logo
 

Jorge Rodillo con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C2549-17

Consejo para la Transparencia, 17/11/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Salud, fundado en la respuesta negativa a un requerimiento referente a "el detalle del monto de las obligaciones que Isapre Más Vida S.A. mantenía con prestadores y que la Superintendencia de Salud consideró para calcular el monto de la garantía que Isapre Más Vida S.A. debía mantener conforme al artículo 181 del DFL N°1 del Ministerio de Salud de 2005. Se solicita que se informe, a lo menos: a) la identificación de cada prestador; b) el monto de la acreencia de cada uno de ellos; y, c) la indicación de la parte de la acreencia que correspondía a prestaciones GES. La información solicitada deberá abarcar todos los cálculos de la garantía entre el 1° de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de la identificación de cada prestador de salud, por configurarse al respecto la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2549-17

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Jorge Rodillo

Ingreso Consejo: 19.07.2017

En sesión ordinaria N° 848 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2549-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 14 de junio de 2017, don Jorge Rodillo solicitó a la Superintendencia de Salud "el detalle del monto de las obligaciones que Isapre Más Vida S.A. mantenía con prestadores y que la Superintendencia de Salud consideró para calcular el monto de la garantía que Isapre Más Vida S.A. debía mantener conforme al artículo 181 del DFL N°1 del Ministerio de Salud de 2005. Se solicita que se informe, a lo menos: a) la identificación de cada prestador; b) el monto de la acreencia de cada uno de ellos; y, c) la indicación de la parte de la acreencia que correspondía a prestaciones GES. La información solicitada deberá abarcar todos los cálculos de la garantía entre el 1° de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017".

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante ORD. SS/ N° 966, de 19 de junio de 2017, la Superintendencia comunicó esta solicitud a la Isapre MásVida S.A., en su calidad de tercero cuyos derechos pudieren verse afectados por la entrega de la información.

Por carta de 20 de junio de 2017, la referida Isapre se opuso a la entrega de la información, por afectación a sus derechos comerciales y/o económicos (artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia). Lo anterior, por cuanto esa compañía está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que no realiza oferta pública de acciones en el mercado de valores, y no tiene obligación de proporcionar información a terceros ni hacerla pública, salvo a los organismos reguladores y fiscalizadores, para uso exclusivo de dicha información por parte de estos. Por lo anterior, al tratarse de una institución de derecho privado, donde terceros -salvo las excepciones mencionadas- no tienen libre acceso público a su información, se debe conservar su carácter privado.

3) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta SS/N° 1.235, de 05 de julio de 2017, la Superintendencia declaró que, ante la oposición formulada por el tercero a la entrega de la información, quedó impedida de proporcionar la información solicitada.

4) AMPARO: El 19 de julio de 2017, don Jorge Rodillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su requerimiento.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio N° E2249, de 1° de agosto de 2017. Mediante ORD. SS/ N° 1.346, de 16 de agosto de 2017, la Superintendencia presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Según el artículo 110 N°3 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, corresponde a la Superintendencia fiscalizar a las Isapres en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud, impartiendo al efecto las instrucciones que regulen la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros, agregando su numeral 17 que, para el cumplimiento de sus funciones, podrá inspeccionar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las instituciones fiscalizadas y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información, pudiendo pedir la ejecución y la presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime conveniente. Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento o libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado.

b) En razón de ello, esta información obra en poder de la Superintendencia en razón de las funciones que la ley le ha atribuido, particularmente, la fiscalización de las Isapres. Si bien inicialmente esta información tendría un carácter público en virtud de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.285, su divulgación pudiera, eventualmente, afectar derechos comerciales, económicos o de otra índole, de la Isapre consultada, por lo que se aplicó lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

c) La oposición del tercero a la entrega de información impide a un órgano de la Administración del Estado proporcionar los antecedentes requeridos, dado el carácter imperativo de la norma, y la imposibilidad de analizar la pertinencia o calidad de la fundamentación de la negativa, correspondiéndole de esta manera sólo al Consejo de la Transparencia pronunciarse sobre la plausibilidad de los argumentos formulados por éstos y si, finalmente, se configura respecto de aquella alguna causal de excepción de las contempladas en la Ley de Transparencia, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el inciso tercero del artículo 20 de la ley N°20.285.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del presente amparo a Isapre MásVida S.A., en su calidad de tercero a quien podría afectar la publicidad de la información solicitada, lo que se materializó a través de Oficio N° 6.538, de 16 de agosto de 2017, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistiría y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante carta de 17 de agosto de 2017, ingresada al Consejo con fecha 22 de agosto de 2017, la Isapre indicada presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su escrito de oposición, y agregando, en síntesis, que develar la identificación y monto de la garantía destinado al pago de determinados prestadores, los expone a que terceros tomen conocimiento de materias comerciales en virtud de acuerdos suscritos entre Isapre Másvida y dichos prestadores.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto previo, se debe indicar que la materia requerida se encuentra referida a determinadas obligaciones de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) para con los prestadores de salud, cuestión que encuentra alcance normativo, al menos, en las siguientes disposiciones:

a) El artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud.

b) El decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud, (2005), que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece en su artículo 171, inciso 1°, que las Isapres financiarán las prestaciones y beneficios de salud, con cargo al aporte de la cotización legal para salud o una superior convenida, a las personas que indica el artículo 135 de esta Ley.

c) A su turno, el artículo 110 del citado D.F.L. N° 1, de 2005, prescribe en su numeral 3° que corresponderá a la Superintendencia de Salud, en general, fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud. La Superintendencia impartirá instrucciones que regulen la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros. El numeral 5°, dispone que el órgano deberá exigir que las instituciones den cumplimiento a la constitución y mantención de la garantía y patrimonio mínimo exigidos por la ley, situación que vuelve a reiterar el artículo 182 del mismo cuerpo normativo.

d) Que, según lo prescrito en el artículo 181 del citado D.F.L. N° 1, de 2005, "Las Instituciones mantendrán, en alguna entidad autorizada por ley para realizar el depósito y custodia de valores, que al efecto determine la Superintendencia, una garantía equivalente al monto de las obligaciones que se señalan a continuación: 2.- Respecto de los prestadores de salud, la garantía deberá considerar las obligaciones derivadas de prestaciones de salud otorgadas a los cotizantes y beneficiarios de la Institución" (énfasis agregado).

2) Que, en el contexto del marco normativo descrito, las Isapres tienen por objeto principal el financiamiento de las prestaciones y los beneficios de salud, respecto de aquellas personas que se encuentran afiliadas al sistema, cumpliendo un rol de protección social consagrado, constitucionalmente, como un derecho fundamental. En atención a ello, el legislador regula específicamente este tipo de actividades, estableciendo la obligación para las Isapres de mantener un patrimonio mínimo (fijado por ley) y determinadas garantías (equivalentes a ciertas obligaciones de la entidad para con los cotizantes y beneficiarios, por una parte, y para con los prestadores de salud, por la otra), para asegurar su continuidad y funcionamiento y, de esta forma, asegurar el acceso de las personas a las distintas prestaciones médicas. Con el objeto de velar porque las

instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las

rigen, la ley otorga determinadas facultades a la Superintendencia, debiendo fiscalizar a las Isapres en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud. En particular, y según se ha expuesto, ésta debe exigir que las Instituciones

den cumplimiento a la constitución y mantención de la garantía y patrimonio

mínimo exigidos por la ley (artículo 110 N° 5 del D.F.L. N° 1, de 2005). Para lo anterior, según lo expuesto por la reclamada, podrá inspeccionar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las instituciones fiscalizadas y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información, pudiendo pedir la ejecución y la presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime conveniente. Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento o libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado (artículo 110 N° 17 del D.F.L. N° 1, de 2005).

3) Que, resulta pertinente indicar que, según lo expuesto por el Servicio requerido, la información solicitada obra en su poder para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.

4) Que, establecido lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega del monto de las obligaciones que la Isapre consultada mantenía con prestadores de salud, y que la Superintendencia consideró para calcular el monto de la garantía que la Institución debía mantener conforme al artículo 181 del citado DFL N° 1, de 2005. Lo anterior, especificando los prestadores de salud, el monto de acreencia respecto de cada uno de ellos; y, la indicación de la parte de la acreencia que correspondía a prestaciones GES. La solicitud comprende el período entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017. Al efecto, la Isapre cuya información fue requerida, se opuso a su entrega, alegando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de sus derechos comerciales o económicos, por lo que corresponde a este Consejo el análisis y ponderación de la causal en comento, según se expondrá a continuación.

5) Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en cuanto a los requisitos anotados en las letras a) y b) cabe hacer presente que, basada en los estados financieros de las Isapres, la Superintendencia de Salud elabora un set de estadísticas financieras que se publican trimestralmente en su página web, con información específica respecto a cada una de las isapres. Al efecto, cabe advertir que, revisada las estadísticas financieras a junio de 2017, no se incluye información de Isapre Másvida, por encontrarse bajo un régimen especial de supervigilancia y control. Adicionalmente, el órgano advierte que "desde el 28 de febrero del presente año, esta Isapre no ha dado cumplimiento al envío de los Estados Financieros corregidos y auditados correspondientes al ejercicio 2016" . Sin perjuicio de lo anterior, y revisadas por este Consejo las estadísticas financieras a septiembre de 2016 , en las que se incluye información financiera de la Isapre Másvida (y que comprende parte del período requerido en la solicitud de información) se advierten una serie de antecedentes publicados: a) Estado de Situación Financiera Clasificado; b) Estado de resultados por función de las isapres por rubros; c) Estado de flujos de efectivos directo de las isapres por rubros; d) Estado de situación financiera clasificados de las isapres, abiertas y cerradas, por cuentas; e)Estado de resultados por función de las isapres, abiertas y cerradas, por cuentas; y, f) Apertura de cuentas de resultados de las isapres abiertas y cerradas. En particular, y a modo meramente ilustrativo, al revisar el Estado de Situación Financiera Clasificado de las Isapres abiertas al 30 de septiembre de 2016, expresado en miles de pesos, en la columna referida a "Cuentas de Pasivo y Patrimonio", se publica la siguiente información respecto de cada Isapre (incluida Másvida): Pasivos corrientes: Otros pasivos financieros, cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a entidades relacionadas, otras provisiones, pasivos por impuestos, provisiones por beneficios a los empleados, otros pasivos no financieros; y, pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. Por su parte, respecto de pasivos no corrientes: Otros pasivos financieros; otras cuentas por pagar; cuentas por pagar a entidades relacionadas; Otras provisiones; pasivo por impuestos diferidos; provisiones por beneficios a los empleados; y, otros pasivos no financieros.

7) Que, de la revisión de la información requerida, al menos hasta el período en que se encuentra publicada información financiera respecto de la Isapre Másvida, esta Corporación estima que lo requerido no corresponde a información secreta en términos absolutos, ya que aun cuando se encuentre expresada en cifras totales, se encuentra a disposición del público en general, de las isapres y de los propios prestadores de salud, un desglose de los diversos ítems que componen el pasivo de la Isapre, dentro del que debe incorporarse el monto de las obligaciones derivadas de prestaciones de salud otorgadas a los cotizantes y beneficiarios de la Institución. De lo anterior se concluye entonces que dicha información, de público conocimiento, es generalmente conocida (al menos en cifras globales) y por tanto, puede ser conocida por las personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. En este mismo sentido, la información relativa a los pasivos de las Isapres, es entregada por las instituciones y recabada por la Superintendencia, fundamentalmente, para ejercer sus potestades fiscalizadoras, en particular, para efectos de determinar si las isapres cumplen o no con los requisitos financieros mínimos para operar. Por lo anterior, tampoco se cumple con el requisito de que la información sea objeto -en términos absolutos- de razonables esfuerzos para mantener dicho secreto. A su turno, y en lo relativo al eventual valor comercial de la información requerida, de la revisión de los antecedentes, el marco normativo expuesto, y las alegaciones del tercero involucrado, a juicio de esta Corporación no se advierte que la publicidad de los montos por obligaciones con prestadores de salud en un período determinado (que debe formar parte del pasivo de la entidad consultada) pueda tener un impacto en las actividades comerciales de la Institución objeto del requerimiento. En este sentido, se advierte que no se trata de información estratégica comercial o financiera de la isapre y tampoco comprende un detalle pormenorizado de materias comerciales específicas que fluyan de los acuerdos suscritos entre Isapre MásVida y determinados prestadores de salud, sino que se trata más bien de una especificación de parte de su pasivo informado, en lo relativo a los montos globales de obligaciones que la Isapre mantenía para con prestadores de salud entre mayo de 2016 y abril de 2017. En último término, la información requerida no permite que las demás Isapres del mercado cuenten con una ventaja competitiva indebida, ya que no es posible, a partir de esa información, replicar el negocio de la Isapre consultada, su plan de negocios o su "know how" en el mercado de prestaciones de salud privada.

8) Que, respecto a información sobre estados financieros de las Isapres -cuestión que abarca la situación de sus pasivos- resulta pertinente reiterar lo razonado por esta Corporación, con ocasión de la decisión de amparo Rol C2461-16, a propósito de una solicitud referida a los estados financieros auditados del 2015 y los estados financieros del primer semestre de 2016, con notas, de determinadas Isapres. Sobre el particular se indicó "8) (...) la divulgación de lo solicitado, permite también ejercer un control sobre el modo en que la entidad reclamada, esto es, la Superintendencia de Salud, ha ejercido sus facultades fiscalizadoras. En efecto, la denegación de hacer entrega de lo requerido en el numeral 1°, de lo expositivo, no haría otra cosa que inhibir o coartar a la sociedad de su derecho a determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales del órgano reclamado. En tal sentido, la Exma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 10.474-2013, en su considerando 6°, (criterio reiterado en la sentencia de la mima Corte, en causa Rol N° 6663-2012), ha señalado que "el ciudadano, (...) tiene el derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que dicho órgano público cumple sus funciones. Efectivamente, la información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer cómo cumple la Superintendencia su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados (...) el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando quinto precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática // 9) Que, asimismo, se debe tener presente que las isapres son empresas supervisadas que intervienen en un mercado altamente regulado, las que deben permanentemente entregar información al público y a los entes fiscalizadores, no apreciándose que la información requerida, deba quedar al margen de tal publicidad. En este sentido, existe un relevante control social, especialmente de parte de los cerca de dos millones de cotizantes, por velar que estas instituciones, mantengan sus estados financieros en orden, pues son estas empresas las que mes a mes, reciben las cotizaciones de cada uno de los beneficiarios, producto de los descuentos realizados sobre sus remuneraciones, en algunos casos bajo modalidades o sistemas que implican un aporte superior al 7% establecido en la ley, para en definitiva obtener el financiamiento de las distintas prestaciones y beneficios de salud" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, y sobre este punto, resulta de público conocimiento la crítica situación financiera que atravesó la Isapre consultada, sometiéndose en su oportunidad a un régimen especial de supervigilancia y control por parte de la Superintendencia, cuestión que se concretó mediante la dictación de la Resolución Exenta N° IF/N° 58, de 1° de marzo de 2017, por lo que reviste interés público preponderante el conocimiento del estado de los pasivos de la entidad requerida para el período consultado por parte de la ciudadanía, en orden a observar un adecuado y eficaz control social sobre el ejercicio de las facultades de la Superintendencia respecto de los aspectos financieros de la entidad consultada.

9) Que, el criterio anteriormente expuesto fue recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 14.121-2016, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., indicando "3°) (...)En efecto, las Instituciones de Salud Previsional cumplen un rol público, de protección social, y tienen como función la materialización del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19, N°9 de la Constitución Política, en un plano análogo al de su titular originario, el Estado. En razón de la señalada función social dichas instituciones, se encuentran fuertemente reguladas y sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Salud el cual debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria exigida. En este orden de cosas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, no solo son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sino que también lo son sus fundamentos y procedimientos que se utilicen, siendo a su vez, públicos los documentos que sirvan a dichas instituciones para dictar sus actos y resoluciones, y en general, de toda información que obre en poder de los órganos de la Administración // 6°) Que, el derecho de acceso a la información, entre otras finalidades, permite el ejercicio de un control ciudadano sobre las instituciones públicas, cuestión que cobra una relevancia aún mayor respecto de las instituciones de salud previsional, en razón del rol social que cumplen en la materialización del derecho a la protección de la salud. Así, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, cualquier persona puede requerir de un órgano público, los documentos y, o antecedentes que obran en poder de éste, y acreditar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias. Una adecuada y oportuna fiscalización de la normativa por parte del regulador no sólo resulta ser un deber público para el órgano estatal, sino que es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, e incluso, para la propia Isapre, en cuanto evita, por ejemplo, que un actor que no cumpla con la normativa legal y reglamentaria, pueda competir deslealmente en el sistema" (énfasis agregado).

10) Que, sin perjuicio de lo expuesto, la individualización de cada prestador de salud, respecto de los cuales Isapre Másvida mantenía obligaciones, y que la Superintendencia de Salud consideró para calcular el monto de la garantía que establecida en el artículo 181 del DFL N°1 del Ministerio de Salud de 2005 (literal a) de la solicitud), a juicio de esta Corporación, sí podría importar afectación a los derechos comerciales o económicos de dichos terceros -personas naturales o jurídicas- en su calidad de acreedores de la citada Isapre, respecto de los cuales pudieren revelarse aspectos vinculados a su patrimonio, derivado de las relaciones comerciales que fluyen de los acuerdos privados suscritos entre la Isapre consultada y cada prestador de salud en particular, motivo por el que se estima que el presente amparo deberá ser rechazado en esta parte por configurarse al respecto la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

11) Que, por lo expuesto precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo y se requería a la Superintendencia de Salud entregar al reclamante la información relativa al monto de las obligaciones que Isapre MásVida S.A. mantenía con prestadores y que dicho Servicio consideró para calcular el monto de la garantía que la Isapre referida debía mantener conforme al artículo 181 del DFL N°1 de 2005, especificando: a) el monto total de la acreencia de los prestadores; y, b) la indicación de la parte de la acreencia que correspondía a prestaciones GES. La información deberá abarcar todos los cálculos de la garantía entre el 1° de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Rodillo, de 19 de julio de 2017, en contra de la Superintendencia de Salud; rechazándolo respecto de la identificación de cada prestador de salud, por configurarse al respecto la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud:

a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa al monto de las obligaciones que Isapre Másvida S.A. mantenía con prestadores y que dicho Servicio consideró para calcular el monto de la garantía que la referida isapre debía mantener conforme al artículo 181 del DFL N°1 de 2005, especificando: a) el monto total de la acreencia de los prestadores; y, b) la indicación de la parte de la acreencia que correspondía a prestaciones GES. La información deberá abarcar todos los cálculos de la garantía entre el 1° de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Rodillo, al Sr. Superintendente de Salud y a Isapre MásVida S.A., esta última en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.