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Sofía Colomes Andrade con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2300-17

Consejo para la Transparencia, 18/10/2017

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la denegación de parte de la información consultada referente a «(...) las estadísticas sobre las razones particulares de cada caso por las cuales se ha rechazado el ingreso de inmigrantes y solicitantes de refugio en los pasos complejos fronterizos del norte de Chile, específicamente de Chacalluta y Colchane». El Consejo acoge el amparo, toda vez que la causal de reserva invocada no se acredito de manera suficiente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2300-17

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Sofía Colomes Andrade

Ingreso Consejo: 04.07.2017

En sesión ordinaria N° 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2300-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de junio de 2017, doña Sofía Colomes Andrade solicitó a la Policía de Investigaciones -en adelante e indistintamente Policía o PDI-, «(...) las estadísticas sobre las razones particulares de cada caso por las cuales se ha rechazado el ingreso de inmigrantes y solicitantes de refugio en los pasos complejos fronterizos del norte de Chile, específicamente de Chacalluta y Colchane».

2) RESPUESTA: El 28 de junio de 2017, la PDI remitió al requirente la información estadística sobre la materia, la cual detalla que el motivo del rechazo en cada caso es infracción a la Ley de Extranjería. Lo anterior, respecto del período 2005 en adelante, año a partir del cual cuenta con estadística sobre la materia.

3) AMPARO: El 4 de julio de 2017, doña Sofía Colomes Andrade dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de parte de la información consultada. Lo anterior, por cuanto no entregó las razones de cada rechazó sino una razón general.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, mediante Oficio N°E 1984, de 18 de julio de 2017, quien mediante presentación de 2 de agosto del año en curso, señaló en síntesis que satisfacer el requerimiento en el modo planteado era improcedente en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto sólo tiene cinco funcionarios en el área de extranjería que podrían ver afectadas sus funciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

2) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

4) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

5) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedente suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones.

6) Que en el mismo sentido la alegación del organismo reclamado al indicar que para efectuar la búsqueda de los antecedentes debería destinar a cinco de sus funcionarios durante un tiempo que no detalla, a juicio de este Consejo carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada. Lo anterior por cuanto dicha alegación, requiere insoslayablemente proporcionar elementos de convicción adicionales cuya precisión tornen verosímil la hipótesis de reserva invocada, por ejemplo, el tipo de funciones que dejarían de cumplir los funcionarios involucrados, o si cuenta con más funcionarios para efectuar las labores de revisión, situación esta última que disminuiría ostensiblemente los días necesarios para recabar los antecedentes. Luego, y atendido que la PDI posee registros de la información a partir del 2005 en adelante, según indicó en esta sede, la revisión final de un número de casos relativos únicamente a dos pasos fronterizo del norte del país, no permite tener por configurada la reserva en comento. Por tal razón, y no concurriendo los supuestos de hecho suficientes que justifiquen la hipótesis de reserva objeto de análisis, esta será desestimada, acogiéndose el amparo. Conjuntamente con lo anterior, se requerirá a la reclamada que haga entrega al solicitante la información estadística consultada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Sofía Colomes Andrade en contra de la Policía de Investigaciones de Chile en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones que:

a) Entregue al reclamante la información estadística sobre las razones del rechazó del ingreso de extranjeros a territorio nacional respecto de los pasos fronterizos de Chacalluta y Colchane.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sofía Colomes Andrade y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.