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Karina Vergara Muñoz con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) Rol: C2179-17

Consejo para la Transparencia, 03/10/2017

Se dedujo amparo en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a la "entrega de copia íntegra del expediente el cual lleva el Código Único Nacional 3728614". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de todos los antecedentes que contengan datos sensibles de la trabajadora aludida en los que se especifique la patología y los exámenes médicos respectivos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Documentación médica.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2179-17

Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Requirente: Karina Vergara Muñoz.

Ingreso Consejo: 23.06.2017

En sesión ordinaria N° 835 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2179-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de mayo de 2017, doña Karina Vergara Muñoz solicitó al Instituto de Seguridad Laboral, en adelante e indistintamente, el Instituto o el ISL, la siguiente información: "entrega de copia íntegra del expediente el cual lleva el Código Único Nacional 3728614".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución N° 60, de fecha 12 de mayo de 2017, notificada a la solicitante con fecha 1 de junio de 2017, el Instituto de Seguridad Laboral otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando su entrega, por la oposición del tercero, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a una solicitud de información anterior, señalando en síntesis, que "las evaluaciones y peritajes del proceso de su trabajadora Sra. Guzmán no pueden ser entregados. Como se informó en la Resolución N° 36 y en la Resolución N° 49 del 20 de marzo de 2017 y 06 de abril de 2017, la trabajadora negó la entrega de su documentación, por tanto está protegida por la ley N° 19.628", señalando la documentación que se le entregó en dichas respuestas a solicitudes de información anteriores.

3) AMPARO: El 21 de junio de 2017, ante la Gobernación Provincial de Cautín, e ingresado en este Consejo con fecha 23 de junio de 2017, doña Karina Vergara Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, agrega que se le notificó la Resolución N° 853008 que califica como enfermedad profesional la que padecería la trabajadora que indica, como resultado del procedimiento administrativo que requirió, con la finalidad de ejercer los derechos que le correspondan y que los antecedentes incorporados a dicho procedimiento son públicos.

Acto seguido, reclama que "es de destacar ante el Consejo para la Transparencia que los exámenes practicados a la trabajadora (...) lo fueron por el médico psiquiatra Dr. Claudio Espejo, y que ellos fueron financiados por el Instituto de Seguridad Laboral".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E1866, de 11 de julio de 2017, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. DN. N° 3097, de fecha 24 de julio de 2017, el órgano presentó sus descargos, remitiendo el Informe D.J. N° 377, de 20 de julio de 2017, en el cual reitera que con anterioridad la misma solicitante requirió "el expediente médico resultado de la E.P.T., por denuncia presentada por mi trabajadora (...)", entre la que se encontraría la ficha clínica como los demás documentos de los tratamientos a los que fue sometida dicha trabajadora, quien se opuso a la entrega de la información solicitada indicando que "se oponía a la entrega (...) toda vez que se encontraba en proceso de acciones judiciales en contra de esta última", por lo que el Instituto denegó su entrega.

Acto seguido, informa posteriormente volvió a requerir información respecto del mismo expediente, momento en que se le entregaron sólo algunos de los documentos pedidos, señalando que "lo referente a las evaluaciones y peritajes del proceso de la Sra. Guzmán, no podían ser entregados en virtud de la oposición ya aludida", razón por la cual también se denegó la entrega de la información solicitada en esta nueva petición.

Asimismo, para justificar la denegación de la entrega de la información requerida, hizo mención a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, y el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, respecto del carácter sensible del contenido del expediente solicitado, lo anterior, sumado a la oposición del tercero aludido. Finalmente, el órgano acompaña copia de las resoluciones de respuesta otorgadas a la misma requirente y de la notificación y respuesta al tercero, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E2263, de fecha 2 de agosto de 2017, confirió traslado y notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Hasta esta fecha, no existe constancia de que el tercero se hubiera pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte del Instituto de Seguridad Laboral, no corresponde a la solicitada por la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del expediente cuyo número indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información requerida fundado en la oposición del tercero, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, luego, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que, cuando la solicitud se refiera a antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros, la autoridad requerida deberá notificar a dichos terceros la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados y que "Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa. Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley".

4) Que, en la especie, el ISL notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, con anterioridad, respecto de otra solicitud de información de similar contenido, en que se requirió "Expediente médico, resultado E.P.T., por denuncia presentada por mi trabajadora (...)", quien se opuso a la entrega de dichos antecedentes. Al respecto, cabe tener presente que, en este caso, lo pedido es el expediente completo del mismo procedimiento, mediante el cual el Instituto, por medio de la Resolución N° 853008 de fecha 30 de enero de 2017, calificó como enfermedad profesional la que afectaba a la trabajadora aludida en las solicitudes de información de la reclamante, y donde se informaba que "Según lo instruido en Circular SUSESO N° 3241: Empleador deberá implementar medidas para cesar exposición al agente de riesgo", y que, en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá apelar dentro del plazo de 90 días ante la Superintendencia de Seguridad Social.

5) Que, asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los estados de salud físicos o psíquicos. Luego, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9 del citado texto legal, "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal en análisis, previene que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En la especie, el Instituto de Seguridad Laboral sólo se encuentra autorizado para efectuar el tratamiento del dato solicitado en el ámbito de las competencias específicas que le caben en el contexto de la ley N° 16.744, en cuanto entidad encargada de administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el otorgamiento de prestaciones pecuniarias a que tienen derecho los beneficiarios de esa normativa, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría de entregarse tal información al solicitante.

6) Que, establecido lo anterior, a juicio de este Consejo, la divulgación de los datos solicitados permiten inferir un determinado estado de salud del titular del mismo, particularmente la entidad del daño que le ha significado una afectación en su capacidad de trabajo, razón por la cual, conforme con las disposiciones citadas precedentemente, su comunicación a terceros se encuentra prohibida por el legislador, constando en la especie, la oposición expresa a su entrega manifestada por el tercero. Tal prohibición ha sido incorporada como causal de secreto de la información, a través de su artículo 21 N° 2 en la Ley de Transparencia y del artículo 7° N° 2 de su Reglamento, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su comunicación afecte los derechos de las personas, entre otros, tratándose de sus datos sensibles, como evaluaciones o exámenes médicos, que permitieron la calificación de la patología de la misma como una enfermedad profesional, y dada su oposición expresa, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo, respecto de esos antecedentes.

7) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto y las normas legales mencionadas, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de los antecedentes del expediente requerido, debiendo el órgano reservar toda información que contenga datos sensibles de la trabajadora aludida, en los que se especifique la patología y los exámenes médicos respectivos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Karina Vergara Muñoz en contra del Instituto de Seguridad Laboral; rechazándolo respecto de todos los antecedentes que contengan datos sensibles de la trabajadora aludida en los que se especifique la patología y los exámenes médicos respectivos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante copia del expediente Código Único Nacional N° 3728614, debiendo el órgano reservar toda información que contenga datos sensibles de la trabajadora aludida, en los que se especifique la patología y los exámenes médicos respectivos.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Karina Vergara Muñoz y al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.