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Carabineros de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 11236-2016

Corte de Apelaciones de Santiago, 26/09/2017

Se deduce reclamo de ilegalidad a fin de que se deje sin efecto la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia por considerar que la información ordenada entregar se encuentra cubierta por la causal de secreto o reserva del N° 5 del Artículo 21 de la Ley de Transparencia. Corte acoge el recurso



Ministros:

  • Dobra Lusic Nadal
  • Juan Poblete Méndez
  • María Soledad Melo Labra

Texto completo:

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Bruno Villalobos Krumm, General Director de Carabineros de Chile, deduce reclamo de ilegalidad a fin de que se deje sin efecto la Decisión de Amparo Rol C1978-16 del Consejo para la Transparencia -notificada al recurrente por oficio N° 9471 de 26 de septiembre de 2016, a través de correo electrónico de 7 del mismo mes y año- por considerar que la información ordenada entregar se encuentra cubierta por la causal de secreto o reserva del N° 5 del Artículo 21 de la Ley de Transparencia. Argumenta que no es posible dar conocer los antecedentes relativos a 2 funcionarios de Carabineros, de los 8 a los que se refiere la solicitud de información, por cuanto, las hojas de vida del Teniente Coronel Víctor Neira Torres y del Teniente Luis Pavéz Díaz, a su juicio, son antecedentes secretos o reservados por aplicación del artículo 38 de la Ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia Nacional y crea la Agencia Nacional de Inteligencia", ya que dichos funcionarios formaron parte de la DIPOLCAR, integrando un organismo de inteligencia del Estado, lo que importa la configuración de la causal de secreto o reserva contenida en el Artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Segundo: Que los hechos y argumentaciones jurídicas que dieron origen a la resolución recurrida son los siguientes:

El 3 de mayo de 2016, don Álvaro Bahamondes Pardo solicitó a Carabineros de Chile copia de las hojas de vida calificada de los siguientes funcionarios: a) Teniente Luis Pavez Díaz; b) Capitán Cristian Moraga Martínez; c) Capitán Gustavo Esperidión Sánchez; d) Sargento 2° Juan Soto Sáez; e) Capitán María Nathaly Garrido Chávez; f) Mayor Pablo Andrés Araya Cruz; g) Teniente Coronel Carlos Adones Bocaz; y, h) Teniente Coronel Víctor Neira Torres, ya que requería ejercer acciones penales en contra de todos aquellos que resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia, amenazas e intercepción ilegal de comunicaciones privadas.

El 7 de junio de 2016 Carabineros de Chile comunicó al solicitante la prórroga del plazo para pronunciarse sobre esta solicitud, atendido que existían circunstancias que hacían difícil reunir la información requerida.

Con fecha 17 de junio de 2016, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 205 señalando, en síntesis, que:

a) No es posible hacer entrega de dichos antecedentes, toda vez que se consideran datos concernientes a la vida privada de un tercero, sobre los cuales éste tiene el legítimo derecho a mantener reserva.

b) Habiendo conferido traslado conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia a los funcionarios a que se refiere la solicitud se opusieron los siguientes funcionarios: Teniente Luis Pavéz Díaz, Capitán Cristián Moraga Martínez, Teniente Coronel Víctor Neira Torres, Teniente Coronel Carlos Adones Bocaz, Mayor Carlos Araya Cruz, Capitán Esperidión Sánchez, y Juan Carlos Soto Sáez. En consecuencia, respecto de dicha información se encuentra impedido de hacer entrega de lo requerido.

c) En relación con la hoja de vida de doña María Nathaly Garrido Chávez, atendido que la citada funcionaría no dedujo oposición, adjunta copia de la misma, sin perjuicio de lo cual, indica que ha tarjado datos referidos a estados de salud por cuanto estos son datos sensibles.

Con fecha 16 de junio de 2016, don Álvaro Bahamondes Pardo dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el órgano reclamado le informó que le haría entrega de la información requerida, pero a la fecha ello no ha ocurrido.

El Consejo para la transparencia confirió traslado del amparo Rol C1978-16 al General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 6.857 de 13 de julio de 2016, siendo evacuado en virtud de Oficio N° 174 de 27 de julio de 2016 del Jefe del Departamento de Información Pública y Lobby de la entidad reclamada donde se presentó sus descargos y observaciones por parte de la institución, señalando, en síntesis que:

a) La solicitud fue respondida en forma oportuna, de acuerdo a las normas de la Ley de Transparencia, al haber obrado prorroga en la entrega de la misma. Los antecedentes fueron remitidos el 17 de junio del presente año, junto con la Resolución Exenta N° 205, al correo electrónico indicado por el requirente en su solicitud de información.

b) Los antecedentes remitidos fueron carta de notificación y oposición de los citados funcionarios. Por tratarse de datos relativos a la esfera de la vida privada, se dio cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Transparencia, deduciendo los afectados la debida oposición dentro de plazo.

c) Respecto del Teniente Coronel Víctor Neira Torres y el Teniente Luis Pavéz Díaz, además, rige el secreto establecido en el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado.

Aduce que revelar este tipo de información importaría, de existir, dar a conocer información relativa al personal que cumple o cumplió funciones en DIPOLCAR, la que tiene el carácter de secreta.

De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, por medio de los oficios N° 7.677, 7.678, 7.679, 7.680, 7.681, 7.682 y 7.683, respectivamente, todos de fecha 5 de agosto de 2016, el Consejo confirió traslado a los terceros que se opusieron a la entrega de la Información solicitada ante el órgano reclamado.

Mediante presentaciones de fecha 12 de agosto y 30 de agosto de 2016, don Cristian Moraga Ramírez y don Carlos Adones Bocaz se opusieron a la entrega de información requerida, fundado en que ello afecta su vida privada. A su turno, mediante presentación de 17 de agosto de 2016 don Juan Carlos Soto Sáez hizo presente una serie de circunstancias de hecho relativas al reclamante, en tanto, con fecha 30 de agosto de 2016 don Luis Pavéz Díaz se opuso a la entrega de la información en virtud del artículo 38 de la Ley N° 19.974 y 436 del Código de Justicia Militar.

Mediante correo electrónico de 6 de septiembre de 2016, como gestión oficiosa, se solicitó al órgano reclamado remitir copia íntegra de las hojas de vida del Teniente Coronel Víctor Neira Torres y el Teniente Luis Pavéz Díaz, a fin de ponderar la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 invocada por ese órgano en sus descargos. A través de correo electrónico de 12 de septiembre de 2016 el órgano reclamado remitió la documentación solicitada.

Luego de analizarse todos los antecedentes, el Consejo para la Transparencia, mediante Decisión de Amparo Rol C1978-16, adoptada con fecha 20 de septiembre de 2016, acogió el amparo por Denegación de Acceso a la Información en contra de Carabineros de Chile, requiriendo entregar al reclamante copia de las hojas de vida de los siguientes funcionarios: i) Teniente Luis Pávez Díaz; ii) Capitán Cristian Moraga Martínez; iii) Capitán Gustavo Esperidión Sánchez; iv) Sargento 2° Juan Soto Sáez; v) Capitán María Nathaly Garrido Chávez; vi) Mayor Pablo Andrés Araya Cruz; vii) Teniente Coronel Carlos Adones Bocaz; y, viii) Teniente Coronel Víctor Neira Torres, debiendo tarjar los datos personales de contexto que ahí se contengan -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, estatura, fecha y lugar de nacimiento, nombre del cónyuge, religión, fotografía de los funcionarios-, como, también, los referidos a las patologías médicas que afectaron a los funcionarios consultados y las sanciones prescritas o cumplidas.

Es por lo anterior, que con fecha 7 de octubre de 2016, se deduce este Reclamo de Ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia.

De acuerdo al tenor del Reclamo de Ilegalidad Carabineros de Chile pretende que se deje sin efecto la Decisión de Amparo Rol C1978-16, por considerar que la información ordenada entregar se encuentra cubierta por la causal de secreto o reserva del N° 5 del Art. 21 de la Ley de Transparencia. La reclamante argumenta que no es posible dar conocer los antecedentes relativos a 2 funcionarios de Carabineros, de los 8 a los que se refiere la solicitud de información, por cuanto, las hojas de vida del Teniente Coronel Victor Neira Torres y del Teniente Luis Pavez Díaz, a su juicio, son antecedentes secretos o reservados por aplicación del artículo 38 de la Ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia Nacional y crea la Agencia Nacional de Inteligencia", ya que dichos funcionarios formaron parte de la DIPOLCAR, integrando un organismo de inteligencia del Estado, lo que importa la configuración de la causal de secreto o reserva contenida en el Artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Carabineros de Chile señala que la Ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, específicamente su artículo 38, que considera secretos, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal, es una ley de quorum calificado, por lo que a su juicio, no debe darse a conocer las hojas de vida de los 2 funcionarios que cumplieron funciones de la DIPOLCAR, a saber, el Teniente Coronel Víctor Neira Torres y el Teniente Luis Pavéz Díaz, toda vez que respecto de dicha información Carabineros alega que se configura la causal de reserva del Art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Se sostiene por parte de órgano reclamante, que el Artículo 38 de la ley "Sobre el Sistema de Inteligencia Nacional y crea la Agencia Nacional de Inteligencia", detenta un rango legal de quórum calificado, exigido en el artículo 8° de la Carta Fundamental, que establece un caso de reserva o secreto, respecto de los documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado como reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política, cumpliéndose lo que la doctrina denomina proceso de "reconducción formal". Sin embargo, la institución reclamante, no considera que, además, es necesario vincular el secreto que pueda establecer una ley de quórum calificado, con la afectación de alguno de los bienes jurídicos señalados en el referido artículo 8° de la Constitución Política de la República, por lo que discrepa que sea necesario tener que acreditar una afectación a cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8 de la Constitución,

Señala la recurrente que es absolutamente improcedente que el Consejo para la Transparencia entre a calificar si determinados antecedentes se encuentran o no protegidos por la reserva que establece la ley, pues no se le ha otorgado tal facultad interpretativa.

Por su parte, la recurrida indica que es necesario además determinar si el contenido de dicha disposición, artículo 38 ley 19.974, guarda o no correspondencia con los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución, en cuyo resguardo se establecieron las causales de secreto del artículo 21 de la Ley de Transparencia y si la publicidad de la información solicitada puede afectar o dañar el debido cumplimiento de las funciones de las funciones de la DIPOLCAR, como órgano integrante del Sistema de Inteligencia del Estado.

De este modo, indica que el artículo 38 de la citada Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala lo siguiente:

Art. 38.- "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.

Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique.

Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

Agrega que, Igualmente, debe relacionarse y contextualizarse esta última norma, con lo prescrito por los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la citada Ley N° 19.974: "Artículo 1° - Esta ley tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado.

Sus normas se aplicarán a toda actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema.

Artículo 2°. - Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por la misma, se entiende por: a) Inteligencia: el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.

a) Contrainteligencia: aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.

Artículo 4°.- El Sistema de Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional v preservar e/ orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.

Artículo 5° - El Sistema estará integrado por:

a) La Agencia Nacional de Inteligencia;

b) La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional;

c) Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y

d) Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes Integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente

De esta forma, el Consejo para la Transparencia, realizando un análisis armónico de la norma invocada, como excepción al principio de reserva, concluye que la Ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia militar, que comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Atendido dichos objetivos, no puede más que concluir, que la funcionalidad del secreto establecido en el artículo 38 de la ley N° 19.974, es restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado, reconduciendo las alegaciones efectuadas por Carabineros, a la protección del orden o la seguridad pública, o si se quiere a la seguridad de la Nación en los términos dispuestos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de..." que emplea el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquella información que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema deInteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, v no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades, que como se refirió previamente, "inteligencia" definida por el artículo 2° de la Ley 19.774 y, considerando que Carabineros de Chile no ha señalado de qué manera el conocimiento de dicha información, correspondiente únicamente a las hojas de vida de ciertos oficiales que formaron parte de la DIPOLCAR, cuyo contenido no se relaciona ni revela actividades ni informes de inteligencia, sino un mero señalamiento de las destinaciones a las que estuvieron adscritos dichos funcionarios, pudiere generar una afectación que pudiere revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a la seguridad de la nación o al orden o seguridad pública a cargo precisamente de Carabineros de Chile.

Para verificar lo anterior, y verificar la probabilidad de afectación a las actividades de inteligencia y el debido cumplimiento de las funciones de la DIPOLCAR, el Consejo, solicitó como gestión oficiosa, mediante correo electrónico de 6 de septiembre de 2016 a Carabineros de Chile, remitir copia íntegra de las hojas de vida del Teniente Víctor Neira Torres y el Teniente Luis Pavéz Díaz, a fin de ponderar la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 38 de la Ley N° 19.974 invocada por ese órgano en sus descargos. A través de correo electrónico de 12 de septiembre de 2016 el órgano reclamado remitió la documentación solicitada. tenidas a la vista las hojas de vida de don Víctor Neira Torres y don Luis Pavéz Díaz -respecto de las cuales Carabineros invocó el artículo 38 de la Ley N° 19.974-y, a juicio del Consejo no se configura la causal de reserva alegada, toda vez que sólo contienen un mero señalamiento de las destinaciones que han tenido dichos servidores en su vida funcionaría v no constan otros datos que permitan obtener información acerca de informes de inteligencia u otra documentación que pueda estimarse comprendida en la hipótesis mencionada por la reclamada.

Por lo anterior, el Consejo para la transparencia, considerando que las hojas de vida solicitadas han sido elaboradas con presupuesto público, han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el órgano reclamado en los respectivos procesos calificatorios de los mencionados funcionarios, y además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°. 10 y 11 de la Ley de Transparencia, constituye información que en principio, posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva, resolvió entregar la información solicitada por el recurrente de amparo con las limitaciones ya antes señaladas, por cuanto no basta la sola referencia al artículo 38 de la Ley N° 19.947, para erigirse en causal de secreto o reserva, ya que debe vincularse necesariamente con la afectación de las actividades de inteligencias, o del sistema de inteligencia, o las funciones propias de la DIPOLCAR, en términos que la publicidad de los antecedentes requeridos pudiere llegar a afectar el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional, o cualquier otro bien jurídico protegido por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, como sustrato material de la causal de secreto o reserva esgrimida por Carabineros y que en la especie no se configura.

Agrega que siendo las causales de reserva una excepción a publicidad, su interpretación, configuración y aplicación debe ser de carácter restrictivo pues limitan el derecho de acceso a la información, que tiene el carácter de derecho fundamental implícito reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política. Por lo expuesto, y considerando que el artículo 8° de la Constitución, también, exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, se concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesto por una Ley de Quórum Calificado, o que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del Art. 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del artículo 8° de la Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

Indica que pese a que la mentada carpeta se encuentra ubicada en la Dirección de Inteligencia, lo que le concede al mentado registro el carácter de secreto, en los términos del artículo 38 de la Ley 19.974, lo que interesa es que pueda demostrarse que su divulgación atenta, en este caso, contra la Seguridad de la Nación. Útil, en este sentido, es precisar que "Sistema de Inteligencia del Estado " y "Seguridad Nacional" no son sinónimos.

Finalmente expone que dado que por mandato legal el Consejo debe resolver fundadamente un amparo por denegación de acceso a la información, cabe entonces preguntarse SS. Iltma. ¿Cómo podría resolver fundadamente si no interpretara la normativa aplicable ni ponderara los hechos y la forma de subsumirlos en el supuesto legal? Lo cierto es que dicha labor interpretativa es consustancial a todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales y esté llamado a resolver una controversia entre partes, tal como ocurren este caso, en el que el Consejo está llamado a resolver un reclamo contencioso administrativo deducido por un ciudadano en contra de un órgano del Estado. Es evidente que el Consejo para la Transparencia para resolver un Amparo necesariamente debe proceder a interpretar las normas legales y reglamentarias que resulten aplicables al caso, pues solo así podrá resolver fundadamente en los hechos y en el derecho, siendo inherente a un órgano que ejerce jurisdicción la interpretación de las normas aplicables al caso concreto, por lo que pide tener evacuado el informe, y por efectuados los descargos y observaciones al Reclamo de Ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia por parte de don Bruno Villalobos Krumm, General Director de Carabineros, en representación de Carabineros de Chile, y en consideración a los contundentes fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, se sirva rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C-1978-16 de ese Consejo, que acogió el amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido, deducido por don Álvaro Bahamondes Pardo, ratificándose la obligación de Carabineros de entregar la información que el Consejo dispuso sea revelada en el numeral II letra a) de la parte resolutiva de la decisión impugnada.

Tercero: Que, el ejercicio del poder de los órganos del Estado impone examinar, primeramente, si la autoridad cuenta con el atributo legal para resolver aquello que ha sido sometido a su decisión y si tal decisión, lo ha sido conforme a dichas facultades otorgadas dentro de la potestades que ha sido investido de la forma como lo ha hecho, de modo tal, determinar por esta Corte si la decisión impugnada se ha ajustado por el órgano reclamado respetando el ordenamiento jurídico, al marco de sus facultades y por ello ha observado en todo momento los principios constitucionales de legalidad y juridicidad que lo deben regir o por el contrario se ha apartado de ellos al tomar la decisión que viene impugnada, contraviniendo los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República y las facultades propias que le han sido otorgadas al órgano recurrido en la Ley 20.285 que la crea y regula.

Cuarto: Que, asimismo, ante la presencia de la facultad de resolver lo sometido a la decisión del órgano recurrido, es necesario tener presente, y se suma a ello, que la autoridad en contra de la cual se reclama no puede eludir el tener que cumplir con un procedimiento que se considere para la sustanciación y conclusión de su decisión y, en cuyo desarrollo, d é pleno cumplimiento a principios que consagra la Constitución Política y la ley 19.880 en cuanto al debido proceso, el derecho a la defensa, la no discriminación, la contradictoriedad y la impugnabilidad de los diferentes actos que lo conforman, entre otros, y en especial, como ya se dijo, el respectar los principios consagrados en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en primer término, cabe expresar que en lo relativo a la competencia administrativa para resolver los amparos a su derecho de acceso a la información que deduzcan las instituciones o particulares en contra de aquellos órganos del Estado que nieguen dicha información con infracción a la ley 20.285, por mandato de sus artículos 8, 24 y 33 letra b) corresponde efectivamente al órgano reclamado en estos autos.

Sexto: Que lo señalado en el motivo anterior, en todo caso, significa que dicha competencia debe ejercerse respetando el ordenamiento jurídico vigente, esto es, dentro de los principios de juridicidad y legalidad establecido en la Carta Fundamental y solo cuando lo negado por el órgano administrativo requerido de proporcionar la información pública solicitada lo haya hecho con infracción a la ley, la que debe ser claramente señalada que quien recurra de este amparo, como, también, los hechos que la configuran.

Séptimo: Que en el caso de autos la recurrente ha dado satisfacción a lo pedido por el solicitante de la información pública, en lo que concierne a la Teniente María Nathaly Garrido Chávez, de acuerdo a lo ordenado en su resuelvo II de la Resolución Exenta N° 205 de 17 de junio de 2016, en los términos de sus motivos 7 y 8, lo que no ha sido cuestionado y que ha sido ordenado su entrega, de igual forma, por la reclamada, según consta de fojas 6 de autos..

Octavo: Que en lo que dice relación con el resto de los funcionarios cuya información fue solicitada en su oportunidad y ordenada su entrega por la reclamada, esto es: i) Teniente Luis Pávez Díaz; ii) Capitán Cristian Moraga Martínez; iii) Capitán Gustavo Esperidión Sánchez; iv) Sargento 2° Juan Soto Sáez; v) Mayor Pablo Andrés Araya Cruz; vi) Teniente Coronel Carlos Adones Bocaz; y, vii) Teniente Coronel Víctor Neira Torres, la recurrente ha invocado, principalmente, como causales de la negativa para la entrega de la información pública que le fuera solicitada, dos razones, una genérica aplicable para todos y otra específica, que, además, le afectaría al Teniente Luis Pavéz Díaz y al Teniente Coronel Víctor Neira Torres.

Noveno: Que en cuanto al fondo del asunto, en la especie y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la reclamante de ilegalidad, en este caso, ha procedido a negarse a proporcionar la información que le fuera pedida respecto de los funcionarios de su dependencia en virtud de existir una oposición a dicha solicitud por parte de los mismos, y que fuera expresada a través del procedimiento que para tal efecto contempla el artículo 20 de la misma ley.

Así consta que de los 08 funcionarios -cuya información se solicita- 07 de ellos se opusieron a dicha entrega luego de ser puesta en su conocimiento tal petición, de acuerdo lo mandata la ley, alegando que la publicidad solicitada resulta ser vulneradora de sus derechos, que cada uno menciona en su presentación, como se dice en el informe respectivo, especialmente, en lo que dice relación a su vida, integridad física y psíquica honra propia y de sus familias, seguridad y esfera de su vida privada, tal como lo establece en su N° 2, el artículo 21 de la misma ley, que trata de las causales de reserva o secreto, en virtud de las cuales se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información, norma que obliga al órgano reclamado al momento de adoptar su decisión cuando se ha recurrido ante él, y que en esta caso a juicio del disidente ha sido vulnerado, por cuanto se ha dado íntegro cumplimiento al procedimiento señalado en el último artículo citado en el párrafo anterior para darle aplicación a dicha negativa.

Décimo: Que para expresar tal negativa u oposición los afectados lo han cumplido dentro del procedimiento establecido en el ya referido artículo 20, ajustándose a la exigencia legal al hacerlo por escrito y con expresión de causa y, en consecuencia, han deducido su oposición en tiempo y forma, lo que deja impedido al órgano requerido de proporcionar los documentos o antecedentes que respecto de ellos han sido solicitados, según expresamente lo dispone el inciso tercero de la misma disposición legal, que fue justamente lo que hizo el recurrente de ilegalidad. De este modo el reproche a la omisión de la identificación de aquellos que se opusieron a la entrega de la información, persigue justamente evitar que su publicidad produzca una afectación en sus derechos fundamentales, especialmente, en lo que dice relación a su seguridad, por los motivos que explican y que resultan ser razonablemente posibles de ser concretizados, por la que dicha omisión aparece congruente y se aviene con dicho fundamento ya que se ajusta precisamente con aquello que se pretende evitar, razón por lo que ello no puede afectar -en este caso específico- la validez del procedimiento utilizado para que los afectados ejerzan su facultad de oponerse a la entrega de la información solicitada, que se ha ajustado a la ley.

Décimo Primero: Que en tales circunstancias y habiéndose excedido de sus facultades la recurrida y no haber respetado, especialmente, lo dispuesto en el artículo 16, 20 y 21 N° 2 de la Ley 20.285, resulta conducente el acoger el presente reclamo, declarando ilegal la decisión de acoger el amparo interpuesto por el recurrente de aquel y dejar sin efecto la decisión de amparo impugnada y que corresponde al Rol N° C 1978-16, que aparece acordada y dictada por el Consejo recurrido en su sesión ordinaria N° 470, de 30 de septiembre de 2016 y, en consecuencia, de mantener la decisión del recurrente de negar la entrega de la información solicitada.

Décimo Segundo: Que además de lo anterior y específicamente de los funcionarios Teniente Luis Pavéz Díaz y Teniente Coronel Víctor Neira Torres, concurre para el acogimiento de esta reclamación, una infracción cometida por el órgano recurrido al decidir como lo ha hecho en su decisión de amparo, consistente, en haber infraccionado la ley N° 19.974 denominada Ley de Inteligencia, específicamente de su artículo 38, que establece el secreto de toda la actividad de la Inteligencia del Estado, comprendiendo, entre ellos, por supuesto la de sus agentes, sin que sea necesario para su aplicación revisar si guarda o no correspondencia con los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución, en cuyo resguardo se establecieron las causales de secreto del artículo 21 de la Ley de Transparencia y si la publicidad de la información solicitada puede afectar o dañar el debido cumplimiento de las funciones de las funciones de la DIPOLCAR, como órgano integrante del Sistema de Inteligencia del Estado, como lo pretende la reclamada.

De este modo, el artículo 38 de la citada ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala lo siguiente:

Art. 38.- "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.

Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique.

Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

Igualmente, debe relacionarse y contextualizarse esta última norma, con lo prescrito por los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la citada ley N° 19.974: "Artículo 1° - Esta ley tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado.

Sus normas se aplicarán a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema.

Artículo 2°. - Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por la misma, se entiende por: a) Inteligencia: el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.

b) Contrainteligencia: aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.

Artículo 4°.- El Sistema de Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional v preservar e/ orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales. Artículo 5 o. - El Sistema estará integrado por:

a) La Agencia Nacional de Inteligencia;

b) La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional;

c) Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y

d) Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se consideraran, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes Integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente".

Décimo Tercero: Que de lo transcrito y dicho en el motivo anterior, aparece que en la Ley de Inteligencia, especialmente su artículo 38, establece un secreto absoluto y para todos les efectos legales, respecto de toda la actividad de Inteligencia del Estado, como, también, de sus funcionarios o agentes en término tales que le está impedido al Consejo para la Transparencia, en este caso, hacer análisis de dicha normativa, para que luego de ello a través de una interpretación que le está vedada, determinar si corresponde o no entregar la información que se encuentra protegida bajo el amparo de la normativa legal ya referida.

Décimo Cuarto: Que actuar de una manera distinta, conlleva un grave peligro de vulneración de las disposiciones que la propia Ley de Inteligencia contiene, específicamente, como ya se dijo, en su artículo 38, ya que se trata de una normativa especial, nada menos, que aquella que dispone que las actividades de inteligencia que llevan a cabo los órganos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado, tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia militar y policial, que comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Atendido dichos objetivos, no puede más que concluir, que la funcionalidad del secreto establecido en el artículo 38 de la ley N° 19.974, es restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado, sin restricción alguna, razón por lo que en esta situación la situación o secreto es de carácter absoluto, y como ya se dijo, para todos los efectos legales, a fin de no atentar de algún mínimo modo, a dichas actividades de Inteligencia, que a la postre puedan llevar a mellar tal actividad, especialmente en lo concerniente a los funcionarios que lo integran, como se pretende en este caso y por supuesto a su propia actividad mandatada en dicha ley.

Décimo Quinto: Que de esta manera y siendo claro el tenor literal de lo dispuesto en su artículo 38 por la Ley N° 19.974, como, también y el objeto dispuesto por el legislador al proceder a dictar esta normativa, no corresponde a ningún otro órgano del Estado, bajo pretexto de establecer su armonía con otras disposiciones legales, de pretender a establecer sus propósitos bajo una interpretación que en este caso resulta estar vedada, por ser una norma clara, precisa y que no admite excepciones, como es tratar a través de dichas exégesis buscar un sentido distinto del calor tenor declarado por el legislador, lo que no es permitido en este caso, sin alterar e infringir gravemente la norma en cuestión.

Décimo Sexto: Que lo anteriormente razonado no excluye, por supuesto, a la interpretación que corresponden a los propios Tribunales de Justicia y en los casos particulares, que en su carácter de juzgadores puedan asumir; como, tampoco, la interpretación general de la norma que puedan realizar los órganos co- legisladores del nuestro estado, lo que en la especie no ha ocurrido.

Décimo Séptimo: Que por todo lo razonado y observándose, que en este caso ha existido una vulneración a la normativa vigente, especialmente al artículo 38 de la Ley N° 19.974, lo que a juicio de esta Corte, constituye una arbitrariedad e ilegalidad en el uso de sus funciones por parte del Consejo para la Transparencia en la dictación del se deber á acoger el presente libelo recursivo, en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo, por lo que será acogido lo pedido por la parte recurrente de estos autos.

Por estas consideraciones y citas legales efectuadas, Ley 19.974, se declara que se acoge la reclamación deducida a fojas 29, por don Bruno Villalobos Krumm, y se declara ilegal la decisión de amparo impugnada y que corresponde al Rol N° C 1978-16, dictada por el Consejo recurrido en su sesión ordinaria N° 470, de 20 de septiembre de 2016.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Poblete.

Civil (Ilegalidad) N° 11236-2016.

No firma la Ministra señora Melo, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Juan Antonio Poblete M. Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

En Santiago, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.