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Fernando Frías Cavada con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C2508-18

Consejo para la Transparencia, 02/10/2018

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta incompleta a una solicitud de información respecto de la documentación considerada para la iniciación de actividades de una sociedad, en particular, de la empresa Sociedad Inmobiliaria Padre Las Casas Limitada RUT 76.352.841-3. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada y al secreto tributario, por cuanto no se trata de datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2508-18

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII).

Requirente: Fernando Frías Cavada.

Ingreso Consejo: 07.06.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la información relativa a la constitución e inicio de actividades de la empresa que indica.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado y por haberse desestimado las alegaciones del órgano, relativas a la afectación a los derechos económicos o comerciales del tercero por tratarse de meros datos de referencia, y al secreto tributario, por cuanto no se trata de datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes.

En sesión ordinaria N° 931 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C2508-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2018, don Fernando Frías Cavada solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SII, respecto de la documentación considerada para la iniciación de actividades de una sociedad, en particular, de la empresa Sociedad Inmobiliaria Padre Las Casas Limitada RUT 76.352.841-3, la siguiente información:

a) "Identificación de la Notaría y la singularización de la escritura pública de constitución (año, foja, repertorio) de la sociedad;

b) La identificación del Conservador de Bienes Raíces y la singularización del Registro de Comercio (año, foja, repertorio) de la sociedad;

c) Cualquier otro antecedente de carácter público donde conste la constitución de la sociedad (ej. Fecha de la publicación del extracto de su constitución en el Diario Oficial o del Registro de Empresas y Sociedades que lleva el Ministerio de Economía (Empresa en un día)".

2) RESPUESTA: El 7 de junio de 2018, mediante Res.Ex.Nro. LTNot 0014527, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, que "sin perjuicio de la falta de documentación que acredite la representación, es dable señalar que en relación con los datos requeridos, no es posible acceder a su solicitud en razón de que lo requerido no es de competencia del SII, siendo una materia propia de las atribuciones de los Conservadores de Bienes Raíces en su Registro de Comercio", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Comercio relativo a la inscripción del extracto de la escritura social, y en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces respecto de la publicidad de sus inscripciones.

Acto seguido, agrega que "De las normas transcritas y de lo expresado en los párrafos precedentes, puede advertirse que el Servicio de Impuestos Internos no es el órgano competente para efectos de publicidad de la información de los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces, dado que no es una función que le haya encomendado la ley ni cuenta con copia de dichos registros (...) la materia consultada queda fuera del ámbito de competencia de este organismo, lo cual configura los dos presupuestos del artículo 13 de la Ley N° 20.285, sin que sea en este caso procedente la derivación que ese precepto prevé, toda vez que los Conservadores de Bienes Raíces no forman parte de la Administración del Estado", agregando que puede acceder a la información requerida en los respectivos Conservadores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 7 de junio de 2018, don Fernando Frías Cavada dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "El SII se ha declarado incompetente para entregar una información, la cual dispone. Ha confundido el requerimiento que le he hecho, creyendo erradamente que la solicitud era sobre el contenido de un o unos documentos que ciertamente no está en su competencia conocer, pero que sin duda la singularización de los mismos, es un antecedente que ha registrado y conoce; toda vez que es un requisito de la esencia, al momento de que una empresa hace su iniciación de actividades, que el requirente consigne en un formulario los datos de su constitución (...) La información solicitada al SII, es que consigne los datos que registró y que configuran la base para autorizar el inicio de actividades de una empresa. No se le está pidiendo una copia o señale el contenido del documento (...) sí tiene competencia suficiente para dar un detalle de los antecedentes que hicieron nacer el acto administrativo (el inicio de actividades de la empresa). La respuesta dada, argumentando su incompetencia, deja prácticamente en la indefensión a un requirente quien estaría obligado a recurrir a cada una de las notarías y Registros de Comercio de Chile, para obtener la información que un órgano descentralizado dispone en sus registros".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E4416, de fecha 29 de junio de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante escrito de descargos, ingresado en este Consejo con fecha 19 de julio de 2018, el órgano evacuó sus observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis que el reclamo de la especie no cumple los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, por cuanto no se ha denegado el acceso a la información sino que se declaró la incompetencia.

Acto seguido, y respecto a la incompetencia del Servicio, indicó las funciones del órgano, lo dispuesto en el artículo 1 del Código Tributario y en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, agregando que "respecto a las sociedades solo cuenta con la información proporcionada por los propios contribuyentes y no cuenta con un registro o estadística, precisamente, por no ser el organismo competente de llevar dicho registro, no encontrándose legalmente obligado a ello y por cuanto la función propia de este Servicio dice relación con la aplicación y fiscalización de los impuestos internos", haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 41 y 49, en el artículo 8 del Reglamento de Registro de Comercio, y lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1859-17.

Del mismo modo, informa que "este Servicio cumple con informar que ciertos datos son requeridos en el Formulario N° 4415 denominado ‘Inscripción al rol único tributario y/o declaración jurada de inicio de actividades’, este formulario es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera o segunda categoría de la Ley de Renta", y que "el Conservador de Bienes Raíces es el órgano encargado y obligado legalmente de llevar el registro de comercio consignando en forma actualizada la Foja, Número y Año de la última inscripción que registre".

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que "en la eventualidad de entregar ya sea el formulario o datos del formulario, es menester señalar que la información requerida se encuentra protegida por la reserva tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, como sería la declaración realizada en el Formulario N° 4415, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 del Código Tributario", haciendo mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en reclamo de ilegalidad rol N° 448-2013 y por la Excma. Corte Suprema en causa rol 183-2017, señalando finalmente, que el SII se encuentra impedido de entregar la información solicitada por afectar la vida privada y la honra de la persona y su familia, datos personales, derechos comerciales y económicos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta incompleta otorgada por la institución, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.

2) Que, luego, en cuanto al fondo de la controversia, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte del Servicio de Impuestos Internos, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la identificación de la Notaría, la singularización de la escritura pública de constitución, la identificación del Conservador de Bienes Raíces y la singularización del Registro de Comercio de la sociedad que indica, y cualquier otro antecedente de carácter público donde conste la constitución de la sociedad como la fecha de la publicación del extracto de su constitución. Al respecto, el órgano declaró su incompetencia para atender la solicitud de información. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de sus descargos, el órgano denegó la entrega fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°2 y N°5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, lo requerido, en la especie, se refiere a la individualización de la notaría, Conservador, Registro de comercio y fecha de publicación del extracto, respecto de la constitución de la empresa que indica, y no se refiere a la entrega de copia de antecedentes o documentos. En tal sentido, en virtud de lo razonado por este Consejo, en la decisión de amparo rol C401-16, tratándose de antecedentes presentados por una persona jurídica ante el Servicio de Impuestos Internos para cumplir con la obligación de dar aviso de Iniciación de Actividades, y que fueron recabados por dicho Servicio, en cumplimiento de sus atribuciones legales, dicha información es, en principio, de naturaleza pública en razón de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, salvo que concurra a su respecto, una causal de secreto o reserva.

5) Que, conforme a lo dispuesto en la Circular N° 31, del año 2007, respecto de los antecedentes que deben exhibir los contribuyentes para realizar la declaración de inicio de actividades, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, se encuentran: Escritura pública de constitución o copia legal, con constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, e indicación de la página y fecha del Diario Oficial en que se haya publicado el extracto de la escritura de constitución, o exhibición de la página del Diario Oficial en que aparezca dicha publicación, y además, cédula de identidad del mandatario; Formulario N° 4415; y, acreditar domicilio. Al respecto, cabe tener presente que la información solicitada coincide con la que debe ser incorporada en el formulario N° 4415 para "Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración jurada de Inicio de Actividades", en la parte relativa a las personas jurídicas y sociedades obligadas a publicar su constitución en el Diario Oficial.

6) Que, en cuanto a la eventual afectación de derechos comerciales y/o económicos, este Consejo ha fijado como criterios, que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene información cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, los siguientes: la información debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Al efecto, revisada la naturaleza de los antecedentes respecto de los cuales habría quedado mera constancia o registro en poder del SII, relativos a la escritura de constitución de la sociedad consultada y su inscripción en el registro de comercio respectivo, no resulta plausible concluir que con su publicidad se produzca una afectación, presente o probable, y con suficiente especificidad, sea a los derechos económicos o comerciales de la empresa, o bien a la vida privada del o los terceros, debiendo desestimarse las alegaciones del órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. En efecto, la información que obra en poder del SII referida a la iniciación de actividades de una sociedad que consta en la respectiva escritura pública y su posterior inscripción en el registro competente, son datos públicos, de acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Luego, dichos registros son públicos de fuente accesible al público, pues el requirente podría concurrir a cada uno de los 143 notarios y conservadores del país que tengan a su cargo los Registros de Comercio y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de aportar determinados datos o solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. De este modo, se trataría de un ejercicio de recopilación, que ya ha sido realizado por el órgano reclamado, como consecuencia de su inscripción al rol único tributario o al declarar la iniciación de actividades.

7) Que, asimismo, el propio Servicio hace mención a la eminente publicidad de la información solicitada, al hacer mención a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al establecer que "En orden a la guarda de los Registros incumben a los Conservadores los mismos deberes y obligaciones que a los escribanos. Son, no obstante, esencialmente públicos todos ellos; por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes". Por tanto, siendo públicos los instrumentos, escrituras o registros que se ingresen en el Conservador de Bienes Raíces, resulta plausible sostener que igualmente serán públicas las indicaciones o menciones que se refieran a dichos registros.

8) Que, sobre lo anterior, cabe hacer presente que el registro que obra en poder del Servicio de Impuestos Internos corresponde a una "lista de chequeo" de los antecedentes que fueron exhibidos en su oportunidad por el contribuyente para cumplir con su obligación legal de dar aviso de Iniciación de Actividades. Dicha exhibición de documentos corresponde a una etapa inmersa dentro de un procedimiento administrativo general para inscripción de RUT, realizar la declaración de inicio de actividades o ambos trámites conjuntamente, y tiene por objeto la verificación por parte de un funcionario del Servicio, que los documentos correspondan al tipo de antecedentes que se requieren, que cumplan con las formalidades especificadas, que no presenten alteraciones o enmiendas que puedan implicar falsificaciones del original, y que los datos traspasados a los formularios sean exactamente los que figuran en dichos documentos (Punto 2.1.4. de la Circular N° 31, de 2007). Por lo anterior, tratándose del registro que da cuenta del cumplimiento de los requisitos legales requeridos para la realización del trámite de dar aviso de inicio de actividades, dichos antecedentes sirvieron de fundamento para tenerse por cumplido dicho trámite, motivo por el cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

9) Que, por último, en relación a la causal de reserva invocada por el órgano, contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en orden a que la información requerida estaría amparada por el secreto tributario establecido en el inciso 2°, del artículo 35 del Código Tributario, este Consejo estima que la individualización de la notaría, el Conservador de Bienes Raíces, el Registro de Comercio, y la fecha de publicación en el Diario Oficial, respecto de la constitución de la empresa que indica, no está amparada en el Secreto Tributario, por cuanto la información solicitada no contempla datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, por lo que no resulta aplicable, al presente caso, la causal de reserva contemplada en la citada norma.

10) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Fernando Frías Cavada, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos lo siguiente:

a) Entregar al reclamante la identificación de la notaría, la singularización de la escritura pública de constitución (año, foja, repertorio), la identificación del Conservador de Bienes Raíces y la singularización del Registro de Comercio (año, foja, repertorio) de la empresa Sociedad Inmobiliaria Padre Las Casas Limitada RUT 76.352.841-3, y cualquier otro antecedente de carácter público donde conste la constitución de la sociedad como la fecha de la publicación del extracto de su constitución en el Diario Oficial o del Registro de Empresas y Sociedades que lleva el Ministerio de Economía.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Frías Cavada y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.