logo
 

Sandro Olavarría con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C3631-17

Consejo para la Transparencia, 08/03/2018

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional de Salud de la Región de Tarapacá, fundado en la denegación de la información pedida referente a los documentos que den cuenta de la cantidad de hospitalizaciones involuntarias de personas con trastornos mentales en la Región de Tarapacá, efectuadas entre el 1° de enero de 2012 a la fecha de ingreso de la solicitud. La solicitud incluye el acceso a documentos que indiquen el género, edad y diagnóstico de las personas hospitalizadas contra su voluntad por motivos de salud mental y el detalle de si dichas hospitalizaciones correspondieron a una urgencia a una hospitalización por motivo judicial o administrativo como también, el lugar en que se realizaron y su duración. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3631-17

Entidad pública: Secretaría Regional de Salud de la Región de Tarapacá

Requirente: Sandro Olavarría

Ingreso Consejo: 17.10.2017

En sesión ordinaria N° 874 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3631-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2017, don Sandro Olavarría, solicitó a la Secretaría Regional de Salud de la Región de Tarapacá -en adelante e indistintamente Secretaría o SEREMI-, los documentos que den cuenta de la cantidad de hospitalizaciones involuntarias de personas con trastornos mentales en la Región de Tarapacá, efectuadas entre el 1° de enero de 2012 a la fecha de ingreso de la solicitud. La solicitud incluye el acceso a documentos que indiquen el género, edad y diagnóstico de las personas hospitalizadas contra su voluntad por motivos de salud mental y el detalle de si dichas hospitalizaciones correspondieron a una urgencia a una hospitalización por motivo judicial o administrativo como también, el lugar en que se realizaron y su duración.

Lo anterior, aplicando el principio de divisibilidad previsto en la Ley de Transparencia, en virtud del cual, se dará acceso a aquella información pública contenida en un acto administrativo, manteniéndose en reserva aquella protegida por causales de reserva.

2) RESPUESTA: El 13 de octubre de 2017, la Seremi, informó al requirente que no le era posible acceder a la entrega de la información en el modo pedido, en aplicación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Agregó, que la información consultada no se encuentra digitalizada, asimismo, que no cuenta con personal suficiente para satisfacer el requerimiento.

3) AMPARO: El 17 de octubre de 2017, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información pedida.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, mediante Oficio N°E 4036, de 31 de octubre de 2017.

La referida funcionaria, mediante presentación de 17 de noviembre de 2017, junto con reiterar lo expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó en síntesis lo siguiente:

a) Que la labor de búsqueda y recopilación debería ser efectuada por el encargado del programa de salud mental de la región. No cuenta con personal administrativo que pudiera colaborar en la referida tarea, apoyando al referido encargado.

b) Las acciones necesarias para levantar la información para elaborar la base de datos consultada, requeriría:

i. Seleccionar los documentos requeridos, individualizando las solicitudes de internación.

ii. Búsqueda de la fecha de la resolución y el memorándum asociado a la internación efectiva de la persona en la unidad de corta estadía de psiquiatría adulto.

iii. Búsqueda de cada memorándum enviado por el Hospital asociado a dicha resolución, ya sea frente a una prórroga de la internación o bien frente a un alta, para poder establecer el tiempo de estadía en la unidad de hospitalización.

iv. Filtrar toda la información sensible en cada caso.

c) Todo lo anterior supone revisar aproximadamente unos 250 documentos por año.

d) La unidad encargada, como ya se expresó cuenta con un solo funcionario quien, se encuentra a cargo de diversos programas referente a salud mental, en particular, prevención de suicidios, violencia de género, trata de personas, discapacidad, demencia, prevención de drogas, entre otros.

e) Dicho funcionario, además ejecuta labores de capacitación y supervisión en cada uno de los centros dependientes de dicha entidad. Asimismo, participa de mesas de trabajo y tanto labores preventivas como promocionales en materia de salud.

f) La información se encuentra archivada en instalaciones que implican además un tiempo destinado al traslado del funcionario.

g) Por todo lo anterior, requiere se rechace el amparo, por cuanto de acogerse se afectarían gravemente las funciones de dicho organismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte de la SEREMI de información estadística sobre hospitalizaciones involuntarias de personas afectadas por patologías psiquiátricas.

2) Que, al efecto, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, de los dichos de la reclamada, este Consejo colige que, existiría una situación de precariedad que afectaría el normal cumplimiento de las funciones de la SEREMI. En efecto, que tan solo un funcionario realice múltiples tareas en el área de salud que le impidan atender la satisfacción de solicitudes de información -las cuales igualmente forman parte de las tareas de todo órgano de la Administración del Estado-, requiere la adopción de medidas urgentes, tendientes a evitar circunstancias que puedan ser reconducidas a la figura de falta de servicio, entre otras, disponer personal de apoyo para el cumplimiento de las labores del funcionario encargado de las materias de transparencia. Luego, y atendido lo antes expuesto, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la Secretaría Regional de Salud de la Región de Tarapacá que entregue al solicitante la información materia del presente análisis.

7) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, este Consejo concederá excepcionalmente a la Seremi un plazo de 30 días, a fin de abordar la satisfacción del presente requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Sandro Olavarría en contra de la Secretaría Regional de Salud de la Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial que:

a) Entregue al reclamante la información estadística consultada.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sandro Olavarría y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.