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Jorge Molina Beltrán con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C4117-17 / C4121-17

Consejo para la Transparencia, 26/04/2018

Se dedujeron dos amparos en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Solicitud que dio origen al amparo rol C4117-17: "la ley 20.886 que hace más expedita las tramitaciones en Tribunales (...) reconociendo esta ley, es que existe una jerarquización de responsabilidades y de presentación ante otros organismos de los procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones (...) por existir respuestas que se adjuntan una ficha en la que el registro de envío corresponde a un usuario particular bajo su firma digital como institución VERGARA8345900. Consta en la presentación realizada en el informe enviado ninguna identificación de cargo o jefe de las dependencias según lo especificado en el artículo 19 de la Orden General 1506 de 14.MAY.1997 y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (...) Se solicita: i. Copia de Asignación de Jefatura que permita la representación ante Tribunales para el envío de oficios. ii. Carátula de la firma del jefe de la dependencia en informe enviado validando su envío y por tanto, la responsabilidad informada de los contenidos del informe. iii. Caso contrario, informar que no se cumple con dichos antecedentes, que ya han sido observados en Tribunales". b) Solicitud que dio origen al amparo rol C4121-17: "se solicita la confirmación de la fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por información, informes u otra documentación a causa P-482-2013 y de la causa C-626-2013 de Juzgados de Familia de Pudahuel entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por parte de Cavas reparatorio desde Román Díaz 817, Providencia", agregando que en una respuesta anterior le habían informado que consultara en el Juzgado de Familia. El Consejo acoge el amparo por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, y no haber alegado causal de reserva alguna que ponderar


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C4117-17 y C4121-17

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Jorge Molina Beltrán.

Ingreso Consejo: 22.11.2017

RESUMEN

Por decisión unánime del Consejo Directivo, se acogen los amparos, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, y no haber alegado causal de reserva alguna que ponderar, respecto de copia de la asignación de jefatura, resolución o acto administrativo que permita o autorice la representación ante Tribunales para el envío de oficios, del funcionario cuya firma digital se registra como VERGARA8345900, y comprobantes de fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por informes u otra documentación relativas a las causas de Juzgados de Familia de Pudahuel, o en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en poder del organismo reclamado.

En sesión ordinaria N° 887 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de abril de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información roles N° C4117-17 y C4121-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 13 de septiembre de 2017, don Jorge Molina Beltrán solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente, la Policía o la PDI, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C4117-17: "la ley 20.886 que hace más expedita las tramitaciones en Tribunales (...) reconociendo esta ley, es que existe una jerarquización de responsabilidades y de presentación ante otros organismos de los procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones (...) por existir respuestas que se adjuntan una ficha en la que el registro de envío corresponde a un usuario particular bajo su firma digital como institución VERGARA8345900. Consta en la presentación realizada en el informe enviado ninguna identificación de cargo o jefe de las dependencias según lo especificado en el artículo 19 de la Orden General 1506 de 14.MAY.1997 y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (...) Se solicita:

i. Copia de Asignación de Jefatura que permita la representación ante Tribunales para el envío de oficios.

ii. Carátula de la firma del jefe de la dependencia en informe enviado validando su envío y por tanto, la responsabilidad informada de los contenidos del informe.

iii. Caso contrario, informar que no se cumple con dichos antecedentes, que ya han sido observados en Tribunales".

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C4121-17: "se solicita la confirmación de la fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por información, informes u otra documentación a causa P-482-2013 y de la causa C-626-2013 de Juzgados de Familia de Pudahuel entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por parte de Cavas reparatorio desde Román Díaz 817, Providencia", agregando que en una respuesta anterior le habían informado que consultara en el Juzgado de Familia.

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: Mediante correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2017, la Policía de Investigaciones de Chile notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante documento de fecha 31 de octubre de 2017, el órgano respondió a la solicitud de información, señalando que "en cuanto a lo solicitado, es dable señalar que se reitera en todas sus partes lo antes indicado en respuesta a sus solicitudes de información pública Nros. AD010T2394 y AD010T2395, AD010T2385, AD010T2386, AD010T2387, AD010T2392 y AD010T2393".

Acto seguido, agrega que "lo único nuevo que se puede agregar a lo antes indicado, corresponde al Principio de Jerarquía Normativa, que consagra la Constitución Política de la República, conforme al cual las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de forma tal que las de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, so riesgo de nulidad. Conforme a ello, la normativa institucional debe adecuarse a los nuevos cuerpos normativos dispuestos por el legislador, para lo cual, en este caso, la Ley N° 20.886 tiene una mayor jerarquía que los cuerpos normativos institucionales, por consiguiente su aplicación es obligatoria para la institución".

Asimismo, indica que "lo por usted requerido se refiere a antecedentes relacionados directamente al desarrollo de la actividad investigativa que desarrolla esta institución, en su función auxiliar de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público, establecida en la Ley N° 2.460 Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, esta materia se encuentra limitada al acceso de la Información Pública, por cuanto, en el caso de requerimiento de causas tramitadas por el Ministerio Público, este organismo dispuso que las solicitudes les fueran derivadas por encontrarse impedida este Servicio de decidir acerca de la procedencia de la entrega o la denegación de la información".

Finalmente, informa que "las causas de familia las partes involucradas tienen una clave de acceso, por consiguiente, dado que el reclamante es un interviniente en la causa (...) pudiendo acceder a dichos antecedentes de forma fácil y segura, este servicio no tiene la obligación de entregar cada vez que los solicite, dichos antecedentes".

3) AMPAROS: El 22 de noviembre de 2017, don Jorge Molina Beltrán, dedujo 2 reclamos a su derecho de acceso a la información, que dieron origen a los amparos rol C4117-17 y C4121-17, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, respecto de la solicitud relativa al amparo rol C4117-17, alegó que "se solicita los antecedentes de un procedimiento administrativo, tal como lo señala en la Ley 20.285 el artículo 10 (...) Lo solicitado corresponde a la autorización del usuario VERGARA8345900 como usuario reconocido por la policía de investigaciones para el envío de antecedentes a Tribunales, es decir, un acto administrativo, definición de cargo para realizar dicha actividad (...) no se dan las explicaciones de por qué se niega informar sobre una asignación de cargo o de responsabilidades a un cargo cuando estos, por definición, lo asumen como ‘modernización de sistemas’ como argumento de validar información oficial a Tribunales".

Luego, con relación al amparo rol C4121-17, reclamó que "esta parte precisamente solicita el proceso administrativo, el acto de entrega de la información. Evidentemente, los actos administrativos por parte de un organismo del Estado o en este caso, la Policía de Investigaciones, NO son parte de la investigación, con excepción que dichos envíos son los investigados, NO son de carácter que NO se pueda conocer su envío (...) la pregunta es sobre los respaldos que deben tener como organismo de Estado en el despacho de la información, NO posteriormente cuando entra en la responsabilidad de Tribunales de Familia", haciendo mención al uso indebido de la prórroga del plazo de respuesta dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos y, mediante Oficio N° E4686, de 5 de diciembre de 2017, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, notificándole, conjuntamente, los dos reclamos y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. N° 846, de fecha 18 de diciembre de 2017, la PDI evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, respecto de la solicitud que dio origen al amparo rol C4117-17, que la institución debe adecuar la normativa interna, a lo dispuesto en la ley 20.886, y que "las observaciones y la fundamentación del reclamo del Sr. Molina Beltrán, se refieren a la manera en que se desarrolla un proceso dispuesto en la Ley N° 20.886, antes referida, materia que excede el acceso al derecho conferido a los particulares en el artículo 5 de la ley N° 20.285 (...) De forma tal que al no referirse a una solicitud de acceso a la información, sino que más bien a un reclamo en la forma en que se relaciona la Policía de Investigaciones de Chile con el Poder Judicial para la implementación de la Ley N° 20.886".

Acto seguido, con relación a la petición que dio lugar al amparo rol C4121-17, reiteró que "todos los antecedentes referidos a la tramitación de causas en los Tribunales de Justicia se encuentran disponibles en la página web del Poder Judicial, datos a los cuales él mismo puede acceder por ser parte interviniente en el procedimiento judicial".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C4117-17 y C4121-17 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información similares, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos se fundan en la respuesta negativa por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la asignación que permite la representación ante Tribunales para el envío de oficios, del funcionario que indica; carátula de la firma del jefe de la dependencia, en informe enviado, validando su envío; o que, en caso contrario, informar que no se cuenta con dichos antecedentes; y confirmación de la fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por información, informes u otra documentación a causa P-482-2013 y de la causa C-626-2013 de Juzgados de Familia de Pudahuel entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por parte de Cavas reparatorio desde la dirección que indica. Al respecto, en su respuesta, el órgano reiteró lo señalado en respuestas a solicitudes de información anteriores, haciendo mención al Principio de Jerarquía Normativa, que lo requerido se refiere a antecedentes relacionados al desarrollo de la actividad investigativa que realiza la PDI, en su función auxiliar de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público, y que el reclamante es interviniente en las causas de familia, pudiendo acceder a dichos antecedentes de forma directa.

3) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y, particularmente, de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Jorge Molina Beltrán, en el numeral i) de la letra a), y en la letra b), de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva.

4) Que, respecto de lo solicitado en el numeral i) de la letra a), esto es, copia de la asignación de jefatura que permita la representación ante Tribunales para el envío de oficios, del funcionario cuya firma digital se registra como VERGARA8345900, el órgano nada dijo respecto a la existencia de dicha asignación de funciones, responsabilidad o perfil. En tal sentido, en su amparo, el reclamante alegó que lo solicitado corresponde a la autorización del usuario VERGARA8345900 como funcionario reconocido por la Policía de Investigaciones para el envío de antecedentes a Tribunales, es decir, un acto administrativo, definición de cargo para realizar dicha actividad. Al respecto, la PDI nada dijo, tampoco, en sus descargos.

5) Que, en efecto, en uno de los documentos acompañados se informa como persona que realiza el envío al tribunal, a doña Paula Vergara Cortés, especificando institución con el código VERGARA8345900, por lo que resulta plausible sostener, para este Consejo, que dicha funcionaria se encuentra autorizada por la PDI para remitir información a los Tribunales de Justicia, y que para ello, es posible concluir que existe una resolución o acto administrativo, elaborado por la institución policial, que le concede dicha facultad.

6) Que, por su lado, con relación a lo requerido en el literal b), esto es, fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por informes u otra documentación relativas a las causas P-482-2013 y C-626-2013, de Juzgados de Familia de Pudahuel, entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por parte de Cavas reparatorio, desde la dirección que indica, el órgano sólo se limitó a señalar que en las causas de familia, las partes involucradas tienen una clave de acceso, por consiguiente, dado que el reclamante es un interviniente en la causa, puede acceder directamente a dichos antecedentes. Al respecto, cabe tener presente que lo requerido no son los informes o documentos, propiamente tales, acompañados a las causas judiciales aludidas, sino los comprobantes de las respectivas fechas de ingreso en el Centro de Medidas Cautelares, esto es, los documentos de la PDI en que aparece el timbre de recepción, y donde consta su fecha de entrega, por lo que no resulta procedente la remisión a los Juzgados de Familia, por tratarse de información que debe obrar en poder de la institución policial.

7) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, y no habiéndose alegado causal de reserva alguna que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, o, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos que justifiquen tal circunstancia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos interpuestos por don Jorge Molina Beltrán, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de la asignación de jefatura, resolución o acto administrativo que permita o autorice la representación ante Tribunales para el envío de oficios, del funcionario cuya firma digital se registra como VERGARA8345900, y comprobantes de fecha de recepción y registro por parte del Centro de Medidas Cautelares por informes u otra documentación relativas a las causas P-482-2013 y C-626-2013, de Juzgados de Familia de Pudahuel, entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por parte de Cavas reparatorio, desde Román Díaz 817, Providencia, o, en ambos casos, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos que justifiquen tal circunstancia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Molina Beltrán y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.