logo
 

Javier Morales Valdés con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: C2943-18

Consejo para la Transparencia, 26/09/2018

Se dedujo amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundado en la respuesta negativa a una solicitud referente a "Cómo se va a aplicar la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral, para que las personas con discapacidad puedan ocupar estos cargos". El Consejo rechaza el amparo, toda vez que lo solicitado es inexistente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2943-18

Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil.

Requirente: Javier Morales Valdés.

Ingreso Consejo: 03.07.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto de la información sobre los cargos de Alta Dirección Pública ocupados por personas con discapacidad, por la inexistencia de la misma.

En sesión ordinaria N° 930 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C2943-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de junio de 2018, don Javier Morales Valdés solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil, en adelante e indistintamente, la Dirección, la siguiente información:

a) "Cuántos son los cargos sometidos a concurso de la Alta Dirección Pública, solicito el listado de los mismos.

b) De todos esos cargos, cuántos son ocupados por personas con discapacidad en el período 2010 hasta el 8 de junio del presente año.

c) Cómo se va a aplicar la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral, para que las personas con discapacidad puedan ocupar estos cargos".

2) RESPUESTA: El 28 de junio de 2018, mediante Resolución Exenta N° 925, la Dirección otorgó respuesta a la solicitud de acceso, señalando en síntesis, la cantidad de cargos que se eligen a través de la ADP pedido en la letra a), agregando respecto de lo consultado en la letra b), que "esta Dirección Nacional no ha registrado históricamente ese dato y, aun agotando todos los medios que posee no cuenta con la información solicitada. Lo anterior, toda vez que la decisión y gestión de los trámites de nombramiento de un directivo/a de entre los integrantes de una nómina enviada al efecto, se desarrollan de manera descentralizada por cada institución o servicio público convocante y sin consideración a la condición de discapacidad de los candidatos".

Asimismo, con relación a lo requerido en la letra c), entregó información respecto a las modificaciones legales relativas a las personas con discapacidad y los mecanismos de selección.

3) AMPARO: El 3 de julio de 2018, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa al literal b) de la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E5363, de fecha 27 de julio de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio Ord. N° 1505, de fecha 17 de agosto de 2018, la Dirección evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "tratando de profundizar respecto a los fundamentos por los cuales esta Dirección Nacional no cuenta con la información solicitada, adjuntamos, como elemento integrante de los descargos, el Memo Interno N° PIN-ME-00075-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, de la Unidad Técnica Institucional denominada Gestión de Información dirigido a la Jefatura de División Jurídica (...) que certifica que el Sistema de Gestión de reclutamiento y selección dispuesto al efecto para llevar a cabo los procesos de selección para proveer los cargos de Alta Dirección Pública no solicita ni almacena datos relativos a eventuales condiciones de discapacidad que pueda poseer una persona al momento de la postulación y durante toda la etapa de evaluación por parte de las empresas consultoras. Asimismo, da cuenta que tampoco registra ni almacena en el mencionado repositorio del sistema, en etapas posteriores a la conformación de nómina, ni al momento de recibir la comunicación de nombramiento por parte de la autoridad".

Acto seguido, agrega que "Las razones para ellos se refieren al diseño y desarrollo de la herramienta que no incluyó preguntas o descriptores a sus usuarios, de variables que pudieran significar elementos considerados discriminatorios de diversa índole a la información relativa a competencias y/o experiencia relacionada con el perfil de cada cargo".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Javier Morales Valdés, en la letra b) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva, esto es, cuántos cargos son ocupados por personas con discapacidad, en el período 2010 hasta el 8 de junio del presente año.

2) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarlo fehacientemente. En la especie, el órgano señaló que la Dirección Nacional no ha registrado históricamente ese dato; que agotando todos los medios que posee, no lograría reunir la información solicitada; que la decisión de nombramiento de un directivo/a se desarrollan de manera descentralizada por cada institución o servicio público convocante, sin consideración a la condición de discapacidad de los candidatos; que el Sistema de Gestión de reclutamiento y selección dispuesto al efecto para llevar a cabo los procesos de selección para proveer los cargos de ADP no solicita ni almacena datos relativos a eventuales condiciones de discapacidad; que tampoco registra ni almacena en el mencionado sistema, en etapas posteriores a la conformación de nómina, ni al momento de recibir la comunicación de nombramiento por parte de la autoridad; y que el diseño y desarrollo de la herramienta no incluyó preguntas o descriptores relativos a esta materia.

3) Que, en virtud de lo señalado, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5 de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado), lo que no ocurre en el presente caso.

4) Que, en consecuencia, tratándose de información inexistente, que no obra en poder del órgano reclamado, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por el órgano, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Javier Morales Valdés, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés y al Sr. Director Nacional del Servicio Civil.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.