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Rodrigo Vargas Briones con MUNICIPALIDAD DE PICA Rol: C2386-17

Consejo para la Transparencia, 31/10/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Pica, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a : a) Registro de las cámaras de seguridad de la Escuela San Andrés de Pica, en los días 13 y 14 de mayo, considerando las grabaciones completas (24 horas de cada día); b) Copia del libro de las Novedades de Guardias a cargo de la Escuela en dichos días; c) Informe de la Directora de dicho establecimiento educacional en donde señale los hechos ocurridos respecto de la persona que indica. El Consejo rechaza el amparo, por aplicación de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2386-17

Entidad pública: Municipalidad de Pica

Requirente: Rodrigo Vargas Briones

Ingreso Consejo: 10.07.2017

En sesión ordinaria N° 841 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2386-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de mayo de 2017, don Rodrigo Vargas Briones solicitó a la Municipalidad de Pica Solicitó la siguiente información:

a) Registro de las cámaras de seguridad de la Escuela San Andrés de Pica, en los días 13 y 14 de mayo, considerando las grabaciones completas (24 horas de cada día);

b) Copia del libro de las Novedades de Guardias a cargo de la Escuela en dichos días;

c) Informe de la Directora de dicho establecimiento educacional en donde señale los hechos ocurridos respecto de la persona que indica.

2) RESPUESTA: El 14 de junio de 2017, la Municipalidad de Pica respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 612, denegando la entrega de la información solicitada en virtud de lo siguiente:

a) Respecto de la información solicitada en los literales b) y c) invoca el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia atendido que al llevarse a cabo una indagación respecto a estos hechos, no se puede hacer entrega de documentos que son objeto de investigación, hasta que esta finalice.

b) En cuanto al literal a) deniega debido a que dicha grabación fue llevada a cabo dentro de un recinto privado y su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad o la esfera de la vida privada de los involucrados.

3) AMPARO: El 10 de julio de 2017, don Rodrigo Vargas Briones dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pica, mediante Oficio N° E2126 de 26 de julio de 2017. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 106/812 de 7 de agosto de 2017, señalando, en síntesis que:

a) A raíz de los hechos denunciados que indica, ordenó una investigación sumaria que, con fecha 20 de julio de 2017 se elevó a un sumario administrativo. Paralelamente el municipio envío informe y antecedentes de lo ocurrido al señor jefe Carabineros de la Primera Región de Tarapacá, a fin de que dicha institución investigue también, los hechos denunciados.

b) Respecto de los literales b) y c) invoca la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de Transparencia y agrega que debe también tenerse en cuenta que frente a los hechos denunciados se instruyó primero una investigación y luego un sumario administrativo. Así las cosas no puede el Municipio entregar la información solicitada, toda vez que es parte de un sumario administrativo. Cita lo dispuesto en el artículo 135 de la ley N° 18.883 y la jurisprudencia administrativa que indica concluyendo que el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en que dejará de serlo para el inculpado y el abogado que asuma su defensa. Por ende, en el lapso que media entre la formulación de cargos y la fecha en que el proceso queda concluido, éste puede ser conocido sólo por las personas indicadas.

c) Finalmente, aduce que en la especie ha denegado la entrega de información solicitada toda vez que tiene el carácter de secreta mientras se desarrolle el sumario administrativo en cuestión.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto de la información solicitada en el literal a) -registro de las cámaras de seguridad- cabe tener presente lo razonado en las decisiones roles C2493-15, C1505-17 y C1588-17 en las que concluyó que dicha información es reservada en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al efecto, este Consejo concluyó que "divulgar la información solicitada vulneraría no sólo la vida privada de las personas captadas en los registros visuales en poder de la reclamada, sin mediar su autorización, ni orden judicial, en infracción de los cuerpos normativos precedentemente citados, sino también, conllevaría una transgresión del deber de resguardo que nuestra legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas." En dicho contexto, y en virtud de la atribución conferida por el artículo 33, letra m), de la Ley de Trasparencia, el cual dispone que a este Consejo le corresponderá "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado", rechazará el presente amparo respecto del anotado literal, por cuanto los antecedentes consultados son datos personales e, incluso, sensibles de personas que se encuentran protegidas tanto por nuestra Constitución Política de la República como por la Ley de Protección de Datos, cuya divulgación puede afectar sus derechos fundamentales a la intimidad, la privacidad y a la propia imagen. Lo anterior, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista, tanto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución, como en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

2) Que, en cuanto a la información solicitada en los literales b) y c), según lo expuesto por la reclamada éstos forman parte de un sumario administrativo que aún no se encuentra afinado. Sobre el particular cabe tener presente que, a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, que establece el Estatuto Administrativo -establecida en los mismos términos que el artículo 135 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

3) Que, de acuerdo a los antecedentes aportados por la entidad edilicia reclamada, el sumario administrativo en que inciden los documentos solicitados se encuentra actualmente en tramitación y, por tanto, subsiste el secreto del expediente sumarial. En dicho contexto, y atendido el estado procesal en que se encuentra el procedimiento disciplinario del que forman parte los documentos requeridos procede rechazar igualmente el presente amparo en virtud de la regla de secreto contenida en el inciso segundo del artículo 135 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

4) Que, sin perjuicio de lo anterior y atendido que el sumario administrativo será público una vez que éste se encuentre afinado, y en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará a la entidad edilicia reclamada, que una vez que dicho expediente sumarial se encuentre afinado, proporcione al solicitante copia de los documentos requeridos en los literales b) y c) previo pago de los costos directos de reproducción. Se debe hacer presente que, de contenerse en tales antecedentes datos personales de contexto, tales como nombre, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Vargas Briones, en contra de la Municipalidad de Pica, por aplicación de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pica que, una vez que el expediente sumarial en que encuentran contenidos los documentos solicitados en los literales b) y c) se encuentre afinado, haga entrega de los referidos documentos al solicitante, debiendo, en todo caso, tarjar los datos personales de contexto que ahí se contengan, conforme a lo señalado en el considerando 4° de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Vargas Briones y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.