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Rodrigo Enero Segovia con Fundación Integra Rol: C670-18

Consejo para la Transparencia, 03/07/2018

Una persona solicitó a la Fundación Integra el balance general, incorporando activos y pasivos y actas del proceso de negociación de remuneraciones y condiciones laborales entre Fundación Integra y los Sindicatos Sinati, 1 y 2, efectuadas entre octubre y diciembre de 2017. Solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información fundado en la denegación de parte de la información consultada. Lo anterior, por cuanto denegó parte de los antecedentes pedidos por oposición de terceros. Consejo rechazó el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C670-18

Entidad pública: Fundación Integra

Requirente: Rodrigo Enero Segovia

Ingreso Consejo: 19.02.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Fundación Integra, por cuanto los acuerdos celebrados por dicha institución y sus organizaciones sindicales, en el contexto de un proceso de negociación no reglado son reservados. En efecto, de divulgarse su contenido se afectaría a los socios involucrados como asimismo se obligaría a la referida Fundación a infringir los deberes de reserva que el impone el Código del Trabajo sobre la materia.

En sesión ordinaria N° 904 del Consejo Directivo, celebrada el 03 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C670-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de febrero de 2018, don Rodrigo Enero Segovia, solicitó a la Fundación Integra -en adelante también Fundación-, «1. balance general, incorporando activos y pasivos 2. Actas del proceso de negociación de remuneraciones y condiciones laborales entre Fundación Integra y los Sindicatos Sinati, 1 y 2, efectuadas entre octubre y diciembre de 2017».

2) RESPUESTA: El 14 de febrero de 2018, la Fundación informó al solicitante, que el balance consultado se encontraba disponible en su portal electrónico. En cuanto, a las actas del proceso de negociación con los Sindicatos Sinati, 1 y 2, precisó que no le era posible acceder a su divulgación atendida la oposición de dichas entidades. Lo anterior, en conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 20.

3) AMPARO: El 19 de febrero de 2018, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de parte de la información consultada. Lo anterior, por cuanto denegó parte de los antecedentes pedidos por oposición de terceros.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación Integra, mediante Oficio N°E 1383, de 7 de marzo de 2018, quien mediante presentación de 22 de marzo de 2018, señaló en síntesis lo siguiente:

a) La divulgación de la información podría implicar una práctica antisindical en conformidad a lo previsto en el Código del Trabajo en su artículo 290.

b) Si bien Fundación Integra no puede negociar colectivamente en conformidad a lo previsto en el CT en su artículo 304. Las actas consultadas han sido elaboradas en el contexto de un procedimiento de negociación colectiva voluntario, dando origen a un acuerdo sobre remuneraciones generado en un proceso no reglado con los sindicatos consultados período 2017-2018.

c) La divulgación de la información pedida, vulneraría la autonomía sindical, razón por la cual resulta aplicable lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2.

d) Asimismo, indicó lo previsto en el CT en su artículo 154 bis.

e) Por último, hizo presente que el reclamante no pertenecía a ninguna de las organizaciones consultadas.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante oficios de 7 de marzo, confirió traslado a las directivas de las tres organizaciones sindicales consultadas. Únicamente, la directiva del Sindicato Nacional de Integra Sinati, evacuó el referido trámite el 29 de marzo del presente año, señalando que las actas son reservadas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N°1 letra b). Asimismo, hizo presente lo resuelto por este Consejo en la decisiones de amparo C1849-13 y C2507-15.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en conformidad a los dichos del reclamante, anotados en el numeral 3° de lo expositivo, el presente amparo se encuentra circunscrito, a la entrega de las actas del proceso de negociación celebradas, entre la reclamada y tres de sus organizaciones sindicales.

2) Que las relaciones de la reclamada con sus trabajadores, se encuentran reguladas por la normativa prevista en el Código del Trabajo. Al respecto, cabe tener presente que en conformidad a lo previsto en el artículo 154 bis del referido cuerpo normativo «El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral». A su turno, el artículo 290 al describir que conductas constituyen practica antisindical previene que «Serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de éstos y del empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes: e) Divulgar a terceros ajenos a la organización sindical los documentos o la información que hayan recibido...».

3) Que en el caso en análisis, lo pedido son copia de las actas de acuerdos celebrados entre la reclamada y sus organizaciones sindicales, mediante los cuales estableció nuevas condiciones laborales y remuneracionales en beneficios de los socios de dichas entidades. En efecto, la celebración de dichos acuerdos representa un símil de instrumento colectivo, conocido en el CT como convenio colectivo, esto es, el instrumento que se genera en un procedimiento de negociación colectiva no reglado. Lo anterior, toda vez que la reclamada atendido lo dispuesto en el Código del Trabajo en su artículo 304, no puede negociar colectivamente, al ser financiada por el Estado en un porcentaje superior al 50% de su presupuesto anual.

4) Que, efectivamente la divulgación de dichos antecedentes, a juicio de este Consejo, implicaría afectar no solo los derechos de las organizaciones sindicales involucradas, por cuanto de conocerse se divulgarían antecedentes sobre aspectos reservados de la negociación que mantuvieron con su empleador, así como también las mejores condiciones de trabajo obtenidas para sus socios, las cuales en conformidad a lo previsto en el Código del Trabajo son reservadas. En consecuencia, la oposición de los titulares de la información, se aviene al fin precautorio previsto por el legislador en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2.

5) Que, asimismo, de divulgarse dichos antecedentes, se expondría eventualmente a la reclamada a una eventual denuncia por practica antisindical, por parte de las organizaciones sindicales involucradas, lo cual claramente afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos previstos en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N°1.

6) Que en tal sentido, cabe además señalar que este Consejo al referirse a instrumentos colectivos en poder de un organismo diverso como lo es la Dirección del Trabajo, ha denegado la entrega de dicha información por considerar que no reviste el carácter de información pública. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° 1849-13, se sostuvo que « (...) el objetivo de las normas constitucionales y legales de transparencia no es permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privada -que, por ende, pertenece a la esfera de privacidad de los particulares- y que obra en poder del Estado porque éstos deben suministrarla con el fin de obtener un determinado pronunciamiento. Por el contrario, el objetivo de las normas señaladas es promover la probidad y la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios del Estado, asegurar que los órganos de la Administración estén abiertos al escrutinio público y posibilitar la participación y el control social de los ciudadanos» (considerando 5°). En virtud de ello, se resolvió que los instrumentos colectivos en poder de la DT constituyen información privada. Lo anterior, ha sido ratificado en las decisiones de amparos roles C2507-15, C610-17, C2391-17 y C2497-17.

7) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rodrigo Enero Segovia en contra de la Fundación Integra, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Enero Segovia y al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación Integra.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.