logo
 

Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro con COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C17-10

Consejo para la Transparencia, 03/05/2010

Se dedujo amparo en contra de la Directora de la CONAMA RM, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información sobre copia de ordinario enviado a los servicios con competencia ambiental, para pronunciarse sobre el último Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Implementación de Acceso Definitivo” al Relleno Sanitario Santa Marta. El Consejo señaló que se acoge el amparo pero que se da por entregada la información ya que resulta forzoso concluir que el órgano requerido ha denegado fundadamente la solicitud de información del reclamante respecto del documento de la solicitud transcrita en esta decisión, toda vez que ha informado la inexistencia de la información en virtud de las disposiciones reglamentarios invocadas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C17-10

Entidad pública: Comisión Nacional de Medioambiente, Región Metropolitana

Requirente: Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro

Ingreso Consejo: 11.01.2010

En sesión ordinaria N° 146 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de mayo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C17-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.S. 95/2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de diciembre de 2009, don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro, solicitó a la Comisión Nacional de Medioambiente de la Región Metropolitana se le entregue copia de los siguientes documentos, manifestando se le comunique telefónicamente su disponibilidad:

a) Copia de ordinario enviado a los servicios con competencia ambiental, para pronunciarse sobre el último Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Implementación de Acceso Definitivo” al Relleno Sanitario Santa Marta.

b) Copia de acta de la reunión de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago (en adelante, COREMA), en que se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental sobre “Implementación de Acceso Definitivo” al Relleno Sanitario Santa Marta, firmada por el Secretario de la COREMA RM.

c) Copia del ordinario en que se citó a dicha reunión de la COREMA, para cada miembro de la COREMA.

d) Tabla de la Reunión de la COREMA ya citada.

2) AMPARO: Con fecha 11 de enero de 2010, el solicitante reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Directora de la CONAMA RM, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 113, de 29 de enero de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia confirió traslado del presente amparo al Director de la CONAMA RM, quien evacuó el mismo mediante Oficio Jur. N° 530, de 17 de febrero de 2010, formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:

a) Que mediante carta D.R. N° 3465, de 29 de diciembre de 2009, la cual adjunta, el servicio habría dado respuesta a la solicitud de información del reclamante, señalándole:

i) Que los documentos señalados en las letras b), c) y d) de la solicitud, se encuentran disponibles en sus dependencias y su entrega se realizará, conforme lo señala el artículo 18 de la Ley de Transparencia, previo pago de los costos directos de reproducción, que ascienden a la suma de $ 260 (fotocopia de 13 hojas). Asimismo, le indicó que el plazo para efectuar el pago y retiro de lo solicitado es de 30 días, en conformidad al artículo 20 del Reglamento de la Ley 20.285.

ii) Que respecto del documento individualizado en la letra a) de la solicitud de información (ordinario enviado a los servicios con competencia ambiental para pronunciarse sobre Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental), sostiene que no existe tal documento por cuanto el D.S. 95/01, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contempla dicho trámite sólo para los “Estudios de Impacto Ambiental” y el caso en consulta consiste en una “Declaración de Impacto Ambiental”.

b) Que procedió a contactar telefónicamente al reclamante, sin obtener respuesta. De manera que para facilitar el acceso a la información, el 30 de diciembre de 2009 se le remitió correo electrónico, adjuntando la reseñada carta N° 3465 y los antecedentes solicitados, consistentes en:

i) Ord. N° 2953, de 9 de noviembre de 2009, mediante el cual se cita a la sesión de la COREMA para el día 12 de noviembre de 2009.

ii) Acta de la referida sesión, en la cual se calificó ambientalmente el proyecto Implementación de Acceso Definitivo al Relleno Sanitario Santa Marta.

iii) Tabla de la referida sesión.

c) Que tras tomar conocimiento del presente amparo, el 12 de febrero de 2010 se procedió a enviar por correo certificado la Carta D.R. N° 3465, de 29 de diciembre de 2009, dando respuesta a la solicitud de información en los términos antes expuestos.

d) Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 14 de la Ley de Transparencia y 21 de su Reglamento, se puso a disposición del requirente la información solicitada, dentro del plazo legal y de la forma solicitada por el peticionario, según lo disponen los artículo 17 de referida ley y 27 de su Reglamento. Asimismo, conforme al artículo 18 de la Ley y 20 de su Reglamento, se solicitó el pago de los costos directos de reproducción, ascendentes a la suma de $ 260, correspondientes a la fotocopia de 13 hojas.

e) Que respecto del documento descrito en la letra a) de la solicitud de información, argumenta que conforme los artículo 5°, inciso 2°, y 10° de la Ley de Transparencia, el acceso a la información podría ejercerse sólo en relación a información existente en poder de la Administración y, por lo tanto, este derecho no alcanzaría a la información que no se ha elaborado, como es el caso del ordinario remitiendo el Informe Consolidado de Evaluación a los servicios con competencia ambiental, en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, según el precitado DS. 95/2001 de MINSEGPRES.

f) Adjunta los siguientes documentos:

i) Solicitud de información de 7 de diciembre de 2009.

ii) Carta de respuesta, DR. N° 3465, de 29 de diciembre de 2009,

iii) Copia del correo electrónico dirigido al solicitante con fecha 30 de diciembre de 2009, dando respuesta y los antecedentes solicitados.

iv) Fotocopia del registro de correo certificado, donde consta envío de carta N° 3465 al reclamante el 12 de febrero de 2010, a través de Correos de Chile.

v) Copia de los antecedentes solicitados por el peticionario:

? Ord. N° 2953, de 9 de noviembre de 2009, mediante el cual se cita a la sesión de la COREMA para el día 12 de noviembre de 2009.

? Acta de la referida sesión, en la cual se calificó ambientalmente el proyecto Implementación de Acceso Definitivo al Relleno Sanitario Santa Marta.

? Tabla de la referida sesión.

? Resoluciones Exentas N° 1737, de 3 de abril de 2009, y N° 315, de 20 de enero de 2010, donde consta su personería.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el fundamento del presente amparo es la presunta falta de respuesta del órgano requerido.

2) Que en su solicitud el reclamante requirió al servicio que se le notificare telefónicamente su respuesta para, posteriormente, retirar personalmente la información requerida. No obstante en su solicitud de información se observa la dirección de una casilla de correos.

3) Que el órgano requerido ha señalado que dio respuesta a la solicitud del reclamante e intentó comunicársela en la forma dispuesta por él –telefónicamente-, sin éxito. Razón por la cual remitió su respuesta vía correo electrónico, el 30 de diciembre de 2009. Al efecto, ha acompañado a este Consejo copia del correo electrónico conductor de su respuesta.

4) Que no obstante el solicitante no manifestó al órgano su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica ni indicó en su solicitud un correo electrónico en el cual ser notificado, el órgano remitió su respuesta a la dirección de correo electrónico que el reclamante ha indicado en el presente amparo, a fin de ser notificado de la decisión de este Consejo. Sobre el particular, es dable estimar que atendido el número de amparos que mantiene el reclamante contra dicho servicio (3), aquel dato personal fue previamente entregado por el reclamante a este servicio.

5) Que, posteriormente, siendo notificado el órgano del amparo presentado en su contra, éste procedió a notificar al reclamante de su respuesta a la casilla de correos indicada por éste en su solicitud. Al efecto, el órgano ha acompañado a este Consejo copia del registro de correos en que consta su envío.

6) Que atendido lo anterior, corresponde determinar si las distintas notificaciones efectuadas por el servicio se ajustan al procedimiento de notificación prescrito por la Ley de Transparencia, permitiendo dilucidar si éstas constituyen o no una respuesta fundada por parte del servicio.

7) Que conforme al inciso 3° del artículo 12 de la Ley de Transparencia “[e]l peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos”.

8) Que, por su parte, el inciso 2° del artículo 27 del Reglamento sostiene que “[e]l peticionario podrá expresar en la solicitud el medio a través del cual recibirá las notificaciones y la información solicitada. En tal acto podrá expresar su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En tal caso, los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil del envío del correo electrónico”.

9) Que no obstante una interpretación literal de la primera frase del precitado inciso 2° del artículo 27 del Reglamento permitiría concluir que el solicitante podrá requerir cualquier medio de notificación (v.gr., una llamada telefónica), una interpretación armónica de dicho inciso, a la luz de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Transparencia, obliga a concluir que el legislador ha preceptuado, como regla general, el deber de los órganos de la Administración del Estado de notificar su respuesta a toda solicitud de información conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880 (carta certificada) y, excepcionalmente, sólo en aquellos casos en que el solicitante manifieste su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica, podrá procederse en dicha modalidad.

10) Que la aseveración anterior encuentra fundamento en los siguientes argumentos:

a) Que dicha interpretación fundamenta la exigencia del inciso primero del artículo 12 de que toda solicitud de información indique la dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso, y se establezca un procedimiento de admisibilidad ante el órgano de Administración, en el que se obligue al órgano a requerir la subsanación de la solicitud cuando éste requisito sea incumplido;

b) Que el tenor literal del inciso 3° del artículo 12 de la Ley de Transparencia supone una regla general, pues tras reconocer un sistema electrónico de notificación en caso que el solicitante lo requiera expresamente, sostiene que, “[e]n los demás casos”, deberá sujetarse a la regulación de la Ley N° 19.880.

11) Que, en base a las consideraciones anteriores, se estima que la solicitud de notificación por vía telefónica no encuentra asidero en la Ley de Transparencia.

12) No obstante lo anterior, es dable estimar que el órgano no se encontraba en la obligación de requerir al peticionario la subsanación de su solicitud, toda vez que en ella se indicaba una dirección de casilla de correo, mención que satisface el requisito de “dirección” establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y 27 de su Reglamento.

13) Sin embargo, el servicio notificó de su respuesta al reclamante a una dirección de correo electrónico que -no obstante pertenecer al reclamante- no fue informada por éste para dichos fines. Razón por la cual, no es posible atribuirle la responsabilidad de que dicha dirección se encuentre habilitada, tal como lo exige el artículo 27 de la Ley de Transparencia, en cuyo inciso segundo preceptúa que toda solicitud, el peticionario “podrá expresar su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada”. Máxime cuando es sabido que el envío de documentos escaneados adjuntos a un correo electrónico, atendidas sus dimensiones en bits y dependiendo de las características del servicio de correo electrónico, puede no resultar exitoso.

14) Que, conforme a lo anterior, atendido que la notificación por carta certificada a la dirección indicada por el reclamante fue efectuada con posterioridad a la interposición del presente amparo, este Consejo concluye que el amparo presentado por el reclamante resulta fundado, sin perjuicio de las consideraciones que se expresarán.

15) Que, en cuanto a la publicidad de los documentos requeridos, el órgano ha estimado que aquellos individualizados en las letras b), c) y d) de la solicitud del reclamante, poseen el carácter de información pública, y revisados los mismos al tenor de la solicitud de información, se estima que éstos corresponden a cada uno de los documentos requeridos.

16) Que respecto de la divulgación del “ordinario enviado a los servicios con competencia ambiental para pronunciarse sobre el último Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Implementación de Acceso Definitivo al Relleno Sanitario Santa Marta” -letra a) de la solicitud de información-, la CONAMA RM ha sostenido que dicho documento no existiría, toda vez que el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contempla dicho trámite exclusivamente para los “Estudios de Impacto Ambiental” y el caso en consulta consiste en una “Declaración de Impacto Ambiental”.

17) Que el artículo 4°, del precitado reglamento, establece que “[e]l titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo hará presentando una Declaración de Impacto Ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de este Título (Título II) en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental”.

18) Que no es competencia de este Consejo determinar si el proyecto sobre el que versa la información consultada corresponde a aquellos que requieren de la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental o, por el contrario, de un Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo dispuesto por precitado artículo 4° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

19) Que, conforme a lo anterior, resulta forzoso concluir que el órgano requerido ha denegado fundadamente la solicitud de información del reclamante respecto del documento individualizado en la letra a) de la solicitud transcrita en esta decisión, toda vez que ha informado la inexistencia de la información en virtud de las disposiciones reglamentarios invocadas.

20) Que, en otro orden de consideraciones, es preciso señalar que el servicio determinó como costos directos de reproducción la suma de $ 260 por la fotocopia de 13 hojas ($20 por hoja). Dicho cobro se ajusta al listado de cobros publicado por el servicio en su sitio electrónico (http://www.conama.cl/transparencia/transparencia2009/costos_directos.html), revisado el 3 de mayo de 2009, donde señala que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Transparencia, las cantidades y procedimientos de cobro son los siguientes:

a) Costo fotocopia: $20 c/u – independiente del tamaño de papel de la fotocopia (carta u oficio) o de si la fotocopia es por uno o ambos lados. El valor incluye el IVA.

b) Costo CD: $ 500 por CD. El valor incluye el IVA.

c) Si el total de fotocopias para entregar la información de un requerimiento, no supera las 20 páginas, el servicio de fotocopiado será efectuado por el encargado de la OIRS Nacional o Regional, según corresponda.

d) En el caso de que exista un convenio con una empresa externa, ya sea a nivel nacional o regional, y las fotocopias para entregar la información de un requerimiento supera las 20 páginas, el servicio de fotocopiado será externalizado a las empresas con las que CONAMA mantiene dicho convenio. En caso de no existir dicho convenio, el procedimiento deberá seguir lo señalado en el párrafo anterior.

21) Que, en conformidad con la Instrucción General N° 6 sobre gratuidad y costos directos de reproducción, de 22 de marzo de 2010, si el órgano no tiene contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo o presta directamente el servicio a través de una máquina de su propiedad o arrendada, éste podrá:

a) Estimar suficiente el valor de referencia, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia exigiendo su pago al solicitante de información. El cual en la Región Metropolitana corresponde al valor del servicio que se cobren a través del Convenio Marco (Código CM N°05/2008), denominado Servicios de Impresión y Reproducción, N° Licitación 2239-5-LP08, proveedor GRAFHIKA COPY CENTER Ltda., cuyo valor por fotocopia blanco y negro papel bond 90 g carta u oficio es de $14 más IVA. Por su parte, el costo de reproducción de un CD, equivale al costo de la Unidad.

b) Estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo.

22) Que, fundado en las consideraciones anteriores, resulta pertinente representar al servicio que el cobro de valores superiores a los que resulten de la aplicación de las reglas y criterios establecidos por la precitada Instrucción General N° 6, contraviene los principios de facilitación, oportunidad y gratuidad establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y los criterios del artículo 20 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el presente amparo, fundado en la falta de respuesta del órgano en los términos del los artículo 12 de la Ley de Transparencia y 27 de su Reglamento. No obstante estimar contestada la solicitud de información por la notificación de la respuesta del órgano, mediante carta certificada, el pasado 12 de febrero de 2010.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro y al Director de la Comisión Nacional de Medioambiente de la Región Metropolitana, para los efectos de los arts. 28 y ss. de la Ley de Transparencia, y enviar copia informativa al Director Nacional de la Comisión Nacional de Medioambiente.

III. Requerir a la Comisión Nacional de Medioambiente de la Región Metropolitana que adecúe sus costos directos de reproducción a aquellos determinados en conformidad con la Instrucción General N°6 sobre gratuidad y costos directos de reproducción.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No concurre a la presente sesión el Consejero Roberto Guerrero Valenzuela, por encontrarse fuera del país. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.