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Víctor Cabeza Ortíz con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) Rol: C2447-18

Consejo para la Transparencia, 02/10/2018

Se dedujo amparo en contra del Instituto de Previsión Social, fundado en la respuesta incompleta a una solicitud de información referente a 11 funcionarios que se indican. El Consejo acoge el amparo, respecto de la documentación reclamada sobre los gastos incurridos en los cometidos funcionarios que indica, y de los cometidos que no fueron entregados oportunamente, por tratarse de información pública y por haberse desestimado las alegaciones del órgano, relativas a la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto no se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas o judiciales, ni se trata de un requerimiento de carácter genérico, y no haber acreditado la afectación a los derechos de las personas


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2447-18

Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS).

Requirente: Víctor Cabeza Ortíz.

Ingreso Consejo: 05.06.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Instituto de Previsión Social, respecto de la documentación reclamada sobre los gastos incurridos en los cometidos funcionarios que indica, y de los cometidos que no fueron entregados oportunamente, por tratarse de información pública y por haberse desestimado las alegaciones del órgano, relativas a la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto no se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas o judiciales, ni se trata de un requerimiento de carácter genérico, y no haber acreditado la afectación a los derechos de las personas.

En sesión ordinaria N° 931 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C2447-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de abril de 2018, don Víctor Cabeza Ortíz solicitó al Instituto de Previsión Social, en adelante e indistintamente, el Instituto o el IPS, respecto de los 11 funcionarios que identifica expresamente, la siguiente información:

a) "Cometidos funcionarios, devengados, cobrados o percibidos, en los últimos cinco años a contar de esta misma fecha, con la respectiva rendición del viático, gasto de pasajes o fletes. (...);

b) Copia del Libro de Registro o Cartolas con la relación numérica correlativa del total de resoluciones extendidas por la Coordinación de Personas o la Unidad que corresponda, con indicación del número de resolución extendida, sean estas autorizadas, rechazadas o dejadas sin efecto".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 8 de mayo de 2018, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2018, mediante correo electrónico, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, que la información solicitada estaba a su disposición para ser retirada en la oficina que indica, adjuntando copia del Oficio Ord. N° 700-108 del 18 de mayo de 2018. En dicho documento, remite los antecedentes correspondientes a los cometidos funcionarios de los años 2014, 2015 parcial, 2016, 2017 y 2018, con sus respectivas rendiciones, agregando que "Respecto del año 2015 no fue posible obtener copia de la totalidad del período consultado. Sólo se dispone de los primeros tres meses del año, razón por la cual se gestionará ubicar lo restante oportunamente", y señalando finalmente, que no fue posible ubicar 15 cometidos cuyos número y año indica.

3) AMPARO: El 5 de junio de 2018, don Víctor Cabeza Ortíz dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "Es una información incompleta y parcial con mucha de ella faltante, ya que no adjunta los demás documentos y antecedentes que sirven de sustento a la rendición de gastos", como los informes de gastos y del cometido realizado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E4047, de fecha 20 de junio de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio Ord. N° AL005T-005176, de fecha 9 de julio de 2018, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis que "es importante considerar la forma de redacción de la solicitud de acceso a la información ingresada por el requirente, pues lo solicitado fueron los ‘cometidos funcionarios’ de que dispone este Instituto (...) de los últimos cinco años (...) y todos respecto de los cometidos funcionarios de las personas requeridas (...) este Instituto dio cabal cumplimiento a la letra B de la solicitud pues se le enviaron todas y cada una de las Tarjetas Control Viáticos de la Dirección Regional indicadas por él".

Acto seguido, indica que "es importante destacar la necesidad de una buena redacción de la solicitud que ayude a determinar específicamente el tipo de documento que se requiere, pues el Amparo de acceso a la Información Pública no es la oportunidad en la cual se puede realizar dicha precisión (...) este Servicio sí dispone de la información requerida, de allí que pueda decirse que este Instituto de Previsión Social proporcionó la información requerida, la cual se condice con la solicitud genérica realizada por el Sr. Cabeza Ortiz (...) si ponemos atención en Amparo, el Sr. Cabeza Ortiz tampoco logra redactar apropiadamente su Amparo en el ítem ‘Actitud’, no siendo posible así aún, determinar qué documento específicamente requiere en esta oportunidad".

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que "a fin de dar cumplimiento al principio de máxima divulgación, se han recopilado más antecedentes de los que pudieron encontrarse en el tiempo concedido por la Ley, a saber, los cometidos funcionarios relativos al período del mes de abril a diciembre, ambos inclusive, del año 2015, con la correspondiente nómina correlativa de resoluciones de cometidos funcionarios del año 2015; cometido funcionario según resolución 119 del año 2018; cometido funcionario según resolución N°16 del año 2017; y cometidos funcionarios N° 85, 226, 322 y 437 del año 2016".

Luego, el órgano manifiesta que aún sigue recopilando información de la requerida por el reclamante, dado su elevado volumen, argumentando que el propio solicitante es funcionario del órgano requerido y que su petición afecta el cumplimiento de las funciones tanto de sus compañeros de trabajo como del IPS, haciendo mención a la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. Asimismo, argumenta que la solicitud estaría realizada en un modo genérico pues no señala nombre de documento ni soporte respectivo, dando lugar a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Finalmente, el órgano alega la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la ley N° 20.285, por cuanto la entrega de la información afectaría la esfera de la vida privada y los derechos de carácter comercial o económico de los funcionarios públicos.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2018, solicitó al órgano complementar sus descargos, en el sentido de individualizar los antecedentes adicionales recopilados, y acompañar el resto de los documentos entregados al solicitante y no remitidos a este Consejo.

Hasta esta fecha, no existe constancia de que el IPS se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte del Instituto de Previsión Social, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a los cometidos funcionarios, con la respectiva rendición del viático, gasto de pasajes o fletes, de los funcionarios que indica, en el período que señala, y copia del Libro de Registro o Cartolas con la relación numérica correlativa del total de resoluciones extendidas por la Coordinación de Personas o la Unidad que corresponda, con indicación del número de resolución extendida. Al respecto, el órgano entregó una gran cantidad de resoluciones de cometido funcionario, señalando que algunas de ellas no pudieron ser encontradas. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de sus descargos, el órgano complementó su respuesta señalando que adjuntaba algunas de las resoluciones faltantes, y denegando el resto fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letras a) y c), y N°2, de la Ley de Transparencia.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido en la letra a) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva, esto es, los cometidos funcionarios de los últimos cinco años, con la respectiva rendición del viático y gastos de pasajes o fletes, respecto de los funcionarios que indica.

3) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en segundo lugar, vale tener en consideración que el órgano entregó una serie de documentos, que corresponden a los comprobantes de "Resolución de cometido de servicio, Orden de anticipo y Rendición de pagos", de los funcionarios consultados y de los años requeridos, en los que se registra la fecha del cometido, número de resolución, nombre y datos laborales del funcionario, motivo del cometido, días, día de salida, tipo de movilización a usar, monto a pagar y firmas y timbres respectivos. Asimismo, en la misma página, en la parte relativa a la rendición de gastos, se detalla el día de salida y llegada, localidad visitada, valor del cometido, detalle del transporte, entre otros.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, el IPS no adjuntó ni señaló si obraban o no en su poder, los documentos adicionales que justifican o acreditan, efectivamente, los gastos incurridos por parte de los funcionarios, como por ejemplo, copia de boletas o facturas, de pasajes de bus o de avión, comprobantes de pago de bencina, etc., así como tampoco acreditó haber entregado al requirente los cometidos funcionarios que el propio órgano, en su respuesta, indicó no haber encontrado.

6) Que, no obstante lo señalado en los considerandos precedentes, el órgano en sus descargos, alegó la concurrencia de las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N°1, letras a) y c), y N°2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe señalar que el IPS no especificó, fundada y detalladamente, la forma en que la entrega de la documentación solicitada podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en relación a antecedentes necesarios a defensas jurídicas o judiciales, por cuanto no indicó la existencia de causas judiciales pendientes, la materia de que tratan ni la relación entre los argumentos de defensa y el contenido de los documentos reclamados, motivo por el cual dicha alegación no podrá prosperar.

7) Que, del mismo modo, el órgano tampoco acreditó la forma en que la entrega de la información generaría la distracción de sus funcionarios por tratarse de un requerimiento de carácter genérico, teniendo en consideración que la documentación requerida se refiere a los cometidos funcionarios con sus respectivos comprobantes, de los 11 funcionarios que detalla, en el período que indica, por lo que la solicitud se encuentra claramente especificada en cuanto a su contenido. Con todo, si el órgano hubiese tenido dudas respecto del alcance o contenido de la información solicitada, debió dar aplicación al procedimiento dispuesto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la letra b) de dicho artículo, lo que no consta, en la especie, haber sido efectuado, motivo por el cual se desestimará dicha alegación.

8) Que, finalmente, respecto de la alegación del órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, el IPS tampoco especificó los derechos que podrían verse afectados con la entrega de la información. Al respecto, cabe consignar que la información versa sobre montos percibidos en razón de las labores que se realizan como funcionarios públicos y que se pagan con cargo al presupuesto de la reclamada de lo que deviene su evidente carácter público y la improcedencia de la invocación de la causal de reserva indicada por la reclamada.

9) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras a) y c), y N°2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, o en su defecto, en el evento de aquella información no obre su poder informar expresa y fundadamente de ello al solicitante y a este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Víctor Cabeza Ortíz, en contra del Instituto de Previsión Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de las rendiciones de gastos de los cometidos funcionarios con sus comprobantes de gastos, así como también los cometidos que no fueron encontrados por el órgano dentro del plazo legal, o en su defecto, en el evento de que dicha información no obre en su poder informarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Cabeza Ortíz y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.