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Germán Vásquez Ortega con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1381-18

Consejo para la Transparencia, 04/09/2018

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "medidas disciplinarias que registran los funcionarios que más adelante se indican, entre los años 2014 a 2018: Subprefecto Cristian Barraza Silva, Subprefecto Luis Molina Muñoz, Subprefecto Roberto Antonio Castro Canales, Comisario Franco Calcagno Arriagada, Comisario Marisa Ledda Arcangeli Casarino, Inspector Alfredo Moena Vidal, Inspector Nelson Ascencio Rodríguez, Francisco Escobar Pardo, Subcomisario Willy Opazo Leyton." El Consejo acoge el amparo, toda vez que el término "tratamiento" no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que las originan, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1381-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Germán Vásquez Ortega

Ingreso Consejo: 05.04.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega de medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios que consulta en el periodo requerido.

Lo anterior, toda vez que el término "tratamiento" no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que las originan, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos.

Se aplica criterio contenido entre otras, en las decisiones Rol C1454-13, C910-14 y C3243-17 y C876-18.

En sesión ordinaria N° 923 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1381-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de marzo de 2018, don Germán Vásquez Ortega solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile las "medidas disciplinarias que registran los funcionarios que más adelante se indican, entre los años 2014 a 2018: Subprefecto Cristian Barraza Silva, Subprefecto Luis Molina Muñoz, Subprefecto Roberto Antonio Castro Canales, Comisario Franco Calcagno Arriagada, Comisario Marisa Ledda Arcangeli Casarino, Inspector Alfredo Moena Vidal, Inspector Nelson Ascencio Rodríguez, Francisco Escobar Pardo, Subcomisario Willy Opazo Leyton."

2) RESPUESTA: El 22 de marzo de 2018, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información denegando la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628.

3) AMPARO: El 5 de abril de 2018, don Germán Vásquez Ortega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° E2384 de 20 de abril de 2018.

El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 348 de 7 de mayo de 2018, señalando, en síntesis que:

a) De acuerdo a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 se encuentra impedida de revelar condenas, infracciones administrativas o faltas disciplinarias que se les hubieren aplicado a los funcionarios, por su responsabilidad administrativa en los hechos investigados, una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

b) Detalla el número de sanciones administrativas aplicadas y fecha de la medida disciplinaria respecto de los funcionarios a que se refiere la solicitud, correspondiendo en el período objeto del requerimiento de acceso a seis de los funcionarios consultados.

c) Informa que no procedió de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido el tenor literal del requerimiento, toda vez que lo solicitado se encuentra amparado por el ya citado artículo 21 de la Ley N° 19.628, y la jurisprudencia emitida por esta Corporación.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante oficios N° E3787 a E3792 , todos de 25 de julio de 2018, notificó el presente amparo a los seis funcionarios que registraban medidas disciplinarias en el período consultado con el fin de que presenten sus descargos y observaciones. A la fecha de la presente decisión no han evacuado sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud versa sobre las medidas disciplinarias que registran los funcionarios señalados en la solicitud entre los años 2014 a 2018. La Policía de Investigaciones denegó la información solicitada al estimar aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628.

2) Que, el inciso primero del aludido precepto, previene que "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". En cuanto al sentido y alcance del mencionado precepto, éste Consejo ha razonado que la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición de la Ley N° 19.628, no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado.

3) Que, en efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C1454-13, C910-14 y C3243-17, ha concluido que "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo.".

4) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".

5) Que, en consecuencia, atendido que la solicitud recae sobre las "medidas disciplinarias" en contra de los funcionarios que indica, la información solicitada es la respectiva resolución o acto administrativo que impone la sanción, y no el tratamiento posterior de dicha información, razón por la cual a la luz del criterio citado en los considerandos precedentes, no resulta aplicable a dicho antecedente la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por lo que cabe desestimar dicha alegación efectuada por la reclamada.

6) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo procederá a acoger el presente amparo y requerirá a la reclamada que haga entrega de la información solicitada al reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Germán Vásquez Ortega en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de la información señalada en el numeral 1° de lo expositivo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Germán Vásquez Ortega, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y a los terceros involucrados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.