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Pablo Solminihac Salinas con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Rol: C2682-18

Consejo para la Transparencia, 09/10/2018

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a la copia del registro de una llamada efectuada al número 1402, de seguridad ciudadana, mediante la cual un tercero denunció los hechos que se describen en el requerimiento y que involucra a un vehículo de transporte de pasajeros. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2682-18

Entidad pública: Municipalidad de Las Condes.

Requirente: Pablo Solminihac Salinas.

Ingreso Consejo: 18.06.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Las Condes, por cuanto la entrega del audio de la denuncia requerida, afectar tanto el debido cumplimiento de las funciones del órgano, como los derechos del denunciante.

Lo anterior, por cuanto resulta plausible que la divulgación de la identidad de los denunciantes inhibiría a éstos de formular nuevas denuncias y, siendo la voz una característica de las personas naturales, que las identifica o hace identificables, constituye un dato personal que, por una parte, no puede ser comunicado sin su autorización, y por la otra, torna imposible la entrega de la denuncia en cuestión, sin que ello conlleve la divulgación de la identidad del denunciante.

En sesión ordinaria N° 933 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2682-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de mayo de 2018, don Pablo de Solminihac Salinas solicitó a la Municipalidad de Las Condes -en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el Municipio- copia del registro de una llamada efectuada al número 1402, de seguridad ciudadana, mediante la cual un tercero denunció los hechos que se describen en el requerimiento y que involucra a un vehículo de transporte de pasajeros.

2) RESPUESTA: El 11 de junio de 2018, mediante Oficio N° 499, la Municipalidad dio respuesta a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que efectivamente poseen registro de la llamada del suceso indicado. Informa el número de la patente y modelo del auto y que el registro se entregó por mano al padre del solicitante, por la abogada de la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

3) AMPARO: El 18 de junio de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al efecto, señala "Me enviaron un llamado que efectivamente hace mención al hecho, pero no corresponde al solicitado, dado que el llamado que pedí fue realizado por un hombre mayor y hace referencia a un vehículo distinto del mencionado en el contenido en el material que me enviaron (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E5564, de fecha 03 de agosto de 2018, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

Por medio de Ord. N° 129, de 23 de agosto de 2018, la reclamada evacuó sus descargos en esta sede, señalando en resumen que:

a) El Municipio se encuentra impedido jurídicamente de entregar el audio requerido, toda vez que la voz humana es un dato personal, pues hace identificable a una persona. Además, la grabación telefónica solicitada contiene otros datos de carácter personal, confiados por el titular al Municipio en atención a las funciones legales que este desempeña en materia de seguridad pública a nivel comunal.

b) Por su parte, indica que la grabación telefónica a que hace referencia el solicitante en su amparo, fue entregada por error por el municipio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Municipalidad de Las Condes a la solicitud de información del reclamante referida al registro de audio de una denuncia efectuada al número telefónico 1402 -de "emergencia comunal"- de la Dirección de Seguridad de las Condes que versa sobre los hechos descritos en el requerimiento.

2) Que, procede tener presente el criterio establecido por este Consejo en su decisiones de amparos Roles A520-09, C567-09 y C56-10, entre otros, relativo a que la comunicación de la identidad de los denunciantes inhibiría a éstos de formular nuevas denuncias, pudiendo dañar el canal establecido por el organismo para recepcionar insumos esenciales para el ejercicio de sus funciones. En efecto, acceder a la identidad de la persona que voluntariamente ha entregado antecedentes a un organismo de la administración del Estado que, conforme a su competencia, tiene atribuciones en materia de seguridad pública, conlleva un riesgo probable que en el futuro los terceros puedan retraerse de esta actitud. Lo señalado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al respecto cabe mencionar que el artículo 4°, letra j) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: "El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad".

3) Que, en tal orden de ideas, siendo la voz una característica de las personas naturales, que las identifica o hace identificables, por una parte, corresponde a un dato personal conforme al artículo 2, letra f) de la ley N° 19.628 , los que, de acuerdo a los artículos 4° y 7° de la misma ley, no pueden ser comunicados sin su autorización, y por la otra, hace imposible la entrega de la denuncia en cuestión, sin que ello conlleve la divulgación de la identidad del denunciante.

4) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente lo señalado por el Tribunal Constitucional de España, quien en marco del derecho a la propia imagen, en la sentencia 117/1994, sostuvo que aquel "forma parte de los derechos de la personalidad y como tal garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona. En la medida en que la libertad de ésta se manifiesta en el mundo físico por medio de la actuación de su cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que con la protección de la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad y, al tiempo, el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su voz" (énfasis agregado) . Luego, este Consejo comparte dicho razonamiento, así como también lo sostenido por doctrina en el sentido de entender que el derecho a la imagen, en su vertiente corporal, comprende el aspecto físico de una persona, y este último, a su vez, la reproducción y utilización de la voz, esto es, "[t]ambién la reproducción y utilización de la voz se considera aspecto físico y, por ello, está cubierta por el derecho a la propia imagen" (Díez-Picazo, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Civitas Ediciones S.L., Madrid, España, primera edición, año 2003, página 261).

5) Que, por tanto, la posibilidad de captar la voz de las personas y difundir dichos audios, sin poder contar con el consentimiento del titular, aparece como una afectación de los derechos de dichas las personas, en particular, el derecho a la imagen, a la privacidad e, incluso a la intimidad; presente y con suficiente especificidad, conforme a la exigencia contenida en el inciso segundo de artículo 8° de la Constitución y en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, que justifica, en definitiva, que este Consejo declare la reserva de los mismos.

6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, concurriendo las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. Con todo, en el evento que la denuncia requerida haya sido transcrita u obre en poder de la reclamada en algún soporte documental, se recomendará su entrega el peticionario, previa reserva de la identidad del denunciante así como cualquier otro dato que permita su identificación, y demás datos personales de contexto incorporados en la información pedida -como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros-, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en virtud cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

7) Que, sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, este Consejo representará severamente a la Municipalidad de Las Condes, en lo resolutivo de la presente decisión, su vulneración a lo establecido en los artículos 4 y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al haber divulgado el audio correspondiente a una denuncia telefónica sin contar con la debida autorización del titular de la misma.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo de Solminihac Salinas en contra de la Municipalidad de Las Condes, por concurrir las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar severamente al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, su vulneración a lo establecido en los artículos 4 y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al haber divulgado el audio correspondiente a una denuncia telefónica sin contar con la debida autorización del titular de la misma. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo de Solminihac Salinas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.