto precedentemente, y teniendo presente lo expuesto por la reclamada, esto es, que los informes consultados detallarían aspectos de salud físicos y psíquicos de sus funcionarios, que habrían incidido en los nivel de ausentismo que detallaría el informe elaborado por la consultora contratada en el contexto de la licitación N° ID 605-46-LE15, este Consejo, en aplicación de las facultades que le concede el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo previsto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ordenará al Consejo de Defensa del Estado comunicar al reclamante la información solicitada, tarjando previamente todo dato personal o situación de hecho descrita en los informes requeridos, que permitan identificar a miembros de su organismo. Lo anterior, de conformidad al principio de divisibilidad dispuesto en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en virtud del cual si un antecedente, documento o acto administrativo «(...) contiene información que pueda ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda».

4) Que, finalmente, cabe señalar que los informes consultados son información de naturaleza pública, por cuanto han sido elaborados en uso de recursos del erario nacional, en el contexto de una licitación pública con el evidente objeto de mejorar el manejo de los recursos humanos de un órgano de la Administración del Estado. En efecto, y según lo previsto en el artículo 5°, inciso segundo, de la Ley de Transparencia «(...) es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración (...)».

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Marcelo Vargas Troncoso, en contra del Consejo de Defensa del Estado, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado que :

a) Entregue al reclamante, copia de los informes consultados en su requerimiento, previo tarjamiento de todo dato personal como circunstancia de hecho que permita determinar la identidad de los funcionarios de dicho organismo mencionados en dichos documentos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Vargas Troncoso y a la Sra. Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.