logo
 

Sergio Fernández Figueroa con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C1544-18 / C1558-18

Consejo para la Transparencia, 16/08/2018

Se dedujeron dos amparos en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta negativa a dos solicitudes de información referentes a las empresas que declararon los códigos indicados en el formulario 22 en las operaciones renta 2016 y 2017. El Consejo acoge los amparos, toda vez que el órgano reclamado no logró acreditar de manera suficiente la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1544-18 y C1558-18

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Sergio Fernández Figueroa

Ingreso Consejo: 16.04.2018

RESUMEN

Se acogen los amparos en contra del Servicio de Impuesto Internos, ordenándose la entrega de la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon respectivamente en los códigos 1000 (Gasto Goodwill Tributario del Ejercicio), Código 1003 (Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario) y Código 1004 (Activo Intangible Goodwill Tributario, referido a la ley N° 20.780, sobre Reforma Tributaria) del Formulario N° 22, en las Operaciones Renta 2016 y 2017.

Lo anterior, pues constituye información pública, respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la configuración de las causales de reserva invocadas en esta sede, esto es, secreto tributario y afectación de los derechos de carácter comercial y económico de terceros.

En sesión ordinaria N° 918 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de agosto de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1544-18 y C1558.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 01 de marzo de 2018, don Sergio Fernández Figueroa solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII) la siguiente información:

a) Solicitud folio N° AE006W50013969: "la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon en el código 1000 del formulario 22 en las Operaciones Renta 2016 y 2017 (...)".

b) Solicitud folio N° AE006W50013970: "la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon en el código 1003 del formulario 22 en las Operaciones Renta 2016 y 2017 (...)".

c) Solicitud folio N° AE006W50013971: "la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon en el código 1004 del formulario 22 en las Operaciones Renta 2016 y 2017 (...)".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° LTNot 0013971, de 23 de marzo de 2018, el SII denegó el acceso a todas las solicitudes de información fundado, en resumen, en que:

a) Se configura la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, ya que lo requerido contiene información relativa a documentación tributaria de contribuyentes. La información solicitada devela la cuantía o fuente de las rentas, las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuran en declaraciones obligatorias, en razón del deber de secreto tributario.

b) Asimismo, se encuentra imposibilitado de dar respuesta en los términos solicitados, pues también contempla, por otro lado, "la entrega de antecedentes de personas naturales, toda vez que existen empresas de personas naturales", datos los cuales se encuentran resguardados en el los artículo 2°, letra f) y 4°, de la ley N° 19.628.

3) AMPAROS: El 16 de abril de 2018, don Sergio Fernández Figueroa dedujo los amparos roles C1544-18 y C1558-18 a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud de información.

Al efecto, el reclamante hace presente que en cumplimiento de la decisión de amparo rol C3093-17 de este Consejo, con fecha 21 de febrero del corriente año, el SII hizo entrega de la información pedida, pero no separada por código, como él la requiere. En razón de lo anterior, ingresó tres nuevas solicitudes a fin de obtener la misma información antes entregada, pero desagregada por código.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° E2775, de 5 de mayo de 2018.

Mediante escrito ingresado con fecha 4 de octubre de 2017, el SII presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Con la entrega de lo solicitado (Códigos 1000, 1003 y 1004 desagregados) se estaría revelando información completa acerca del gasto tributario, pudiendo realizarse cruces que permiten en definitiva calcular activos de las empresas involucrados y los gastos declarados ante este Servicio. Así, entregar la información requerida implicaría develar, quizás no el estado financiero completo de las empresas que figuren en los listados solicitados, pero sí al menos parte del resultado del ejercicio de dichas empresas, en el sentido de conocer la situación positiva o negativa de la misma declarada, al conocer que ciertas empresas, absolutamente determinadas por razón social y RUT, declararon activos fijos intangibles o goodwill, sumado, a que tales resultados han sido declarados así expresamente en los respectivos Formularios 22, es decir, son datos contenidos en declaraciones obligatorias, por lo que, "como no la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir".

b) Lo anterior igualmente configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que los listados requeridos, implican necesariamente develar qué contribuyentes, con razón social y RUT de las empresas, declararon "Gasto Goodwill Tributario del ejercicio", "Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario" y "Activo Intangible Goodwill Tributario (Ley N° 20.780)", es decir, el develar la información requerida implica necesariamente entregar información respecto a ciertas empresas que declararon el referido activo intangible y el gasto asociado al mismo, por lo que la reserva absoluta tributaria, que implica la protección total de los datos de carácter comercial o económico de una empresa se vería afectado.

c) Al referirse el artículo 35 del Código Tributario a "la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias", es precisamente un dato contenido en ella es lo consignado en los Códigos 1000, 1003 y 1004, más aún, considerando que el peticionario solicita la información por separado y singularizados con indicación de razón social y RUT. En ese sentido alega que la citada norma no permite distinguir entre: entregar o no la información de ciertos Códigos, o, entregar o no cierta información, como lo relativo al Goodwill. Además, es información que no se obtiene de un registro público, por lo que al referirse a información contenida en extractos o datos tomados de dichas declaraciones obligatorias, en los términos del artículo 35 del Código Tributario, su publicidad se encuentra expresamente prohibida, razón por la cual, no pueden ser informados a un tercero ajeno al Servicio. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema contenida en las sentencias Rol N° 40.071-2017, de fecha 20 de febrero de 2018; Rol N° 36.793-2017, de fecha 03 de enero de 2018; Rol N° 183-2017, de fecha 05 de diciembre de 2017.

d) También se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, así como la causal de reserva del artículo 21 N° 2 del antedicho cuerpo normativo, al menos respecto de ciertas empresas como las EIRL. Ello, pues si bien, la ley N° 19.628 dice relación a personas naturales, en cuanto a su protección de datos personales, "toda EIRL puede relacionarse con la persona natural que es su titular". Asimismo, dicha normativa resultaría aplicable respecto de las EIRL, toda vez que "respecto de las personas jurídicas tampoco procede la divulgación de sus deudas, ya que ello conllevaría una afectación a su derecho a la honra". Cita la decisión de amparo rol A265-09 de este Consejo.

e) El peticionario ha formulado ante el SII diversos requerimientos de información, "aparentemente inconexos", pero que en la práctica, a su juicio, si aquellos se asocian "el solicitante podrá obtener diversa información relativa a datos patrimoniales, comerciales y económicos de diversos contribuyentes, en forma individualizada, por cuanto solicitó que la información le fuera entregada precisando razón social y RUT de los mismos".

f) Finalmente, alega que en el presente amparo el solicitante busca es obtener información ya requerida en la anterior solicitud N° AE006W50012848, pero ahora en forma específica, desagregada por códigos, "información que así como se solicita no existe, por lo que no resulta exigible a este Servicio confeccionarla para un caso en concreto".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que son las mismas solicitudes de información las que han motivado los amparos Roles C1544-18 y C1558-18, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, a modo de contexto previo se debe indicar que, en la decisión de amparo rol C3093-17, de fecha 18 de enero de 2018, este Consejo acogió el amparo interpuesto por don Sergio Fernández Figueroa en contra del SII, ordenándose a este último hacer entrega al peticionario de la información que fue objeto de dicha reclamación, esto es, "listado completo (razón social y RUT) de las empresas que declararon en los códigos 100, 1003 y 1004 del F22 -Gasto Goodwill tributario del ejercicio- en las Operaciones Rentas 2016 y 2017", lo anterior, por tratarse de información sujeta a las normas generales de publicidad establecidas en el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica, y artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, respecto de la cual el órgano no acreditó se trate de información protegida por la institución del secreto tributario. Luego, dicha decisión fue cumplida por parte del SII -sin mediar interposición de recurso de reclamación alguno-, con fecha 13 de febrero 2018.

3) Que, en la especie, lo solicitado corresponde a la nómina de las empresas, con indicación de razón social y RUT, que declararon respectivamente en los códigos 1000, 1003 y 1004 del Formulario N° 22, en las Operaciones Renta 2016 y 2017, esto es, la misma información previamente entregada al peticionario, pero esta vez, de forma desagregada.

4) Que, el SII denegó lo requerido fundado en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 del Código Tributario en relación al artículo 35 del Código Tributario, pues se trata de información contenida en una declaración jurada obligatoria (Formulario 22 sobre Impuesto a la Renta), cuya reserva se encuentra establecida en la antedicha norma tributaria, y en relación a los artículos 2° y 4° de la ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada pues la información requerida comprendería la entrega de antecedentes de personas naturales, "toda vez que existen empresas de personas naturales" en referencia a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada -en adelante EIRL-. Posteriormente, con ocasión de sus descargos en esta sede, agregó, por una parte, que igualmente resultaría aplicable la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la entrega de los listados requeridos, implicaría develar qué contribuyentes, con razón social y RUT de las empresas, declararon "Gasto Goodwill Tributario del ejercicio", "Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario" y "Activo Intangible Goodwill Tributario (Ley N° 20.780)", lo que a su juicio afectaría sus derechos de carácter comercial o económicos; y por la otra, que en la forma pedida la información requerida no existe.

5) Que, con la publicación de la ley N° 20.630, que Perfecciona la Legislación Tributaria y Financia la Reforma Educacional, se consagró legalmente el concepto de "goodwill" tributario. Al efecto, dicha norma introduce -entre otras- modificaciones a los artículos 15 y 31 N° 9 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A través de dicha reforma, el legislador otorgó certeza jurídica respecto al tratamiento del menor y mayor valor de inversiones para efectos tributarios, estableciendo que "Cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, el valor de la inversión total realizada en los derechos o acciones de la sociedad fusionada, resulte mayor al valor total o proporcional, según corresponda, que tenga el capital propio de la sociedad absorbida, determinado de acuerdo al artículo 41 de esta ley, la diferencia que se produzca deberá, en primer término, distribuirse entre todos los activos no monetarios que se reciben con motivo de la fusión cuyo valor tributario sea inferior al corriente en plaza" (inciso 3°, N° 9 del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta). Así las cosas, desde un punto de vista conceptual el "Menor Valor de Inversión" o "Goodwill" se define como "la diferencia positiva que genera al comparar el valor efectivamente pagado para adquirir la propiedad de una empresa versus el monto del capital propio tributario de la sociedad que se adquiere".

6) Que, en cuanto a la controversia planteada, en primer lugar, este Consejo desestimará la alegación de inexistencia de la información pedida, formulada por el órgano en sus descargos, toda vez que atendido lo expuesto en el considerando 2) corresponde a información que en sus elementos esenciales obra en su poder. En tal orden de ideas, cabe recordar que este Consejo ha sostenido que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, pues alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente, circunstancias que en la especie no concurren. En este sentido, por ejemplo, no se acreditó en esta sede que la entrega de la información, en la forma pedida, implique una compleja labor de acopio o reunión de datos y posterior procesamiento.

7) Que, en cuanto a la primera causal de reserva alegada por el SII, esto es, la contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación al artículo 35 del Código Tributario, cabe señalar que esta Corporación, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias- (énfasis agregado). Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09) (énfasis agregado).

8) Que, como se indicó, lo solicitado corresponde a la individualización de aquellas empresas que declararon en determinados códigos contenidos en el Formulario N° 22, en las Operaciones Renta 2016 y 2017, y no el monto o cifra de lo declarado en dichos códigos. En concreto, la solicitud se refiere a aquellas personas jurídicas -entendiendo que la norma que reconoce la institución del goodwill tributario resulta aplicable únicamente a sociedades comerciales, ya sean anónimas o de personas- que declararon, respectivamente, en el Código 1000 (Gasto Goodwill Tributario del Ejercicio), Código 1003 (Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario) y Código 1004 (Activo Intangible Goodwill Tributario, referido a la ley N° 20.780). En consecuencia, lo solicitado se encuentra referido a la individualización de personas jurídicas contribuyentes que accedieron a un determinado beneficio tributario, y no a la cuantía o fuente de sus rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, esto es, lo requerido no se encuentra específicamente referido a los datos patrimoniales de dichos contribuyentes, en los términos expuestos por el Servicio, por lo que a juicio de este Consejo, no se trata de información protegida por el deber de reserva tributaria establecido en la citada disposición legal.

9) Que, a mayor abundamiento, el SII no ha logrado acreditar en este caso concreto de qué forma específica, el cruce de información referida exclusivamente a la nómina de las empresas declarantes en cada código consultado, excluyendo la revelación de los montos o cifras declaradas, permitirá calcular con determinada certeza y precisión los activos de las empresas involucradas y los gastos declarados, en los términos expuestos por el propio órgano, cuestión que permite desestimar la causal de reserva alegada.

10) Que, ahora bien, en cuanto a la alegación del órgano relativa a que también se configuraría la causal de secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación a los artículos 2° y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, específicamente respecto de aquellas empresas constituidas como EIRL, pues se trata de empresas que pueden relacionarse con la persona natural que es su titular, cabe señalar que aquellas son "una persona jurídica con patrimonio propio distinto del titular", conforme al artículo 2° de la Ley N° 19.857, de 2003, que las regula. Dicho cuerpo legal establece que el nombre de una EIRL debe contener, al menos, el nombre y apellido del constituyente, pudiendo tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas que constituirán el objeto o el giro de la empresa. Toda esta información debe constar en la escritura pública de constitución de la empresa y, por lo tanto, está disponible en una fuente de acceso público.

11) Que, en consecuencia, si bien toda EIRL puede relacionarse con la persona natural que es su titular no coincide una y otra, y al ser la primera una persona jurídica no cabe aplicarle las normas sobre protección de datos personales que contempla la Ley N° 19.628, que define tales datos como los concernientes a personas naturales. En tal orden de ideas, si bien, este Consejo ha sostenido por ejemplo en su decisión de amparo Rol A461-09 que "en cambio, lo anterior no ocurre en las empresas constituidas por personas naturales, toda vez que respecto de éstas cobra plena aplicación la definición de datos personales y las demás disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.628"; por otra parte, también ha declarado que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es por sí misma secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obra en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Así las cosas, aplicando los criterios expuestos en las decisiones de los amparos Roles C204-11, C214-11, C399-11 y C857-12, este Consejo ha sostenido que la divulgación de información concerniente a las personas naturales que, como empresas, han percibido un beneficio tributario permitiría la cabal individualización de tales beneficiarios, favoreciendo y propiciando, de ese modo, un control social íntegro.

12) Que, como se señala en la decisión de amparo rol C3093-17, respecto de la información pedida existe un evidente y especial interés público en el conocimiento por parte de la ciudadanía de la nómina de las personas jurídicas que han accedido al beneficio tributario del goodwill, aún más, considerando la existencia de una disposición transitoria que permitió que aquellos procesos de fusión que se hayan iniciado con anterioridad al 1° de enero de 2015, podrían concluirse hasta el 1° de diciembre de 2016, con lo cual mantienen el tratamiento tributario del goodwill vigente hasta antes de la publicación de la ley N° 20.780 (artículo tercero transitorio, numeral XIX de la ley N° 20.780). En razón de lo anterior, se rechazará la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación a las disposiciones de la ley N° 19.628, respecto de los contribuyentes consultados que correspondan a EIRL constituidas por personas naturales.

13) Que, asimismo, en cuanto a la concurrencia de la tercera causal de reserva invocada por el SII, esto es, la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, igualmente debe ser desestimada, toda vez que aquella está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros que pudiesen ver afectados sus derechos con la divulgación de información, contando dichos terceros con el procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso por el órgano. En razón de lo anterior, los argumentos señalados por la reclamada para configurar dicha causal de excepción, no serán considerados, por carecer de la legitimación activa para esgrimirla.

14) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo tampoco advierte de que forma la publicidad de la información pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos comerciales o económicos de las personas jurídicas contribuyentes, en los términos de la causal de la mentada causal de reserva legal, pues aún en el evento de considerar de que se trate de información que no es generalmente conocida y que fue objeto de razonables esfuerzos por mantener su reserva, no es de aquellas que tenga un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

15) Que, finalmente en cuanto a la alegación del SII relativa a que el solicitante ha efectuada ante dicho Servicio una serie de solicitudes de acceso aparentemente inconexas, pero que, en su conjunto pudiesen significar la divulgación de "diversa información relativa a datos patrimoniales, comerciales y económicos de diversos contribuyentes" constituye una apreciación general sobre riegos inciertos o remotos que no permiten configurar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad de ninguno de los bienes jurídicos cautelados por el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

16) Que, atendido lo razonado precedentemente, no configurándose en la especie ninguna de las causales de reserva invocadas por el SII, se acogerán los amparos interpuestos y se requerirá al organismo requerido entregar al reclamante la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon respectivamente en los códigos 1000, 1003 y 1004 del Formulario N° 22, en las Operaciones Renta 2016 y 2017.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Sergio Fernández Figueroa en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:

a) Hacer entrega al reclamante de la nómina, con indicación de razón social y RUT, de las empresas que declararon respectivamente en los códigos 1000, 1003 y 1004 del Formulario N° 22, en las Operaciones Renta 2016 y 2017.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Fernández Figueroa y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.