logo
 

Samuel Pérez Cofré con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C2089-17

Consejo para la Transparencia, 01/06/2017

Una persona solicitó al Ejército de Chile copia de las hojas de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda. Dicho organismo accede a la entrega con excepción de ciertos pasajes por corresponder a datos personales. Contra esta respuesta, el requirente interpuso amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. Consejo acogió el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2089-17

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Samuel Pérez Cofré

Ingreso Consejo: 01.06.2017

En sesión ordinaria Nº 841 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2089-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de mayo de 2017, don Samuel Pérez Cofré solicitó al Ejército de Chile -en adelante también Ejército-, copia de las hojas de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda, entre los años 1970 y 1978.

2) RESPUESTA: El 1° de junio de 2017, el Ejército informó a la requirente, que accede a la entrega de la información, con excepción de ciertos pasajes por corresponder a datos personales, protegidos por las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 Nos 2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

3) AMPARO: El 1° de junio de 2017, don Samuel Pérez Cofré dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información pedida. Lo anterior, por cuanto la reclamada tarjó datos de documentación consultada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, mediante Oficio N° E 1740, de 4 de julio de 2017. Conjuntamente con lo anterior, se le solicitó remitir copia íntegra de la información entregada al reclamante.

La reclamada, mediante presentación de 19 de julio de 2017, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Si bien "se comparte que no resulta aplicable la ley N° 19.628, ello no implica desconocer en nuestro ordenamiento jurídico cualquier otra forma de protección de los datos de los fallecidos (…)".

b) Lo tarjado son las opiniones del superior calificador. "Estas anotaciones constituyen el parecer que merece al calificador el calificado en lo profesional (...)".

c) Por último, hizo presente que la anotación de diciembre de 1975, en el evento de divulgarse podría afectar la seguridad nacional.

d) La remisión, fue requerida nuevamente mediante correo electrónico de 20 de julio del presente año, sin que a la fecha la reclamada haya dado cumplimiento a dicho trámite.

5) REITERACIÓN DE EXHIBICIÓN DOCUMENTAL: Este Consejo, mediante comunicación de 20 de julio del presente año, reiteró a la reclamada que remitiera copia íntegra de la hoja de vida solicitada, sin que a la fecha la reclamada haya dado cumplimiento a dicho trámite en el modo pedido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, como primera cuestión, es importante destacar que la discusión no se centra sobre la publicidad de las hojas de vida de un funcionario público, toda vez que el órgano reclamado dispuso su entrega, aplicando el principio de divisibilidad respecto de algunos pasajes de las mismas. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, «La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate».

2) Que, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, esto es, información contenida en la hoja de vida de un funcionario público, que por tratarse de antecedentes referidos al desempeño del personal que trabaja o trabajó para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones, hojas de vida y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

3) Que, respecto a la hoja de vida de un funcionario público, además, este Consejo ha sostenido reiteradamente que ésta constituye un antecedente de naturaleza pública de conformidad con lo dispuesto los artículos 5°, 10° y 11, letra c), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto ha sido elaborada con recursos públicos, detalla de modo pormenorizado el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación. Dicho razonamiento, se aplica igualmente a todo otro antecedente que se encuentre referido al desempeño de un funcionario público. En tal sentido, esta Corporación ha precisado que previo a la entrega de la información solicitada, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado debe tarjar únicamente los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en la documentación requerida, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20° de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y los datos sensibles, en virtud del artículo 10° de la ley antedicha. Asimismo, se deben tarjar previamente las sanciones prescritas o cumplidas anotadas en la hoja de vida del funcionario de que se trata, en cumplimiento del artículo 21 de dicha ley.

4) Que en dicho contexto, aceptar el proceder de la reclamada – al tarjar pasajes de la hoja de vida-, en base a argumentaciones contradictorias, por cuanto primero, adujo la reserva en base a lo previsto en ley N° 19.628 (sobre Protección de la Vida Privada), para luego en sus descargos restar aplicación a dicho precepto normativo, a fin de invocar la seguridad nacional y el derecho de los parientes como razón para justificar su modo de obrar, sin acompañar antecedentes suficientes que permitan dotar de verosimilitud la afectación que invoca, no resulta procedente.

5) Que, en tal sentido, cabe señalar, que la procedencia de una causal de reserva supone cumplir con un estándar de acreditación lo suficientemente completo, para revertir la regla general de publicidad de toda aquella información que obra en poder de la Administración del Estado. En efecto, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que, en tal sentido, cabe señalar que habiéndose reiterado la solicitud de exhibición integra de la hoja de vida, la reclamada no accedió a dicho requerimiento en el modo planteado, esto es, en conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 26. Lo anterior, impidió a esta Corporación el análisis y revisión, en concreto, de los antecedentes pedidos y por lo mismo, se vio impedida de ponderar la afectación, alegada por el órgano, a los bienes jurídicos indicados.

7) Que en virtud de lo señalado y, atendido que el Ejército de Chile se ha limitado únicamente a invocar la aplicación de ciertas causales, sin aportar antecedentes suficientes que permitan tenerlas por configuradas, se acogerá el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Samuel Pérez Cofré en contra del Ejército de Chile, por las razones señaladas precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército que:

a) Entregue al reclamante copia íntegra de la hoja de vida consultada.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Samuel Pérez Cofré y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.