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Ruby del Pilar Fuentes Arriagada con CARABINEROS DE CHILE Rol: A203-09

Consejo para la Transparencia, 09/03/2010

Se solicita amparo en contra de Carabineros de Chile por no respetar el principio de gratuidad consagrado por la Ley de Transparencia en la entrega de información pública, información relativa al acceso al expediente de una investigación practicada en contra de personal de guardia de la Comisaría de La Florida. Carabineros responde que tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, establecen la pertinencia de determinados cobros por las copias que se soliciten de ciertas actuaciones. El Consejo rechaza la solicitud señalando que el valor cobrado por Carabineros para la copia del expediente es inferior al referencial, por lo que no excede a lo que puede entenderse por costos directos de reproducción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO A203-09

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Ruby del Pilar Fuentes Arriagada

Ingreso Consejo: 30.07.2009

En sesión ordinaria N° 131 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A203-09, ingresado ante este Consejo el 30 de julio de 2009.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: El 1º de julio de 2009 doña Ruby del Pilar Fuentes Arriagada, solicitó a Carabineros de Chile que le otorgase acceso al expediente de la investigación practicada por el Tte. Sr. Soto, de la Subcomisaría Cabo 2° Silva Pizarro, originado en un reclamo presentado ante la Capitán Sra. Catherine L. Miranda Álvarez, el día 23 de mayo 2009, en contra de determinado personal de primera guardia de la 36° Comisaría de Carabineros “La Florida”, conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 10, el inciso 2° del artículo 40 de la Ley de Transparencia y el artículo 45 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Pidió que se le hiciera entrega de dicho expediente conteniendo la totalidad de los antecedentes incorporados a la investigación, debidamente foliado y legajado, conforme a lo preceptuado en el artículo 21, letras d) y f), del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile.

2) Respuesta: Carabineros de Chile, a través del Jefe del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, respondió dentro de plazo, mediante carta de 6 de julio de 2009: “Al respecto y en relación a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de República, y artículo 17 letra a) de la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración, las personas que poseen la calidad de interesados, tienen el derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente, a su costa. / Es dable señalar a Ud., que los antecedentes solicitados se encuentran a su disposición en la 36° Comisaria de Carabineros La Florida”. Posteriormente se produjeron los siguientes hechos:

a. La requirente envió una segunda carta a Carabineros de Chile, el 11 de julio de 2009, señalando principalmente, que “Es menester agregar que, el artículo 8°, de la Constitución Política de la República de Chile, se encuentra derogado, es decir anulado, en consecuencia no existe como cuerpo legal y no puede ser invocado como tal; / Con respecto a lo preceptuado en el artículo 17, letra a) de la Ley N° 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, señalado sucintamente en el inciso segundo de su documentos, el Sr. Comandante LARRAIN, inflexiona en su favor al no interpretar debidamente el artículo en cuestión, por cuanto, el legislador deja claramente establecido que el interesado debe asumir las costas, cuando expresamente por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, es decir, cuando se sustancia el proceso administrativo. / En este mismo orden de ideas, es dable hacer presente que yo no estoy pidiendo incorporar a los autos documento alguno, por cuanto, ya fue incoado y se encuentra debidamente tramitado y terminado, sino por el contrario, exijo que se me entregue copia del expediente y en forma gratuita como lo establece el artículo 6°, de la Ley N° 19.880, en concordancia a lo previsto en los artículos 11, letra k) y 17, de la Ley N° 20.285. / Por lo precedentemente señalado, vengo en solicitar, que se entregue copia del expediente de la investigación, en forma gratuita, mediante carta certificada a mi domicilio, conforme lo determinan los artículos 46 y 471, de la ley N° 19.880, de acuerdo a lo indicado en el inciso final del artículo 12, de la Ley 20.285”.

b. Carabineros de Chile respondió mediante carta de 20 de julio de 2009, señalando “…que se obtuvo copia del expediente investigativo, el que debido a su volumen y por ser un gasto no previsto en el presupuesto institucional, conforme lo preceptuado en el Art. 17 de la Ley 20.285, se mantienen en esta dependencia (…) a objeto puedan ser retirados por Ud. / Conforme a lo anterior, y de acuerdo lo señala el Art. 18 del mismo cuerpo legal, al momento de la entrega de éstos, deberá pagar los costos directos de reproducción en que se incurra, los que en el caso particular ascienden a la suma de $ 1060.- (mil sesenta pesos), suspendiéndose la entrega en tanto el interesado no cancele dichos costos y valores”.

c. Consta de los antecedentes acompañados que el 28 de julio de 2009 la requirente canceló la suma señalada precedentemente por las copias del expediente investigativo.

d. El 30 de julio de 2009 la solicitante presentó una tercera carta a la Dirección General de Carabineros, en la cual expresa que “(…) se me vendió un producto que no está terminado, por cuanto, faltan incorporar a los autos diligencias como el informe de revisión del Subprefecto Administrativo de Precarcordillera (sic), Asesoría Jurídica de la Jefazona, constancia de anotaciones de sanciones disciplinarias si las hubiere, cuentas a los respectivos Departamentos del Personal y notificaciones a la afectada conforme a los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15”.

3) Amparo: Que en virtud de dicha respuesta doña Ruby del Pilar Fuentes Arriagada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo el 30 de julio, señalando que: “El Jefe del Departamento de la Ley de Transparencia de Carabineros, no menciona la disposición legal que lo obliga a señalar para exigir el pago de los costos de reproducción del expediente solicitado, conforme lo determina el artículo 18, de la Ley N° 20.285. / El mismo Sr. Jefe de Departamento, con su actuar erróneo, aparte de violar el Principio de Facilitación ya indicado anteriormente (…), también incurre en el mismo acto ilícito al no respetar el Principio de GRATUIDAD, indicado en el artículo 11 literal k) de la Ley N° 20.285… no obstante lo anterior y para no incurrir en la infracción señalada en el inciso final del artículo 20, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se canceló con fecha 28 de julio de 2009, del Departamento de la Ley de Transparencia de Carabineros de Chile, que, no obstante no estar terminado, faltando diligencias por efectuar, lo que fue debidamente representado”. / “Por las consideraciones de hecho y derecho, vengo en solicitar al Sr. Director General del C.P.T., se sirva, si lo tiene a bien, declarar admisible este amparo y acogerlo a tramitación y en uso de sus funciones y atribuciones que le confiere la ley, aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas, recomendar a esa institución que debe perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que se le solicite”.

4) Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 432, de 20 de agosto de 2009, al Director General de Carabineros de Chile, quien evacuó dicho traslado dentro de plazo legal mediante Ordinario N° 319, de 07 de septiembre de 2009, suscrito por el Jefe del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, Teniente Coronel don Ramiro Larraín Donoso, en que se formulan los siguientes descargos u observaciones:

a. “Sobre la materia cabe destacar que la recurrente plantea en su reclamo dos situaciones que a su juicio constituyen infracción a la normativa vigente, en primer término, que se le habría entregado información incompleta, toda vez que en el expediente faltarían diligencias y, la segunda, el cobro indebido que se habría efectuado por la entrega de tales antecedentes, imputando la comisión de eventuales delitos por parte de la Jefatura del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas”.

b. “En lo relativo al primer punto de su reclamo es necesario hacer presente a US. que se trata de una acusación absolutamente infundada. En efecto, la reclamante requirió copia de un expediente sumarial que se encontraba y a la fecha se encuentra en trámite, otorgándosele copia íntegra de los antecedentes que a la fecha rolaban en el mismo, debidamente foliados y legajados. Dicha investigación ha seguido su curso y a la fecha se encuentra en condiciones de evacuarse el informe del Asesor Jurídico de la Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, previa a la conclusión del mismo”.

c. “Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que nada obsta a que la recurrente solicite copia de las nuevas diligencias, en la medida que estas se vayan produciendo o espere la conclusión de la investigación para requerir las nuevas fojas que se hayan incorporado al expediente sumarial”.

d. “Respecto del segundo reclamo formulado por la señora Fuentes Arriagada, es necesario consignar que tanto la ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública, como la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración establecen la pertinencia de determinados cobros por las copias que se soliciten de ciertas actuaciones”.

e. “Es así como el artículo 60 de la ley N° 19.880 consigna como principio de los procedimientos administrativos la gratuidad de los mismos, señalando que «las actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición legal en contrario»”.

f. “Sin perjuicio de ello, el artículo 17 de la misma ley, al establecer los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, precisa, en su letra a) que les asiste el de «Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario estos deban ser acompañados a los autos, a su costa»”.

g. “A su turno, los artículos 17 y 18 de la ley 20.285 se refieren a la materia, estableciendo el primero de ellos que la información solicitada se entregara en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles, agregando el artículo 18 que sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción”.

h. “Sobre la materia, el artículo 20 del Decreto N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Reglamentario de la Ley N° 20.285, dispone en su inciso 3° que sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada, entendiéndose por costos directos de reproducción para efectos de lo señalado en la ley y en el reglamento, todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción”.

i. “Agrega el inciso 4° que «la obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no pague los costos y valores a que se refiere el inciso precedente. Si el interesado solicita la información y, posteriormente, no paga los costos y demás valores autorizados por la ley, ni retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las acciones correspondientes en su contra»”.

j. “Como es de conocimiento de ese H. Consejo, es en el contexto de estas disposiciones que se emitió el Oficio ORD. (GABMIN) N° 00877, del 08 de julio, de 2009, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que ordena a los Organismos de la Administración del Estado, dictar los actos administrativos que correspondan para fijar los costos directos de reproducción considerando criterios de razonabilidad y eficiencia al momento de su determinación”.

k. “Como puede concluirse de la normativa precitada la actuación de Carabineros de Chile se ha ajustado plenamente a derecho, tanto desde la perspectiva de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración como de la Ley de Acceso a la Información Pública, cobrando, de acuerdo a sus facultades, exclusivamente, la suma que importó la reproducción del expediente sumarial requerido, esto es la cantidad de $ 1.060 ( mil sesenta pesos) lo que equivale a $ 10 por hoja”.

5) Medida para mejor resolver: A través del Oficio N°888, de 26 de noviembre de 2009, el Director General, por especial encargo del Consejo Directivo de esta Corporación, solicitó al General Director se sirva informar a este Consejo la forma en que Carabineros calculó los costos directos de reproducción que se cobraron a la requirente para efectos de atender los requerimientos de información amparados por la Ley de Transparencia, desagregando los distintos conceptos incorporados en los valores cobrados por las fotocopias de hojas para llegar a la suma de $10. Mediante Oficio N°381, de 14 de diciembre de 2009, Carabineros informó que por Resolución Exenta N° 127, de 27 de agosto de 2009, se fijaron los costos directos de reproducción para efectos de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, determinándose que el valor unitario de la fotocopia oficio es de $ 15, en tanto la fotocopia carta es de $ 14. Según lo señalado, dichos valores consideran el costo del papel, estimado en $ 6 el tamaño oficio y $ 5 el carta. A ello se suma un costo variable por copia, ascendente a $ 9, para ambas clases de papel. A estos efectos, se señala que por costo variable se considera el valor indicado en el contrato de arriendo de la fotocopiadora que incluye el tóner ocupado, equivalente a $ 8,86, monto que se aproximó al valor de $ 9 antes indicado. Aclara que en el caso de la recurrente, a la que se le cobró $ 10 por fotocopia, se debe precisar que a la sazón, aún no se había dictado la mencionada Resolución Exenta, razón por la cual se procedió a estimar un valor prudencial que consideró el costo variable antes señalado, que era un antecedente conocido, y a ello se sumó un costo mínimo de $ 1 por hoja de cualquier tamaño, por cuanto en relación a ese particular rubro, aún no se afinaban los estudios de la Dirección de Contabilidad y Finanzas que permitieron fijar el precio definitivo antes señalado. Destaca, adicionalmente, que el costo de $ 10 cobrado a doña RUBY DEL PILAR FUENTES ARRIAGADA, no sólo era más bajo que el precio normal de mercado, sino también, en definitiva, es menor en un 33,4 % del valor cobrado en la actualidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la información requerida fue entregada dentro del plazo establecido en la Ley de Transparencia y su Reglamento a la requirente, por lo que su reclamación se funda en que dicha información estaría incompleta y que se ha vulnerado el principio de gratuidad, toda vez que se le cobró por el costo directo de reproducción del expediente requerido.

2) Que este Consejo Directivo estima que las alegaciones del mérito del expediente no caben en esta sede, toda vez que el Consejo para la Transparencia carece de competencia para determinar si la investigación correspondiente ha seguido el curso correspondiente o si aún hay diligencias pendientes que debieran incorporarse a tal expediente, por lo que deberá rechazarse dicha alegación.

3) Que la segunda alegación de la reclamante es que se habría vulnerado el principio de gratuidad contemplado en la letra k) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, que establece que el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. A este respecto deben considerarse las siguientes normas:

a. La letra a) del artículo 17 de la Ley N°19.880, según la cual quienes tengan la condición de interesados en la tramitación de un procedimiento tienen derecho a obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa.

b. El inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, que ordena entregar la información solicitada en “… la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles”.

c. El artículo 18 de la misma norma que establece, como excepción al principio de gratuidad citado precedentemente, que “Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. / La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente”.

d. El artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia que, en cuanto al principio de gratuidad, agrega que “(…) Para efectos de los señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos directos de reproducción todos aquéllos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción”.

4) Que este Consejo entiende que la exigencia contemplada en la Ley N°19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, respecto de disponer que la obtención de copia autorizada de los antecedentes que rolen en el expediente será a costa del solicitante, debe interpretarse sistemáticamente en relación con la normativa contemplada en la Ley de Transparencia. De esta forma, las costas que se pueden cobrar para tener acceso a los documentos que obran en un expediente administrativo serán determinadas considerando los costos directos de reproducción de estas copias, mediante la aplicación de las reglas y limitaciones de la Ley de Transparencia y su Reglamento.

5) Que en este contexto normativo y hermenéutico, procede determinar si los cobros realizados por Carabineros de Chile por las fotocopias del expediente requerido se enmarcan dentro de la excepción al principio de gratuidad que autoriza el cobro de los costos directos de reproducción, contemplada por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 20 de su Reglamento.

6) Que respecto al cobro de los costos directos de reproducción cabe aplicar el criterio ya establecido por este Consejo Directivo en la decisión del Amparo A125-09 contra la I. Municipalidad de Recoleta, el 25 de marzo de 2010, en cuanto a que los costos directos de reproducción deberán adecuarse a criterios de realidad verificables conforme a los parámetros que a continuación se expresan:

a. El valor que se exija pagar por costos directos de reproducción deberá tener relación con el que se cobre por el mismo servicio a los órganos o servicios de la Administración del Estado y que, en principio, es el establecido en el convenio marco respectivo, por lo que este último será considerado el valor de referencia para estos efectos.

b. En la Región Metropolitana el valor de referencia de los costos directos de reproducción corresponde al valor del servicio que se cobra a través del Convenio Marco (Código CM N°05/2008) denominado Servicios de Impresión y Reproducción, N° Licitación 2239-5-LP08, adjudicado al proveedor GRAFHIKA COPY CENTER Ltda., cuyos valores son:

Producto

Características Precio

Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g carta Valor por hoja: $14 más IVA

Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g oficio Valor por hoja: $14 más IVA

Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g doble carta Valor por hoja: $25 más IVA

Fotocopia Color papel bond 90 g carta Valor por hoja: $250 más IVA

Fotocopia Color papel bond 90 g oficio Valor por hoja: $250 más IVA

Fotocopia Color papel bond 90 g doble carta Valor por hoja: $350 más IVA

Ploteo de planos Blanco y negro en polyester Valor por metro lineal: $2.500 más IVA

Ploteo de planos Blanco y negro papel bond Valor por metro lineal: $990 más IVA

Ploteo de planos Color en polyester Valor por metro lineal: $4.500 más IVA

Ploteo de planos Color material papel bond Valor por metro lineal: $2.100 más IVA

c. Si el órgano o servicio se encuentra sometido a un convenio marco para la provisión de este servicio:

i. Deberá cobrar por concepto de costos directos de reproducción el precio que establece dicho convenio, esto es, el valor de referencia.

ii. Sin embargo, si el órgano o servicio ha contratado el servicio de reproducción a un precio inferior al valor de referencia (sea mediante licitación pública, licitación privada o trato directo) primará dicho precio al ser inferior al de referencia, aplicando un criterio de realidad.

d. Si el órgano no puede acceder a un convenio marco y ha contratado el servicio de reproducción vía licitación pública, licitación privada o trato directo, primará el costo real que debe asumir el organismo para efectuar la reproducción, es decir, podrá exigir el pago del valor que le corresponderá pagar por dicho motivo en virtud del contrato, aún cuando este precio sea superior al valor de referencia. Lo anterior no obsta a que el órgano opte por cobrar un valor inferior.

e. Si el órgano no tiene contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada) podrá:

i. Estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia exigiendo ese pago al solicitante de información, o uno menor, o

ii. Estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que debe incurrir, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo.

f. En las hipótesis de las letras c), d) y e), literal i, el órgano deberá dejar constancia, en el acto administrativo correspondiente, de los datos de identificación de la contratación. Además, deberá informar que se ajusta al precio establecido en el convenio marco - o que está por debajo de éste – o al establecido en el contrato respectivo de ser requerido por este Consejo.

g. La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, salvo que el valor total del costo directo de reproducción de la información solicitada exceda al que el solicitante está dispuesto a solventar, caso en el que la entrega se hará en la forma y a través de los medios que éste indique, por lo que el órgano deberá informar en el acto que determine los costos para la solicitud concreta, los medios alternativos y más económicos por los cuales se puede acceder a la información. Por ejemplo, podrá proponer sustituir el formato papel (fotocopia o impresión) por medios digitales (CD, VCD, DVD, memoria externa, etc.).

7) Que al cotejar el monto de $10 por cada fotocopia que Carabineros cobró a la requirente con el valor de referencia establecido en el Convenio Marco que rige para la Región Metropolitana, el Consejo pudo verificar que ese valor es inferior al referencial, estimándose que el costo exigido para entregar copia de los antecedentes requeridos no excede lo que puede entenderse por costos directos de reproducción, tomando en cuenta criterios de razonabilidad y eficiencia, por lo que es dable concluir que su actuar se ha ajustado a las normas de la Ley de Transparencia y a los criterios realistas y verificables establecidos por esta Corporación.

8) Que respecto a la Resolución Exenta N°127, de 2009, se requiere a Carabineros de Chile su adecuación a las parámetros establecidos en el considerando 6. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que este Consejo no se pronuncia respecto de los componentes que, de acuerdo al Oficio N°381, de 2009, conforman los costos directos de reproducción de las fotocopias, puesto que esta Corporación se encuentra abocada a la dictación de una Instrucción General a su respecto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

i. Rechazar el reclamo de doña Ruby del Pilar Fuentes Arriagada en contra de Carabineros de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

ii. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Ruby del Pilar Fuentes Arriagada y al General Director de Carabineros de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. El Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse fuera del país. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.