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Rosmarie Heise Romagnoli con INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) Rol: C2430-17

Consejo para la Transparencia, 07/11/2017

Se dedujo amparo en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la región perteneciente a cada observación". La solicitante hace presente que la base disponible en la página del INE sólo tiene la variable "Zona" que identifica si es de la Región Metropolitana o de otra región. Finalmente indica que solicita la información idealmente en formato STATA o en su defecto en formato SPSS. El Consejo acoge el amparo, al no configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia y artículo 21 N° 5 de la citada Ley, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 17.374..


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2430-17

Entidad pública: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Requirente: Rosmarie Heise Romagnoli

Ingreso Consejo: 11.07.2017

En sesión ordinaria N° 844 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2430-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de mayo de 2017, doña Rosmarie Heise Romagnoli solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "la VII Encuesta de Presupuesto Familiar, con la información de la región perteneciente a cada observación".

La solicitante hace presente que la base disponible en la página del INE sólo tiene la variable "Zona" que identifica si es de la Región Metropolitana o de otra región. Finalmente indica que solicita la información idealmente en formato STATA o en su defecto en formato SPSS.

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 1.272, de 21 de junio de 2017, el INE dio respuesta al requerimiento, adjuntando copia de Ord. Int. N° 260, de 13 de junio de 2017, por el que se deniega la entrega de la información, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) No es posible entregar la información de la encuesta a nivel regional, ya que si bien la encuesta utiliza información más desagregada a nivel geográfico (manzana, comuna, región), como insumo para la elaboración de estadísticas oficiales, los estimadores generados utilizando dicha información no son estadísticamente significativos a estos niveles, requisito esencial para otorgarle el carácter de información oficial.

b) Por lo anterior, la variable región de la encuesta no posee representatividad estadística, con lo cual no es considerada como una estadística oficial y no es publicada ni puesta a disposición de los usuarios. Ahora bien, considerando la muestra de la encuesta, la entrega de dicha información también podría poner en peligro la identificación de personas participantes en el estudio.

c) A continuación el INE incorpora un "test de daño asociado a la entrega de la variable región". Dada la reducida muestra de la encuesta a nivel regional, no es posible atender este requerimiento, ya que se podría afectar el secreto estadístico, lo que podría implicar el riesgo de infracción a los principios constitucionales de legalidad y competencia, en tanto excedería el marco de ejercicio de las funciones públicas que han sido encomendadas al INE.

d) La entrega de la variable región, generaría un riesgo de identificación de los informantes de un 32%, ya que se encuentran publicadas variables claves como el sexo, edad, estado civil, educación, actividad económica, que permitirían identificar a las personas que respondieron la encuesta. Para graficar lo anterior, adjunta un cuadro con tres casos en que existe riesgo de identificación de la persona encuestada atendida la combinación única de variables: región, sexo, estado civil, edad, nivel educacional, CIUO (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones).

e) Por último, informa que se encuentran disponibles en el sitio web oficial http://www.ine.cl/epf/, los tabulados oficiales de la encuesta (sección de principales resultados), donde se entrega información sociodemográfica de los hogares y sobre los gastos de éstos a nivel de capitales regionales para las áreas de Gran Santiago, resto de capitales regionales y nacional (Gran Santiago + Resto de Capitales Regionales).

3) AMPARO: El 11 de julio de 2017, doña Rosmarie Heise Romagnoli dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada.

La reclamante hace presente que, considerando que el tamaño muestral de la encuesta supera los 10.000 hogares y más de 30.000 personas, luego no parece fundado el riesgo de identificación de personas encuestadas alegado por el INE. Además, no sería consistente con los estándares técnicos de transparencia en la entrega de microdatos de las encuestas (ejemplo: CASEN, Encuesta de Protección Social, etc.). Por último, indica que la entrega de la variable región, es asimismo el estándar para la entrega de estas encuestas en otros países.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante Oficio N° E2108, de 25 de julio de 2017. Mediante Ord. N° 1.585, de 9 de agosto de 2017, el INE presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La VII Encuesta de Presupuestos Familiares 2011- 2012 (VII EPF), es una encuesta económica aplicada a hogares que tuvo como objetivo principal identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos en las capitales regionales y algunas de las zonas conurbadas de Chile, con un período de referencia de un año (noviembre 2011- octubre 2012). El objetivo secundario de la encuesta es identificar la estructura del ingreso total disponible de los hogares urbanos de las capitales regionales de Chile y algunas de las zonas conurbadas, con período de referencia de un año. Por tanto, la EPF entrega información oficial para el gasto y el ingreso de los hogares nacionales urbanos del total de capitales regionales del país.

b) La información obtenida en la VII EPF, corresponde al periodo comprendido entre los meses de noviembre 2011 a octubre 2012. La representatividad de la muestra permite realizar estimaciones con significancia estadística para el Gran Santiago, para el resto de las capitales regionales y para el total nacional, en términos de desagregación geográfica.

c) El diseño muestral de la VII EPF permite realizar estimaciones consistentes y estadísticamente significativas sobre un promedio mensual con referencia a un año calendario (los datos se presentan al 30 de abril de 2012 dando cuenta del levantamiento realizado entre noviembre de 2011 y octubre de 2012) y en términos geográficos para: 1) las áreas de estimación del Gran Santiago, 2) Resto de Capitales Regionales y 3) Nacional Urbano de Capitales Regionales.

d) Si bien el levantamiento de la encuesta se realiza a un nivel más desagregado en términos geográficos (manzana, comuna, región) y se dice que la muestra tiene presencia a nivel de comuna y región en áreas urbanas, los datos recabados por la encuesta no permiten realizar estimaciones a ese nivel ya que no cuentan con significancia estadística.

e) Invoca la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Hace presente que el INE debe ceñir su actuar a los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Asimismo, sus competencias están definidas en la ley N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de Estadísticas. Conforme dicha norma, le corresponde al INE "a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales (...); y, l) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan "Fuente de Información Estadística" (artículo 2° de la ley N° 17.374). Asimismo, dicha Ley consagra el denominado "Secreto Estadístico", por lo que se desprende de la normativa invocada que el INE estaría excediendo su ámbito de competencia legal si entregara la información requerida, ya que la información estadística requerida goza de protección por el Secreto Estadístico.

f) Por lo anterior, el INE solamente está mandatado por la ley para entregar y dar a conocer estadísticas y datos oficiales, que no vulneren el Secreto Estadístico; luego, si se impone al INE la obligación de entregar la información de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares a nivel regional, se le pone en situación de abierto incumplimiento de su deber de reserva consagrado en la normativa orgánica que lo regula.

g) La entrega de lo requerido facilitaría la identificación de alguno de los informantes e implicaría la divulgación de datos proporcionados por ellos, situación que representa un riesgo de daño en su esfera patrimonial y moral, ya que implicaría la posibilidad cierta de divulgar hechos relativos a una persona o entidad determinada. En este sentido, nadie podría discutir siquiera, que el conocimiento de terceros ajenos al informante de los orígenes de la información, representa una exposición no deseada.

h) En el ámbito constitucional, se vulnerarían los principios de legalidad y competencia, previstos en los artículos 6° y 7° de la Constitución; así como garantías fundamentales previstas en el artículo 19 de la misma, especialmente la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada, la libertad económica, la no discriminación arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad. En definitiva, implicaría vulnerar las bases de la institucionalidad, el principio de promoción del bien común y de servicio del Estado a la persona. Hace presente que la vulneración de estas garantías abre un riesgo de judicialización por eventuales reclamaciones de los informantes que estimaren vulnerados sus derechos constitucionales, a través de las acciones constitucionales previstas al efecto.

i) En el ámbito legal, se vulnera el secreto estadístico, y consecuentemente con ello se incurre por parte de los funcionarios que concreten los actos destinados a la entrega de información, en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 247 del Código Penal. Además, se vulneran las normas que regulan el actuar de la Administración en el ejercicio de la función pública (Ley N° 18.575), tales como los principios de legalidad, competencia y -muy especialmente- abre un espectro de riesgo asociado al principio de responsabilidad establecido en el artículo 4° de la citada Ley.

j) Ante la posibilidad de daños causados a un informante, se plantea el riesgo de la alegación de responsabilidad extracontractual del Estado; conllevando condenas indemnizatorias que, revestirían un desmedro en el patrimonio público; o como ya ha ocurrido, la negativa de los informantes a entregar la información requerida, aun a sabiendas de que con ello se incumple una obligación legal de suministrar la información requerida por el INE.

k) Se debe destacar la potencialidad de daño a nivel del Sistema Estadístico Nacional y la comunidad estadística internacional. En efecto, los informantes del INE entregan información sensible, con la certeza de que el Servicio la resguardará y la utilizará solamente con fines estadísticos. La violación de esa confianza, llevaría a un escenario donde las personas y empresas se negarían a entregar información para prevenir el riesgo de que sea filtrada al público. Una situación como la descrita, dañaría no solo los principios de certeza jurídica y la fe pública comprometida en cada acto de entrega de insumos para la actividad estadística, sino que debilitaría la imagen país en el contexto internacional y muy especialmente frente a la comunidad estadística internacional.

l) El INE ha sido objeto de negativas y cuestionamientos a la entrega de información por parte de sus informantes, aduciendo que, en presencia de la ley N° 20.285 y de los pronunciamientos emanados desde el propio Consejo para la Transparencia, así como de los tribunales de justicia, la reserva legal que constituye el secreto estadístico, se ha visto debilitada. En este sentido, expone el caso de la empresa informante "ADT A TYCO BUSSINESS", en el marco de la "Encuesta Estructural de Servicio de Monitoreo de Alarmas", año 2015, referido a información estratégica y comercialmente sensible de la empresa.

ll) Al ejercer esta función pública el INE realiza tratamiento de datos referidos a los informantes, encontrándose obligado adicionalmente a cumplir el secreto estadístico; esto es, a la no divulgación (estricto mantenimiento de esta reserva) de los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades en la recopilación de dicha información.

m) El INE ha debido necesariamente incorporar procedimientos para resguardar el Secreto Estadístico, a fin de que la información tenga -en definitiva- las características de ser innominada, indeterminada e indeterminable; condiciones imprescindibles para la adecuada cautela de la información estadística y de los derechos de las personas asociadas a ésta.

n) De acceder a la entrega de la variable región respecto de la encuesta materia de análisis, se permitiría la identificación de los informantes, vulnerándose así la indeterminabilidad exigida para dar cumplimiento a la normativa sobre secreto estadístico y, por tanto, implica un riesgo real para el informante cuyos datos serán relevados en la medida que dejará su perfil y antecedentes expuestos y que como contrapartida -asumiendo que la norma legal sobre secreto estadístico se ha visto relativizada en los últimos años por las razones señaladas- no entregará información al INE afectando así la eficacia de sistema estadístico y de las normas que lo regulan; a través de la vía administrativa (CPLT) o judicial, según la instancia que conozca. Es decir, se vulnera el artículo 29 de la ley N° 17.374.

ñ) Causal de reserva prescrita en el Artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374: Indica que si bien la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas no tiene el rango de orgánica constitucional ni de quórum calificado como lo dispone el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República; es la misma carta fundamental, la que le otorga ese carácter, conforme su disposición cuarta transitoria.

o) En relación a lo expuesto y a las normas citadas, se concluye que el INE se encuentra obligado a respetar las normas establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia del Secreto Estadístico, consagrado en los artículos 29° y 30° de la citada norma.

p) Adicionalmente, el INE está sujeto en su actuar a los principios fundamentales de las Estadísticas Oficiales, los cuales son aplicados en Chile en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2°, de la Constitución, que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. En la especie, el Principio 6 que prescribe: "Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos".

q) La función pública que corresponde al INE debe ejercerse con estricta sujeción a las normas y principios que las regulan, por lo que cualquier acción ejecutada fuera de dicho ámbito, vulneraría los principios de legalidad y competencia (artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental). Asimismo, debe sujetarse en el orden legal a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.575.

r) El INE no divulga información que posea una característica relevante y la no existencia de valores atípicos o atípicos extremos fácilmente identificables dentro de ese grupo de informantes. Por lo anterior, no se puede entregar la información de la Encuesta de Presupuestos Familiares solicitada, a nivel regional ya que, sin considerar que esté innominada e indeterminada, facilitaría la identificación de alguno de los Informantes, vulnerado en consecuencia las normas sobre Secreto Estadístico, encontrándose por ende cubierta por la causal de secreto o reserva de conformidad a la Ley de Transparencia.

s) Si bien las estadísticas y todo el operativo para la realización de encuestas suponen un gasto de recursos públicos, la información así obtenida no sigue esa misma suerte, por tratarse de datos personales de los informantes, los que no por el hecho de ser recogidos por un organismo público van a adquirir ese carácter. Esos datos han sido entregados al INE bajo una oferta de confidencialidad, esto es, que no serán revelados bajo ningún supuesto, pues el secreto estadístico reglado en la Ley, no establece excepciones a su apertura.

t) Finalmente, hace presente, en este contexto, que este Consejo también tiene obligaciones que cumplir al respecto cuando en su propia ley orgánica se lo insta, en el artículo 33, letra j), a velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan el carácter secreto o reservado, como es el caso que se ventila, y en su letra m), cuando se le obliga a velar por el adecuado cumplimiento de la ley N°19.628 de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo requerido corresponde a la base de datos de la VII Encuesta de Presupuesto Familiar, aplicada en 2011 - 2012, incluyendo la variable región. Al efecto, tratándose de un conjunto de datos organizados sobre la base de una encuesta aplicada por el INE, la información solicitada obra en poder del Servicio y ha sido elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.

2) Que, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), realizada por el INE, tiene por objetivo identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos en las capitales regionales de Chile y algunas de sus zonas conurbadas, con un período de referencia de un año, constituyéndose este estudio en una pieza fundamental para la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

3) Que, la reclamada denegó la entrega de la información solicitada, específicamente, la variable "región" respecto de la base de datos requerida, por aplicación de las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, así como aquella consagrada en el artículo 21 N° 1 de la citada Ley. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis de las causales de reserva invocadas por INE, según se expondrá a continuación.

4) Que, el órgano reclamado ha invocado la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, por configurarse respecto de la información requerida el denominado "secreto estadístico". En específico, el artículo 29 de la ley N° 17.374 establece que "el Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el "Secreto Estadístico". Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal".

5) Que, según dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución establece que "(...) sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes (...) aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales".

6) Que, sobre el particular, este Consejo, a partir de las decisiones de amparo roles A45-09, C1818-12 y C2283-13, ha establecido que el artículo 29 de la ley N° 17.374 posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con el secreto estadístico. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 29 de la ley N° 17.374, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo «afectare» que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información «se relacione» con el bien jurídico protegido o que le resulte «atingente» para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación.

8) Que, en tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

9) Que, atendido que el legislador ha definido de modo genérico el concepto de "secreto estadístico", luego ha sido el INE el organismo que ha construido los criterios y definiciones técnicas para su aplicación práctica. De esta forma se ha determinado que la información que el órgano entregue dentro de este contexto debe cumplir con dos criterios esenciales, a saber: ser innominada e indeterminada. El primer criterio corresponde a no hacer alusión directa a las personas que entregaron la información, sea entregando su nombre u otro dato directo que permita identificar el origen de los datos. El segundo criterio requiere que además de lo anterior, no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos.

10) Que, la reclamada ha indicado que de revelarse la variable "región" en la base de datos alusiva a la Encuesta de Presupuesto Familiar, permitirá la identificación de los informantes (encuestados), vulnerándose el criterio referido a que la información que entregue el órgano sea indeterminable. Lo anterior, atendido el eventual cruce de datos y combinaciones únicas que es posible observar en determinados informantes, considerando variables asociadas a la región: sexo, estado civil, edad, nivel educacional, y CIUO (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones).

11) Que, teniendo presente los criterios sobre secreto estadístico fijados por el INE, a la luz de la norma contenida en el artículo 29 de la ley N° 17.374, y considerando especialmente que aquello que la norma prohíbe divulgar son "(...) los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades (...)", a juicio de esta Corporación, de revelarse la variable geográfica referida a la "región", no se permite identificar con absoluta certeza ni precisión, sea por sí mismo (de modo directo) o asociado con otro conjunto de datos y/o variables (de modo indirecto), a las personas naturales a las que se aplicó la Encuesta, en los términos alegados por el órgano . Al efecto, resulta relevante indicar que -en concreto- y según informa el INE en el sitio oficial de la encuesta http://www.ine.cl/epf, respecto de las zonas a las que se aplicó la encuesta, el órgano distingue entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones, levantando información respecto de 14.952 casos (Región Metropolitana) y para el resto de las regiones, un total de 20.717. De esta forma, en atención al universo de población sobre la cual se realizó el levantamiento de los datos, no se estiman plausibles las alegaciones de la reclamada, relativas al hecho que, de revelarse la variable "región" en esta Encuesta, luego aumente de modo cierto el riesgo de identificación de las personas respecto de las cuales se aplicó la encuesta.

12) Que, adicionalmente se advierte que los datos recogidos se circunscriben al período 2011-2012, por lo que representan la realidad de las personas encuestadas en la región en ese determinado momento y, por lo tanto, en la actualidad, existe una multiplicidad de factores que harían esta potencial asociación de datos y riesgo de identificación mayormente inviable (por ejemplo: traslado del lugar de residencia de los encuestados, muerte de algunos, entre otros).

13) Que, por lo anteriormente razonado y habiéndose constatado que la entrega de la variable "región", asociada a los datos publicados de la VII Encuesta de Presupuesto Familiar, no presenta un riesgo cierto ni específico de identificación de las personas encuestadas, y por tanto, que no se produce la afectación al bien jurídico protegido por la reclamada, en los términos expuestos por el Servicio, se desestimará la causal de reserva alegada por el INE.

14) Que, finalmente, respecto de la alegación del órgano relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, al evacuar sus descargos el INE ha indicado que las funciones específicas que se deben ponderar y que configurarían la referida causal, y que se verían afectadas por la entrega de la información corresponden a las siguiente: a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales"; y, "l) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan fuente de información estadística" (artículo 2° de la ley N° 17.374). Al efecto, el órgano ha indicado que, de acuerdo a su normativa orgánica, con la entrega de la información requerida, INE estaría excediendo su ámbito de competencia legal, ya que la información estadística requerida goza de protección por el secreto estadístico. Al efecto, revisadas dichas funciones, ponderadas a la luz de la norma que establece el secreto estadístico, y teniendo presente lo razonado en este acuerdo sobre la materia, a juicio de este Consejo, no se ha acreditado en términos específicos y concretos la afectación de las referidas funciones del INE, ni se ha logrado vincular la afectación descrita con los bienes jurídicos que pretende proteger la reclamada a través de sus descargos. Por lo anteriormente expuesto, se deberá desestimar asimismo la causal de reserva genérica prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

15) Que, por lo anteriormente razonado, no configurándose en la especie las causales de reserva alegadas por la reclamada, se acogerá el presente amparo y se requerirá al INE entregar a la solicitante la base de datos de la VII Encuesta de Presupuesto Familiar 2011-2012, en el formato requerido (STATA o SPSS), incluyendo la variable región. Con todo, se hace presente que, al momento de hacer entrega de la información, el INE deberá advertir a la requirente sobre la falta de validez estadística de aquélla, en atención a que la muestra no es representativa estadísticamente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Rosmarie Heise Romagnoli, de 11 de julio de 2017, en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al no configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia y artículo 21 N° 5 de la citada Ley, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 17.374.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas:

a) Hacer entrega a la reclamante de la base de datos de la VII Encuesta de Presupuesto Familiar 2011-2012, en el formato requerido (STATA o SPSS), incluyendo la variable región, debiendo advertir a la requirente sobre la falta de validez estadística de aquélla, en atención a que la muestra no es representativa estadísticamente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Rosmarie Heise Romagnoli y a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.