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Álvaro Mardones Moncada con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C3165-17

Consejo para la Transparencia, 30/01/2018

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente al "registro detallado de importaciones y exportaciones para los años 2015 y 2016 del código arancelario 49.01 libros, que incluya nombre y rut del importador o exportados respectivamente". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3165-17

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas.

Requirente: Álvaro Mardones Moncada.

Ingreso Consejo: 06.09.2017.

En sesión ordinaria N° 863 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3165-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de agosto de 2017, don Álvaro Mardones Moncada solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SNA, la siguiente información: "registro detallado de importaciones y exportaciones para los años 2015 y 2016 del código arancelario 49.01 libros, que incluya nombre y rut del importador o exportados respectivamente".

2) RESPUESTA: El 31 de agosto de 2017, mediante correo electrónico, el Servicio Nacional de Aduanas otorgó respuesta a la solicitud de acceso, señalando que "en primer término, Aduanas no posee bases de datos de importadores y exportadores nacionales ni extranjeros. Además, a partir del mes de septiembre de 2016 opera en forma exclusiva y en régimen, el nuevo acceso a la información pública de Aduanas a través del sistema de Datos Abiertos, el que pone a disposición de todos los interesados, la información ampliada de comercio exterior de importaciones (DIN) y exportaciones (DUS) desde el año 2011 al 2017. Estos datos corresponden a los registrados en los sistemas informáticos del Servicio Nacional de Aduanas, y en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.285, no incluyen el nombre ni el RUT de las personas naturales y jurídicas que realizan transacciones comerciales", indicando los links o enlaces a las páginas web que llevan a la mencionada información de datos abiertos y a los códigos arancelarios respectivos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 6 de septiembre de 2017, don Álvaro Mardones Moncada dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, agrega que "se requiere registro comercial detallado (2015-2016) de la partida de libros que incluye nombre y rut del importador/exportador y se entrega acceso a registro comercial sin identificación del agente importador/exportador".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E3424, de fecha 28 de septiembre de 2017, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante escrito remitido a este Consejo por correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2017, el Servicio presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "solicitamos también declarar inadmisible el amparo presentado en estos autos, por incumplir la exigencia contenida en el artículo 24 de la ley N° 20.285 y en el artículo 43 del Reglamento de la Ley, en cuanto la reclamación no señala claramente cuál sería la infracción cometida"

Acto seguido, indica que el Servicio tiene competencia para generar estadísticas del tráfico internacional, el cual no puede ser asociado a un titular identificado o identificables, en los términos dispuestos en el artículo 2, letra e), de la ley N° 19.628, y que "el recurrente pide que la Aduana asocie los datos estadísticos de las importaciones y exportaciones de libros con los datos de los importadores y exportadores, básicamente con sus nombres y RUT, lo que no constituye un dato estadístico que el Servicio deba generar, ni reviste el carácter de información pública", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza de Aduanas, al secreto empresarial protegido por la ley N° 19.039, por el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, y a lo resuelto por este Consejo en las decisiones rol A114-09 y C654-2016, informando que "tratándose de personas naturales, el nombre y RUT constituyen datos personales protegidos especialmente por la ley N° 19.628. Por su parte, las declaraciones de destinaciones aduaneras y los documentos que le sirven de base contienen información de carácter tributario sujeta a reserva, la que debe ser resguardada por el Servicio".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de lo alegado por el Servicio Nacional de Aduanas, en el sentido de que el reclamo objeto de la presente decisión no cumpliría los requisitos legales, por no haberse señalado claramente la infracción cometida, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que, en primer lugar, el fundamento de dicho reclamo es la respuesta incompleta otorgada por la institución, en la cual no se entregaron los nombres y RUT de los importadores y exportadores consultados, y, en segundo lugar, se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por parte de la reclamante. En consecuencia, este Consejo rechazará dicha alegación.

2) Que, respecto del fondo, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte del Servicio Nacional de Aduanas, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a información de importaciones y exportaciones de los años 2015 y 2016 de la partidas arancelaria que indica, incluyendo nombre y RUT de los agentes importadores o exportadores. Al respecto, en su respuesta, el órgano indicó el enlace a la página web de datos abiertos donde se encuentra disponible la información solicitada, en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y denegó la entrega del nombre y del RUT de los agentes.

3) Que, respecto de la reclamación por la falta de entrega del nombre y RUT de los importadores y exportadores, el órgano denegó su entrega fundado en lo dispuesto en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 329, del año 1979, del Ministerio de Hacienda, lo expuesto en el artículo 2, letra e), de la ley N° 19.628, la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, sin mencionar, de manera expresa, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.

4) Que, al respecto, cabe tener presente que este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información asociada a la actividad de importación y exportación, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ésta; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecuó nuestro sistema jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

5) Que, sobre la base de lo expuesto, y lo razonado en las decisiones de los amparos rol C191-16, C2823-16, C3031-16 y C3385-16, entre otras, este Consejo entiende que los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

6) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.

7) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, en los amparos A114-09 y C654-16, entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información, asociada a la razón social, RUT o domicilio de las personas que realizan ingresos y destinaciones aduaneras, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquieren, se podría acceder a antecedentes de gestión y desarrollo de la estructura de negocios de la empresa, estructura de costos, márgenes de ganancia y utilidades de la misma, proveedores, características y valoración aduanera de las mercancías importadas o exportadas, entre otras, todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico, y una eventual divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, los requisitos señalados en el considerando 4° de la presente decisión.

8) Que, en el mismo sentido, y de manera sostenida, las I. Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y de La Serena, han reservado la información solicitada, ante requerimientos de similar contenido, señalando que "Que a juicio de estos sentenciadores resulta evidente que la información contenida en los documentos denominados "Documentos Únicos de Salida" (D.U.S.) y los "Informes de Variación de Valor" (I.V.V.), contienen información comercial relevante, altamente sensible en un mercado competitivo (...), sobre cuya información el exportador detenta título de propiedad y merecen la reserva que se impugna por el reclamante. En efecto, respecto del D.U.S., éste contiene información desde el inicio de la tramitación hasta la etapa de legalización, hecho posterior a la fecha de embarque de las mercancías de exportación. En cuanto al I.V.V., que es un documento obligatorio para los exportadores con cláusula de venta "no a firme", deben ser presentados por el exportador a más tardar dentro del plazo de 210 días desde la legalización del DUS, por lo que, si se analiza la información contenida en ambos, es posible acceder a datos que pueden afectar gravemente los intereses económicos de la empresa exportadora. En efecto, no cabe duda alguna que la información requerida al Servicio Nacional de Aduanas es de aquellas a que se remite el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, vale decir, que se trata de información reservada o secreta desde que su publicidad, comunicación o conocimiento puede afectar los derechos de la exportadora (...) de carácter comercial o económico, por lo que no se avizora en la decisión reclamada la comisión de un acto contrario a derecho" (Considerando Octavo, Corte de Apelaciones de La Serena, rol 764-2016).

9) Que, por tanto, atendida la forma en la cual ha sido requerida la información, incluyendo los datos de nombre y RUT de los importadores y exportadores, respecto de los cuales existen titulares de derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y a lo razonado sostenidamente por esta Corporación, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de dicha ley, no obstante no haber sido alegada expresamente por el órgano, razón por la cual, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Álvaro Mardones Moncada, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Álvaro Mardones Moncada y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.