logo
 

Sebastián Valenzuela Dellarossa con DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) Rol: C3484-17

Consejo para la Transparencia, 01/02/2018

Se dedujo amparo en contra de la Dirección General de Aguas Región del Bío Bío, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a "pedir cuenta tanto de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas de Concepción con fecha 25 de marzo de 2015, en expediente administrativo ND-0802-4152, como también, de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas de Santiago con fecha 10 de diciembre de 2015, respecto del mismo expediente, para que así se dé respuesta a ambas y en consecuencia, se haga entrega de copia de los sumarios administrativos instruidos en contra de los señores Esteban Morales Bustamante, Aracely Ulloa Sánchez y Viviana Muñoz Palma". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3484-17

Entidad pública: Dirección General de Aguas Región del Biobío (DGA).

Requirente: Sebastián Valenzuela Dellarossa.

Ingreso Consejo: 04.10.2017

En sesión ordinaria N° 864 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de febrero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3484-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de agosto de 2017, don Sebastián Valenzuela Dellarossa solicitó a la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío, en adelante e indistintamente, la Dirección o la DGA, la siguiente información: "solicito respetuosamente pedir cuenta tanto de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas de Concepción con fecha 25 de marzo de 2015, en expediente administrativo ND-0802-4152, como también, de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas de Santiago con fecha 10 de diciembre de 2015, respecto del mismo expediente, para que así se dé respuesta a ambas y en consecuencia, se haga entrega de copia de los sumarios administrativos instruidos en contra de los señores Esteban Morales Bustamante, Aracely Ulloa Sánchez y Viviana Muñoz Palma".

2) RESPUESTA: El 21 de septiembre de 2017, el órgano otorgó respuesta a la solicitud de información, indicando que "la información solicitada dada su magnitud está disponible en oficina Regional de la DGA Región del Biobío, favor comunicarse con Srta. Valeria Ferrada para su retiro".

3) AMPARO: El 4 de octubre de 2017, don Sebastián Valenzuela Dellarossa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, agrega que "se solicitó cuenta y copia de un sumario llevado a cabo en contra de ciertos funcionarios de la DGA, sin embargo, el documento entregado viene con los nombres de todos los intervinientes tarjados con plumón, con lo que es imposible tener la certeza de que lo recibido sea efectivamente la información solicitada".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E3731, de fecha 18 de octubre de 2017, confirió traslado al Sr. Director Regional de Aguas de la Región del Biobío, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. D.G.A. N° 1592 de 2 de noviembre de 2017, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "informo a Ud., que el requerimiento planteado carecía de mérito para realizar los sumarios administrativos a los funcionarios Esteban Morales Bustamante y Aracely Ulloa Sánchez; en relación a los antecedentes del sumario administrativo realizado a Viviana Muñoz Palma, se trasladaron los antecedentes que se disponían conforme a lo establecido en la ley N° 19.228; sumario que se aprobó y sobreseyó bajo la Res Exenta DGA N° 147, de fecha 25 de enero de 2017", y reiterando que no fue posible entregar la copia del sumario vía correo electrónico y que el interesado debió retirar de manera presencial en oficina de la DGA.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: En virtud de lo anterior, dado que la respuesta del órgano no hizo mención a todos los puntos solicitados por este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2017, se solicitó al órgano complementar sus descargos, remitiendo copia del oficio conductor con el cual se dio respuesta a la solicitud de información y copia íntegra de la información reclamada.

Posteriormente, mediante Ord. D.G.A. Región del Biobío N° 1652, de fecha 13 de noviembre de 2017, la Dirección complementó sus descargos, señalando que "la solicitud de información formulada por el requirente se respondió mediante Plataforma Ministerial SIAC, en tiempo y oportunidad, indicando la disponibilidad de la información (...). Por error involuntario, esta Dirección Regional no señaló antecedentes que mencionara el motivo legal que implicaba el tachado de los datos personales de funcionarios aludidos en el expediente de sumario solicitado", adjuntando copia íntegra del sumario administrativo, sin información tachada, en un CD.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a resultado de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío con fecha 25 de marzo de 2015, en expediente administrativo ND-0802-4152, como también, de la solicitud presentada en la Dirección General de Aguas con fecha 10 de diciembre de 2015, respecto del mismo expediente, y copia de los sumarios administrativos instruidos en contra de los funcionarios que indica. Al respecto, en su respuesta, el órgano entregó copia del sumario administrativo pedido. Sin perjuicio de lo anterior, en su amparo, el reclamante señala que todos los nombres fueron tarjados, por lo que no es posible corroborar que lo entregado corresponda a lo solicitado.

2) Que, habiéndose verificado el contenido de la información entregada por el órgano, en respuesta al solicitante, es posible concluir que, en efecto, en la copia del sumario administrativo se han tarjado los nombres de todos los intervinientes en el proceso, incluyendo aquellos de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible corroborar la participación de alguno de los funcionarios aludidos en la solicitud de información, no obstante que, en sus descargos, el órgano informó que respecto de don Esteban Morales y doña Aracely Ulloa, el requerimiento carecía de mérito, y sin perjuicio de que, en forma posterior, el sumario administrativo respecto de doña Viviana Muñoz fue sobreseído.

3) Que, este Consejo ha sostenido que la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. El carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. Es más, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (Criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). En la especie, tratándose de un expediente que se encuentra afinado, la regla general establece la publicidad de todos sus actos, no pudiendo reservarse más información que aquella que resguarda la ley N° 19.628.

4) Que, en virtud de lo anterior, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, debiendo el órgano tarjar, previo a la entrega, solamente los datos personales de contexto que pudiera contener, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, intervinieron en el procedimiento administrativo, sino sólo de aquellos terceros ajenos al funcionamiento del órgano o de quienes prestaron declaración en el mismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Sebastián Valenzuela Dellarossa en contra de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Regional de Aguas de la Región del Biobío lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del sumario administrativo reclamado, debiendo el órgano tarjar, previo a la entrega, solamente los datos personales de contexto que pudiera contener, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, intervinieron en el procedimiento administrativo, sino sólo de aquellos terceros ajenos al funcionamiento del órgano o de quienes prestaron declaración en el mismo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Valenzuela Dellarossa y al Sr. Director Regional de Aguas de la Región del Biobío.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.