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Rodrigo Pérez Aravena con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA Rol: C3931-17

Consejo para la Transparencia, 08/03/2018

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia completa de los resultados de las 570 muestras efectuadas en el suelo y viviendas afectadas por contaminación en la comuna de Arica entre los años 2009 y 2013, por el Instituto de Salud Pública, y cuyos resultados se consideraron en el marco del PROGRAMA MAESTRO DE INTERVENCIÓN ZONAS CON PRESENCIA DE POLIMETALES EN ARICA elaborado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no logró acreditarse la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación médica.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3931-17

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota.

Requirente: Rodrigo Pérez Aravena.

Ingreso Consejo: 08.11.2017

En sesión ordinaria N° 874 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N° C3931-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: El 21 de agosto de 2017, don Rodrigo Pérez Aravena solicitó al Servicio de Salud de Arica los resultados de las muestras efectuadas en el período que indica. El 8 de septiembre de 2017, dicho Servicio derivó la solicitud de información, por no ser competente, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, organismo que recibió dicha solicitud con fecha 12 de septiembre de 2017.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de septiembre de 2017, don Rodrigo Pérez Aravena solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, en adelante e indistintamente, la SEREMI, la siguiente información: "copia completa de los resultados de las 570 muestras efectuadas en el suelo y viviendas afectadas por contaminación en la comuna de Arica entre los años 2009 y 2013, por el Instituto de Salud Pública, y cuyos resultados se consideraron en el marco del PROGRAMA MAESTRO DE INTERVENCIÓN ZONAS CON PRESENCIA DE POLIMETALES EN ARICA elaborado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota".

3) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 13 de octubre de 2017, el órgano notificó la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante carta de respuesta de fecha 16 de octubre de 2017, la SEREMI otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "la información solicitada ‘copia completa de resultados’, corresponde a documentos que contienen información que pueden afectar a terceros, por lo cual se debe solicitar mediante carta certificada a cada una de las personas su autorización u oposición antes de realizar publicación de la información", agregando que "se hace imposible responder a su solicitud, debido a que no se cuenta con la autorización por parte de terceros involucrados para publicar la información y no se cuenta con el recurso humano ni financiero para obtener la autorización de los terceros como lo indica la normativa".

4) AMPARO: El 8 de noviembre de 2017, don Rodrigo Pérez Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "la autoridad no emite ningún tipo de fundamento suficiente como para que esta solicitante llegue a una convicción suficiente de que la información solicitada implique la dictación de una enorme cantidad de actos administrativos que produzcan una distracción indebida a los funcionarios de dicho servicio de salud".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E4446, de fecha 22 de noviembre de 2017, confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. N° A/1875, de fecha 12 de diciembre de 2017, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, denegando la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregó en síntesis, que "los informes de resultados solicitados contienen información personal y sensible de terceros. Dichos informes corresponden a 150 puntos de muestreo, asociados a viviendas con propietario definido, cada vivienda representa un hogar de al menos 4 integrantes, lo que implicaría aproximadamente la afectación de los derechos de 600 personas con la entrega de la información, debiendo realizar la comunicación establecida para estos efectos en el artículo 20 de la ley N° 20.285. El costo de envío de cartas certificadas equivale a $1.648 cada una, y el total aproximado para efectuar la presente comunicación correspondería a $988.800. La información relativa al domicilio y propietarios de las viviendas corresponde al año 2010, sin embargo, en la actualidad algunas de éstas se han cambiado voluntariamente de domicilio y otras se han reubicado, por consiguiente, existirán terceros afectados en sus derechos que no se podrían ubicar para dirigir la comunicación y la consecuente oposición", adjuntando copia de un informe jurídico emitido por el organismo para complementar estos descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los resultados de las 570 muestras efectuadas en el suelo y viviendas afectadas por contaminación en la comuna de Arica entre los años 2009 y 2013, por el Instituto de Salud Pública, y cuyos resultados se consideraron en el marco del Programa Maestro de intervención zonas con presencia de Polimetales en Arica, elaborado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en segundo lugar, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la SEREMI, en cuanto a que la solicitud se refiere a información que contendría datos personales, en los términos expuestos en la ley N° 19.628, abarcando un elevado número de terceros a quienes se debería notificar, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el órgano indicó que se debe notificar, aproximadamente, a 600 personas, teniendo en consideración 150 viviendas con propietario definido, y, en promedio, 4 personas por familia, lo que implica un costo cercano a los $988.800 en cartas certificadas, lo que generaría distracción indebida de sus funcionarios respecto de sus labores habituales, y un gasto no previsto en su presupuesto institucional.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, habiéndose revisado el contenido de uno de los informes requeridos, acompañado por el propio órgano en sus descargos, dicho documento contiene sólo algunos parámetros relativos a la individualización del inmueble o vivienda examinada, y de su propietario, mientras que el resto de los datos se refieren, derechamente, a la información sobre los resultados de existencia de metales en las viviendas. En efecto, los datos que contiene el informe son: número de identificación del informe, número de muestra, fecha de recepción, procedencia, dirección de procedencia, teléfono de procedencia, descripción e identificación de la muestra, N° de lote, lugar de toma de muestra, encargado de muestra, dueño del domicilio, dirección de envío, comentarios, datos de metodología y de resultado y firma del responsable.

8) Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, no resulta plausible sostener, para este Consejo, la concurrencia de la causal de reserva alegada por el órgano, teniendo en consideración el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en virtud del cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", pudiendo tarjarse la información respecto a la indicación del domicilio de cada vivienda y la identificación de los respectivos propietarios y otorgándose el acceso al resto de los datos que contiene cada informe, motivo por el cual se rechazarán las alegaciones del órgano.

9) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, estimándose que, en la especie, no concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, debiendo el órgano tarjar, previo a la entrega, los datos personales de contexto que dicha información contiene, como el número de cédula de identidad, domicilio particular y cualquier otro dato que permita identificar a la vivienda respectiva, nombre del propietario, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

10) Que, finalmente, este Consejo estima necesario hacer presente a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota que su proceder en el presente reclamo, al no otorgar la información solicitada y al no haber fundamentado fehacientemente su negativa, fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, al tratarse de una conducta injustificada, para este Consejo podría eventualmente configurar la hipótesis de denegación infundada prevista en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. Por tal razón, se recomienda a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, evitar este tipo de conductas, lo que, en caso de reiteración, podría ser el fundamento para la instrucción de un sumario administrativo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Pérez Aravena, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de los resultados de las 570 muestras efectuadas en el suelo y viviendas afectadas por contaminación en la comuna de Arica entre los años 2009 y 2013, por el Instituto de Salud Pública, y cuyos resultados se consideraron en el marco del Programa Maestro de intervención zonas con presencia de Polimetales en Arica, elaborado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, debiendo el órgano tarjar, previo a la entrega, los datos personales de contexto que dicha información contiene, como el número de cédula de identidad, domicilio particular y cualquier otro dato que permita identificar a la vivienda respectiva, nombre del propietario, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en aplicación del Principio de Divisibilidad consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Pérez Aravena y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.