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Patricio Uribe Leiva con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C1234-18

Consejo para la Transparencia, 19/07/2018

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la situación académica de las dos personas que individualiza, y acerca de lo que faltaría para su titulación. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1234-18

Entidad pública: Universidad de Chile

Requirente: Patricio Uribe Leiva

Ingreso Consejo: 27.03.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, referido a la entrega de información sobre la situación académica de las personas que se individualizan, por cuanto es información reservada por constituir datos personales, conforme lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, configurándose la causal de reserva de afectación a los derechos de dichas personas.

En sesión ordinaria N° 909 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1234-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 25 de febrero de 2018, don Patricio Uribe Leiva solicitó a la Universidad de Chile información sobre la situación académica de las dos personas que individualiza, y acerca de lo que faltaría para su titulación.

2) RESPUESTA: La Universidad de Chile mediante oficio U.G.I.I. (O) N° 97/2018, de fecha 15 de marzo de 2018, respondió a dicho requerimiento, señalando, en síntesis, que la materia solicitada corresponde a un ámbito de información personal de dos terceros, consistente en el detalle de su respectivo estado de avance académico como estudiantes de sus respectiva carreras universitarias, razón por la cual por aplicación de las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al no constar la autorización de los titulares de la información pedida, procede denegar su entrega.

3) AMPARO: El 27 de marzo de 2018, don Patricio Uribe Leiva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante oficio N° E2105, de fecha 11 de abril de 2018. Se solicitó expresamente al órgano: referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; indique si procedió de conformidad a los estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en caso afirmativo, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; proporcione los datos de contacto -por ejemplo dirección, número telefónico y correo electrónico- de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado, a través de oficio U.G.I.I. (O) N° 153/2018, de fecha 18 de abril de 2018, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que no se dio aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto en atención al posible parentesco del requirente con las personas sobre las cuales versa el requerimiento, se buscó evitar un eventual conflicto personal.

Sobre lo pedido, señala que a su juicio la información pedida referida a la situación académica de personas naturales identificadas corresponde a datos personales, a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628. Luego, conforme el inciso primero del artículo 4 y 9 de la citada norma legal, plantea que se denegó la información requerida, toda vez que no consta el consentimiento expreso de los titulares de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros, además que dichos datos personales tampoco provienen ni se han recolectado de fuentes accesibles al público.

En este sentido, agrega que los registros de notas y avance curricular (asignaturas cursadas, aprobadas, reprobadas, o pendientes) de un estudiante universitario durante su proceso formativo no se ajustan al estándar constitucional que prescribe que son públicos "actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".

Por otra parte, señala que cabe tener presente que para analizar asuntos propios del ámbito universitario, es necesario reconocer la existencia de sanas tradiciones de convivencia, que aseguran el adecuado funcionamiento y ejercicio de la vida universitaria, y de la autonomía académica, y así para la Universidad de Chile, sus estudiantes no son propiamente terceros, sino que miembros activos de la comunidad universitaria y parte constitutiva de la propia institución. Por ello sostiene que la reserva de la información pedida, está enmarcada también en el ejercicio regular de funciones académicas fundamentales, que están asumidas por la comunidad como condiciones sociales orientados hacia la mayor realización espiritual y material posible de las personas que lo integran.

Así, desde un punto de vista práctico, las Secretarías de Estudio de la Universidad de Chile se abstienen de poner a disposición de terceros las notas, calificaciones obtenidas o el avance curricular en el contexto del proceso de formación académica. Los estudiantes, señala por su parte, tienen depositada su mayor confianza en esta protección, entienden que ello obedece a una arraigada tradición, y cuentan con pleno respaldo Institucional en cuanto a su resguardo. Por lo demás, una alteración en las actuales condiciones comunitarios, previamente descritas, y que en nada contrarían la legislación nacional vigente, puede ocasionar afectación en el ejercicio de nuestras funciones académicos primordiales, desincentivando a estudiantes por matricularse en la Universidad de Chile, e inclinando la preferencia de potenciales estudiantes hacia otras Casas de Estudio privadas, en condiciones objetivas de poder asegurar un mayor y mejor resguardo de su información académica personal.

Finalmente, solicita un pronunciamiento especial del Consejo, tendiente a determinar la improcedencia de entrega a terceros vía ley N° 20.285, de información detallada relativa a la situación académica de nuestros estudiantes.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo mediante correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2018, requirió a la Universidad de Chile señalar los datos de contacto de los alumnos sobre los cuales versa el requerimiento de información.

El órgano reclamado, a través de correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2018, cumplió lo solicitado proporcionando los antecedentes requeridos.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo, mediante los oficios N° 3.029 y 3.030, ambos de fecha 31 de mayo de 2018, notificó a las personas sobre las cuales versa la solicitud de información, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

A la fecha de la presente decisión, este Consejo no recibió presentación alguna de los terceros sobre los cuales versa el requerimiento destinada a formular sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Patricio Uribe Leiva solicitó a la Universidad de Chile información acerca de la situación académica de dos personas que individualiza, obteniendo respuesta denegatoria fundado en que dicha información debe reservarse por aplicación de las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al no constar el consentimiento expreso de los titulares de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros, lo que constituye el fundamento del presente amparo.

2) Que, en primer lugar, sobre las alegaciones del órgano sobre la falta de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo no cabe duda que correspondía dar aplicación estricta al citado precepto legal, atendido que el órgano reclamado estimó que en la especie se podrían afectar los derechos de un tercero, en este caso concreto, respecto de los alumnos cuya situación académica estaría siendo requerida. Por lo anterior, dicha omisión e infracción será representada severamente en lo resolutivo del presente acuerdo a la reclamada, toda vez que ya se le había hecho presente la obligación de proceder conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia en el amparo rol C1975-17, que versa sobre la misma materia. Se hace presente que este Consejo notificó y confirió traslado a los terceros involucrados, sin que a la fecha de la presente decisión haya recibido presentación alguna destinada a formular sus descargos.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, a juicio de este Consejo en el presente caso resulta aplicable el criterio sostenido en la decisión rol C1975-7, en orden a que la información relativa situación académica de una persona en relación a una determinada carrera universitaria, "(...) es un un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en tanto se trata de un antecedente académico concerniente a una persona natural identificada. Luego, resulta pertinente indicar que conforme el inciso primero del artículo 4° de la citada Ley "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y siguiendo este raciocinio, el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo dispone "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados, salvo que provengan o se gayan recolectado de fuentes accesibles al público". Al efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta el consentimiento expreso del titular de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros. Por su parte, estos datos tampoco provienen ni se han recolectado de fuentes accesibles al público.".

4) Que, atendido lo anterior, tratándose situación académica de una persona de una determinada carrera universitaria, y la calidad de eventual alumno regular o no de la misma, es un dato personal del respectivo estudiante, por lo que no constando que se hubiere otorgado consentimiento expreso para su comunicación, ni existiendo disposición legal que autorice la entrega de dicha información, corresponde aplicar expresamente lo dispuesto en los artículo 4°, 7° y 9° de la Ley N° 19.628. En este mismo sentido, y respecto de la afectación de derechos de los terceros, esta Corporación advierte que la entrega de la información requerida -sin el previo y expreso consentimiento de sus titulares- en cuanto se trata de la calidad eventual de alumno no regular o incluso eliminado de una carrera universitaria, por no haberse cumplido con los objetivos académicos definidos para las cátedras que forman parte de una determinada malla curricular, producirá afectación de los derechos de éstos con determinada certeza y suficiencia, configurándose en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia, se procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Uribe Leiva, en contra de la Universidad de Chile, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar severamente al Sr. Rector de la Universidad de Chile la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que no confirió traslado del requerimiento a los terceros involucrados, de conformidad a lo dispuesto en la citada norma legal. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que tal infracción se reitere.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Uribe Leiva, al Sr. Rector de la Universidad de Chile, y a los terceros involucrados en el presente procedimiento de acceso a la información pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.