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Mauricio Andrés Catoni Contreras con SERVICIO ELECTORAL (SERVEL) Rol: A167-09

Consejo para la Transparencia, 05/03/2010

Se solicita amparo en contra del Servicio Electoral (SERVEL) por denegación en la entrega de la información relativa al padrón electoral vigente del citado partido político en la comuna de Peñaflor. El SERVEL respondió que tal información es secreta, salvo que solicitante acredite su afiliación al partido político relacionado, en cuyo caso la información tiene un precio previamente determinado. El Consejo acoge la solicitud señalando que si bien existen dos intereses jurídicos en juego -transparencia del sistema político frente a la privacidad de las personas- la Constitución opta por el primero con el requisito copulativo de que tal información puede ser entregada solo a militantes de los partidos políticos. Y en relación al precio del SERVEL a la entrega de la información, el Consejo señala que el tal afecta el principio de gratuidad, puesto ese cobro va más allá del costo directo de reproducción, que, en este caso, solo se limita al envío de la información al requirente a través de correo electrónico.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL A167-09

Entidad pública: Servicio Electoral

Requirente: Mauricio Andrés Catoni Contreras

Ingreso Consejo: 10.07.2009.

En sesión ordinaria N° 130 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de marzo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A167-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 4, Nº 12 y Nº 15 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; la Ley N° 18.603, de 1987, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos; la Ley N° 20.285 de 2008; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, de protección de datos de carácter personal; la Ley N° 18.768, de 1988, que establece Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal; los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de acceso: El día 25 de junio de 2009, don Mauricio Andrés Catoni Contreras, en su calidad de Presidente Comunal del Partido Demócrata Cristiano de Peñaflor, solicitó al Servicio Electoral (en adelante SERVEL), el padrón electoral vigente de militantes del Partido Demócrata Cristiano en la comuna de Peñaflor. Solicita de manera expresa que se le notifique por correo electrónico y se le remita la información solicitada por medios electrónicos.

2) Respuesta del SERVEL: El SERVEL, a través de su Director, respondió dentro de plazo, mediante Ordinario N° 9068, de 3 de julio de 2009, señalando que:

a) De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 número 15, párrafo 4° de la Constitución de la República de Chile, el Servicio que preside, debe guardar absoluta reserva de la nómina de militantes de un partido político, la cual puede ser accesible sólo a los militantes del respectivo partido.

b) De acuerdo a lo expuesto precedentemente dicho organismo tiene a la venta, entre otros productos electorales, la nómina de afiliaciones acreditadas en cada partido político, previa verificación de la afiliación de la persona que adquiere en el momento dicho producto, el cual tiene un costo determinado por Resolución Exenta publicada en el Diario Oficial, de acuerdo a la UTM mensual.

c) Por lo tanto, hace presente que la Ley de Transparencia le obliga a cumplir con lo determinado en sus artículos 21 N° 5 y 22, por lo que no es posible enviar dicha información vía correo electrónico, no obstante, si es afiliado acreditado al partido Demócrata Cristiano, el organismo está en condiciones de entregar dicho producto electoral, cuyo costo es a la fecha de $ 1.246.-, IVA incluido, de acuerdo al valor de la UTM del mes de junio, para lo que deberá concurrir a la Unidad de Gestión de Solicitudes.

3) Amparo: Don Mauricio Andrés Catoni Contreras formuló amparo por denegación de acceso a la información, dentro de plazo, en contra del SERVEL, señalando que el artículo 18 de la Ley de Transparencia autoriza a cobrar sólo cuando una ley expresamente lo autorice y en su respuesta, el Director del SERVEL, señala expresamente que al Servicio lo autoriza una Resolución Exenta para autorizar el cobro. Agrega que en la solicitud de información deja constancia de su calidad de militante.

4) Descargos u observaciones del organismo: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo y procedió a notificar este amparo mediante Oficio N° 406, de 14 de agosto de 2009, confiriendo traslado al Director Nacional del Servicio Electoral. Éste contestó mediante Ordinario N° 9732, de 25 de agosto de 2009, señalando principalmente que:

a) Dicho requerimiento fue evacuado mediante Ordinario N° 9068, de 3 de julio de 2009, oportunidad en la que se le señaló al requirente que, respecto de la información requerida, y en virtud de lo previsto en el artículo 19 N° 15 de la Constitución de la República de Chile, el SERVEL está obligado a guardar absoluta reserva de la nómina de militantes a un partido político, la cual sólo puede ser accesible a los militantes del respectivo partido.

b) Por otra parte, señala que, por aplicación del artículo 20 de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, el Servicio elabora tales antecedentes en base al duplicado de afiliados que deben presentar los mismos partidos políticos, ya que en efecto según el citado precepto éstos, “estarán obligados a llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados, ordenado por Regiones, asimismo, deberán proporcionar un duplicado de este registro al Director del Servicio Electoral y comunicar a dicho funcionario las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier causa se produzcan”. En consecuencia, si algún militante requiere adquirir dicha información en forma gratuita, puede dirigirse directamente a la coalición política a la que pertenece.

c) Indica que el SERVEL posee un catálogo de documentos disponibles con la información referente a las nóminas de afiliaciones acreditadas en cada partido político, de acuerdo al duplicado señalado en el párrafo anterior, las cuales pueden ser adquiridos por los interesados, previa verificación de la militancia de éstos, y cancelando el costo que representa la reproducción de los antecedentes ya sea en papel, formato magnético o digital, establecidos en la Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, la que se actualizó conforme señala más adelante.

d) La norma que expresamente autoriza a efectuar estos cobros por parte del Servicio Electorales, la Ley N° 18.768, que establece Normas Complementarias de Administración Financiera de Incidencia Presupuestaria y de Personal, especialmente el artículo 83 el cual señala, “Facúltese a los Servicios dependientes de la Administración Central y Descentralizada del Estado del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para cobrar el valor de costo de los documentos o copias de estos que proporcionen a los particulares para la celebración de contratos, llamados a licitación o por otra causa, y cuya dación gratuita no esté dispuesta por ley, sin perjuicio de mantener a disposición de los interesados los respectivos antecedentes cuando ello proceda. También podrán cobrar por la producción de fonogramas, videogramas e información soportada en medios magnéticos, sus copias o traspasos de contenido”.

e) A mayor abundamiento, en cumplimiento de lo ordenado por el Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante ORD. (GABMIN) N° 00877, por Resolución Exenta N° 1076, de fecha 12 de agosto de 2009, el SERVEL modificó la Resolución antes mencionada, en cuanto dispuso la actualización de algunos valores, y la incorporación de las normas contenidas en la Ley de Transparencia, relacionadas con la facultad de efectuar cobros por reproducción de documentos; especialmente, lo prevenido en el artículo 18, el que establece que, “sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada”. Dicho instrumento será publicado prontamente en el Diario Oficial, para conocimientos de terceros.

f) En mérito de lo señalado precedentemente, el Servicio entendió que en el caso en cuestión no se configuraba un supuesto de denegación de acceso a la información sino que, por el contrario, en cumplimiento del mandato constitucional que obliga a mantener reserva de los antecedentes solicitados y de la normativa vigente sobre acceso a la información de los Organismos de la Administración del Estado debía ponerse en conocimiento del ciudadano requirente el procedimiento establecido para dar lugar a su solicitud.

g) Acompaña los siguientes documentos:

i. Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, del Servicio Electoral, que Fija Valores de Documentos.

ii. Resolución Exenta N° 1076, de 12 de agosto de 2009, del Servicio Electoral, que Modifica Resolución, y fija valores de costo de documentos.

iii. Copia del ORD. (GABMIN) N° 00877, de fecha 8 de julio de 2009, de Ministro Secretario General de la Presidencia, que imparte instrucciones sobre cobro de los costos de reproducción de la información requerida vía Ley N° 20.285.

5) Medida para mejor resolver: El 4 de septiembre de 2009 el Consejo Directivo acordó solicitar, como medida para mejor resolver, al Director de Presupuestos que informe su opinión respecto de las siguientes materias:

a) La eventual coincidencia entre el concepto empleado en el artículo único del D.L. N° 2.136, de 1978, modificado por el artículo 63 de la Ley N° 18.681 y reemplazado por el artículo 83 de la Ley N° 18.768, y el concepto utilizado por el concepto empleado en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, es decir, “valor de costo de los documentos o copias” y “costo directo de reproducción”.

b) Ante el caso de entenderse que no existe coincidencia entre dichos conceptos especificar si la finalidad que se tuvo a la vista al establecer el texto actual del artículo único del D.L. N° 2.136, de 1978 (considerando por tanto las modificaciones introducidas por las mencionadas Leyes N° 18.681 y N° 18.768) fue permitir a los servicios cobrar por la entrega de información valores por sobre el costo de reproducción y, de ser así, que alcance y cobertura tendría dicho monto adicional.

c) Impacto presupuestario que conllevaría, en los servicios que cobran valores por documentos o copias (sumas que representan ingresos propios), la no aplicación del texto vigente del artículo único del D.L. N° 2.136, de 1978, en el entendido que sobre él prevalece el principio de gratuidad contemplado en la Ley de Transparencia desde el 20 de abril de 2008.

Dicha medida para mejor resolver se concretó mediante Oficio N° 713, de 8 de octubre de 2009, dirigido al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, quien respondió mediante Ordinario N° 1214, de 21 de octubre de 2009, señalando que no corresponde a dicha Dirección la interpretación de la normativa en comento, sino que, por mandato expreso del legislador, es labor exclusiva del Contralor General de la República informar “sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen” (artículo 6° de su Ley Orgánica N° 10.336). Respecto de la solicitud de estimar el impacto presupuestario que tendría la no aplicación de la norma vigente del artículo único del D.L. N° 2.136, de 1978, la Dirección que preside no cuenta con información al nivel de detalle solicitado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en el caso que nos ocupa lo solicitado es el padrón electoral vigente de militantes del Partido Demócrata Cristiano correspondientes a la comuna de Peñaflor, que obra en poder del SERVEL quien señala que para entregarlo al requirente éste debe acreditar su militancia y pagar los costos establecidos en su Resolución Exenta N° 862, de 4 de noviembre de 2002, esto es, 0,06030 UTM por cada 1.000 afiliados. El amparo ha sido interpuesto por el peticionario al estimar que lo cobrado por dicho Servicio excede lo establecido en la Ley de Transparencia, esto es, los costos directos de reproducción.

2) Que el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República establece que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

3) Que, en dicho sentido, la Ley de Transparencia, que entró en vigencia el 20 de abril del 2009, vino a regular y desarrollar el principio de transparencia de la función pública consagrado en dicha norma constitucional, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de dicho derecho fundamental, los procedimientos de amparo y las excepciones a la publicidad de la información pública.

4) Que respecto al régimen de excepciones cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 19 N° 15 inciso 5° de la Constitución, en cuanto a que “Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido…” (lo destacado es nuestro).

5) Que la norma constitucional citada establece un caso específico de reserva al margen de la norma general del artículo 8°, al señalar que la nómina de los militantes es secreta o reservada salvo que el requirente sea militante del partido político respecto del cual se solicita la información. Con ello establece un régimen de acceso a dicha información limitado sólo a los militantes de cada partido político.

6) Que, de la misma manera, la Ley N° 18.556, de 1986, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, establece en el artículo 93 que “Corresponderá especialmente al Director, en su calidad de Jefe del Servicio Electoral: l) Llevar el Registro de Partidos Políticos actualizado por regiones y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomiende la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos”. La Ley N° 18.603, de 1987, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, por su parte, regula esta materia de la siguiente manera en el artículo 9°, inciso 2°: “Cualquier afiliado a un partido político inscrito podrá requerir, a su costa, que el Director del Servicio Electoral le entregue, dentro de tercer día hábil, fotocopia autorizada de la nómina de afiliados al partido a que pertenezca”. Añade su artículo 20 que “Los partidos políticos estarán obligados a llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados, ordenado por Regiones. Deberán, asimismo, proporcionar un duplicado de este registro al Director del Servicio Electoral y comunicar a dicho funcionario las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier causa se produzcan”.

7) Que para el caso que nos ocupa, cabe también tener presente las siguientes disposiciones de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal:

a) Artículo 2°: “Para los efectos de esta ley se entenderá por:

c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.

g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

o)Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos en cualquier forma”.

b) Artículo 7°: “Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese cargo”.

c) Artículo 10: “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.

8) Que, al tenor de las normas transcritas precedentemente, la afiliación política es un dato sensible que, además, se encuentra en una fuente no accesible al público, lo que, como regla general, impide su tratamiento y, por tanto, su comunicación. Sin embargo, en este caso hay normas expresas que establecen una contra excepción: el artículo 19 N° 15 de la Constitución Política y el artículo 9°, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos que establecen expresamente que los militantes de los partidos políticos podrán requerir al Servicio Electoral, a su costa, copia de la nómina de militantes de su propio partido. Por estos motivos, cabe el acceso a la información requerida, previa acreditación de su identidad y su calidad de militante de dicho partido político.

9) Que en cuanto a la extensión de la información que debe entregarse, hay que tener presente que el SERVEL tiene a la venta, entre otros productos, la nómina de afiliados a Partidos Políticos según duplicado, la que contiene la siguiente información según la descripción de su sitio web (http://www.servel.cl/servel/index.aspx?channel=323):

a) Descripción: Información registrada en el archivo de los duplicados del Registro General de Afiliados a Partidos Políticos, según comunicaciones de éstos, que conserva el Servicio Electoral actualizado a una fecha determinada. Accesible sólo para personas que figuren en el duplicado de los Registros Generales de Afiliados que conserva el Servicio Electoral. Sólo para Directivas Centrales o militantes del partido (con afiliación vigente).

b) Contenido: Incluye a los afiliados vigentes del partido y que están registrados en el Archivo de los Duplicados del Registro General de Afiliados a Partidos Políticos, según comunicaciones de estos, que conserva el Servicio Electoral, actualizado a una fecha determinada. Sólo se contempla la entrega de nóminas de afiliados a la fecha de actualización del respectivo duplicado, no hay disponibilidad para una fecha diversa.

c) Medios de entrega: listado en papel, archivo de datos en CD, imagen de listado en CD.

d) Datos que contiene (sólo del Duplicado del Registro General de Afiliados): Región, inscripción electoral (sexo, circunscripción, número de registro, número de inscripción), número de cédula nacional de identidad -con dígito verificador-, nombre completo y fecha de afiliación.

e) Ordenamiento: Alfabético dentro de la desagregación territorial solicitada.

f) Requisitos: Si lo solicita la Directiva Central, debe figurar con inscripción vigente en el Registro de Directivas Centrales. Si lo solicita un militante, éste debe figurar con afiliación vigente en el duplicado del Registro General de Afiliados.

g) Desagregación Territorial: Todo el país, por región (regiones determinadas), por circunscripción senatorial, por distrito, por comuna, por circunscripción electoral, por Registro Electoral.

h) Valor por cada 1.000 registros: 0,06030 UTM + IVA

10) Que tanto el numeral 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, como la norma de la Ley de Partidos Políticos que regula el acceso limitado a dicha información, permiten sólo acceder a una copia de la nómina de los militantes. Siguiendo la definición de la Real Academia Española de la Lengua (“Lista o catálogo de nombres de personas o cosas”) sólo debiera entregarse el listado de nombres de las personas que militan en el partido y comuna requeridos, excluyendo otros datos personales que obren en poder del SERVEL. En esta nómina el único dato personal adicional es el Rol Único Tributario (R.U.T.) de los militantes, que en principio debiera ser reservado salvo que mediara el consentimiento del titular. Sin embargo, no puede desconocerse que en este caso existen dos intereses jurídicos en juego: la transparencia del sistema político y democrático del país y la privacidad de las personas. Este Consejo entiende que cuando la Constitución admite que se entregue la nómina a los militantes toma un partido decidido por la transparencia del régimen electoral, indispensable para el debido control de las elecciones y la democracia interna dentro de los propios partidos. Por ello se exigirá en este caso entregar la nómina con los R.U.T. correspondientes, dado que se trata de información esencial para poder identificar a las personas que están afiliadas a determinados partidos políticos.

11) Que en cuanto al fundamento del amparo, esto es, la supuesta denegación de dicha información por exigir cobros que no están autorizados por una ley sino que por una resolución exenta, cabe señalar previamente lo siguiente:

a) El valor cobrado por el SERVEL se encuentra establecido en Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, actualizada por la Resolución Exenta N° 1076, de 12 de agosto de 2009.

b) Dicho Servicio establece que está autorizado para efectuar tales cobros en virtud del artículo 83 de la Ley N° 18.768, de 1988, que establece las Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal que establece: «Sustitúyese el artículo único del decreto ley N° 2.136, de 1978, modificado por el artículo 63 de la ley N° 18.681, por el siguiente: “Artículo Único.- Facúltase a los servicios dependientes de la Administración Central y Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para cobrar el valor de costo de los documentos o copias de éstos que proporcionen a los particulares para la celebración de contratos, llamados a licitación o por otra causa, y cuya dación gratuita no esté dispuesta por ley, sin perjuicio de mantener a disposición de los interesados los respectivos antecedentes cuando ello proceda. / También podrán cobrar por la producción de fonogramas, videogramas e información soportada en medios magnéticos, sus copias o traspasos de contenido. / Los recursos provenientes de estos cobros constituirán ingresos propios de las instituciones mencionadas”»

c) La Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, establece lo siguiente: “2. Fíjase el valor de costo, al que deberá agregarse en cada caso el monto del IVA correspondiente, que cobrará el Servicio Electoral por la venta de informes, documentos o copias de éstos, en la forma que se indica:

- Estadísticas Inscripciones Vigentes: 0,21552 UTM

- Estadísticas de Inscripciones por Grupos Etáreos: 0,34483 UTM

- Estadísticas de Inscripciones de No videntes, Analfabetos y Extranjeros: 0,08621 UTM

- Inscripciones Electorales por cada 1.000 inscritos: 0,06030 UTM

- Cancelaciones por cada 1.000 cancelados: 0,06030 UTM

- Personas no habilitadas para patrocinar Candidaturas Independientes, por cada 1.000 personas: 0,06030 UTM

- Afiliaciones por cada 1.000 afiliados: 0,06030 UTM

- Escrutinio de cada Elección o Plebiscito: 0,35200 UTM

- Documentos

- Chile elige: 0, 17600 UTM

- Mapa o Geografía Electoral: 0,35200 UTM

- Partidos Políticos: 0,52800 UTM

- Inscripciones Hábiles y Mesas Receptoras de Sufragios: 0,35200 UTM

- Inscripciones Vigentes al 31 de diciembre: 0,35200 UTM

- Bases de propuestas, por cada hoja: 0,04320 UTM

- Tabla de Jerarquía de Circunscripciones Electorales: 0,12931 UTM

- Fotocopias simples, tamaño carta u oficio, c/u: 0,00086 UTM

- Fotocopias reducidas o doble carta, c/u: 0,00129 UTM

3.- Autorízase una vez realizada la conversión de los valores fijados en el artículo precedente, el cobro de la cantidad monetaria entera inmediatamente superior a $0,50 (cincuenta centésimos de pesos), como asimismo, el cobro de la cantidad monetaria entera inmediatamente inferior en los casos que la fracción decimal no ascienda a la señalada”

d) La Resolución Exenta N° 1076, de 12 de agosto de 2009, por su parte, establece lo siguiente: “1. Modifícase y actualícese la Resolución Exenta N° 0862/02, del Servicio Electoral, en el sentido de reemplazar los dos últimos conceptos de cobro, por los que se señalan a continuación:

• Fotocopia simple, tamaño carta c/u 0.000272 UTM

• Fotocopia simple, tamaño oficio c/u 0.000272 UTM

• Fotocopias reducidas o doble carta c/u 0.000544 UTM

• Disco compacto (CD) para entrega de la información solicitada en respaldo digital Valor CD 0.005436 UTM

2. En todo lo no modificado, rige íntegramente la Resolución Exenta N° 0862/2002, del Servicio Electoral”.

12) Que respecto a la posibilidad de cobrar por la información pública, la Ley de Transparencia establece, en primer lugar, como uno de los principios rectores del derecho fundamental de acceso a la información pública el de gratuidad, “…de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley” -artículo 11 letra k)-, mientras que el artículo 18 establece que “Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. / La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente”.

13) Que el Reglamento de la Ley de Transparencia, por otra parte, desarrolla el principio de la gratuidad en el artículo 20, de la siguiente manera: “El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado es gratuito, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley. / La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. / Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. Para efectos de lo señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos directos de reproducción todos aquéllos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción. / La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no pague los costos y valores a que se refiere el inciso precedente. Si el interesado solicita la información y, posteriormente, no paga los costos y demás valores autorizados por la ley, ni retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las acciones correspondientes en su contra”.

14) Que, en virtud de lo establecido en la Ley de Transparencia y su Reglamento, la mayor parte de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, no respeta el principio de gratuidad, toda vez que solamente puede exigirse el pago de los costos directos de reproducción -que están establecidos en la Resolución Exenta N° 1076, de 12 de agosto de 2009- respecto de la información pública que se solicite y que tenga que entregar el Servicio Electoral, de acuerdo a los preceptos de la Ley de Transparencia. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley N° 18.768, de 1988, citado por el propio Servicio, éste sólo podría cobrar el “valor de costo de los documentos o copias de éstos…y cuya dación gratuita no esté dispuesta por ley”, y en el caso que nos ocupa, la Ley de Transparencia establece como principio general la gratuidad de la información. En esta línea podemos decir que tratándose de solicitudes de acceso a la información debe aplicarse la Ley de Transparencia con preferencia al artículo 83 de la Ley N° 18.768, de 1988, que establecía dicho régimen con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia.

15) Que, a mayor abundamiento, el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos establece que cualquier militante podrá solicitar a su costa dicha nómina, lo que interpretado sistemáticamente con las restantes normas que rigen el derecho de acceso a la información no puede entenderse como una autorización para exigir el pago de derechos adicionales a los establecidos en el ordenamiento jurídico general.

16) Que, en el caso que nos ocupa, el reclamante solicita que se le envíe lo requerido a su correo electrónico, por lo que en ese caso no debería exigírsele cobro previo alguno, toda vez que no se requiere reproducir la información, en virtud de lo dispuesto por las normas ya citadas.

17) Que, en todo caso cabe representar al Director del SERVEL que en los supuestos que la información pública requerida sea entregada mediante otro soporte de reproducción, tal como un CD, DVD o en soporte de papel, cabe cobrar solamente los costos directos de dicha reproducción. Dichos valores de reproducción no podrán ser superiores a los que se cobre por un servicio semejante, en el convenio marco respectivo, a los órganos o servicios de la Administración del Estado, precio que será considerado un valor de referencia para estos efectos, sin perjuicio de que, si en este caso, el SERVEL ha contratado vía licitación pública, privada o trato directo el servicio de reproducción a un precio inferior al valor de referencia, primará dicho precio. Por último, en el caso de que el SERVEL no tenga contratado el servicio de reproducción vía licitación pública, privada o trato directo o estime que el valor de referencia definido en el convenio marco es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que incurrirá, deberá establecer, en forma desglosada en la resolución que los fije, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por el Consejo. Se deja constancia que el Consejo está preparando una Instrucción General para clarificar esta materia.

18) Que, por las consideraciones anteriores no cabe sino acoger el amparo respecto del derecho de acceder al listado de los militantes del Partido Demócrata Cristiano de Peñaflor, previa acreditación por parte del reclamante de su identidad y de su calidad de militante de dicho partido político. En virtud de lo prescrito en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información deberá ser entregada del modo solicitado, esto es, mediante correo electrónico y en formato electrónico. Sólo en caso que esto implicara un costo excesivo o gasto no previsto podrá ser entregado en otro formato, caso en que sólo podrá exigirse el pago previo de los costos directos de reproducción. Por otra parte, tal como señala el artículo 9°, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, dicha información deberá ser puesta a disposición del solicitante en un plazo de 3 días hábiles.

19) Que, por último, se requerirá al Director Nacional del SERVEL que modifique la Resolución Exenta N° 0862, de 4 de noviembre de 2002, en todo lo que contravenga el principio de gratuidad establecido en la Ley de Transparencia y su Reglamento, según se ha señalado previamente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Mauricio Andrés Catoni Contreras en contra del Servicio Electoral, por las consideraciones señaladas en esta decisión.

II. Requerir al Director del Servicio Electoral, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia:

a) Cumplir el presente requerimiento, en un plazo que no supere los 3 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada.

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Mauricio Andrés Catoni Contreras y al Director del Servicio Electoral.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.