logo
 

Alberto Urzúa Toledo con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C783-10

Consejo para la Transparencia, 08/03/2011

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en la falta de respuesta del organismo a su solicitud sobre número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2010. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que de efectuarse el proceso de divisibilidad, es dable concluir que la entrega de los documentos requeridos no involucraría la afectación de los derechos de terceros, lo que lleva a desestimar la aplicación del procedimiento de oposición de terceros contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por resultar innecesario.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C783-10

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Alberto Urzúa Toledo

Ingreso Consejo: 25.10.2010

En sesión ordinaria N° 227 de su Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C783-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de septiembre de 2010 don Alberto Urzúa Toledo solicitó la siguiente información al Ministerio de Educación:

a) Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2010.

b) Sistematización que contenga:

i) Fecha de ingreso de todas las solicitudes de información pública presentadas en el periodo indicado, sean por medio electrónico o escrito;

ii) Rol asignado a cada solicitud;

iii) Rol y fecha de las resoluciones que resolvieron las solicitudes respectivas;

iv) Términos exactos con que cada uno de los requirentes expresaron sus respectivas peticiones;

v) Expresión de si la resolución denegó total o parcialmente el acceso o entregó la información requerida; o de no haber respondido la solicitud, expresión de esta circunstancia.

c) Copia digitalizada de todas las solicitudes presentadas a los citados órganos en el período indicado, sean escritas o electrónicas, y de las resoluciones que recayeron en ellas, inclusive de aquellas que no obtuvieron resolución alguna.

d) Copia digitalizada de todos los documentos acompañados a cada una de las resoluciones que tuvieron por objeto dar respuesta a estas solicitudes.

Sobre el particular, requirió que dicha información le fuese remitida a su casilla de correo electrónico.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 2 de noviembre de 2010 don Alberto Urzúa Toledo reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada al Ministerio de Educación, fundado en la falta de respuesta del organismo dentro del plazo legal. Al efecto, hace presente que el 14 de octubre de 2010 el Ministerio de Educación le notificó la prórroga del plazo de respuesta, en circunstancias que el plazo de que disponía para responder venció el 12 de octubre del mismo año.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo al Ministro de Educación, mediante Oficio N° 2.325, de 5 de noviembre de 2010, el que fue contestado por el Subsecretario de Educación, mediante Ordinario N° 1652, de 24 de noviembre de 2010, señalando que reconoce no haber dado respuesta al reclamante dentro del plazo legal, lo que atribuye a un error en su sistema de tramitación. Sin embargo, hace presente que habría remitido la información requerida por el reclamante a su casilla de correo electrónico, a través del envío de 1.200 correos electrónicos (no indica la fecha de su remisión ni acompaña copia de los mismos). Al respecto, hizo presente que las solicitudes consultadas superan las 1.500 y para su respuesta elaboró un documento con la sistematización de datos requeridos y su remisión supuso destinar durante 2 días a un funcionario a esa sola labor.

4) TÉNGASE PRESENTE DEL RECLAMANTE: El 16 de diciembre de 2010 don Alberto Urzúa Toledo hizo presente a este Consejo lo siguiente:

a) Argumenta que contar con la información solicitada permite un efectivo control social sobre la implementación de la Ley de Transparencia y las prácticas de la Administración para tramitar los procedimientos de acceso a la información pública. Señala que Fundación ProAcceso, a través de su persona, desarrolla una investigación dirigida a conocer el estado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, mediante el acceso a los expedientes de los procedimientos afinados por diversos órganos del Estado.

b) Hace presente que los siguientes órganos han contestado cabalmente a idénticas solicitudes de información (acompaña copia de sus respuestas): el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Valores y Seguros (55 solicitudes), el Banco Central (21 solicitudes) y el Senado (25 solicitudes). Agrega que el Estado de Oaxaca, México, mantiene un sistema electrónico de acceso a la información que permite ver íntegramente las solicitudes formuladas y las resoluciones que respondieron a éstas; y en similar sentido operaría el sitio electrónico del Banco Central de Chile, al poner a disposición permanente del público un resumen de cada petición y la copia digitalizada de la resolución que la resuelve.

c) Argumenta que las solicitudes, sus respectivas respuestas y los complementos de éstas, son públicas tras ser respondidas por la autoridad respectiva, sin ser sujetas a excepciones de secreto o reserva. Por lo tanto, su reserva en este caso involucraría una vulneración del principio de no discriminación, toda vez que se daría un trato desigual a personas que han solicitado información en iguales condiciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en suma, lo requerido por el reclamante es:

a) Copia de las solicitudes de acceso a la información presentadas entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2010 a ciertos órganos de la Administración del Estado, las resoluciones que las resuelven y los documentos entregada por éstos como respuesta a estas solicitudes.

b) La siguiente sistematización de datos sobre la tramitación de las precitadas solicitudes de información:

i) N° de solicitudes ingresadas en el período indicado.

ii) Rol asignado a cada solicitud y su fecha de ingreso.

iii) Rol y fecha de cada resolución que las resuelve.

iv) Se distinga el tipo de respuesta del órgano: Denegación total, parcial, entrega o falta de respuesta.

v) Transcripción de cada solicitud.

2) Que junto con consagrar el derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, la Ley de Transparencia y su Reglamento establecieron un procedimiento administrativo especial para el acceso a la información en poder de dichos organismos. En efecto, en dicho cuerpo normativo se establecen los requisitos que deberá cumplir toda solicitud de información (art. 12, inc. 1°); los mecanismos para la subsanación (art. 12, inc. 2°) o derivación de ésta (art. 13); el plazo con el que contarán dichos organismos para pronunciarse sobre la misma (art. 14); los términos en que deberán plantear sus respuestas –por escrito, fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que motiven su decisión (art. 16)–; la forma en que deberá entregarse la información requerida (art. 17, inc. 1°); la obligación de contar con un sistema de certificación de la entrega de la información solicitada (art. 17, inc. 2°); los costos que podrán ser cobrados por su reproducción (art.18) y la imposibilidad de establecer condiciones de uso o restricciones en su empleo, salvo las estipuladas por la ley (art. 19). Asimismo, estable la obligación de órgano requerido de notificar a las personas a que se refiere o afecta la información solicitada, su facultad de oponerse a la misma (art. 20), y el procedimiento de amparo al derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, en caso de no ser contestada la solicitud o denegarse la misma (art. 24 y siguientes).

3) Que los incisos tercero y cuarto del artículo 18 de la Ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativo, establecen que «…[t]odo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso. / Además, deberá llevarse un registro actualizado, escrito o electrónico, al que tendrán acceso permanente los interesados, en el que consten las actuaciones señaladas en el inciso precedente, con indicación de la fecha y hora de su presentación, ocurrencia o envío» (el destacado es nuestro). De ello, resulta forzoso concluir que la información requerida por el reclamante, relativa a los antecedentes que dieron lugar a la resolución de una solicitud de acceso a la información y sus etapas de tramitación, se encuentran contenidos en el expediente de cada procedimiento.

4) Que el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece que “el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. Por su parte, su artículo 5° dispone que “los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado”. En similar sentido, su artículos 3° ordena que la “función pública debe ejercerse con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella” (el destacado es nuestro).

5) Que, conforme a las disposiciones precitadas, las solicitudes de información y los documentos entregados en respuesta a ellas se encuentran en poder de la Administración como sustento o complemento directo de los actos administrativos que resuelven el procedimiento de acceso respectivo, toda vez que su presentación y revisión por parte del órgano es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dicta la resolución que resuelve la solicitud, en los términos de los artículos 5° de la Ley de Transparencia y 3°, letra g), de su Reglamento. Asimismo, la resolución que concede o deniega el acceso a lo solicitado es un acto administrativo cuya publicidad es ordenada por el citado artículo 5°. En consecuencia, los documentos solicitados por el reclamante son públicos, a menos que se encuentren sujetos a alguna de las excepciones consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

6) Que, conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia, las solicitudes de acceso, en principio, sólo contienen la individualización del solicitante y/o su representante (nombre, apellido y dirección), su firma (manual o electrónica) y la identificación de la información requerida y del órgano al que se dirige. Sin embargo, es usual que estas presentaciones contengan otros datos personales de los solicitantes, los cuales son incorporados a su presentación para:

a) su mejor individualización (por ejemplo, su estado civil, RUT, número telefónico o correo electrónico);

b) suministrar antecedentes de contexto o motivación de su presentación (por ejemplo, al informar su pertenencia a un pueblo originario, su inscripción en el registro nacional de discapacidad o su estado de salud físico o psíquico); o

c) identificar la información requerida (cuando la asociación de la persona del solicitante con “lo pedido” da cuenta de un dato sensible –v.gr., requerir la ficha clínica de una persona que se afirma padece VIH-).

Adicionalmente, el formulario preparado por el Gobierno para solicitar información (disponible en http://www.leydetransparencia.gob.cl/assets/flash/formulario.swf) incluye la opción de entregar información estadística en su dorso, la que se extiende a datos personales como el nivel educacional, la participación en organizaciones sociales, el RUT, el sexo, el teléfono, la nacionalidad o la ocupación.

Por lo tanto, no obstante que las solicitudes de acceso sean complemento directo de un acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9°, 10 y 20 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, la comunicación a terceros de algunos de los datos contenidos en ellas se encuentra vedado a los órganos de la Administración.

7) Que es dable arribar a idénticas conclusiones a las expresadas en el considerando precedente respecto del contenido de la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de acceso, toda vez que éstas pueden reproducir los datos personales que el solicitante incorporó a su presentación para su mejor individualización –letra a) precedente– y, en aquellos casos en que la información solicitada corresponda a la indicada en la letra c) precedente, la asociación de la identidad del solicitante con “lo pedido” dentro del texto de la resolución, puede revelar datos sensibles de las personas o afectar sus derechos personales.

8) Que, por otra parte, tratándose de los requerimientos del Sr. Urzúa Toledo acerca de documentos que los órganos administrativos ya han entregado a terceros, es menester determinar si los efectos de las resoluciones que ordenaron su entrega son extensibles a todas las personas, deviniendo en públicos con efecto erga omnes.

9) Que una interpretación aislada de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia permitiría concluir que al resolver la entrega de los documentos solicitados, dicha información es pública con indiferencia del solicitante: el artículo 5° presume el carácter público de la información con indiferencia del solicitante; el artículo 10 reconoce el derecho de acceso a la información “a cualquier persona”; además, el principio de no discriminación establece que “los órganos de la administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo solicite, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias…”.

Con todo, aunque pueda parecer extraño que idénticas solicitudes permitan el acceso sólo a determinados solicitantes, es menester reconocer que la aplicación de las causales de secreto o reserva depende de las circunstancias o elementos del caso concreto, entre las que se encuentran, ocasionalmente, la naturaleza del requirente y sus circunstancias. En efecto, en las siguientes decisiones de este Consejo puede apreciarse este fenómeno:

a) Fichas clínicas: Las decisiones C322-10, C556-10 y C596-10 de este Consejo han reconocido que «si bien la información contenida en documentos tales como las fichas clínicas ya no sean "datos personales", sino simples "datos", por referirse a una persona ya fallecida, este Consejo estima que su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos, tal como se señala en el considerando 11) precitado de la decisión del amparo Rol C322-10. En efecto, tanto el derecho comparado analizado como el proyecto de ley en tramitación que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, entienden que su revelación podría causarles perjuicios difíciles de evaluar, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias» (considerando 8°, decisión C556-10). Conforme a ello, en su decisión C596-10 el Consejo ha precisado “las circunstancias que, alternativamente, deben acreditarse para que una persona acceda a la ficha clínica de un fallecido…”, las que en suma, son: (a) “Ser heredero del fallecido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 983 del Código Civil, o actuar en representación de uno o más herederos…”; y (b) “Tener una legitimación activa para ejercer otros derechos que supongan el acceso previo a la ficha clínica del difunto. En esto debe precisarse que la concurrencia de esta circunstancia debe valorarse caso a caso”. En consecuencia, esta información no es pública sino que sólo puede ser entregada a personas determinadas.

b) Postulantes a cargos en la Administración: En sus decisiones C53-10, C91-10 y C190-10, relativas a los antecedentes de un concurso público, el Consejo efectuó la siguiente distinción a efectos de conceder el acceso a los puntajes obtenidos en los procesos de selección:

i) Si la información se refiere al propio requirente, éste tiene derecho a acceder a sus puntajes en las distintas evaluaciones practicadas en el marco del concurso, por cuanto se trata de datos personales respecto de los cuales es titular. Los terceros sólo pueden acceder a estos datos en tanto se aplique respecto de su titular el art. 20 y esté acceda, expresa o tácitamente.

ii) Sin embargo, tratándose del puntaje obtenido por el postulante que fue finalmente designado para el desempeño del cargo se autoriza su entrega dado que pasa a ejercer funciones públicas.

iii) Si se solicitan los puntajes de terceros participantes que no fueron seleccionados, como ya se dijo, el Consejo aplica el art. 20 y ha validado las oposiciones planteadas por estimar que la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que procede mantener la reserva de la identidad del postulante. Lo mismo resulta aplicable al resto de los postulantes al concurso que no clasificaron a la quina.

c) Petición de datos personales reservados por parte de su titular: En las decisiones C323-10 y C426-10 se ha establecido que si bien los antecedentes de la postulación a un indulto puede incluir datos sensibles, como los informes sicológicos y sociales, pueden ser requeridos por el propio requirente no aplicándose la causal de reserva planteada por el órgano (artículo 21 Nº 2), toda vez que ésta sólo se aplica respecto de terceros y no de su titular. En consecuencia, se trata de un caso en que la información sólo es accesible a personas determinadas.

d) Acceso al sumario administrativo por el inculpado: En la decisión C858-10, de 28 de febrero de 2011, en aplicación del artículo 137 del Estatuto Administrativo, conforme al cual “[e]l sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa” (apli la causal de debido funcionamiento del servicio, se resolvió que encontrándose el sumario en etapa resolutiva y “siendo el reclamante la persona inculpada y habiéndosele formulados cargos, resulta plenamente aplicable a su respecto la regla de acceso a la información descrita en el considerando precedente, esto es, que él y su abogado tendrán acceso al expediente sumarial”. Por lo tanto, la información sólo es accesible para quienes se encuentran expresamente autorizados por la Ley.

10) Que de las decisiones precitadas puede extraerse como criterio jurisprudencial que existe información que obra en poder de órganos de la Administración a la que sólo pueden acceder sujetos determinados. Esto puede ocurrir porque el ordenamiento jurídico proteja el derecho de la persona a excluir a terceros de su conocimiento o que se estime que el acceso universal podría afectar el debido funcionamiento del órgano. En base a ello, cabe sostener que en las decisiones en comento el Consejo ha declarado implícitamente el carácter reservado de los documentos requeridos con carácter general, identificando al solicitante como un sujeto excepcionalmente autorizado para acceder a la misma. Por lo tanto, en hipótesis como las antes descritas la resolución del órgano administrativo que ordena la entrega de la información no está declarando el carácter público de los documentos requeridos —pues éste opera erga omnes— sino sólo el acceso a favor de un sujeto determinado. Esto ocurrirá, en general, cuando la causal de reserva se encuentra en beneficio del propio solicitante, pues está consagrada para proteger bienes jurídicos particulares –sus derechos–, o existe una regla especial que autoriza el acceso a la información a favor de sujetos determinados legalmente –por ejemplo, el artículo 137 del Estatuto Administrativo- o por la jurisprudencia de este Consejo –por ejemplo, fichas clínicas de personas fallecidas–.

11) Que en cuanto a las solicitudes de acceso, su interposición genera una relación jurídica administrativa regida por las normas previstas en la Ley de Transparencia y, supletoriamente por la Ley N° 19.880, la que concluye con la dictación de un pronunciamiento por parte de la autoridad pública, en el desempeño de sus funciones. No puede sino ser de conocimiento del particular el carácter público que tienen tanto el destinatario, como el medio utilizado y el tenor de lo requerido. Consecuentemente, éstas no pueden ser calificadas como “comunicaciones privadas”, en los términos del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. Lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las reglas de reserva expresadas en los considerandos precedentes.

12) Que en concordancia con las reglas de reserva descritas en los considerandos precedentes, es dable concluir que el contenido dañoso de la divulgación de los documentos requeridos por el Sr. Urzúa Toledo radica:

a) En la asociación de los solicitantes (terceros) con datos personales que éstos han añadido en sus solicitudes y que deben reservarse, y que luego hubiesen sido reproducidos por el órgano en su respuesta –según se argumentó en las letras a) y b) del considerando 6° y el considerando 7°-; o

b) en la asociación de los solicitantes (terceros) con el contenido de la solicitud, cuando ello involucra divulgar datos sensibles del mismo –según se argumentó en la letra c) del considerando 6° y en el considerando 7°)-; o

c) en que la información entregada es reservada, pero el solicitante (tercero) se encontraba autorizado para acceder a ella, según se argumentó en el considerando 10°.

13) Que el proceso de disociación de la información puede efectuarse en dos formas: (a) tachando los datos que individualizan a los solicitantes o (b) tachando los datos personales o sensibles de los mismos, así como “lo pedido” por éstos. Sin embargo, atendido el tenor expreso de la solicitud del reclamante, resulta claro que ésta requiere la divulgación expresa del contenido de la solicitud (“lo pedido”), pues así lo indica el requerimiento de información sistematizada al que hace mención en su solicitud, mientras que la identidad del reclamante se encuentra incorporado, exclusivamente, como contexto de la solicitud de copia íntegra de la presentación de los reclamante. Por lo tanto, al momento de resolver su entrega, deberá preferirse por disociar la identidad de éstas de la información requerida, mediante la tacha de los datos que permiten su individualización. En refuerzo de tal aserto, cabe señalar que este proceso impediría errores por parte de los órganos de la Administración en la determinación de los datos que deberán calificar como personales o sensibles, y cuándo divulgar “lo pedido” involucraría afectar los derechos de los terceros.

14) Que, en ese contexto, cuando el contenido dañoso de la divulgación radique en las hipótesis a) y b) del considerando 12° precedente, para dar respuesta a la solicitud del Sr. Urzúa Toledo, los órganos administrativos, en aplicación del principio de divisibilidad, deberán disociar a los solicitantes (terceros) de la información requerida, tachando los datos que permiten su individualización, tales como su nombre, RUT y domicilio. En cambio, en la hipótesis descrita en la letra c) del considerando 12°, los órganos deberán denegar la entrega de los documentos a los que accedieron los solicitantes (terceros) por tratarse de información reservada, salvo las excepciones reseñadas, entre las que no se encuentre el Sr. Urzúa. Lo anterior, sin perjuicio de la divulgación de la solicitud y resolución que resuelve la misma, previa aplicación del criterio de divisibilidad expresado precedentemente.

15) Que de efectuarse el proceso de divisibilidad antedicho, es dable concluir que la entrega de los documentos requeridos por el Sr. Urzúa Toledo no involucraría la afectación de los derechos de terceros, lo que lleva a desestimar la aplicación del procedimiento de oposición de terceros contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por resultar innecesario.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester hacer presente que el proceso de divisibilidad indicado en el considerando precedente responde a la omisión del procedimiento de oposición contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que, conforme se indicó en el considerando 10°, al revisar la solicitud en comento, los órganos requeridos debieron verificar si la divulgación de la información podría afectar los derechos de los terceros (solicitantes) y, en tal caso, notificar a éstos el requerimiento de información. Ahora bien, dicho reproche no cabe en los casos en que se estime que abordar dicho procedimiento de notificación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, caso en que podría haberse denegado el acceso a la información en virtud de dicha causal.

16) En base a lo expuesto, es posible identificar las siguientes tareas de los órganos de la Administración para dar respuesta a las solicitudes del reclamante:

a) Reproducir y revisar todas las solicitudes y resoluciones correspondientes a las fechas indicadas;

b) Tachar en ellas los datos que permiten la individualización del solicitante, en los términos del considerandos 14° de esta decisión;

c) Identificar los documentos que contienen información reservada, en los términos del considerando 14° de esta decisión;

d) Informar los datos requeridos acerca de la tramitación de las solicitudes de información presentadas a cada organismo (solicitud descrita en la letra b) del considerando 1° de esta decisión); y

e) Atendida la forma de entrega requerida por el solicitante, debiese reproducir digitalmente cada una de las solicitudes y resoluciones tachadas, así como los documentos solicitados.

17) Que en cuanto a la sistematización por parte de los órganos requeridos de la información solicitada, cabe recordar que en virtud de los dispuesto por la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado, a efectos de satisfacer adecuadamente el derecho de acceso a la información pública, han debido adoptar las medidas necesarias para gestionar oportunamente –y conforme al procedimiento administrativo descrito en los considerandos 3° y 4° precedentes– las solicitudes de acceso a la información que se les presenten. En efecto, para dar cumplimiento de tales obligaciones legales, el Ministerio de Educación cuenta con su propio sistema de gestión de solicitudes (disponible en: http://w3app.mineduc.cl/Aplicacion600Web/ciudadano/index.html#).

18) Que teniendo presente el nivel de sistematización en que se encuentra la información solicitada, para determinar la concurrencia de la causal de reserva invocada, deberá atenderse, exclusivamente, al volumen de información involucrado. De hecho, el órgano requerido no ha proporcionado otros antecedentes para acreditar la afectación al debido cumplimiento de sus funciones ni ha manifestado, a efectos de contextualizar la supuesta distracción indebida, la carga de trabajo de los funcionarios encargados, el tiempo estimado en recopilar, evaluar, reproducir y tachar la información requerida. En efecto, como ha señalado este Consejo en su decisión del amparo Rol A39-09, no basta con la simple alegación de configurarse una causal de reserva, sino que ésta debe probarse por quien la alega debido a que de esta circunstancia dependerá la extinción del deber de entregar la información.

Sobre el particular, según informó el órgano requerido, el número de expedientes cuya revisión involucra la solicitud del reclamante es el siguiente: 1.500.

19) Que, conforme a lo anterior, en cuanto al requerimiento de una copia de las solicitudes de acceso, sus resoluciones y la información entregada en virtud de ellas –descrita en la letra a) del considerando 1° de esta decisión–, visto que el Ministerio de Educación argumentó haber remitido la información solicitada al reclamante, es menester advertir a dicho organismo que la entrega de la información solicitada, sin el intermedio de un procedimiento de disociación como el expuesto en esta decisión, pudo significar la afectación de los derechos de terceros.

Con todo, atendido que el órgano requerido afirmó haber remitido al solicitante los documentos requeridos, pero no acreditó ante este Consejo su entrega –conforme lo exige el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia–, se resolverá, en definitiva, requerirle la entrega de estos documentos, previa aplicación del procedimiento de divisibilidad descrito en el considerando 14° de esta decisión. Sin embargo, en caso que el Ministro de Salud acreditase haber realizado su entrega, como alegó en sus descargos, sin haber realizado el procedimiento señalado en el considerando 14°, en aplicación de la atribución de este Consejo consagrada en el artículo 33, letra d), parte final, de la Ley de Transparencia, sólo se le requerirá que en lo sucesivo ajuste sus procedimientos a los criterios de divisibilidad determinados por este Consejo.

20) Que en cuanto a la solicitud de los datos sobre la tramitación de las solicitudes de información del órgano consultado –descrita en la letra b) del considerando 1° de esta decisión–, en primer lugar, la solicitud de una “transcripción de cada solicitud” y el “tipo de respuesta entregadas por el organismo” se entienden satisfechas mediante la entrega de una copia de las solicitudes y resoluciones requeridas.

21) Que, por otra parte, atendido que el Ministerio de Educación ha aseverado haber remitido la información solicitada, sin certificar la entrega de la misma, se le requerirá, en definitiva, hacer entrega al reclamante de la planilla datos que habría elaborado para dar respuesta a su solicitud, en los términos ordenados por este Consejo, por tratarse de antecedentes necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de solicitudes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Alberto Urzúa Toledo en contra del Ministerio de Educación, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.

II. Requerir al Ministro de Educación:

a) En cuanto a la solicitud de los documentos descritos en la letra a) del considerando 1° de esta decisión, hacer entrega al reclamante de estos documentos, previa aplicación del procedimiento de divisibilidad descrito en su considerando 14°, o, de acreditar ante este Consejo la entrega de éstos, sólo se le requerirá que en lo sucesivo ajuste sus procedimientos a los criterios de divisibilidad determinados por este Consejo.

a) En relación a la solicitud de información descrita en la letra b) del considerando 1° de esta decisión, hacer entrega al reclamante de la planilla datos que habría elaborado para dar respuesta a su solicitud, en los términos ordenados por este Consejo, pero cuya entrega no ha certificado.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.