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Juan Antonio Lecaros Moreno con FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE) Rol: C4378-17

Consejo para la Transparencia, 15/05/2018

Se dedujo amparo en contra de la Fiscalía Nacional Económica, fundado en que el órgano reclamado entrego información parcial referente a la copia de todos los antecedentes que obren en la carpeta del proceso administrativo Rol 2464-2017 o que tengan relación directa con el mismo, aun cuando no se encuentren en la carpeta misma. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que si se divulgara la información que las empresas o particulares proveen en forma voluntaria a la FNE para la realización de sus funciones, se podría ver mellado el fin que ésta intenta conseguir y que es determinar los hechos que pueden constituir atentados contra la libre competencia y la fiscalización de los mercados. Se aprecia en forma clara que la entrega de la información requerida es mucho más perjudicial para el bien común que su reserva, pues las empresas o particulares denunciantes o investigados se inhibirán eventualmente de entregar en forma voluntaria la información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4378-17

Entidad pública: Fiscalía Nacional Económica

Requirente: Juan Antonio Lecaros Moreno

Ingreso Consejo: 12.12.2017

RESUMEN

Por decisión unánime del Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo, por cuanto la entrega de la información relativa a la identidad de la parte denunciante y los antecedentes que acompañó, así como los documentos proporcionados por la parte denunciada y registros de audio de declaraciones prestadas en el contexto del análisis del caso en tramitación ante la Fiscalía Nacional Económica. Al respecto, se concluye que proporcionar acceso a la información conlleva un riesgo para el debido cumplimiento de las funciones de dicha entidad, al inhibir que los sujetos requeridos proporcionen la mayor cantidad de antecedentes posibles durante la investigación y de este modo se podría ver mellado el fin que ésta intenta conseguir, que es determinar los hechos que pueden constituir atentados contra la libre competencia y la fiscalización de los mercados. Se aplica el criterio contenido, entre otras, en las decisiones Roles C1211-12, C1542-12, C475-13, y C928-16.

En sesión ordinaria N° 892 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4378-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de noviembre de 2017, don Juan Antonio Lecaros Moreno solicitó a la Fiscalía Nacional Económica copia de todos los antecedentes que obren en la carpeta del proceso administrativo Rol 2464-2017 o que tengan relación directa con el mismo, aun cuando no se encuentren en la carpeta misma.

2) RESPUESTA: El 12 de diciembre de 2017, la Fiscalía Nacional Económica respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 2454, señalando, en síntesis, que accede parcialmente a lo solicitado:

a) Al efecto, hace entrega de los siguientes documentos:

i. Versión pública de correo electrónico, de fecha 7 de septiembre de 2017;

ii. Versión pública de Oficio Ord. N° 2006, mediante el cual cita a declarar, de 22 de septiembre de 2017;

iii. Versión pública de Oficio Ord. N° 2007, mediante el cual cita a declarar, de fecha 22 de septiembre de 2017.

iv. Versión pública de Acta de ratificación, de fecha 2 de octubre de 2017. Se adjunta copia de la imagen del respectivo CD.

v. Versión pública de Acta de ratificación, de fecha 2 de octubre de 2017. Se adjunta copia de la imagen del respectivo CD.

vi. Versión pública de Oficio Ord. N° 2156, mediante el cual cita a declarar, de fecha 17 de octubre de 2017.

vii. Copia de Oficio Ord. N° 2175, mediante el cual solicita antecedentes, de fecha 18 de octubre de 2017.

viii. Versión pública de Oficio Ord. N° 2180, mediante el cual solicita antecedentes, de fecha 20 de octubre de 2017.

ix. Versión pública de Acta de ratificación, de fecha 24 de octubre de 2017. Se adjunta copia de la imagen del respectivo CD.

x. Copia de ingreso de comprobante, de fecha 26 de octubre de 2017.

xi. Versión pública de ingreso de comprobante, de fecha 2 de noviembre de 2017.

b) Las demás piezas que componen el expediente objeto de la solicitud, que se ha resuelto denegar, corresponden a antecedentes aportados por el denunciante, el denunciado, así como también al registro de audio y actas de constancia de declaraciones prestadas en el contexto del análisis del caso. Invoca al efecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia por cuanto los antecedentes solicitados contienen información personal o comercial de diversas personas, cuya publicidad, comunicación o conocimiento puede afectar sus derechos de carácter personal, comercial o económico.

c) Asimismo hace presente que existe para sus funcionarios una obligación de guardar reserva conforme al artículo 42 del Decreto Ley N° 211.

d) Por otra parte, concurre la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia debido a que la información requerida en conjunto con otros antecedentes que se recopilen durante el análisis de dicho caso, servirán de fundamento preciso para ordenar su archivo, la apertura de una investigación o para resolver incluso sobre el eventual ejercicio de acciones judiciales, en sede contenciosa o no contenciosa, en caso de estimarse procedente que el órgano jurisdiccional competente corrija, prohíba o reprima los eventuales atentados a la libre competencia.

e) Finalmente, resulta igualmente aplicable la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia atendido que la entrega de los mentados antecedentes afectaría la facultad de ése órgano para recabar y recopilar la información y antecedentes que estime necesarios de parte de diversos agentes económicos, sean públicos o privados, siendo esencial para ello garantizar a las empresas y particulares el debido resguardo de los antecedentes aportados y que estos no serán develados en perjuicio de sus intereses, todo ello con el propósito de salvaguardar la función investigativa que está llamada a desarrollar.

3) AMPARO: El 12 de diciembre de 2017, don Juan Antonio Lecaros Moreno dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el órgano reclamado le entregó información parcial. Al efecto, señala en síntesis, que no se señala cual es la información que se reserva impidiendo con ello a esa parte evaluar la pertinencia de la causal. Se desconoce la identidad de la persona que se opuso y la efectividad de dicha oposición.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Fiscal Nacional Económico, mediante Oficio N° E4879 de 26 de diciembre de 2017.

El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante presentación de fecha 10 de enero de 2018, señalando, en síntesis que:

a) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confirió traslado a los terceros que habían aportado antecedentes en el expediente a que se refiere la solicitud y que, por lo tanto, pudiesen ver afectados sus derechos con la entrega de la información requerida, constatándose la oposición de la parte denunciante en el procedimiento por las razones que indica. Los demás terceros no se opusieron sin embargo no se entregó su información en virtud de los argumentos que se señalan a continuación.

b) La información que no se entregó al solicitante es: (i) la identidad de la parte denunciante y la información por él proporcionada, así como el registro de audio de la declaración prestada por su representante legal (ii) la información aportada por el denunciado y el registro de audio de su declaración (iii) la declaración prestada por los representantes de las empresas que señala.

c) Existiendo oposición de uno de los terceros, conforme con el mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia, quedó imposibilitado de hacer entrega de la información.

d) Por otra parte, en lo que respecta a la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que los terceros han aportado antecedentes necesarios para efectuar un debido análisis de la denuncia; antecedentes que incluyen información que podría originar una afectación en los derechos de determinadas personas, como también información económica que, además, reviste el carácter de ser comercialmente sensible y estratégica para el desarrollo de la actividad en el mercado analizado.

e) En cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia se refiere a la importancia que reviste la entrega de antecedentes por parte de los particulares u otras entidades para el cumplimiento de las funciones de esa Fiscalía, la que es inicialmente voluntaria y luego obligatoria -una vez instruida una investigación-, todos los cuales muchas veces efectúan denuncias o aportan antecedentes solicitando la reserva de los mismos, como en el caso ha ocurrido, de la identidad de la persona o entidad de que se trate, o de parte de dichos datos, principalmente porque se refieren a información comercial, estratégica o personal, o porque existe fundado temor a represalias.

f) Por ello, existe la necesidad de mantener bajo reserva la información, política que tiene por objeto precisamente la generación de denuncias, las que se formulan voluntariamente por los interesados, y la entrega de antecedentes útiles para el análisis de los casos, voluntaria en una primera etapa y luego obligatoria, otorgando garantías a las empresas o personas naturales que así lo soliciten, con la confianza que los antecedentes no serán develados en perjuicio de sus intereses, cualquiera que estos sean.

g) En tal contexto, la entrega de la información requerida, aún contra la expresa voluntad de la empresa denunciante, podría sentar un precedente que dificultaría el cumplimiento de la función que el legislador ha encomendado a esta Fiscalía en cuanto, concretamente, podría verse afectado o disminuido el interés de los particulares u otros interesados en la entrega de información, al no tener certeza que será debidamente resguardada. En este sentido, precisa que los terceros prestaron declaración solicitando la confidencialidad de la misma y refiriéndose a información comercial y estratégicamente sensible de sus representadas.

h) En otro orden de ideas, concurre también la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto el caso en que incide la información se encuentra en etapa de admisibilidad, lo que se traduce en que los antecedentes recopilados y recabados en el contexto de la denuncia que se analiza en el expediente objeto de la solicitud, servirán de fundamento preciso para adoptar una resolución por parte de esta Fiscalía, la cual podría ser la de iniciar una investigación o el archivo de los antecedentes.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: Este Consejo, mediante Oficio N° E380 de 23 de enero de 2018, confirió traslado a la parte denunciante en el expediente a que se refiere la solicitud con el objeto de que se pronunciara precisando si acceden a la entrega de la información requerida.

Mediante presentación de fecha 9 de febrero de 2018 el referido tercero se opuso a la entrega de la información fundado en que aportó antecedentes privados de personas naturales y además de carácter económico y financiero relativos a su representada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se circunscribe a aquella información no proporcionada por el órgano reclamado con ocasión de su respuesta relativa a ciertas piezas del proceso administrativo Rol 2464-2017 en trámite ante la Fiscalía Nacional Económica que corresponden a la identidad y antecedentes aportados por la parte denunciante, información proporcionada por la parte denunciada y a registros de audio de declaraciones prestadas en el contexto del análisis del caso. En síntesis, la reclamada denegó la entrega de dicha información en virtud de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 genérico, así como también el literal b) del mismo numeral, de la Ley de Transparencia, así como el numeral 2° de la norma citada.

2) Que, atendida la materia a que se refiere el presente amparo resulta pertinente tener presente lo razonado por este Consejo a partir de la decisión Rol C1361-11, en cuanto a la voluntariedad de la información que puedan proporcionar los terceros a la FNE en el marco de un proceso indagatorio, precisando que : "(...) por mucho que la FNE solicite información en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 del D.L. N° 211, que incluye potentes medidas compulsivas (especialmente las introducidas por la Ley N° 20.361), la remisión de los antecedentes que solicite se realiza sin que exista una obligación predefinida y suficientemente específica en su contenido y en los sujetos afectados, lo que envuelve un grado de "voluntariedad" y hace que la probabilidad de afectación del cumplimiento de las funciones legales de la FNE, de revelarse la información entregada, sea más alta. Favorecer la entrega de la mayor cantidad de antecedentes posibles por parte de los sujetos requeridos hace que, en este caso, se justifique la reserva de la información". Dicho criterio ha sido sostenido igualmente, entre otras, en las decisiones Roles C1211-12, C1542-12, C475-13, y C928-16.

3) Que, asimismo, y en lo que atañe particularmente a la identidad del denunciante, procede tener presente el criterio establecido por este Consejo en su decisiones de amparos Roles A520-09, C567-09 y C56-10, entre otros, relativo a que la comunicación de la identidad de los denunciantes inhibiría a éstos de formular nuevas denuncias, pudiendo dañar el canal establecido por el organismo para recepcionar insumos esenciales para el ejercicio de sus funciones. En efecto, acceder a la identidad de la persona que voluntariamente ha entregado antecedentes a un organismo de la administración del Estado que, conforme a su competencia, tiene la atribución de ejercer acciones contra terceros en base a dichos antecedentes, conlleva un riesgo probable que en el futuro los terceros puedan retraerse de esta actitud. Lo señalado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues conllevaría a que la FNE pierda una fuente directa de información con la que hasta ahora cuenta para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior resulta aplicable independientemente de los méritos o utilidad de los antecedentes presentados por los particulares en el contexto de sus denuncias.

4) Que, por tanto, concurre en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que si se divulgara la información que las empresas o particulares proveen en forma voluntaria a la FNE para la realización de sus funciones, se podría ver mellado el fin que ésta intenta conseguir y que es determinar los hechos que pueden constituir atentados contra la libre competencia y la fiscalización de los mercados. Se aprecia en forma clara que la entrega de la información requerida es mucho más perjudicial para el bien común que su reserva, pues las empresas o particulares denunciantes o investigados se inhibirán eventualmente de entregar en forma voluntaria la información.

5) Que, en lo que atañe a la causal del artículo 21 N° 2, si bien las alegaciones de los terceros pudieren revestir plausibilidad, dado que se acogerá la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, resulta innecesario indagar sobre la procedencia de esta segunda causal.

6) Que, finalmente, en relación a la obligación de reserva que el artículo 42 del DL N° 211 impone a los funcionarios de la FNE -señalado por el órgano reclamado tanto en su respuesta como en sus descargos- este Consejo, en el considerando 13° de la decisión de amparo Rol C1361-11, descartó que ella envuelva una causal de reserva subsumible en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en particular la de su N° 5, criterio que no cabe sino reiterar en la especie y que fue reforzado por lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C227-12. En efecto, en esta última decisión esta Corporación sostuvo que "Estos deberes no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen los funcionarios. Una cosa es la responsabilidad de los funcionarios y otra la que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8° de la Constitución Política. En este caso no existe una hipótesis específica de reserva establecida en la ley, como se razonó previamente".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Antonio Lecaros Moreno, en contra de la Fiscalía Nacional Económica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Antonio Lecaros Moreno, al Sr. Fiscal Nacional Económico y al tercero involucrado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.