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Héctor Arancibia Cartagena con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C3019-17

Consejo para la Transparencia, 28/12/2017

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social, que actualmente cumplan condena privadas de libertad y registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, con la finalidad que se informe la fecha de cumplimiento de dichas condenas. b) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social que actualmente cumplan condena privadas de libertad, que hayan cometido delitos al interior de la comuna de Lo Barnechea, no obstante no registren domicilio al interior de ella, con la finalidad de que se informe cuando finaliza el cumplimiento de dichas condenas; entre otros. El Consejo acoge parcialmente el amparo deducido por don Héctor Arancibia Cartagena, en contra de Gendarmería de Chile; rechazándolo respecto de la información referida al domicilio de las personas a que se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud, y la pedida en la letra e), por configurarse la causal de reserva contemplada en el N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2 letra f) y g) de la ley N° 19.628, respectivamente, como asimismo respecto de los literales b) y f) del requerimiento, por haberse derivado la solicitud formulada en dichos puntos de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3019-17

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Héctor Arancibia Cartagena

Ingreso Consejo: 25.08.2017

En sesión ordinaria N° 855 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de diciembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3019-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 06 de julio de 2017, don Héctor Arancibia Cartagena solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información:

a) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social, que actualmente cumplan condena privadas de libertad y registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, con la finalidad que se informe la fecha de cumplimiento de dichas condenas.

b) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social que actualmente cumplan condena privadas de libertad, que hayan cometido delitos al interior de la comuna de Lo Barnechea, no obstante no registren domicilio al interior de ella, con la finalidad de que se informe cuando finaliza el cumplimiento de dichas condenas.

c) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social, que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, que actualmente se encuentren cumpliendo su condena de conformidad a la ley N° 18.216, al interior de la referida comuna.

d) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social, que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, las que actualmente se encuentren cumpliendo su condena de conformidad a la ley N° 18.216, en una comuna diversa.

e) Identificación de los imputados que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, y que se encuentren sujetos actualmente a la medida cautelar de prisión preventiva con motivo de la comisión de delitos de mayor connotación social.

f) Identificación de imputados que, sin registrar domicilio en la comuna de Lo Barnechea, hayan cometido delitos de mayor connotación social al interior de ella y actualmente se encuentren sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

g) Identificación de personas condenadas por delitos de mayor connotación social que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, que actualmente gocen de algún beneficio penitenciario.

h) Identificación de las personas que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, cuya condena por delitos de mayor connotación social, privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216, actualmente se encuentre quebrantada.

2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 2253, de fecha 09 de agosto de 2017, señalando, en síntesis, que se adjuntó oficio Ord. N° 14.20.11.178/17, de fecha 27 de julio de 2017, mediante el cual se entregó archivo Excel con la información pedida, precisando lo siguiente:

En cuanto a lo pedido en las letras a), e) y g), se hace entrega de registros actualizados, conforme indican, comprendidos hasta el 30 de junio de 2017.

En cuanto a lo pedido en la letra c), informa que lo consultado no es materia de registro, sin embargo, hacen entrega de nómina de personas condenadas vigentes al 30 de junio de 2017, a medidas o penas sustitutivas que declaran domicilio en la comuna de Lo Barnechea.

En cuanto a lo pedido en los literales b), d), f) y h), señala que lo pedido no es materia de registro, por lo que no es posible entregar lo requerido.

Se hace presente que, en las letras a) y g) se hace entrega de un solo registro de condenados, denominado "Condenados R", en el cual se informa conjuntamente tanto a los condenados con y sin beneficios.

3) AMPARO: El 25 de agosto de 2017, don Héctor Arancibia Cartagena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, dado que respecto de lo pedido en las letras a) y e), sólo se entregó registro de "condenado R", hasta el 30 de junio de 2016, y además es incompleta, por cuanto no se indicó el nombre completo, cédula de identidad y domicilio de los condenados. Además, en relación a lo pedido en los literales b), d), f) y h), se informó que dicha información no es materia de registro, por lo que no sería posible su entrega, sin haber derivado o informado el órgano administrativo que sería competente para entregar lo requerido.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E2943, de fecha 05 de septiembre de 2017.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 14.00.00.1154/17, de fecha 26 de septiembre de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que dio respuesta íntegra a lo pedido en las letras a), e) y g) de la solicitud, haciendo presente que efectivamente los títulos de las planillas entregadas señalan que corresponden al año 2016, sin embargo, los datos contenidos en dichos documentos, entregados por la Unidad de Estadística de Gendarmería de Chile, corresponden a la información vigente al 30 de junio de 2017, según se procedió a verificar por la institución.

En relación a lo pedido en las letras b) y f) de la solicitud, señala que no cuenta con dicha información sistematizada, en atención a que el dato de la comuna de la comisión del delito no es información relevante para el cumplimiento de sus fines institucionales. Agregó que dicha información debe constar en las respectivas sentencias y lograr ese dato significaría analizar sentencia por sentencia de cada interno, razón por la cual se derivó la solicitud de dichos antecedentes al Poder Judicial de Chile mediante oficio Ord. N° 462 de fecha 26 de septiembre de 2017, y al Ministerio Publico a través de oficio Ord. N° 463 de la misma fecha, por ser materia de su competencia, lo cual fue informado al solicitante por carta N° 2615, de fecha 26 de septiembre de 2017.

Respecto a los literales c) y d) de la solicitud objeto del reclamo, se complementó la respuesta al requirente, mediante oficio N° 573, de fecha 26 de septiembre de 2017, proporcionando planillas con las personas condenadas por delitos de mayor connotación social, que registran domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, que actualmente se encuentren cumpliendo su condena de conformidad a la ley N° 18.216, al interior de la referida comuna y en una comuna diversa. Para dicha información se consideró a los penados vigentes al 31 de agosto de 2017, en sistema abierto (Medidas Alternativas de Reclusión y Penas sustitutivas) con domicilio en comuna de "Lo Barnechea", cumpliendo condenas de ley N° 18.216, en establecimiento penitenciario con competencia a la comuna de Lo Barnechea (Santiago Oriente) o diferente a ella. Todo ello, en el entendido que el cumplimiento de la pena es en el Centro de Reinserción Social que los controla.

En relación a lo pedido en el literal h) del requerimiento, señaló el órgano reclamado que para "construir" la información pedida la Unidad de Estadística debe realizar una extracción a la base de datos y realizar un trabajo mancomunado con el Departamento de Control Penitenciario y el Departamento de Reinserción en el Sistema Abierto, con el fin de identificar y corroborar los datos que presentan los sistemas informáticos, respecto a las personas que se encuentran en calidad de quebrantadas en los registros, lo anterior en atención que en el registro se considera como "egresos" no pudiendo distinguir si estos corresponden a quebrantamientos o no, debido que en los sistemas no registran con tanta precisión el motivo de egreso. Hace presente que el requerimiento no distingue entre quebrantamiento de la antigua Ley 18.216 o su modificación relativa a las Penas Sustitutivas: El quebrantamiento para las Medidas Alternativas se refería a cualquier condición de incumplimiento en virtud de la cual el Tribunal resolviera la revocación. En cambio en las Penas Sustitutivas el quebrantamiento solamente se refiere a la comisión de un nuevo delito durante el cumplimiento de una Pena Sustitutiva (con condena).

Por lo anterior, señala concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que, implicaría que uno o más funcionarios de las áreas antes individualizadas, dediquen tiempo exclusivo a la recopilación de los datos pretendidos, que solo de manera ilustrativa, para la sistematización de los antecedentes solicitados sería necesario realizar una revisión carpeta por carpeta de cada condenado, ya sea con pena privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216 con domicilio registrado en la comuna de Lo Barnechea con el fin de identificar si existe un quebrantamiento registrado o no, entregando los parámetros reclamados. Lo anterior, implicaría que por lo menos 1 funcionario del escalafón profesional grado 9° EUS con a lo menos un mes dedicación exclusiva para la extracción y la posterior verificación de los datos, además de la rectificación de los mismos, dejando de lado totalmente sus labores habituales para las cuales han sido contratado, significando a lo menos el total de la remuneración mensual de ese funcionario para solo satisfacer un requerimiento, implicando un costo de $2.215.595 millones de pesos.

Finalmente y respecto a la "No identificación completa de las personas solicitadas (nombre completo, cedula de identidad y domicilio)", es dable señala que lo solicitado en su requerimiento fue "Identificación" y no todos los antecedentes reclamados, sin perjuicio de ello este servicio consideró la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en relación a la letra f) del artículo el artículo 2° de la citada norma legal.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo mediante oficio N° E3457, de fecha 03 de octubre de 2017, y correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2017, remitió los antecedentes proporcionados por Gendarmería de Chile en sus descargos al solicitante, requiriéndole manifestar su conformidad o disconformidad con los mismos.

El requirente, en ambas respuestas acompañó carta de fecha 10 de octubre de 2017, mediante la cual manifestó su disconformidad con la información entregada, fundado en lo siguiente:

Respecto de lo pedido en las letras a), e) y g) de la solicitud, porque en las planillas entregadas no se proporcionó los nombres, cédulas de identidad y domicilio de las personas condenadas en cuestión.

En relación a lo requerido en los literales b) y f), sostiene que resulta poco convincente que no posea con dicha información uniformada y levantada.

Respecto de la información pedida en las letras c) y d), señala que no se proporcionó los nombres, domicilio y cédulas de identidad de las personas condenadas.

Finalmente, en relación a lo pedido en la letra h), se limitó a señalar que lo pedido se refiere a quebrantamientos de condena luego de la modificación de la ley N° 18.216.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Héctor Arancibia Cartagena solicitó a Gendarmería de Chile diversa información de personas condenadas o imputadas por delitos, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como insatisfactoria conforme se indicó en el N° 5 de lo expositivo, fundado en que respecto de lo pedido en las letras a), c), d), e) y g) no se proporcionó la información referida a los nombres, cédulas de identidad y domicilio de las personas a quienes se refiere; respecto del literal b) y f) porque no obraría en su poder, y respecto de la letra h), por cuanto no se le entregó por faltar precisión de la misma, limitándose a dichos puntos el presente amparo.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de la información reclamada referida al domicilio de las personas a quienes se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud de información, este Consejo hace presente que de conformidad al principio de finalidad establecido en el artículo 9° de la ley N° 19.628, exige utilizar los datos personales sólo en los fines para los cuales fueron recolectados, lo que en el caso de los órganos públicos se encuentra determinado por la esfera de competencia asignada por los cuerpos legales que los rigen. En este orden de ideas, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 1002-2011, señaló que "(...) los datos (...) sólo pueden ser tratados por la autoridad pública en ejercicio de sus competencias legales y velando por un uso pertinente, adecuado y no excesivo con relación al ámbito y las finalidades para las que hayan obtenido, no pudiendo usarse para finalidades diferentes (...)" (Considerando Décimo).

4) Que, divulgar la información solicitada sin mediar su autorización, ni orden judicial, en infracción de los cuerpos normativos precedentemente citados, conllevaría una transgresión del deber de resguardo que nuestra legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas.

5) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que de acuerdo al criterio sostenido reiteradamente por este Consejo, tratándose del domicilio de una persona, dicho antecedente constituye un dato personal que deben reservar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, más allá que exista o no tratamiento en los soportes materiales en que se encuentran dichos datos personales, salvo en los casos excepcionales en que se ha resuelto su publicidad por existir motivos plausibles para ello.

6) Que, en consecuencia, esta Corporación en virtud de la atribución conferida por el artículo 33, letra m), de la Ley de Trasparencia, el cual dispone que a este Consejo le corresponderá "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado", rechazará el presente amparo en esta parte, por cuanto los antecedentes reclamados son datos personales de las personas, que se encuentran protegidas tanto por la Constitución Política de la República como por la ley N° 19.628, y su divulgación puede afectar sus derechos fundamentales a la vida privada e intimidad, configurándose la hipótesis de reserva prevista, tanto en el inciso 2° del artículo 8° de la Carta Magna, como en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

7) Que, respecto del nombre y la cédula de identidad de las personas a quienes se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud de información, el órgano requerido sólo proporcionó los apellidos de las personas en cuestión, denegando sus nombres y cédulas de identidad fundado en que concurriría la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y la letra f) del artículo el artículo 2° de la citada norma legal.

8) Que, al respecto, cabe tener a la vista la definición de datos personales prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628 ya citada, que los define como todo dato relativo a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. De tal definición, es posible establecer que el dato sobre la situación penitenciaria de una persona y los antecedentes relativos a un beneficio penitenciario, constituye un dato personal, que, en principio está sujeto al secreto que establece el artículo 7° de la ley N° 19.628. Más específicamente, a juicio de este Consejo, dicha información es constitutiva de datos personales relativos a condenas por delitos, pues dice relación con las circunstancias en que se desarrolla el cumplimiento y la ejecución de las condenas. Por lo mismo, atendida la naturaleza de la información pedida, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley N° 19.628, que preceptúa al respecto: "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena".

9) Que, en las decisiones de amparo Roles C1370-11, C1377-11 y C1415-11, este Consejo se ha referido a los presupuestos copulativos que deben concurrir para aplicar la hipótesis que contempla la norma señalada, esto es: a) Debe tratarse de "datos personales relativos a condenas por delitos". Es decir, debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y b) Las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse "cumplidas" o la pena asignada debe estar "prescrita". Conforme a los presupuestos antes descritos, la hipótesis contemplada en la norma del citado artículo 21 de la ley N° 19.628 no resulta aplicable respecto de los condenados a que se refiere la información requerida en las letras a), c), d), y g) del presente caso, puesto que, si bien la información dice relación con su situación penitenciaria, los antecedentes solicitados se refieren a aquellas condenas que aún no han sido cumplidas. En consecuencia, debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas aún no se cumplen.

10) Que, en el presente caso, del tenor literal de la solicitud de información, se desprende que lo pedido es información referida a condenados que están cumpliendo su condena, y por tanto cuya condena no se encuentre cumplida o prescrita, por lo tanto, corresponde aplicar lo razonado en el considerando anterior, descartando al efecto la argumentación del órgano requerido para reservar el nombre y la cédula de identidad de los condenados sobre los cuales versa el requerimiento.

11) Que, por otra parte, a juicio de este Consejo la información en cuestión si bien constituye datos personales, no se corresponde con la definición de "datos sensibles" a que se refiere el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628. En efecto, la esfera de publicidad que rodea la misma información impide que pueda ser considerada dentro de esta categoría. Resulta indicativo en este sentido la historia de la ley N° 19.628, cuyo texto original al referirse a la categoría en cuestión incluía la información referida a "condenas criminales" (Segundo Informe de la Comisión de Constitución del Senado); sin embargo, en la tramitación posterior dicha categoría fue eliminada como dato sensible, y así figura en el texto definitivo. A mayor abundamiento, que no obstante constituir la información reclamada en esta parte datos personales, existe un interés público involucrado en conocer la información que permite individualizar a la persona que ha sido condenada por alguno de los delitos a que se refiere la solicitud de información, y que se encuentre cumpliendo su condena privado de libertad o en alguna forma de cumplimiento alternativo o beneficio penitenciario que contempla nuestro ordenamiento jurídico, siendo el nombre y apellidos, con su número de cédula de identidad, la información que permite individualizar con exactitud la persona condenada en concreto, evitando cualquier confusión que por alcance de nombre pueda originarse.

12) Que, por lo expuesto, cabe desechar las alegaciones invocadas por Gendarmería de Chile para denegar el nombre y cédula de identidad de las personas condenadas a quienes se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud de información, sin que se haya acreditado que su entrega produzca una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva sobre alguno de los derechos de los mismos, más aún cuando se trata de personas en pleno cumplimiento de sus condenas, razón por la cual se desestimarán las causales de reserva previstas en los N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar a don Héctor Arancibia Cartagena, el nombre y cédula de identidad de las personas condenadas a quienes se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud de información, debiendo abstenerse de proporcionar cualquier información respecto de las personas que hayan cumplido su condena o cuya pena se encuentre prescrita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628.

13) Que respecto de la información referida a personas que tienen la calidad de imputados a que se refieren las letras e) y f), esto es respectivamente, la identificación de los imputados que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, y que se encuentren sujetos actualmente a la medida cautelar de prisión preventiva con motivo de la comisión de delitos y la identificación de imputados que, sin registrar domicilio en la comuna de Lo Barnechea, hayan cometido delitos al interior de ella y actualmente se encuentren sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, cabe tener presente el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, en cuanto ha concluido que "la presunción de inocencia implica una primera regla de trato o conducta hacia el imputado, según la cual toda persona debe ser tratada como inocente mientras una sentencia de término no declare lo contrario" (STC 1518, c.34).

14) Que, por su parte la doctrina ha señalado que "Entre los principios básicos del sistema procesal vigente se destaca el de la presunción de inocencia del imputado, concebida en el artículo 4° del Código Procesal Penal que "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme", y que "es necesario que la sentencia condenatoria, como lo exige el artículo 340 de la compilación aludida, debe ser el fruto de la convicción del tribunal (...), más allá de toda duda razonable, que en estos hechos ilícitos les ha correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la ley (...) es la prueba legalmente obtenida, explicada racionalmente y sometida a la pertinente contradicción, la que permitirá destruir la inocencia que durante todo el litigio acompañó a los enjuiciados" (Verdugo Marinkovic, Mario (2015): Diccionario de Jurisprudencia Judicial Chilena 2000-2014, Editorial Thomson Reuters - La Ley, Santiago, Chile, p. 316).

15) Que, por su parte, Humberto Nogueira Alcalá señala que "La presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere, a priori, que ellas actúan de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho imputado, determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido proceso" (Revista Ius et Praxis, Universidad de Talca, N° 11 (1), Talca, Chile, pp. 221 - 241, 2005).

16) Que, por lo expuesto, en lo que respecta a la identidad de las personas que tienen la calidad de imputadas a las que se refiere las letras e) y f), a juicio de este Consejo la entrega de dicha información configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la circunstancia de tener la calidad de imputado en una investigación penal, no importa un juicio de valor acerca de su comportamiento penal, de modo que la entrega de la misma generaría una exposición pública de dicha condición de las personas en cuestión y una eventual afectación a la presunción de inocencia que los ampara, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte. Se hace presente, que lo resuelto es sin perjuicio, que tratándose de lo pedido en la letra f) el órgano requerido haya derivado la solicitud de información, a los órganos públicos que estimó competentes, conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia.

17) Que, respecto de la información pedida en la h), referida a la identificación de las personas que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, cuya condena por delitos de mayor connotación social, privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216, actualmente se encuentre quebrantada, respecto de quebrantamientos de condena con posterioridad a la modificación de la ley N° 18.216, como precisó el requirente en la gestión oficiosa señala en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, Gendarmería de Chile expresó que no podría entregar dicha información, por cuanto no era materia de registro, agregando en sus descargos que concurriría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundado en que implicaría destinar a uno o más funcionarios a la tarea de recopilar y corroborar los antecedentes requeridos, tarea que implicaría revisar carpeta por carpeta, lo que a su parecer exigiría un funcionario del escalafón profesional con al menos un mes de dedicación exclusiva.

18) Que, cabe tener presente que en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

19) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

20) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

21) Que, en este sentido, los antecedentes proporcionados por Gendarmería de Chile no permiten apreciar la manera en que entregar la identificación de las personas que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, cuya condena por delitos de mayor connotación social, privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216, actualmente se encuentre quebrantada, efectivamente afecta el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, procediendo por consiguiente, desestimar dicha alegación.

22) Que, por lo expuesto, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a Gendarmería de Chile entregar a don Héctor Arancibia Cartagena los nombres y apellidos, con su número de cédula de identidad, de las personas que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, cuya condena privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216, actualmente se encuentre quebrantada, respecto de quebrantamientos de condena con posterioridad a la modificación de la ley N° 18.216, debiendo abstenerse de proporcionar el domicilio de dichas personas, como asimismo cualquier información respecto de las personas que hayan cumplido su condena o cuya pena se encuentre prescrita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, conforme se resolvió en los considerandos 6° y 12° de la presente decisión.

23) Que, respecto de lo pedido en las letras b) y f), Gendarmería de Chile señaló que no poseía dicha información requerida, por cuanto no es materia de registro, en atención a que el dato de la comuna de la comisión del delito no es información relevante para el cumplimiento de sus fines institucionales, agregando que dicha información debe constar en las respectivas sentencias, razón por la cual se derivó la solicitud de dichos antecedentes al Poder Judicial de Chile mediante oficio Ord. N° 462 de fecha 26 de septiembre de 2017, y al Ministerio Publico a través de oficio Ord. N° 463 de la misma fecha, por ser materia de su competencia, lo cual fue informado al solicitante por carta N° 2615, de fecha 26 de septiembre de 2017.

24) Que, expuesto lo anterior, cabe analizar la derivación de requerimiento de información realizada por el órgano requerido al Poder Judicial y al Ministerio Público, teniendo presente que de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia "en caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que sea posible individualizar, informando de ello al peticionario".

25) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, y atendida la naturaleza de la información reclamada en los literales b) y f) de la solicitud, a juicio de este Consejo se han cumplido los supuestos que contempla el artículo 13 de la Ley de Transparencia para proceder a derivar la solicitud de información formulada en esta parte, al Poder Judicial y el Ministerio Público, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte, sin perjuicio de lo señalado precedentemente respecto de la identificación de personas que tengan la calidad de imputados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Arancibia Cartagena, en contra de Gendarmería de Chile; rechazándolo respecto de la información referida al domicilio de las personas a que se refieren las letras a), c), d), y g) de la solicitud, y la pedida en la letra e), por configurarse la causal de reserva contemplada en el N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2 letra f) y g) de la ley N° 19.628, respectivamente, como asimismo respecto de los literales b) y f) del requerimiento, por haberse derivado la solicitud formulada en dichos puntos de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante la siguiente información, debiendo abstenerse de proporcionar el domicilio de las personas que comprende dicha información, como asimismo cualquier información respecto de las personas que hayan cumplido su condena o cuya pena se encuentre prescrita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628:

i. La identificación con nombres, apellidos, y número de cédula de identidad de las personas condenadas a que se refiere la letra a) de la solicitud de información formulada, que actualmente cumplan condena privadas de libertad y registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, con la finalidad que se informe la fecha de cumplimiento de dichas condenas.

ii. La identificación con nombres, apellidos, y número de cédula de identidad de las personas condenadas a que se refiere la letra c) de la solicitud de información formulada, que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, que actualmente se encuentren cumpliendo su condena de conformidad a la ley N° 18.216, al interior de la referida comuna.

iii. La identificación con nombres, apellidos, y número de cédula de identidad de las personas condenadas a que se refiere la letra d) de la solicitud de información formulada, que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, las que actualmente se encuentren cumpliendo su condena de conformidad a la ley N° 18.216, en una comuna diversa.

iv. La identificación con nombres, apellidos, y número de cédula de identidad de las personas condenadas a que se refiere la letra g) de la solicitud de información formulada, que registren domicilio al interior de la comuna de Lo Barnechea, que actualmente gocen de algún beneficio penitenciario.

v. La identificación con nombres, apellidos, y número de cédula de identidad de las personas que registren domicilio en la comuna de Lo Barnechea, cuya condena por delitos a que se refiere la letra h) de la solicitud de información formulada, privativa de libertad o sustitutiva establecida en la ley N° 18.216, actualmente se encuentre quebrantada, respecto de quebrantamientos de condenas con posterioridad a la modificación de la ley N° 18.216.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Arancibia Cartagena y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.