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Gabriel Álvarez López con SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C3571-17

Consejo para la Transparencia, 19/06/2018

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de los expedientes de todos los sumarios administrativos concluidos en el Consulado General de Chile en Mendoza entre el año 2010 y el 25 de agosto de 2017. El Consejo acoge parcialmente el amparo, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Relaciones exteriores
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3571-17

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Requirente: Gabriel Álvarez López

Ingreso Consejo: 11.10.2017

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, sobre expediente de acoso laboral solicitado, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento.

Se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.

En sesión ordinaria N° 901 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3571-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de agosto de 2017, don Gabriel Álvarez López solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores copia de los expedientes de todos los sumarios administrativos concluidos en el Consulado General de Chile en Mendoza entre el año 2010 y el 25 de agosto de 2017.

2) RESPUESTA: El 11 de octubre de 2017, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 3521, señalando en síntesis que:

a) La solicitud versa sobre el acceso al expediente sumarial de acoso laboral, ordenado instruir por Resolución Exenta N° 2632, de 22 de septiembre de 2016, para indagar los hechos denunciados en el Consulado General de Chile en Mendoza en la República Argentina.

b) El expediente del sumario administrativo precedentemente indicado, contiene información cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros, en particular, de quienes participaron en calidad de denunciante, denunciado y testigos en dicho sumario administrativo.

c) Dada la especial naturaleza de las materias investigadas en el respectivo proceso disciplinario, esta Secretaría de Estado comunicó a los terceros eventualmente afectados -denunciante, denunciado y testigos en dicho proceso disciplinario- la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de la documentación solicitada. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

d) Ahora bien, efectuado el traslado establecido en la citada preceptiva legal, dos de los terceros presentaron, en tiempo y forma, su oposición a la entrega de la documentación requerida.

e) Por lo tanto, habiéndose verificado en tiempo y forma, las oposiciones de los terceros eventualmente afectados, esta Subsecretaría queda legalmente impedida de proporcionar la documentación solicitada.

3) AMPARO: El 11 de octubre de 2017, don Gabriel Álvarez López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que respecto de sumarios instruidos en otras embajadas éstos le fueron proporcionados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores mediante Oficio N° E3903 de 24 de octubre de 2017.

El órgano reclamado mediante Oficio N° 12.699 de 8 de noviembre de 2017 reiterando los fundamentos de la denegación de la información solicitada expuestos en su respuesta. Al efecto, señaló en síntesis que:

a) Los terceros concurrieron, en su oportunidad, a prestar declaración en dicho sumario administrativo bajo una expectativa razonable de reserva, de manera que la publicidad, comunicación o conocimiento de dichas declaraciones podría ocasionar que, a futuro, en procedimientos disciplinarios de similar naturaleza, inhibiría a los deponentes a formular en términos claros y espontáneos los aspectos relacionados a los hechos que se les exhortaría dar cuenta al Fiscal o Investigador, en el contexto de denuncias de acoso laboral o sexual, o bien, generar situaciones de conflicto en las unidades de desempeño de quienes se vean involucrados, directa o indirectamente, en hechos de esa naturaleza, o bien, afectar su entorno familiar.

b) En dicho contexto la publicidad de la información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y los derechos de terceras personas, al entorpecer diligencias investigativas en el contexto de nuevas investigaciones sumarias y sumarios administrativos sobre acoso sexual o laboral, o bien, generar situaciones de conflicto en las unidades de desempeño de quienes se vean involucrados, directa o indirectamente, en hechos de esa naturaleza, o bien, afectar su entorno familiar, configurándose, en definitiva, las causales de secreto o reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia a lo previsto en el inciso 2° del artículo 5°, el artículo 8° y el artículo 19 N° 4, todos de la Constitución Política de la República.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante Oficios N° E4393 y E4394 de 21 de noviembre de 2017, confirió traslado a los terceros interesados que se opusieron a la entrega de la información ante el órgano requerido.

Mediante presentación de fecha 22 de noviembre de 2017, la parte denunciante en el sumario administrativo solicitado se opuso a la entrega de sus declaraciones formuladas, según indica, en un contexto de confidencialidad razón por la que dicha información se encuentra resguardad en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, don Juan Manuel Pino Vásquez a través de presentación de fecha 29 de noviembre de 2017, manifestó en síntesis que se allanaba a la solicitud de acceso en el sentido que la información solicitada sea proporcionada al requirente, aun cuando dentro de la misma se ventilen antecedentes que fueron materia del sumario administrativo sustanciado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que dicen relación con su persona.

Y CONSIDERANDO:

1) Que según ha sostenido reiteradamente este Consejo, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).

2) Que, por otra parte, cabe tener presente lo razonado por esta Corporación respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público. Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".

3) Que, del mismo modo, es menester consignar que en la decisión de amparo rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, en dicho contexto, divulgar íntegramente el expediente sumarial solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

5) Que, sin embargo, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo en aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción.

6) Que, en tal orden de ideas, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de los particulares que declararon en el mismo, así como la de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso y también de la parte denunciante. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.

7) Que, sin embargo, tratándose de antecedentes referidos a don Juan Manuel Pino Vásquez atendido que ha manifestado expresamente su disposición a la entrega de la información que le atañe, el órgano reclamado deberá proporcionarla al solicitante.

8) Que, a su turno, deberá asimismo reservar los correos electrónicos que se encuentran en el expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio. A mayor abundamiento, los mencionados antecedentes no constituyen un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho procedimiento investigativo, razón por la que la reclamada deberá reservarlos previo a la entrega del expediente.

9) Que, igualmente, el órgano reclamado deberá reservar las licencias médicas así como también cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente en análisis, por constituir datos sensibles protegidos por la Ley N° 19.628.

10) Que, por último, deberá tarjar los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Gabriel Álvarez López, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores:

a) Hacer entrega al reclamante del expediente sumarial requerido excluyendo los antecedentes señalados en los considerandos 6° a 10° del presente acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia del expediente proporcionado al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gabriel Álvarez López, al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores y a los terceros involucrados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.