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Tamara Soza con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2738-17

Consejo para la Transparencia, 14/11/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la Posición o stock de instrumentos mantenidos en custodia, archivos electrónicos diarios DCV (cmitfaammddi_aammddd_hhmm.zip), 2008 al 2016. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse respecto de terceros a quienes se refiere la información, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2738-17

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).

Requirente: Tamara Soza.

Ingreso Consejo: 03.08.2017.

En sesión ordinaria N° 845 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2738-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2017, doña Tamara Soza, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información:

a) Ordinario N° 30.987, de 14 de octubre de 2010 y sus anexos;

b) Posición o stock de instrumentos mantenidos en custodia, archivos electrónicos diarios DCV (cmitfaammddi_aammddd_hhmm.zip), 2008 al 2016.

2) OPOSICIÓN DE TERCEROS: Siendo debidamente emplazados por el órgano, los terceros interesados indicaron en resumen, su negativa a la entrega de lo requerido en la letra b), del numeral 1°, precedente, en base a lo siguiente:

a) AFP Planvital S.A.: Se opone a la entrega por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectarse sus derechos económicos y comerciales, por tratarse de información de su propiedad y de carácter estratégicos. Alegó también la aplicación del artículo 50 de la ley N° 20.255.

b) AFP Modelo S.A: Se opuso a la entrega por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectarse sus derechos económicos y comerciales, dentro de los cuales se encuentran sus estrategias que no han sido divulgadas, pudiendo ser usadas por un competidor.

c) AFP Cuprum S.A.: Se opone a la entrega por afectarse sus derechos económicos y comerciales. Además, señaló que el artículo 154, letra d), del decreto ley N° 3.500, prohíbe la comunicación de información concerniente a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta de cualquiera de los fondos de pensiones a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la administradora.

d) AFP Hábitat S.A.: Se opone a la entrega por la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que se podrían afectar sus derechos económicos y comerciales. Indicó asimismo, que la información entregada a la Superintendencia es de carácter estratégica y sólo para efectos de su fiscalización, en cuya accesibilidad no se encuentra el requirente. Por otra parte alegó la aplicación del artículo 50 de la ley N° 20.255.

e) AFP Provida S.A.: Se opuso a la entrega de lo requerido alegando la causa de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que lo solicitado es sensible para la empresa, pudiéndose afectar la seguridad de los fondos.

f) AFP Capital S.A.: Se opone a la entrega, señalando que la Ley de Transparencia no se les aplica, en razón de su calidad de sociedad anónima. Sostuvo que lo solicitado es reservado de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 y que se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto entregar lo solicitado afectaría el rendimiento de los multifondos y el funcionamiento del sistema de pensiones, como asimismo, su derecho de propiedad.

3) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 15804, de fecha 13 de julio de 2017, el órgano señaló en síntesis, que se accedía a la entrega de lo requerido en la letra a), del numeral 1°, de lo expositivo, precisando que debido a la oposición de los terceros interesados, se negaba la entrega de lo requerido en la letra b), en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 03 de agosto de 2017, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información contenida en la letra b), del numeral 1°, precedente.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E2558, de fecha 16 de agosto de 2017.

Posteriormente, por medio de oficio N° 19681, de 31 de agosto de 2017, el órgano reiterando lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que en cuanto a lo consultado por el Consejo en oficio de traslado, en orden a cómo lo solicitado afectaría los derechos de terceros, se precisó que:

a) De entregarse la información del stock diario de custodia del DVC, la persona que la recibe podría deducir las compras y ventas efectuadas diariamente de cada uno de los fondos de pensiones, por lo que podría deducirse la estrategia de inversión de la administradora. Adicionalmente, se presenta el precio de los instrumentos de renta fija elaborados por esta Superintendencia los cuales no son públicos por contrato con los proveedores;

b) La persona que recibe la información tendría acceso a los precios de transacciones de cada uno de los instrumentos transados en determinado día, lo cual es información estratégica de cada administradora por ser una negociación que realiza cada una de ellas.

c) En virtud de lo anterior, resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Planvital S.A., AFP Hábitat S.A., AFP Provida S.A., y AFP Modelo S.A, mediante los oficios Nos E2564, E2568, E2571, E2572, E2576 y E2577, todos de fecha 16 de agosto de 2017. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) AFP Planvital S.A.: Mediante presentación de fecha 5 de septiembre de 2017, se opone a la entrega de la información, en atención a que ésta se encuentra protegida por la causal de secreto o reserva contenida en el número 2 y 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285, en tanto se trata de información de propiedad de la empresa, que fue elaborada con recursos de la sociedad y que contiene aspectos estratégicos, de índole comercial y económicos de la compañía, cuya revelación a terceros afectaría gravemente su derecho de propiedad, así como también comprometería los derechos de terceros. En ese contexto, y atendido que los archivos electrónicos requeridos, relativos a la "Custodia mantenida de instrumentos de los Fondos de Pensiones y de Cesantía", revisten el carácter de privados y no han sido divulgados oficialmente al mercado, por cuanto detallan las formas de actuar y estrategias de la empresa, podrían ser mal utilizados por algún agente competidor del mercado en beneficio propio o de terceros.

En tal sentido, agrega que la reserva de dicha información se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255, que obliga al Superintendente y a sus funcionarios, a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Lo anterior responde a la necesidad de que la Superintendencia pueda ejercer su labor de regulación de las AFP, no solo desde la perspectiva de la fiscalización del cumplimiento normativo, sino también la fiscalización en otros aspectos. Por tanto, la garantía de secreto y confidencialidad que tienen sus regulados al enviar información, ya sea directa o indirectamente, resulta determinante para que ello suceda, en la confianza que dicha información no podrá ser utilizada por terceros para fines distintos de los previstos por la AFP o por el regulador.

Finalmente, alega que se configuraría la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de información de propiedad de la sociedad, que fue elaborada recursos propios, (i) que tiene valor comercial por ser secreta, (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

b) AFP Modelo S.A.: Por medio de presentación de fecha 25 de agosto de 2017, refiere que la publicidad, comunicación o conocimiento del conjunto de datos requeridos afecta sus derechos comerciales o económicos de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que comprende información privada y datos sensibles cuya divulgación afectaría tales derechos, así como también comprometería los derechos de terceros. Así, dado que la documentación precisada en el requerimiento de acceso a la información reviste el carácter de privada y no ha sido divulgada oficialmente al mercado por cuanto detalla las formas de actuar y estrategias de la compañía, ésta podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros.

En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

Finalmente, hacen presente que si bien la empresa cumple con su obligación de entregar la información que corresponda a su organismo regulador, por mandato de la normativa que rige a las administradoras de fondo de pensiones, ello en ningún caso puede ser interpretado como un consentimiento por parte de la compañía a la entrega de dicha información a terceros.

c) AFP Cuprum S.A.: Mediante presentación de 22 de agosto de 2017, se opone a la entrega de dicha información, en atención a que se trata de documentación sensible y confidencial de los fondos de pensiones, respecto de la cual, por mandato legal, deben velar por su confidencialidad y reserva. Adicionalmente la entrega de esta información podría afectar gravemente la esfera de derechos de carácter comercial o económico, de gestión interna y estrategia de negocios.

Asimismo, se oponen a la entrega de la información solicitada por el hecho que el artículo 154, letra d), del decreto ley N° 3.500 prohíbe expresamente la comunicación de información concerniente a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta de cualquiera de los fondos de pensiones a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la administradora.

De la misma manera, en esta oposición concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Consejo para la Transparencia, esto es: i) La información requerida por el solicitante tiene el carácter de secreta: En efecto, la información requerida contiene material relacionado con la adquisición o enajenación de los activos de propiedad de los fondos de pensiones, respecto de los cuales el citado artículo 154 del decreto ley N° 3.500 ha establecido una prohibición de informar a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas. El requirente es un tercero ajeno a la administradora que, por ende, no participa en la operación respectiva, por lo que la empresa se encuentra impedida de entregarle la información requerida; ii) La información solicitada es objeto de razonables esfuerzos que debe realizar la administradora para mantener su secreto. Por aplicación del referido artículo 154 del decreto ley N° 3.500, la sociedad tiene establecidos mecanismos de resguardo de la información referente a activos adquiridos o enajenados por los fondos de pensiones, que implica la realización de esfuerzos para mantener su carácter de confidencial y secreto; iii) que tenga un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva. Obviamente, si se accediera a la solicitud del requirente, el carácter de secreta de la información perdería dicha calidad, con lo cual la ventaja competitiva que tiene el titular de la información se perdería.

d) AFP Hábitat S.A.: Por medio de presentación de fecha 1 de septiembre de 2017, la empresa se opuso a la entrega de lo requerido, debido a que la información solicitada contiene información reservada y confidencial sobre las inversiones, cuya publicidad vulnera los derechos de los afiliados y de la administradora, revelando la estrategia comercial de sus negocios, afectando el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, basada en la estrategia de inversiones pasadas y presentes.

La ley N° 20.285, que entrega derechos a cualquier persona para conocer y fiscalizar el actuar de la administración pública, no puede afectar los derechos económicos de terceros como lo es una sociedad anónima como AFP Hábitat, que no es sujeto obligado de dicha ley. La información solicitada se envía a la Superintendencia única y exclusivamente para fines de control. Luego, atendido el carácter secreto de la información solicitada, tiene un valor comercial, aun cuando se trata de información de años pasados y, por lo tanto, otorga a su propietario una ventaja competitiva. En consecuencia, su reserva es necesaria para proteger los derechos comerciales y económicos de la empresa y sus fondos de pensiones y su divulgación puede implicar su utilización por competidores en su perjuicio.

La información solicitada se entrega diariamente a la Superintendencia con el único objeto que ésta pueda realizar sus funciones de supervisión y control, información respecto de la cual tanto el Superintendente como todo su personal están obligados a guardar reserva y secreto en cumplimiento de sus labores, según expresamente lo ordena el artículo 50 de la ley N° 20.285, por lo tanto, se oponen al requerimiento y solicita aplicar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la citada ley, toda vez que la publicidad, conocimiento o comunicación de la información solicitada podría afectar sus derechos comerciales o económicos, derechos y garantías fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República en sus N° 26 y 21 del artículo 19.

e) AFP Provida S.A.: Mediante presentación de fecha 6 de septiembre de 2017, sostuvo que la información solicitada se trata de información no divulgada respecto de la cual la empresa tiene derechos de carácter comercial y económico que deben ser protegidos. En efecto, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i); es secreta, es decir no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular.

Así, queda claro que la sociedad ha mantenido la información solicitada en secreto, y que por dicha causa concurre a presentar sus observaciones en esta oportunidad. En efecto, la reclamante ha intentado esta vía para su consecución toda vez que, precisamente, esta información reservada no se encuentra disponible para el público.

Al respecto, se cumplen todos los requisitos para que la información solicitada se encuentre protegida (como información no divulgada ni divulgable) de acuerdo al artículo 21 numeral 2° de la ley N° 20.285, ya que su conocimiento por parte de terceros afectaría sus derechos de carácter comercial y económicos, así como la seguridad de los fondos que administra para sus cotizantes.

f) AFP Capital S.A.: A la fecha no ha evacuado descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad a lo expuesto por la reclamante, el presente amparo se circunscribe a la falta de entrega de lo solicitado en la letra b), del numeral 1°, de lo expositivo, esto es, la posición o stock de instrumentos mantenidos en custodia, archivos electrónicos diarios DCV (cmitfaammddi_aammddd_hhmm.zip), 2008 al 2016.

2) Que, previamente, resulta pertinente tener presente que de acuerdo al punto 3. de las Especificaciones Técnicas para el Intercambio de Información entre la Superintendencia de Pensiones y el Deposito Central de Valores, contenidas en ordinario N° 30.987, de 14 de octubre de 2010, los archivos diarios requeridos, esto es, los referidos a la "Custodia Mantenida de Instrumentos de Fondos de Pensiones o Cesantía" corresponde a información remitida por Depósito Central de Valores a la Superintendencia de Pensiones -mediante el sistema de transmisión de archivos-, específicamente, sobre la "Posición o Stock de Instrumentos mantenidos en Custodia" y a las "Operaciones o Flujo de Instrumentos mantenidos en Custodia", respecto de cada tipo de fondo de pensiones (A, B, C, D y E) y fondos de cesantía que administra cada AFP. Luego, la antedicha información se traduce en el envío diario de dos archivos, uno correspondiente a la posición o stock de los instrumentos y uno referido a las operaciones o flujo de dichos instrumentos, los cuales se dividen -cada uno- en 3 registros: registro de identificación, registro principal y registro control. Luego, en el registro principal, del archivo correspondiente a la posición o stock de los instrumentos mantenidos en custodia, se consigna información específica sobre: tipo de registro, RUT de la administradora, nemotécnico o serie del instrumento, fecha de la valorización, unidades totales, unidades en posición de bloqueo, monto valorizado, entre otra; por su parte, en el registro principal, del archivo correspondiente a las operaciones o flujo de instrumentos mantenidos en custodia, se consigna información específica sobre: tipo de registro, RUT de la administradora, fecha de la operación, nemotécnico o serie del instrumento, movimiento de la operación, unidades transadas, monto transado, entre otras.

3) Que, expuesto lo anterior, para efectos de negar la entrega de lo requerido, se alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo, la aplicación del artículo 50 de la ley N° 20.255.

4) Que, en un primer orden de ideas, respecto a la alegación de la aplicación del artículo 50 de la ley N° 20.255, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Pues bien, este último requisito copulativo, no ha sido debidamente fundamentado, pues la declaración de secreto o reserva que hace el artículo 50 de la ley N° 20.255, no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. Por lo anterior, este Consejo desechará la invocación de esta causal.

5) Que, en un segundo orden de ideas, en cuanto a la aplicación de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se seguirá lo resuelto por este Consejo en la decisión que recayó en el amparo Rol N° C476-17, en donde se requirió similar información. En dicha ocasión, se indicaron los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en lo relativo al primer requisito anotado en la letra a), resulta plausible que la información sobre la posición o stock y operaciones o flujos de los instrumentos mantenidos en custodia, conforme al nivel de desagregación anotados en el considerando 2° precedente, constituye información que responde a la aplicación de estrategias de inversión de cada una de las administradoras de fondos de pensiones, lo anterior, por cuanto en ella se consigna, por ejemplo, en el archivo sobre posición o stock de cada instrumento, datos sobre la compras y venta efectuadas diariamente de cada uno de los fondos de pensiones, mientras que en el archivo sobre las operaciones o flujos de cada instrumento, datos sobre el precio de transacción de cada instrumento transado. En tal sentido, teniendo en cuenta dicha relevancia y que sólo es conocida únicamente por cada una de las administradoras y la Superintendencia en virtud de su función fiscalizadora, es que resulta de toda lógica que dicha información en su conjunto no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información.

7) Que, en lo que atañe al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que los terceros interesados, por una parte, han colocado la información requerida en la esfera de conocimiento de la Superintendencia solo en cuanto ésta tiene el carácter de órgano fiscalizador; por otra, han actuado en términos de proteger los fondos de pensiones de los miles de afiliados del sistema, desplegando estrategias de resguardo y aseguramiento de sus operaciones, a través de contratos especiales y de relaciones específicas con otras instituciones, pública o privadas; y, finalmente, se han opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos ante este Consejo.

8) Que, sobre el tercer requisito, que se lee en la letra c), es relevante señalar que las Administradoras, tienen sobre sus estrategias de inversión un derecho de propiedad, protegido por el derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, proporcionándole, indudablemente una mejora o ventaja competitiva, en tanto contiene información clave respecto de sus inversiones y otros eventos de capital originadas en transacciones sobre de instrumentos custodiados. Por lo tanto, en razón de lo expuesto, a juicio de este Consejo, respecto de las AFP que se opusieron a la entrega de la información requerida, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

9) Que, con todo, respecto de la AFP Capital S.A., aun cuando no evacuó descargos en esta sede, y en consecuencia no se opusieron expresamente a la divulgación de la información objeto del amparo, atendida la naturaleza de esta última y la especial implicancia que su divulgación significaría para los afiliados de dicha AFP, en el entendido que una eventual afectación de sus derechos comerciales o económicos redunda en un daño probable y con suficiente especificidad respecto de los derechos de las personas que confían su cuenta de capitalización individual -y de esta forma, su futura pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia- a dicha administradora; excepcionalmente este Consejo, reservará también respecto de aquella la información solicitada. Lo anterior, atendida la facultad que la Ley de Transparencia otorga en su artículo 33, letra j).

10) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Tamara Soza en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse respecto de los terceros a quienes se refiere la información, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo doña Tamara Soza, al Sr. Superintendente de Pensiones, y a AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Planvital S.A., AFP Hábitat S.A., AFP Provida S.A., y AFP Modelo S.A., estas últimas en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.