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Francisco Gallardo Velásquez con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C2746-17

Consejo para la Transparencia, 08/09/2017

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en la denegación de la información consultada, referente a todos los antecedentes que utilizó para determinar que no habría cumplido sus funciones en el período comprendido entre el 24 de mayo y 2 de junio de 2017, con ocasión de la movilización de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2746-17

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas

Requirente: Francisco Gallardo Velásquez

Ingreso Consejo: 03.08.2017

En sesión ordinaria N° 830 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de septiembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2746-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2017, don Francisco Gallardo Velásquez solicitó al Servicio Nacional de Aduanas -en adelante e indistintamente Servicio Nacional o Aduanas-, todos los antecedentes que utilizó para determinar que no habría cumplido sus funciones en el período comprendido entre el 24 de mayo y 2 de junio de 2017, con ocasión de la movilización de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana.

2) RESPUESTA: El 8 de julio de 2017, el Servicio Nacional informó al requirente que no le era posible acceder a la entrega de los antecedentes consultados, en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra a). Lo anterior, por cuanto con ocasión de recurso de protección -Rol N° 3441-2017, Corte de Apelaciones de Valparaíso-, deducido por la Asociación de Funcionarios en contra de dicho organismo, mediante el cual se impugnaron los descuentos efectuados a los funcionarios, divulgar la información pedida podría afectar su estrategia de defensa.

3) AMPARO: El 3 de agosto de 2017, don Francisco Gallardo Velásquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información consultada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, mediante Oficio N°E 2562, de 16 de agosto de 2017, quien mediante presentación de 1° de septiembre del año en curso, reiteró lo ya expuesto con ocasión de su respuesta al requerimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente, cabe tener presente que mediante sentencia de 24 de agosto del año en curso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, rechazó el recurso de protección, deducido por la Asociación de Funcionarios de la Aduana, cuyo objeto era dejar sin efecto los descuentos efectuados por la reclamada a funcionarios que habrían formado parte de movilizaciones realizadas, entre el 24 de mayo y 2 de junio de 2017. En efecto, en dicha sentencia el referido tribunal hizo presente que según lo informado por la reclamada los descuentos se efectuaron luego de la «(...) elaboración de un registro de funcionarios adheridos a la movilización, incluyendo a quienes no acudan a cumplir sus funciones y a quienes asisten a sus lugares de trabajo pero se abstienen de desempeñar sus labores: se adjuntó la nómina de funcionarios del Servicio que no cumplieron con sus funciones correspondientes durante los días que la movilización se prolongó (...) teniendo en especial consideración que, en el caso de paralización de funciones, no resulta necesaria la instrucción de un procedimiento sumario, toda vez que sea posible acreditar de manera palmaria la omisión en el ejercicio de las funciones». Dicha sentencia, fue apelada el 28 de agosto de 2017, encontrándose pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema.

2) Que, en relación a la causal de reserva en análisis, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles Nos C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que:

a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (criterio sostenido invariablemente por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C380-10).

b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio:

i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (por ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta ya no serviría a la defensa judicial del organismo (así se reconoce en decisión de amparo roles A68-09 y A293-09).

ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09).

3) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedente suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se afectará la estrategia jurídica que dicho organismo hará valer en el proceso judicial sustanciado ante la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la hipótesis de reserva invocada - contenida en el literal a) del artículo 21 de la Ley de Transparencia-, exige acreditar a quien la invoca, de un modo preciso, la afectación que se provocara a su derecho a defensa en un litigio pendiente y, no la mera invocación de la misma.

4) Que, de ahí entonces, sostener el secreto o reserva, por parte del órgano reclamado, de determinada información de naturaleza pública, que ha servido de base para la aplicación de descuentos en las remuneraciones de funcionarios públicos, a juicio de este Consejo, solo tiene por objeto obstaculizar que la contraparte pruebe en el litigio pendiente la eventual vulneración de sus garantías constitucionales. Dicho proceder, no se encuentra amparado por la hipótesis de reserva invocada, atendido que la afectación al debido cumplimiento en ningún caso contempla obstaculizar la prueba de un hecho en un litigio pendiente, que involucre a un órgano de la Administración del Estado.

5) Que por tal razón, se desestimará la causal de reserva en análisis y, conjuntamente con ello, se acogerá el presente amparo, ordenándose a la reclamada que entregue al solicitante todos los antecedentes empleados para determinar que no habría cumplido sus funciones en el período comprendido, entre el 24 de mayo y 2 de junio de 2017, con ocasión de la movilización de la asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Francisco Gallardo Velásquez en contra del Servicio Nacional de Aduanas en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio Nacional de Aduanas que:

a) Entregue al reclamante todos los antecedentes que utilizó para determinar que no habría cumplido sus funciones en el período comprendido entre el 24 de mayo y 2 de junio de 2017, con ocasión de la movilización de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Gallardo Velásquez y al Sr. Director del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y el Consejero don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.