logo
 

Haydee Oberreuter Umazabal con Consejo para la Transparencia Rol: 791-2017

Corte de Apelaciones de Santiago, 04/09/2017

Un apersona dedujo un reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia solicitando que la deje sin efecto y que disponga el acceso a la base de datos computacionales y/o informática realizada con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I) y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II). Tribunal rechaza el reclamo.



Ministros:

  • María Soledad Melo Labra

Texto completo:

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, en estos autos rol N°791-2017 comparece doña HAYDEE OBERREUTER UMAZABAL, cédula de identidad N°6.267.097-5, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión, recaída en el amparo, Rol: C 3065-16, notificada a su parte el 5 de enero de 2017, dictada por el Consejo para la Transparencia, corporación de derecho público, representada por su Director General, don Raúl Ferrada Carrasco, ambos con domicilio en calle Morandé N° 115, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, solicitando a esta Corte de Apelaciones se sirva dejar sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia, disponiendo el acceso a la base de datos computacionales y/o informática realizada con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I) y por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II), con costas.

Sostiene como fundamento principal que existe un deber principal y superior del Estado, basado en normas de Derecho Internacional Convencional y Derecho Internacional Imperativo, de disponer de oficio la investigación de los antecedentes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura que prima sobre la obligación simplemente legal de secreto.

Señala que tomó conocimiento que existe una base de datos computacional, creada a partir del trabajo de las Comisiones Valech I y II, que sistematiza la información proporcionada por personas que no fueron calificadas, pero de las que se dejó registro de sus antecedentes, base de datos no registrada en ningún instrumento oficial. Dicha base de datos cruza información referente a centros de detención, testigos, fechas, nombres, tipos de violencia, entre otros, sin que jamás se informara a la personas que aportaron información que se crearía esta base de datos y que se ocultaría su existencia, por lo que es de urgencia solicitar el acceso, por el interés de la reclamante y de todos los que concurrieron a entregar información.

Detalla que la situación del secreto establecido por 50 años en la ley 19992, lesiona el acceso a la justicia en casos de crímenes contra la humanidad, los que los tratados internacionales obligan a investigar, para que sea castigada acorde a su gravedad, existiendo flagrante contradicción entre los deberes de investigación, enjuiciamiento y sanción que establecen los tratados internacionales y la actitud del Estado.

Agrega que por dicha razón con fecha 29 de julio de 2016, solicitó la base de datos a través del procedimiento de transparencia de la ley 20285, a su custodio, el INDH, en su calidad de ex prisionera política y calificada como sobreviviente de prisión política y tortura en el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura I, para dar a conocer a la justicia dichos antecedentes, solicitud que fue rechazada con fecha 18 de agosto de 2016, reconociendo su existencia, fundando la negativa en el artículo 15 de la ley 19992 y en los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, señalando que los antecedentes son secretos y reservados, sin hacer análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que también debe aplicar el referido instituto, tanto por el artículo 5° de la Constitución, por los tratados internacionales de represión de la tortura, como también porque la normativa obliga al INDH a la promoción de los derechos humanos.

Añade que con fecha 8 de septiembre de 2016, presentó amparo ante el Consejo para la Transparencia en contra de esa resolución, solicitando acceso a la información, y alegando que el referido artículo 15 sólo aplica a la Comisión Valech I, no rigiendo el Secreto a la Comisión Valech II. Además que no se toma en cuenta la excepción del artículo 15 inc. 3°, de la cual se colige que el Secreto respecto de la Comisión Valech I no es absoluto, pudiendo entregarse la base de datos restringido el acceso a aquellos que no corresponden a la solicitante.

SEGUNDO: Que, por medio de la presentación de fs.38, don RAUL FERRADA CARRASCO, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado en calle Morandé N°360, piso 7, comuna de Santiago, evacua el informe solicitado, solicitando que éste sea rechazado en todas su partes.

Señala que efectivamente se hizo la solicitud de antecedentes al INDH, que la rechazó, y que presentado amparo ante su institución también fue desechado, argumentando en el mismo sentido en los términos que siguen.

Refiere que la solicitante pretende acceder a la base de datos que contiene datos sensibles de otras personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sin contar con el consentimiento o autorización de estas, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 19992, y los arts. 4°, 9°, 10 y 20 de la ley 19628, y que se reconoció en la resolución recurrida que el secreto antes referido no es absoluto en tanto se validó la entrega de la información referente a la solicitante.

Indica que no resulta posible acceder a poner en conocimiento la solicitud a los terceros cuyos derechos pudieren verse afectados por resultar inviable atendido el gran número de personas calificadas por las Comisiones en cuestión.

Señala que la base de datos relativa a la Comisión Valech I resulta reservada por aplicación de lo dispuesto en el art. 15 de la ley 19992, configurándose la causal de reserva del N°5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, debiendo tenerse dicha ley como de quórum calificado conforme al artículo 1° transitorio de dicha Ley, agregando el INDH que la divulgación de dichos datos afectaría los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política porque contiene información de miles de víctima de represión política que otorgaron su testimonio antes las referidas comisiones, con individualización completa, tanto de los declarantes como de terceros, cuya comunicación podría eventualmente afectar los derechos de las personas en ellos consignadas, particularmente en lo tocante a la esfera de su vida privada. De dicha forma, indica, el criterio que se ha aplicado uniformemente por el Consejo, relativo a que la afectación debe ser presente o probabe y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, queda suficientemente acreditado en este caso, razón por la cual se dio por configurada la causal de reserva del art. 21 N°5 de la ley de Transparencia, en relación con el art. 15 de la ley 19992.

Invoca sentencia de esta Corte dictada con fecha 14 de marzo de 2016 en Recurso de Protección rol N°380-2016.

Expresa en relación a la base de datos relativa a la Comisión Valech II, resulta reservada debido a que su publicidad causa afectación de los derechos de terceros, en concordancia con lo dispuesto en la ley 19.628, por lo que se configura la causal de reserva del N°2 del art. 21 de la Ley de Transparencia, refiriendo que en ella se incluyen datos personales y sensibles de las víctimas, por lo que al reservarse se ha obrado conforme a lo dispuesto en los artículos 2° letra f), 4°, 9°, 10° y 20° de la ley 19628., por lo que el Consejo no ha vulnerado derecho alguno del reclamante, siendo relevante que el derecho a la información no es absoluto, si no que se limita con la excepciones legales, entre las que está la invocada.

Agrega que para resolver el amparo se ponderó lo dispuesto en la Ley de Transparencia y en la ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, siendo estas contrapesos en orden a cómo deben tratarse los datos, cuales son los derechos de los titulares y cuales las limitaciones de acceso a la información, siendo relevante que la base de datos no se formó con antecedentes de libre acceso al público y en base aquello se denegó el amparo.

TERCERO: Que, por su parte, a fs. 123 comparece don BRANISLAV MARELIC ROKOV, abogado, Director y representante legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Corporación Autónoma de Derecho Público, domiciliadas para estos efectos en Avda. Eliodoro Yáñez N°832, comuna de Providencia, solicitando asimismo se desestime el reclamo por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la ley 20.285, en relación al artículo 15 de la ley 19.992 y la reserva del artículo 21 N°2 de la misma ley de transparencia.

Señala que con fecha 27 de Julio de 2016, se recibió una solicitud de información de la reclamante doña Haydée Oberreuter Umazabal, la cual ingresó al portal INDH a través del formulario de solicitud de información vía Ley de Transparencia, generándose al efecto el número interno de solicitud 10.338.

Al efecto se envió respuesta al requerimiento, desde el portal institucional de solicitud de información vía Ley de Transparencia, el día 18 de agosto de 2016, dentro del plazo legal establecido, al correo electrónico ingresado por la solicitante, en la que negó la entrega de la información solicitada, argumentando, en líneas generales, la prohibición legal a la cual el INDH se encuentra afecto incluyendo el acceso a los antecedentes contenidos en la base de datos computacional elaborada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política (Valech I) y Tortura y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos

Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Victimas de Prisión Política y Tortura (Valech II), indicando a su vez que el Instituto se encuentra exclusivamente facultado para la custodia y preservación de dichos antecedentes.

El INDH agrega en su respuesta que si bien el secreto o reserva de los documentos, testimonios y antecedentes de las comisiones Valech I y Valech II, atenta contra los avances en materia de verdad, justicia y reparación, situación que ha sido planteada públicamente y de manera insistente por este Instituto, las gestiones realizadas han permitido, al menos, avanzar en la entrega de la documentación atingente a los tribunales de justicia y a las víctimas titulares de la información.

Posteriormente, el día 8 de septiembre de 2016, ante el Consejo para la Transparencia, la reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del INDH, fundado en que, habiendo solicitado las bases de datos computacionales y/o informáticos realizados con ocasión al proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Valech I y II, el INDH habría otorgado una respuesta negativa a su requerimiento.

Posteriormente, el Consejo para la Transparencia admitió a tramitación el referido amparo confiriendo traslado a este Instituto, el cual fue evacuado en virtud del Ord. N°569 del 07.10.2016, señalando en síntesis lo siguiente: 1.- Ratifica la denegación de la entrega de la información requerida amparada en la prohibición legal contenida en el artículo 15 de la Ley 19.992; 2.- Indica, a su vez, la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley 20.285; 3.- Señala que las bases de datos requeridas contienen información de miles de víctimas de represión política que otorgaron sus testimonios a las citadas Comisiones, información personal y de carácter sensible de éstas; 4.- Pone a disposición de la reclamante, en aras de la transparencia y justicia, la documentación contenida en su carpeta personal en tanto víctima calificada como tal por la Comisión Valech I.

Resolviendo el amparo, el Consejo para la Transparencia, en Sesión de 3 de enero de 2017, acordó rechazar de manera unánime dicha acción acogiendo a cabalidad los argumentos del INDH, en orden a denegar la solicitud,

Como cuestión previa al análisis de fondo de las alegaciones que se formulan en el reclamo de autos, manifiesta que el Instituto considera que la presente acción debe ser rechazada por esta Corte en todas sus partes, ya que el acto recurrido del Consejo para la Transparencia se encuentra conforme a la normativa nacional.

Indica que la aludida respuesta no puede ser considerada ilegal, como alega la reclamante, atendida a que fue emitida en el ejercicio de las referidas potestades legales del órgano que represento, plasmándose las mismas limitaciones al ejercicio del derecho que la norma establece. Tampoco resulta arbitraria tal actuación, debido a que dicha respuesta no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue expedida precisamente en cumplimiento de la normativa legal que obliga al Instituto, en cuanto órgano público a dar respuesta a las solicitudes que se ingresen por acceso a la información pública, consignando en ella la negativa haciendo mención expresa a la excepción legal que la fundamenta.

En ese orden de cosas, agrega, es que el INDH históricamente ha intentado colaborar con las solicitudes que digan relación con la entrega de información sujeta a la custodia establecida, tanto para la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, como de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocidas, respectivamente conocidas, como "Comisión Valech I" y "Comisión Valech II", dado que el Instituto siempre ha entendido en su esencia, la natural necesidad de las víctimas de disponer de sus testimonios y de los antecedentes contenidas en ellos para avanzar en más justicia y más verdad.

En esa lógica, el INDH concibe el acceso a la información pública como una parte constitutiva del derecho a la libertad de expresión, la que contempla, por cierto, una arista de acceso y difusión de información de toda índole. En el contexto de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, éste mismo se vincula con el derecho de acceso a la justicia, derecho que el INDH considera evidentemente pudiere verse conculcado por la negativa en la entrega de la información que está en poder del Estado, en la medida que se priva a la sociedad y las víctimas de información eventualmente relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Es así como en cada uno de los Informes Anuales sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, emanados del INDH en cumplimiento de su mandato legal de promoción y difusión de los de Derechos Humanos, se ha tratado la problemática del acceso a la justicia por un lado, y por otro, la necesidad de modificación legal respecto de la mantención del secreto de la información contenida en ambas comisiones.

A mayor abundamiento, el Instituto ha concurrido en dos ocasiones a la Contraloría General de la República, primero el año 2011, a fin que se pronunciase acerca del organismo responsable de velar por el secreto y custodia de los documentos, testimonios, y antecedentes aportados por las víctimas de la Comisión Valech I, órgano que en virtud de Dictamen N°77.4707/2011 concluye entre otras cosas que: "...el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe encargarse de la custodia de los datos en comento, también será responsable de velar por el secreto de estos...", prosigue señalando: "...debiendo adoptar ambos organismos (INDH y Ministerio del Interior) las medidas pertinentes para resguardar el carácter secreto de los mismos".

Posteriormente, en el año 2014, el INDH vuelve a recurrir al órgano contralor a fin que se pronuncie, si es procedente que el Instituto entregase a los Tribunales de Justicia la información mantenida en custodia y depósito relativa a las mencionas Comisiones Valech I y II, ante lo cual dicho organismo, en el Dictamen N°41.230/2014, determina dos puntos específicos, diferenciado el tratamiento que le da a la primera de las Comisiones respecto de la segunda. A saber, respecto de los datos contenido en el Informe Valech I señala que: "...si se estima que tal reserva obstaculiza la persecución de la responsabilidad penal o se aparte de esos criterios, en el orden interno habría necesariamente que recurrir al legislador, a quien correspondería aprobar la modificación de esa preceptiva".

En tanto respecto. de los datos contenidos en el Informe Valech II, la Contraloría General de la República, indica lo siguiente, "... no le corresponde a esta Contraloría General, ni directa ni indirectamente, declarar si ese Instituto debe o no entregarlos, porque tal pronunciamiento implicaría calificar la procedencia o los fundamentos de una medida procesal dispuesta por un órgano de carácter jurisdiccional, asunto ajeno al ámbito de la interpretación administrativa que la ley asigna a la Entidad Fiscalizadora y sobre el cual compete decidir a los propios tribunales, en uso de las potestades que les confiere el artículo 76 de la Carta Fundamental".

En resumen, el análisis definitivo que efectúa el órgano contralor respecto de la entrega de información contenida en el Informe Valech I, es que precisamente solo mediante modificación legal sería procedente la entrega de la misma a falta de una disposición expresa que en la especie pudiese habilitar una aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico, atendida la naturaleza y propósito de la regulación que se establece para el secreto. De la mera lectura del citado dictamen se observa claramente el tratamiento diverso que le da a la información contenida en el Informe Valech II, en donde si bien sigue calificando como secretos o reservados los antecedentes de la misma no descarta la posibilidad que en la práctica, vía orden judicial, pueda entregarse la información en comento, no vulnerando así el mandato legal que pesa sobre el INDH respecto de la mantención del secreto de la información.

Cabe señalar que el diferente tratamiento de los documentos de Valech I y Valech II, radica en que la primera Comisión de Verdad (Valech

I) tiene una norma de secreto expresa y que excluye específicamente al

Poder Judicial y a todo órgano del Estado, mientras que la segunda Comisión de Verdad (Valech II) contiene una norma genérica de secreto, que no sometería a los Tribunales de Justicia.

En ese orden de argumentos, añade, a la fecha el INDH ha hecho entrega de 67 casos, vía solicitud judicial, a saber, a las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso, Iquique, Talca y Rancagua y Juzgados Civiles de Santiago, Concepción y Talca.

Sin perjuicio de aquello, atendido el argumento expuesto, máxime la necesidad expresada por la reclamante en su libelo, que indica que el propósito de su solicitud es "dar a conocer a la justicia estos antecedentes para ayudar a que se cumpla la normativa y estos crímenes sean investigados y debidamente juzgados", es que dicho Instituto comparte su genuino interés en el esclarecimiento de los hechos, y la consiguiente sanción punitiva a los responsables, poniendo a disposición de los tribunales de justicia toda la información solicitada relativa la Comisión Valech II, tal como se señaló en el párrafo anterior.

Por otro lado, y sin perjuicio de la causal estricta de secreto que cae sobre la Comisión Valech I, existe una excepción a esta causal, y es que cuando el titular de la información (Víctima de Prisión Política y Tortura) solicita su propio expediente de calificación al INDH, el INDH en virtud de la ley Valech I, debe hacer entrega de dicha información, guardando los resguardos necesarios para cautelar la privacidad de terceras víctimas.

En otras palabras, respecto de la información relativa a la Comisión Valech I solicitada por sus titulares, en la actualidad se ha hecho entrega formal, por parte del INDH, a las víctimas o herederos/as que han acreditado su calidad de tal, de sus carpetas personales con los antecedentes aportados por ellos/as, ello en virtud de la aplicación de fallo de Acción de Protección ROL 91.155-2015 de fecha 21.12.2015, de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, la cual ordena al Instituto a dar entrega de la información solicitada vía Ley de Transparencia a una víctima calificada de la referida Comisión Valech I, por cuanto interpreta que el secreto contenido en la norma del artículo 15 de la Ley 19.992, no es absoluto, toda vez que ella misma establece expresamente la excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios materia del secreto.

En virtud de lo ya señalado en los antecedentes del reclamo, se debe necesariamente analizar el carácter de la información solicitada al INDH por la reclamante, y que corresponde específicamente a las bases de datos computacionales y/o informáticas confeccionadas con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisiones Valech I y II.

Añade que, atendido el mandato que corresponde al INDH de custodia y depósito de los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), y por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Torturas (Valech II), dicha información efectivamente obra en poder de ese Instituto y ha sido elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

En relación a los Documentos de la Comisión Valech I, en una primera instancia el INDH negó la entrega de la información requerida atendida la reserva establecida en el artículo 15 de la Ley N° 19.9921, especialmente el inciso tercero. Esta es la causal primaria de rechazo a las pretensiones de acceso de la reclamante, ya que para todos los efectos de la ley, constituyen "documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.", en conformidad con el artículo 21 N° 5 de la ley de transparencia. En relación a lo anterior, se debe tener presente que la norma del artículo 15 de la ley N° 19.992 es una ley de quórum calificado, por tanto, normativamente idónea para calificar de secretos ciertas informaciones.

Sin embargo, existe otra casual de reserva concurrente, específicamente la consignada en el N°2 del artículo 21 de la Ley 20.285, toda vez que en opinión del INDH, las bases de datos solicitadas contienen además de información personal de los/las declarantes, información de carácter sensible.

Esta posición fue informada al Consejo para la Transparencia mediante Ord. N°569 del 07.10.2016, recordando específicamente que la requirente no solicitó solo sus antecedentes propios, sino que además "la base de datos computacional y/o informática realizada con ocasión del proceso de calificación de las comisiones Valech 1 y 2", o sea, en otras palabras, se solicita mediante esta acción exponer la situación personal, sus testimonios y los antecedentes de miles de víctimas de prisión política y tortura, almacenados en las bases informáticas que custodia el INDH.

Cabe señalar que de acuerdo a la normativa vigente, se entiende como "base de datos" el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización que permita relacionar entre sí, así como todo tipo de tratamiento de datos (Art. 2 m) Ley 19.628).

De manera más precisa aún, la información requerida por la reclamante no es sino aquella referida precisamente al conjunto de datos obtenidos de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las propias víctimas a ambas Comisiones, con el objeto de "determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas (...)" y, por otra, "calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, a las siguientes personas: a) (...) hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas (...). b) (...) hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos (...)", respectivamente.

En la práctica, el trabajo que realizó la Comisión Valech I y II, fue recabar diversos antecedentes relativos a apremios ilegítimos y, en general, aspectos vinculados a la salud física y mental de las víctimas, particularmente la alteración, por parte de agentes del Estado, de la condición física y mental de éstas. Asimismo, entre los testimonios prestados por las víctimas se pueden encontrar vejámenes y/o maltratos sexuales sufridos por ellas/ellos, como también se revelan, mayoritariamente, las opiniones y compromisos políticos de muchas de las víctimas que prestaron declaración.

En razón de lo expuesto y, atendida la naturaleza de los antecedentes que conforman las requeridas bases de datos, es dable concluir que gran parte de los antecedentes, testimonios y documentos recolectados por la Comisión, incluyen no solo datos que pueden considerados como personales y sensibles, sino que son datos sobre las más crueles y personales violaciones a los Derechos Humanos en Chile.

Asimismo, en dichas bases de datos también constan los antecedentes entregados por personas, distintas de las víctimas, que se utilizaron como fuente para acreditar la información de los declarantes.

Así las cosas, por norma expresa del artículo 15 de la ley 19.992, y atendido que la entrega de la información requerida pudiere afectar los bienes jurídicos establecidos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia; es forzoso concluir que el Instituto no puede hacer entrega de la información solicitada, por configurarse respecto de las bases de datos realizadas con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Valech I, la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 15 de la ley N° 19.992.

Sin perjuicio de que el Instituto considera necesaria la apertura de los archivos de las Comisiones para el esclarecimiento de hechos por parte del Poder Judicial, se necesita una reforma normativa que, entre otras materias, regule de manera adecuada el resguardo de información sensible de las víctimas calificadas.

Junto con lo anterior, en virtud de las excepciones legales, nada obsta a que atendida la calidad de víctima calificada por la Comisión Valech I y/o Valech II de la reclamante, puede tener acceso exclusivo a los antecedentes de su propiedad aportados en dicho contexto, pero que dicha calidad no la habilita a acceder a lo solicitado formalmente al INDH, esto es, la base de datos computacionales y/o informática completa y que fuere elaborada con ocasión del trabajo de las Comisiones Valech I y II, razón por la que este Instituto estima debe rechazarse el reclamo incoado por ésta.

Agrega que en relación con la base de datos realizadas con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Valech II, que como se ha señalado a lo largo de este escrito, corresponde básicamente a antecedentes relativos a apremios ilegítimos de parte de agentes del Estado, con indicación expresa de aspectos vinculados a alteraciones de la condición física y/o mental de las víctimas, así como, agresiones de carácter sexual sufridos por éstas, por un lado, como también la manifestación de opiniones de carácter políticos efectuadas por las víctimas, por otro. Estos son una base de datos que incluye datos personales y sensibles de las víctimas, según lo dispone el estándar señalado en el artículo 2°, letras f) y g) de la Ley 19.628, de protección a la vida privada.

Si bien en el caso de los archivos de la Comisión Valech II, no existe una causal expresa de secreto como ocurre con los archivos de la Comisión Valech I, si concurre la excepción a la publicidad amparado en la vulneración de datos personales y sensibles establecida en la legislación común y que ampliamente abordada en la sección anterior.

Por lo anterior, el Instituto solicita que rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta, por no existir posibilidad de rango legal de acceder a la pretensión que se ventila en el proceso, por cuanto la publicidad de los antecedentes, necesariamente afectará el derecho de las personas contenidas en ella, particularmente en lo que dice relación con su seguridad, salud, vida privada, honor, dignidad o derechos de carácter comercial o económico, por lo que la aplicación de la reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia efectuada por el organismo que represento se ajustó a derecho.

Recuerda que la ley de Protección de Datos Personales N° 19.628, señala en su artículo 10° que los datos sensibles, en la especie, los datos contenidos en las bases de ambas Comisiones solo pueden ser objeto de tratamiento cuando exista consentimiento de su titular o se trate de datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que corresponda a sus titulares, sin embargo en el caso de marras, no existe consentimiento expreso de un inmenso número de víctimas para la entrega de dicha información, dado que ante el elevado número de víctimas cuyos datos personales y sensibles se encuentran en las requeridas bases de datos (28.000 aprox. en la Comisión Valech I y 10.000 aprox. en la Comisión Valech II) se hace inviable la aplicación del derecho a oposición contenido en el artículo 20 de la Ley 20.285, a fin de conferir traslado a todas las víctimas en ellas consideradas.

CUARTO: Que en el presente causa entre las partes no hay debate en cuanto a los hechos, siendo la discusión que se da de carácter jurídico, esto es si la información en cuestión está amparada por la reserva invocada por los demandados, y por lo mismo las resoluciones que niegan acceso a ellas están ajustadas a derecho, o si por el contrario procede dar acceso a la información requerida a la actora.

En efecto, todas las partes están de acuerdo en los siguientes hechos:

1.- Que efectivamente existen las bases de datos con información proporcionada por las Comisiones Valech I y Valech II, respecto de las que solicita acceso la recurrente, que se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Derecho Humanos (en adelante INDH), siendo la información que contiene la que aportaron miles de víctimas de represión política, conteniendo datos sensibles respecto de las mismas; en este último punto está incluso conteste la actora desde que manifiesta querer encontrar datos de dichas situaciones (para ponerlo a disposición de la justicia).

2.- Están asimismo contestes en que la actora, también víctima de la represión política y de la cual existe información en la base de datos (información que no es materia de este juicio desde que ya dispuso darle acceso), solicitó por vía de Transparencia acceso a esa información al INDH, solicitud que fuera denegada con fecha 18 de agosto de 2016, por estimar dicha institución que la información estaba ampara por reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, negándose asimismo a efectuar el procedimiento del artículo 20 de la ley 20285 por resultar inviable atendido la gran cantidad de personas respecto de la cual existe información en la base de datos.

3.- Que habiéndose recurrido por al actora a la Consejo para la Transparencia, por Resolución de Amparo C3065-2016, se rechazó la solicitud de acceso a dicha información con fecha 3 de enero de 2017, por concurrir respecto de la información de la Comisión Valech I la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 15 de la ley 19992, y respecto de la información de la Comisión Valech II, la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

4.- Que dentro del plazo legal, la actora presentó en tiempo oportuno el presente reclamo de ilegalidad conforme al artículo 28 de la ley 20285.

Que en consecuencia la contienda a resolver es si se configura la causal de reserva invocada para denegar el acceso a la información y si existe norma emanada de tratado internacional que permita dar dicho acceso a la información más allá de la reserva referida.

QUINTO: Que, para dilucidar el conflicto jurídico que se ha planteado, es necesario traer a colación las normas legales y constitucionales que gobiernan la materia.

En primer lugar, el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Que de la norma transcrita puede señalarse que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite una excepción, y corresponden a aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De otro lado, interesan ciertos artículos de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Su artículo 1° dispone que "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimiento para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información."

El artículo 5° prescribe que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

Como se advierte, la norma señala que toda información en poder de las entidades públicas -siendo su ámbito de aplicación el que indica el artículo 2° de la ley de que se trata- en principio es pública, salvo las excepciones, que pueden ser constitucionales o legales.

El artículo 10° de la misma ley establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

"El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

El artículo 16 de la Ley en comento señala que "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.

"En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.

"Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiva su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes."

Que el artículo 11 de la Ley en cuestión dispone a su vez, que el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:... b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. ...c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. ... g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

Que por su parte su artículo 19 dispone que la entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

Seguidamente, el artículo 21, en lo que interesa, dispone que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: ... 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico... 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 24 se refiere al derecho que asiste a aquel a quien se le deniegue su petición, para recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, y el artículo 28 dispone que "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.", estableciendo uno más de los ya innumerables reclamos de ilegalidad de que esta Corte debe conocer en primera o única instancia.

SEXTO: Que de la interpretación armónica de las normas antes citadas, aparece que conforme al principio de transparencia y publicidad, procede por norma general, entregar información, salvo que, efectivamente, ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en la Constitución y la ley.

Que, en consecuencia, para resolver la cuestión controvertida, deba analizarse los antecedentes expuestos para determinar si en el caso concreto se dan los supuestos de las excepciones a la publicidad invocados, caso en el cual debe rechazarse el recurso, debiendo en todo otro caso acogerse.

SEPTIMO: Que en relación a la información derivada de la la Comisión Valech I, cabe tener presente que el artículo 15 de la ley 19992, que tiene el carácter de ley de quórum calificado conforme al artículo 1° transitorio de la ley 1° de la ley 20285, establece expresamente que el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura, por el plazo de 50 años, período durante el cual toda persona que tenga conocimiento de la información, debe guardar reserva de la misma, y en caso de no hacerlo incurre en delito.

Atendido lo anterior, sin lugar a dudas no encontramos en la excepción a la publicidad contemplada en el artículo 21 N°5 de la ley 20.285, por lo que el Consejo de la Transparencia, se ajustó estrictamente a derecho cuando rechazó la solicitud de acceso a la dicha información.

OCTAVO: Que en relación a la base de datos de la Comisión Valech II, si bien respecto de aquella no existe norma expresa que otorgue dicha reserva, esta se encuentra amparada por la excepción del artículo 21 N°2 de la ley 20285, pues sin lugar a dudas su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el derecho de las personas, que en este caso son relevantes para el Estado, como son las víctimas de represión política durante el período 1973-1989.

En efecto cabe tener presente que la Constitución asegura a todas las personas el derecho, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, en su artículo 19 N°4 de la Constitución Política del Estado, razón por la cual cuando se dictó texto legal estableciendo la publicidad de los actos y de la información en poder del Estado, en su artículo 8° establece la excepción para no afectar los derechos de las personas.

Como se indica por los recurridos, sin lugar a dudas en la base de datos en cuestión debe contenerse información que dice relación con vejámenes sufridos por miles de personas, los que de conocerse públicamente pudieren afectar su honra y vida privada, por lo que no se justifica por ningún motivo el difundirlos sin su conocimiento, en tanto aquello afectaría claramente la garantía constitucional antes señalada.

Que la protección de los datos personales y, en especial, los datos sensibles, queda además clara en nuestra legislación en la ley 19628. En efecto dicha normativa define en su artículo 2° letra f) como datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; y en su letra g)como dato sensible, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad tales como... las ideologías u opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Sin lugar a dudas en la referida base de datos deben existir antecedentes que digan relación con esos puntos u otros similares, por lo que teniendo datos personales sensibles para personas miles personas, se justifica la reserva de los antecedentes.

Por otro lado, dicha ley en su artículo 9° dispone que los datos personales debe utilizarse sólo para los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público, estableciendo así el principio de finalidad. Es claro, también, que la información se obtuvo en este caso de los antecedentes aportados por las víctimas y testigos, por lo que en ningún caso viene de fuentes accesibles al público (precisamente por eso se solicita el acceso en este recurso), por lo que solo pueden utilizarse estos datos para los fines que se recolectaron, esto es determinar las víctima de la violencia política para contribuir a su reparación, fines muy diversos de aquellos que manifiesta la recurrente.

Que, asimismo conforme a los artículos recién indicados, además de los artículos 4°, 10 y 20 de dicha ley, cabe tener presente que el tratamiento de datos personales para creación de una base de datos debe estar autorizado por el titular de los datos, y no constando que aquellos hubiesen consentido en la creación de la base de datos en cuestión o el tratamiento de dicho datos en la referida base de datos expresamente, malamente podría ordenar difundirse la misma sin afectar el derecho del titular, según ya se ha dicho.

Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que el Consejo para la Transparencia resolvió conforme a derecho cuando rechazo ordenar la entrega de la información en cuestión, por lo que sólo cabe rechazar el presente recurso.

NOVENO: Que en cuanto a la alegación de la recurrente en orden a que, para resolver su petición, debió procederse conforme al artículo 20 de la ley 20285, notificando a los titulares de la información contenida en la base de datos para que manifiesten su oposición si la tiene, está Corte comparte los expuesto por el INDH en relación a que, por la cantidad de personas incluidas (38.000 aproximadamente), se hace imposible la gestión de las notificaciones en forma reservada (en caso de ser pública se expondría los datos a terceros derechamente), resultando inviable el ejercicio del derecho a oposición.

Cabe tener presente, además, que la petición así planteada, en cuanto a notificar a todas las personas cuyos datos figuran en las bases de datos en cuestión, debe necesariamente ser rechazada, desde que se estaría ante la causal de denegación de información del artículo 21 N°1 letra c) d la ley 20.285, en tanto, por la gran cantidad de personas que habría que notificar, la publicidad, comunicación o conocimiento afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, INDH, por tratarse de requerimiento de carácter genérico, referido a un número elevado de antecedentes de los actos administrativos contenidos en las bases de datos, cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones, única forma de poder cumplir con tal cantidad de notificaciones.

DECIMO: Que, por último, y en relación a las alegaciones de la recurrente en orden a que con la negativa a la información se estarían vulnerando los tratados internacionales que invoca, atendido que al mantenerse la información en reserva, se dejaría de cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, como aquellos contenidos en las bases de datos en cuestión, cabe tener presente que lo solicitado no es la entrega de la información al órgano encargado de la investigación penal, sino a la recurrente, dice ella para ponerla en conocimiento de los Tribunales, más el cumplimiento del fin en cuestión no es fiscalizable en orden a asegurar que el conocimiento de los antecedentes se use sólo con ese fin, por lo que de accederse significaría sólo liberar en forma pública la información, afectando los derechos de los titulares de los datos ahí contenidos.

Sin perjuicio de aquello, si bien existe la obligación del Estado de perseguir este tipo de delitos (lo que en esta país se desarrolla en forma sistemática a través del sistema de los Ministros en Visita Extraordinaria que tramitan las causas de violación a los derechos humanos), existe asimismo la obligación de todo Estado Parte de la Convención para la Tortura de velar por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible (art. 14 de la convención contra la tortura). Es en el marco de esta última obligación que se gestionaron las referidas Comisiones Valech I y II, por lo que su obrar sin duda se enmarca dentro del derecho internacional de los derechos humanos, siendo claro que la exposición pública y sin su voluntad de las víctimas, puede ir precisamente en contra de su reparación y rehabilitación, por lo que aparece ajustada a dicha normativa la decisión cuestionada por este acción.

Cabe tener presente que el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Por su parte el artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Que, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución, como asimismo en las leyes 19.628, 19.992 y 20.285, estas últimas en cuanto protegen los datos sensibles de las personas, tiene también sustento en los tratados sobre derechos humanos, por lo que en ningún caso, son contrarios a los mismos.

Lo que existe en el caso concreto es una colisión entre la transparencia de datos relacionados con violación a los derechos humanos y la reserva que existe de dichos datos para proteger la integridad psíquica de las víctima (quien claramente tiene acceso a los datos y pudiera liberarlos), cediendo en esa situación la balanza según en esta Corte en favor del derecho individual, sobre todo considerando que en nuestro país existe un sistema de justicia independiente, que investiga y, eventualmente, sanciona los delitos de lesa humanidad, justicia a la que tiene acceso libre, e incluso con apoyo del estado, cualquier persona que sienta haber sido víctima de dicho tipo de delitos.

UNDÉCIMO: Atendido todo lo expuesto, esta Corte comparte los argumentos esgrimidos por el Consejo Para La Transparencia para no dar lugar al acceso a las bases de datos de la Comisión Valech I y II, y en consecuencia se rechazará el presente reclamo de ilegalidad dl artículo 28 de la ley 19.628.

DUODÉCIMO: Estimado que la recurrente tuvo motivo plausible para litigar, no se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo que disponen los artículos 24 y 28 de la Ley N°20.285, se declara que se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por doña Haydée Oberreuter Umazabal en lo principal de la presentación de fs.14, en contra de la Decisión de Amparo rol C-3065-16, del Consejo para la Transparencia, dictada con fecha tres de enero de dos mil diecisiete.

Transcríbase al Consejo de Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) Juan Opazo Lagos.

No firma el abogado integrante señor Guerrero, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por ausencia.

Rol N°791-2017.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra e integrada por el Ministro (s) señor Juan Opazo Lagos y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L., Ministro Suplente Juan Opazo L. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.