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Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C3772-17

Consejo para la Transparencia, 27/03/2018

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que no dio respuesta a una solicitud de información referente al Plan Correctivo (Plan Masivo Especial). El Consejo acoge el amparo, toda vez que se trata de información estadística, que no releva antecedentes de la fiscalización que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos, ni de los contribuyentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3772-17

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz

Ingreso Consejo: 26.10.2017

RESUMEN

Por decisión unánime del Consejo Directivo, se acoge el presente amparo, ordenando entregar el número contribuyentes que se les rechazó la opción de diferir el FUT por declarar el F22 en el intervalo de tiempo 2 de mayo de 2016 al 9 de mayo de 2016, y el número contribuyentes que debieron rectificar su declaración de impuesto a la renta AT 2015 por considerar retiradas, remesadas o distribuidas sus utilidades acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014, toda vez que se trata de información estadística, que no releva antecedentes de la fiscalización que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos, ni de los contribuyentes.

En sesión ordinaria N° 879 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3772-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: Con fecha 25 de septiembre de 2017, doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz efectuó una presentación al Servicio de Impuesto Internos, en adelante e indistintamente SII, mediante la cual señaló "El Servicio de Impuestos Internos llevó a cabo un Plan Correctivo (Plan Masivo Especial) "Contribuyentes acogidos al régimen simplificado artículo 14 ter de la LIR que no han considerado integralmente retirados o distribuidos los saldos de utilidades acumuladas a la fecha del ingreso al régimen simplificado" en los primeros meses del año 2017".

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de septiembre de 2017, doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz solicitó al SII la siguiente información, que para efectos de su comprensión se ordenará de la siguiente forma: "en el marco del citado plan (...):

a) Conocer el número de contribuyentes acogidos al artículo 14 ter en el año 2015 y que ejercieron la opción de considerar como un ingreso diferido hasta en cinco años las utilidades acumuladas en el FUT en el Formulario 22 Operación Renta AT 2016.

b) Del segmento de contribuyentes señalados en el párrafo anterior se solicita conocer el número contribuyentes que se les rechazó la opción de diferir el FUT por declarar el F22 en el intervalo de tiempo 02 de mayo de 2016 al 09 de mayo de 2016.

c) Del segmento de contribuyentes del artículo 14 ter señalados en el párrafo anterior se solicita conocer el número contribuyentes que debieron rectificar su declaración de impuesto a la renta AT 2015 por considerar retiradas, remesadas o distribuidas sus utilidades acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014".

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 26 de octubre de 2017, don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E4136, de fecha 8 de noviembre de 2017, solicitó a doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz subsanar su amparo, remitiendo copia íntegra de la solicitud de acceso a la información, en la cual conste su contenido, fecha de ingreso ante el órgano reclamado e identificación de quién la realizó. Don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz, subsanó su amparo remitiendo el 9 de noviembre de 2017, el requerimiento de acceso a la información con los datos requeridos, y la respuesta entregada por el SII que consta en la Resolución Exenta N° LTNot 0013218 de 7 de noviembre de 2017.

En ésta se señala que la cantidad de contribuyentes acogidos al artículo 14 ter en el año 2015, y que ejercieron la opción de considerar como un ingreso diferido las utilidades acumuladas en el FUT en el Formulario 22 Operación Renta AT 2016, corresponde a 5.325. Respecto a la cantidad de contribuyentes que se les rechazó la opción de diferir del FUT por declarar durante el 2 de mayo de 2016 al 9 de mayo de 2016, no es posible dar respuesta, por cuanto existe un Plan de fiscalización de cumplimiento tributario en desarrollo, en adelante e indistintamente el Plan.

Don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz, señaló que sólo le entregaron lo requerido en el literal a) de la solicitud de acceso a la información.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del SII mediante Oficio N° E4277 de 15 de noviembre de 2017.

Mediante presentación efectuada antes esta Corporación el 30 de noviembre de 2017, el Sr. Subdirector de Asuntos Corporativos (S) del SII presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La respuesta se despachó al día número 28 desde que ingresó el requerimiento de información, por un error involuntario consistente en que no se tramitó por sistema informático la prórroga, elaborándose la respuesta como si dicha prórroga existiese.

b) El requerimiento fue contestado el 7 de noviembre de 2017, entregando una respuesta parcial de la información atendida la existencia del Plan, el cual se trata de un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política. Asimismo, entregar lo requerido iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trataría de antecedentes necesarios para defensas jurídicas y judiciales, configurándose las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia, todo ello en relación a la función fiscalizadora que desarrolla el servicio, la cual se encuentra contemplada en el decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija texto de la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales que señala, y en el Código Tributario.

c) La entrega del Plan implicaría hacerlo ineficaz y consecuencialmente, no realizar la principal función a cargo del servicio, por cuanto se debe esperar el resultado del mismo. Con el resultado de dicho Plan se podrá determinar la vía a seguir, ya sea administrativa, civil, tributaria o penal tributaria.

d) Entregar lo requerido implicaría dar a conocer aspectos relativos a dicho proceso, referidos a metodologías, encargados, duración, resultados, determinación de posibles infracciones tributarias y/o penales tributarias, aplicación de eventuales sanciones, eventuales estrategias de defensas jurídicas y judiciales que adopte el servicio, así como acciones que éste ordenará, como por ejemplo la aplicación de una sanción pecuniaria, la interposición de una querella penal, el ordenar practicar una liquidación o eventualmente ordenar citar a uno o más contribuyentes, de conformidad al artículo 63 del Código Tributario.

e) Por otro lado, la entrega de la información solicitada junto con afectar el debido cumplimiento de la función fiscalizadora del servicio, podría afectar el interés fiscal, nacional y específicamente los intereses económicos del país atendida la naturaleza de las funciones que desarrolla este órgano fiscalizador con repercusiones a nivel recaudatorio.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico de 7 de marzo de 2018, este Consejo solicitó al SII aclarar si posee o no la parte de la requerido que no se entregó en la respuesta.

Mediante correo electrónico de 14 de marzo de 2018, el SII respondió el requerimiento señalando en síntesis que sí existe la información, no obstante, no se puede entregar en virtud de lo ya señalado en la respuesta y en los descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 24 de octubre de 2017. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Director Nacional del SII en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, respecto del fondo, el objeto de este amparo se circunscribe a la insatisfacción de la reclamante con la respuesta del SII a su solicitud de acceso a la información, respecto de lo requerido en los literales b) y c) de su requerimiento.

3) Que, respecto de lo requerido, es decir, información relativa a datos estadísticos sobre contribuyentes que habrían hecho uso de los regímenes especiales para micro, pequeñas y medianas empresas, contemplados en el artículo 14 ter del decreto ley N° 824 que aprueba texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la reclamada ha denegado su entrega por cuanto existiría un Plan de fiscalización de cumplimiento tributario en desarrollo, por lo cual se configurarían las causales de reserva del artículo 21, N° 1, letras a) y b), y N° 4 de la Ley de Transparencia. Ello en atención a que se afectaría el proceso de fiscalización, sus resultados, las medidas a seguir por el servicio, y el interés nacional, en lo relativo a los intereses económicos del país.

4) Que, en tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

5) Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, se debe señalar que según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir un juicio o un procedimiento pendiente no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, el órgano reclamado se limitó a señalar que con el resultado del plan de fiscalización de cumplimiento tributario en desarrollo, se podría determinar la vía a seguir, ya sea administrativa, civil, tributaria o penal tributaria, y se podrían develar eventuales estrategias de defensas jurídicas y judiciales que adopte el servicio. De lo expuesto, y en atención a la naturaleza meramente estadística de la información requerida, no se acredita la afectación reclamada, por lo que no se configura la causal de reserva alegada.

6) Que, sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo, toda vez que para los efectos de configurarse, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

7) Que, en el presente caso, la información requerida constituiría un antecedente previo a la adopción de medidas por parte del SII, tal como lo ha señalado dicho organismo en su respuesta y en sus descargos. Sin embargo, respecto al segundo requisito, cabe señalar que la información requerida es de naturaleza estadística, por lo que no se da a conocer información detallada de los procesos de fiscalización, de cómo se llevan a cabo, de sus resultados, o de los contribuyentes. En consecuencia, no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

8) Que, además cabe hacer presente que sobre la procedencia de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia -que resguardan tanto la seguridad de la nación como el interés nacional-, por expreso mandato de la Constitución y de la ley, no basta con que el acto o resolución de que se trate concierna o se refiera a la seguridad de la Nación o al interés nacional, sino que resulta indispensable que estos valores o bienes resulten afectados por la publicidad, para poder legitimar el secreto de reserva. A mayor abundamiento, el vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad beneficiara o realizara el interés nacional o la seguridad de la Nación. Lo dicho, hace imposible sostener la vigencia de lo dispuesto en normas que determinan el secreto o reserva de documentos por referencia a la materia de que tratan y con entera prescindencia del daño que su publicidad pueda irrogar a la seguridad de la Nación o al interés nacional, , por ello, al no existir la afectación sobre el bien jurídico protegido, en este caso el interés nacional, en su vertiente de intereses económicos o comerciales del país, al tratarse de datos meramente estadísticos, no resulta pertinente resguardar la información solicitada.

9) Que, la información requerida se refiere a datos estadísticos relativos a contribuyentes que habrían hecho uso de los regímenes especiales para micro, pequeñas y medianas empresas, contemplados en el artículo 14 ter del decreto ley N° 824 ya referido. En consecuencia, lo requerido no implica conocer los procesos de fiscalización, y aspectos relativos a éstos como su metodología, duración, resultados, la determinación de posibles infracciones tributarias y/o penales o la aplicación de eventuales sanciones, las eventuales estrategias de defensas jurídicas y judiciales que adopte el servicio, o las acciones que éste ordenará, y no implica tampoco conocer datos personales de los contribuyentes.

10) Que, en virtud de lo expuesto, se acogerá el presente ampro y se ordenará al SII entregar a don José Guenul, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz, el número contribuyentes que se les rechazó la opción de diferir el FUT por declarar el F22 en el intervalo de tiempo 2 de mayo de 2016 al 9 de mayo de 2016, y el número contribuyentes que debieron rectificar su declaración de impuesto a la renta AT 2015 por considerar retiradas, remesadas o distribuidas sus utilidades acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, entregar a don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz:

a) El número contribuyentes que se les rechazó la opción de diferir el FUT por declarar el F22 en el intervalo de tiempo 2 de mayo de 2016 al 9 de mayo de 2016.

b) El número contribuyentes que debieron rectificar su declaración de impuesto a la renta AT 2015 por considerar retiradas, remesadas o distribuidas sus utilidades acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014.

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara en el plazo previsto en el referido artículo 14 del cuerpo legal precitado. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Guenul Velásquez, en representación de doña Eugenia del Carmen Muñoz Muñoz, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.