logo
 

Rodrigo Arancibia Moreno con DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C1933-17 / C1934-17 / C1935-17 / C1936-17

Consejo para la Transparencia, 15/09/2017

Se dedujeron cuatro amparos en contra de la Dirección de Vialidad Región de Tarapacá, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de las actas de apertura de propuesta técnica, informes de evaluación técnica, actas de apertura de propuesta económica e informes de evaluación económica respecto a las licitaciones de contratos de obra que se indican. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1933-17, C1934-17, C1935-17 y C1936-17

Entidad pública: Dirección de Vialidad Región de Tarapacá

Requirente: Rodrigo Arancibia Moreno

Ingreso Consejo: 06.06.2017

En sesión ordinaria N° 833 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de septiembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1933-17, C1934-17, C1935-17 y C1936-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Que el 17 de abril de 2017, don Rodrigo Arancibia Moreno solicitó a la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá "copia de las actas de apertura de propuesta técnica, informes de evaluación técnica, actas de apertura de propuesta económica e informes de evaluación económica respecto de las siguientes licitaciones de contratos de obra:

a) Mejoramiento Ruta A-760, Sector Pampa Soronal-Cruce Ruta A-750, Km. 44,00 al Km. 54,30, Etapa IV; Región de Tarapacá;

b) Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479, Cruce A-469 (Apamilca)-Cruce A-489, Termas Berenguela, Sector Km. 0,000 al Km. 32,320, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá;

c) Conservación Camino Básico Rut A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara), Cruce A-514 (Alto Caleta Buena), Km. 20,000 al Km. 39,990, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, 2° llamado; y,

d) Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta A-625, Sector Cruce A-651 (Tambillo), Cruce A-629 (Alto (magua), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá".

2) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 581, de 12 de mayo de 2017, el órgano denegó la entrega de lo requerido, fundado en que los actos administrativos que adjudican los contratos de obra individualizados, aún no han cumplido con todas las instancias que la legislación establece para su plena eficacia, entre los cuales está la toma de razón. Por lo anterior, no se puede hacer entrega de los antecedentes requeridos sino hasta que se encuentren totalmente tramitados.

3) AMPAROS: El 6 de junio de 2017, don Rodrigo Arancibia Moreno dedujo cuatro amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a sus solicitudes de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado a la Sra. Directora Regional de Vialidad de Tarapacá, mediante Oficio N° 5.211, de 20 de junio de 2017. Mediante Ord. N° 898, de 12 de julio de 2017, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La denegación de acceso a lo requerido sólo se restringe hasta que se cumpla con todas las instancias que la legislación establece para la plena eficacia de los actos administrativos que sustentan los documentos requeridos, encontrándose a la fecha de la solicitud como de los descargos, sin adjudicar los contratos de obras mencionados.

b) La reserva se funda en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, ya que los antecedentes requeridos forman parte de un proceso de licitación que se encuentra pendiente de decisión, existiendo una causalidad clara entre los antecedentes requeridos y la adopción de una decisión sobre la base de aquellos, dependiendo la adjudicación de los contratos de obras, de la validación de la Contraloría Regional de Tarapacá, a las resoluciones sustentadas por los documentos requeridos.

c) Por su parte, los documentos requeridos contienen información estratégica, principalmente precios con incidencia en el presupuesto oficial, porcentaje de gastos generales, utilidades, detalle de las partidas involucradas, cuadro comparativo del presupuesto oficial v/s el ofertado, de cada una de las empresas oferentes, que de ser divulgada con antelación a la resolución adjudicataria, afectarían el éxito del proceso, en la eventualidad que Contraloría no tome razón del acto administrativo terminal, por lo que la causal de reserva resultaba aplicable a la fecha de la respuesta.

d) Hace presente que algunas empresas oferentes en las licitaciones de los contratos de obras, interpusieron observaciones y reclamos ante la Contraloría Regional, como también ante esa Dirección Regional, con fechas 12 de abril de 2017 y 24 de abril de 2017, teniendo directa relación la situación planteada con los antecedentes requeridos. Adjunta copia de dichas presentaciones.

e) Lo anterior ha provocado que, a la fecha, ese Servicio ha debido presentar nuevos antecedentes al ente fiscalizador para que proceda al acto de toma de razón de las resoluciones adjudicatarias, como lo indican los Ordinarios N° 775, N° 777 y N° 778, de fecha 16 de junio de 2017 y Ord. N° 851, de 5 de julio de 2017, acto que aún no se formaliza. Acompaña copia de dichos documentos.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de 14 de septiembre de 2017, esta Corporación requirió a la reclamada informar el estado en que se encuentra la solicitud de invalidación de actos administrativos, presentada con fecha 28 de abril de 2017, por la empresa Ingeniería Hight Chile S.A. Asimismo, informar si se ha tomado razón de las resoluciones de adjudicación a la fecha. Mediante correo electrónico de misma fecha el Servicio reclamado informó que la Autoridad, mediante Ord. N°617, de fecha 18 de mayo de 2017, no accedió a la solicitud de invalidación de los actos administrativos señalados por la empresa indicada. Además, señala que las resoluciones de adjudicación en cuestión, es decir, las N° 5, 6, 7, 9 y 10, fueron tramitadas, con Toma de Razón de fecha 11 de agosto de 2017. Adjunta copia de lo obrado por esa Dirección así como por la Contraloría Regional de Antofagasta. Por último, adjunta Dictamen N° 3.831, de la Contraloría Regional de Tarapacá, a través del cual se pronuncia sobre la materia, por el cual se concluye que la decisión de adjudicación de la Autoridad se ajustó a derecho, se desestiman las alegaciones de la empresa recurrente y por el que se informa que, luego de su examen pertinente, se cursan las citadas resoluciones de adjudicación objeto de análisis.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en atención a que entre los amparos Roles C1933-17, C1934-17, C1935-17 y C1936-17 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, además de las materias objeto de amparo, y a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos, en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio de economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que los presentes amparos se fundan en la respuesta negativa por parte de la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá, a las solicitudes de información presentadas por el reclamante. Dichos requerimientos se refieren a las actas de apertura técnica y económica, así como los respectivos informes de evaluación técnica y económica respecto de cuatro licitaciones de contratos de ejecución de obras públicas. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la información solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, en virtud de que se encontraría pendiente la adjudicación de dicha licitación, al encontrarse las resoluciones de adjudicación en la Contraloría General de la República, para toma de razón. Asimismo, se encontrarían pendientes observaciones y reclamaciones presentadas por uno de los oferentes respecto de este procedimiento de licitación pública.

3) Que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que en forma previa a abordar el análisis de la causal de reserva invocada, esta Corporación procedió a revisar la información que se encuentra publicada respecto de estas licitaciones públicas en el sitio web www.mercadopublico.cl. Al efecto, tras búsqueda de los procedimientos licitatorios consultados, en particular ID: 603128-25-LR16, 603128-14-LR16, 603128-22-LR16 y 603128-17-LR16, en la sección "Ver adjuntos" de cada procedimiento, se pudo constatar que se encuentran publicadas y a disposición permanente del público las actas de apertura técnica y económica requeridas por el solicitante, por lo que respecto de esta parte de la información requerida no se configura la causal de reserva legal alegada. Por lo anterior, desestimándose las alegaciones sobre reserva, se acogerá el amparo, sin perjuicio de tenerse por informada al solicitante, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, junto con la notificación del presente acuerdo.

5) Que resuelto lo anterior, corresponde el análisis sobre la procedencia de entrega o reserva de la información relativa a los informes de evaluación técnica y económica, elaborados por la Comisión Evaluadora, y que sirvieran de fundamento -junto a otros antecedentes- para la dictación de las Resoluciones de adjudicación N° 0005, 0006, 0007 y, 0010, de 16 de marzo de 2017, todas de la Dirección de Vialidad de la I Región.

6) Que respecto del hecho de encontrarse las resoluciones pendientes del trámite de toma de razón, dicha circunstancia no afecta la publicidad de las mismas, según este Consejo ha razonado desde las decisiones de amparo Roles N° A309-09, C870-10 y C743-12, entre otras, toda vez que la publicidad y transparencia de los actos administrativos, sean de trámites o terminales, constituye un principio general de orden público que permite a los interesados tener acceso a las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las que se contienen sus declaraciones de voluntad. Especialmente ha señalado que "si un acto ha sido ya adoptado y sólo está pendiente la toma de razón corresponde entregarlo, pues ello no obsta la publicidad conforme ha declarado la propia Contraloría (...)". En este mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República en Dictamen N° 3.176, de 2015, precisando, respecto a la entrega de actos administrativos cuya toma de razón se encuentre pendiente que "Lo anterior, por cierto, es sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados que los correspondientes actos administrativos no producen efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación, dentro de lo cual debe considerarse, en este caso, la toma de razón". Atendido lo anterior, se procede a desestimar las alegaciones del órgano referidas a la reserva de la información analizada por encontrarse pendiente el trámite de toma de razón ante Contraloría General de la República.

7) Que en cuanto al fondo de la causal alegada (artículo 21 N° 1, literal b) de la Ley de Transparencia), según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito supone, a su vez, la concurrencia de los siguientes presupuestos: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.; y, ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Asimismo, los órganos deben acreditar b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

8) Que respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano. En la especie, resulta evidente el vínculo entre los informes de evaluación técnica y económica elaborados por las Comisiones Evaluadoras y las resoluciones que adjudicaron los proyectos de las obras materia de análisis. En este sentido, dichos actos deben contener el análisis realizado por la Comisión para efectos de proponer a la Autoridad el proyecto a adjudicar (de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto N° 75, de 2004, que Deroga Decreto N° 15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y Aprueba Reglamento para Contratos de Obras Publicas).

9) Que sin perjuicio de lo anterior, respecto al segundo de los requisitos descritos, esto es, que la publicidad de los antecedentes requeridos vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, esta Corporación observa que la decisión de la Autoridad respecto de la adjudicación de dichos proyectos referidos a obras públicas ya se adoptó, encontrándose concluida dicha etapa a la fecha de la solicitud y de la respuesta. Cuestión diversa es que a la fecha de la solicitud se encontrara pendiente el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá. En este orden de cosas, también se revisaron las presentaciones realizadas por uno de los oferentes, en particular, la presentación realizada por Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile Sociedad Anónima, de 12 de abril de 2017, ante Contraloría Regional de Tarapacá, por la que da cuenta de eventuales anomalías del procedimiento de licitación, así como aquella presentada ante el órgano reclamado, con fecha 28 de abril de 2017, por parte de la misma empresa, por la que se solicita la invalidación de los actos administrativos de adjudicación, conforme lo prescrito en el artículo 53 y siguientes de la ley N° 19.880. Tras el análisis de ambas presentaciones, tampoco se concluye que la publicidad de los informes de evaluación técnica y económica de las Comisiones Evaluadoras, respecto de un proceso licitatorio cerrado, hubiere afectado el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ni en particular, el privilegio deliberativo de la reclamada respecto de la decisión que ésta debía adoptar en su oportunidad, incluso en el evento en que aquel recurso sobre el cual le correspondía pronunciarse se hubiere acogido y hubiere decidido invalidar total o parcialmente los actos administrativos impugnados. Con todo, y a mayor abundamiento, a la fecha del presente acuerdo las resoluciones de adjudicación se encuentran con toma de razón y las presentaciones efectuadas ante el órgano reclamado como ante el ente Contralor se encuentran resueltas.

10) Que por lo expuesto precedentemente, no configurándose en la especie la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, aquella consagrada en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, se acogerán los presentes amparos y se requerirá a la reclamada la entrega al solicitante de la copia de los informes de evaluación técnica y económica respecto de los cuatro licitaciones de contratos de ejecución de obras públicas individualizados en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Rodrigo Arancibia Moreno, de 6 de junio de 2017, en contra de la Dirección de Vialidad Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Regional de Vialidad de Tarapacá:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de los informes de evaluación técnica y económica respecto de los cuatro licitaciones de contratos de ejecución de obras públicas individualizados en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Arancibia Moreno y a la Sra. Directora Regional de Vialidad de Tarapacá:

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.