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Álvaro Ponce Facusse con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C31-10

Consejo para la Transparencia, 11/05/2010

Se dedujo amparo contra el Servicio de Impuestos Internos, ante la denegación de acceso a copia de los registros de tasación de los inmuebles que individualiza con el número de rol y la comuna. El Consejo acogió el amparo, desestimando todas las causales de secreto o reserva invocadas, ordenando la entrega pertinente, con posterioridad al resguardo de datos personales o sensibles, que se pudieren contener. Así, desestimó la aplicación de la causal del artículo 35 del Código Tributario, pues la información sobre la que versa este amparo no se encuentra cubierta por ésta, toda vez que no se refiere a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias. A su vez, declaró que no concurre la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, porque la información solicitada ya se encuentra disponible de manera permanente para todo el público. Y por último, desestimó la aplicación de la causal del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que no se ha acreditado fehacientemente que concurre.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº C31-10

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos - SII

Requirente: Álvaro Ponce Facusse

Ingreso Consejo: 13.01.2010

En sesión ordinaria N° 147 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C31-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8°, 19 N° 4, 19 N° 12 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 - 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal; el artículo 35 del Código Tributario; y los D.S. N° 13/2009 Y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Álvaro Ponce Facusse, el 27 de noviembre de 2009, solicitó a la XIII Dirección Regional Metropolitana de Santiago Centro de Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII), copia de los registros de tasación de 29 inmuebles que individualiza con el número de rol y la comuna, correspondientes a las comunas de Santiago (14 inmuebles), Vitacura (1 inmueble), Providencia (1 inmueble), Las Condes (3 inmuebles), Lo Barnechea (1 inmueble) , Puente Alto (1 inmueble), Talcahuano (1 inmueble), Viña del Mar (1 inmueble), Temuco (1 inmueble), Concepción (1 inmueble), Osorno (2 inmuebles) y Quinta Normal (2 inmuebles).

2) RESPUESTA: El SII respondió dicho requerimiento mediante Resolución Exenta N° 3415, de 23 de diciembre de 2009, del Subdirector Jurídico (S), denegando el acceso a la información requerida, por lo siguiente:

a) De acuerdo a lo consagrado en el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, en cuanto el Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o sus libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código y otras normas legales.

b) Por esto, dicho Servicio se encuentra impedido de proporcionar la información solicitada, dado que por mandato legal no puede revelar a terceros el contenido de los formularios 2890 y del cual se extraen parte de los datos que se incorporan a los registros de tasación, porque constituyen una declaración obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces y, como señala el artículo 76, son susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente, información resguardada por el deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario.

c) Por otra parte, indica, revelar a personas ajenas al propietario los datos del registro de tasación afecta los derechos de estos últimos, particularmente tratándose de su seguridad, la esfera de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico, al revelarse a extraños el destino de la propiedad, la existencia de convenios de pago para efectos del impuesto territorial, la entidad bancaria en que el titular del predio tiene dichos convenios, otras direcciones de los propietarios, la clase y calidad de la construcción, etc.

d) Asimismo, se trataría de un requerimiento referido a un elevado número de actos administrativos, variable que constituye un elemento adicional a los señalados antes, que también afecta el debido cumplimiento de las funciones de ese organismo fiscalizador.

3) AMPARO: Don Álvaro Ponce Facusse dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 13 de enero de 2010 en contra del SII, fundado en lo siguiente:

a) Atendida su especialidad en Impuesto Territorial, solicitó la información para hacer un estudio sobre la tasación fiscal de los señalados inmuebles, a petición de sus dueños, solicitud que fue denegada por los motivos expuestos en la Resolución Exenta N° 3415, de 23 de diciembre de 2009, notificada el 5 de enero de 2010.

b) La respuesta entregada, a su juicio, es “desajustada a la Ley”, así como la conducta funcionaria que de ella se deriva ya que, por una parte, la consulta solamente versaba sobre 29 propiedades específicas cuyos registros de tasación se obtienen fácilmente del sistema computacional que maneja dicho Servicio, circunstancia que no involucra distracción de las labores funcionarias, toda vez que extraer dichas características del sistema virtual no excedería los 10 minutos en su totalidad para los 30 inmuebles individualizados.

c) Señala que estima que no se ha respetado el principio de facilitación al exigir que una consulta simple y de fácil expedición tuviera que formalizarse por escrito, pudiendo ser verbal, por lo que un proceso que sólo debería tomar 10 minutos se alargó y entrabó en forma innecesaria. Asimismo el Servicio se tomó la totalidad del plazo para evacuar pronunciamiento negativo.

d) Agrega que la información solicitada en ninguna medida contiene datos o antecedentes de carácter tributario, en cuanto a rentas se refiere, ni mucho menos elementos de índole comercial, financiera, económica o patrimonial. El registro de tasación es un registro o compendio computacional en el cual figura el nombre del propietario del predio, su RUT, el destino del inmueble, su ubicación, el monto de cada cuota de contribuciones, su avalúo fiscal total y exento, elementos todos públicos ya que cualquier persona con el simple acceso a la web del SII puede obtenerlos. Además de dichos elementos, el Registro contiene otros dos que no son de acceso público y que se refieren a la tasación fiscal y física del inmueble, que son el detalle del terreno y el detalle de las construcciones existentes en él. A estos dos últimos elementos sólo puede tener acceso el contribuyente con su clave secreta para operar en la web del SII. Dichos elementos de tasación en ninguna medida son de carácter comercial, económico o pecuniario, ni mucho menos reflejan las rentas, valores de compra o venta. Agrega que el único formulario en el que constan los datos comerciales, económicos, pecuniarios, financieros o de compra y venta de los predios –como lo señala el mismo SII- es el formulario N° 2890, el que no guarda relación con el registro de tasación solicitado.

e) Por otra parte, señala, el Consejo para la Transparencia respecto del amparo A54-09 contra el SII, el 28.07.09, resolvió que dicho Servicio debía entregar al solicitante copias de los registros de tasación de los inmuebles en referencia (14 en total, correspondiente a diversas comunas del país). Dicha resolución fue objeto de un recurso de reposición por parte del SII, el cual fue rechazado por la unanimidad de sus miembros.

f) Señala que ante solicitudes de análoga naturaleza, mediante Resoluciones Exentas N°s 1126, de 08.06.09 y 2577, de 19.10.09, del Subdirector Jurídico del SII, determinó que los registros de tasación solicitados se encontraban a disposición del solicitante y público en general en las respectivas unidades del Servicio a la cual pertenecen dichos predios, pudiendo ser solicitados sin ninguna traba, lo que deja evidencia –a su juicio- la contradicción del SII al momento de determinar y uniformar los criterios ante la solicitud del reclamante al momento de requerir este tipo de información.

g) Finalmente solicita al Consejo que se sirva a acceder a efectuar vista de la causa y escuchar alegato del recurrente.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 220, de 11 de febrero de 2010, al Director Nacional del SII, mediante el cual se le solicita, en particular que se refiera en sus descargos al tipo de información contenida en el formulario N° 2890 del SII y a su relación con la aplicación del artículo 35 del Código Tributario, como también que remita copia de dicho formulario.

Éste respondió mediante escrito ingresado el 8 de marzo de 2010, señalando principalmente que:

a) Finalidad de la información recopilada por el SII y su directa relación con su función fiscalizadora:

i. El artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del D.F.L. N° 7/1980, del Ministerio de Hacienda, y artículos 1° y 6° letra A) numeral 1) del Código Tributario establece la función principal del Servicio, la que se manifiesta a través del despliegue de procedimientos de auditorías tributarias y fiscalización del debido cumplimiento de la ley tributaria en el país. Por esto, el Servicio recopila, procesa y mantiene en su poder distinto tipo de información de los contribuyentes.

ii. Uno de los modos para obtener la información relativa a inmuebles afectados por el Impuesto Territorial es la entrega de datos por los propios contribuyentes o por terceros obligados por disposición legal, como es el caso de los notarios y conservadores de bienes raíces, a través del formulario 2890, “Declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces”.

iii. Esta información se encuentra disponible para los contribuyentes titulares de la misma y, por el contrario, el resto de la ciudadanía sólo puede acceder a antecedentes de carácter general que no emanan de las declaraciones obligatorias o a datos estadísticos que no permitan identificar los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.

iv. La entrega de la información, por tanto, afectaría la planificación estratégica de los programas de fiscalización y la confianza de los contribuyentes.

b) Reconocimiento de la primacía de las funciones del Servicio requerido: El real objetivo que perseguía el legislador al dictar la Ley de Transparencia es permitir un mayor control de la ciudadanía. Así queda de manifiesto en la historia de la ley.

c) Reclamo del solicitante: Éste alega una serie de situaciones, de manera infundada y errónea, al no considerar aspectos de hecho y de derecho que motivaron la decisión para denegar la información solicitada.

d) Posición del órgano recurrido:

i. El concepto de registro de tasación no se encuentra definido por ley como tampoco por el Servicio en ninguna instrucción. En la práctica diaria se trata del expediente que lleva la Dirección Regional respectiva, que incluye un detalle de la tasación del predio que comprende antecedentes del catastro técnico o físico, legal, gráfico y del valorado, de cada una de las propiedades. Se ha entendido que el catastro técnico contiene los datos objetivos sobre la superficie, forma, frente, fondo, ubicación, topografía, etc. del predio en cuestión; el catastro valorado dice relación con el avalúo del bien raíz a determinado período; el catastro gráfico contiene la información de carácter gráfico de los bienes raíces tanto agrícolas como no agrícolas; y, por último, el catastro legal incluye ciertos datos, tales como RUT y nombre del propietario.

ii. Cada uno de estos catastros se nutre de información obtenida de las declaraciones obligatorias, así:

? El catastro legal se constituye por la información entregada a través de los formularios “Declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces” (F2890), “Declaración jurada solicitud de modificación del nombre del propietario y dirección para el envío de correspondencia” y “Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces” (F2118).

? El catastro físico se compone de las siguiente fuentes: bienes raíces agrícolas: “Declaración Jurada de Predios Forestales” (2008 y 2009), “Declaración de Predios Agrícolas y Mejoras” (2004 y 2009), “Declaración de Predios Agrícolas” (1992), formulario “Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces” (F2118), Proyecto Aerofotogramétrico CHILE/OEA/BID (1961-1964) de IREN-CORFO y acciones fiscalizadoras del SII. Bienes raíces no agrícolas: declaraciones prestadas por los propietarios de los bienes raíces, producto del proceso de regularización, “Declaración de Permisos de Obra Menor y/o Edificación”, diferentes declaraciones e información aportada por diversos organismos, tales como municipios, instituciones bancarias, instituciones fiscales y semifiscales, en cumplimiento a lo establecido en el Código Tributario, formulario “Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces” (F2118) y de acciones fiscalizadoras del SII.

? El catastro valorado se basa en estudios de precios que consideran distintas fuentes de información, como por ejemplo, transferencias de propiedades –informadas al SII a través de F2890-, tasaciones practicadas por instituciones financieras e instituciones públicas y privadas –ODEPA, universidades, corredores de propiedades, tasadores bancarios, etc.-

? El catastro gráfico se constituye de la información extraída de las siguientes fuentes: respecto de los bienes raíces agrícolas, proyecto aerofotogramétrico CHILE/OEA/BID (1961-1964) de IREN-CORFO; ortofotos generadas por CIREN; y, formulario “Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces” (F2118), y los bienes raíces no agrícolas de la información proveniente de organismos tales como municipalidades, SERVIU, Ministerio de Bienes Nacionales, etc., formulario “Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces” (F2118) y acciones fiscalizadoras del SII.

iii. Todos los datos relacionados son levantados para aproximadamente 5.902.587 de bienes raíces objeto del Impuesto Territorial de modo que, las características a determinar para los predios agrícolas alcanzan a 82 por cada bien, mientras que en los no agrícolas son cerca de 100.

iv. Las fuentes de información, por tanto, de los registros de tasación son las declaraciones obligatorias de los contribuyentes o de terceros, las que están revestidas del carácter de reservadas, en virtud del artículo 35 del Código Tributario, por cuanto se estaría revelando, en parte, la cuantía y, eventualmente, la fuente de las rentas de los contribuyentes que figuran en declaraciones obligatorias que estos deben practicar, tales como los formularios 2118 y 2890. Más evidente es dicha contravención si se enfoca el problema desde la óptica del Impuesto a la Renta a que pueden estar afectos los contribuyentes y, en particular aquellos que, a modo referencial, determinan su base imponible conforme a renta presunta derivada del dominio o posesión del inmueble, que tiene directa relación con el avalúo de los bienes raíces, particularmente aquellos de primera serie agrícola, cuya explotación se grava de acuerdo al artículo 20 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo que al darse a conocer todos los antecedentes para determinar el avalúo de los bienes raíces se estaría revelando, de paso, la determinación de la base imponible del Impuesto de Primera Categoría de miles de contribuyentes, por ejemplo, de las actividades agrícolas.

v. La afirmación del reclamante respecto de que los registros de tasación “se obtiene fácilmente del sistema computacional que maneja el organismo recurrido” es infundada, toda vez que dichos expedientes los lleva la Dirección Regional respectiva y que sólo 13 de los inmuebles a que se refieren dichos registros pertenecen a la Dirección Regional requerida, por lo que su recopilación habría implicado solicitar las carpetas respectivas a distintas Direcciones Regionales. Una forma factible de acceder a la información solicitada sería que el peticionario concurriera a la Dirección Regional u Oficina de Convenio Municipal respectiva a revisar las carpetas correspondientes a los predios, en el entendido de que cuente con la autorización de los propietarios de dichos inmuebles y los represente debidamente.

vi. Señala que lo anterior implicaría la dedicación de un funcionario que recopile los antecedentes solicitados, revise la carpeta y excluya de la misma los datos que contengan información resguardada con el deber de reserva legal tributario y atienda a quien revisa la carpeta, destinando tiempo de su jornada de trabajo a dichos efectos. En este sentido, la jornada de atención de público del Servicio es de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, esto es, 5 horas diarias. Estimando que el tiempo que se debe dedicar a la revisión de una carpeta es de aproximadamente 15 minutos, considera razonable que una persona vaya a revisar hasta 4 carpetas, es decir una hora, equivalente a 1/5 de la jornada de atención al público del funcionario que asuma la gestión. La revisión de más de 4 carpetas implicaría que un funcionario destine más de 1/5 de su jornada de atención al público a proveer de información a un solo peticionario, lo cual, en opinión del Servicio, no solamente distraería al funcionario de sus labores habituales, sino que también impediría que otros contribuyentes pudieren ejercer análogo derecho de acceso a la información.

vii. Agrega que, si bien el Servicio mantiene información catastral de las propiedades en un sistema informático, ello se hace con un fin ligado a la fiscalización del Impuesto Territorial e incluye datos sobre las características técnicas de los inmuebles y a través de códigos y claves técnicas de uso interno que serían de difícil comprensión para los ciudadanos, por lo que implicaría destinar a funcionarios a procesar la información, para hacerla accesible, distrayéndolos de sus labores habituales.

viii. En cuanto a lo señalado por el reclamante respecto a que no se habría respetado el principio de facilitación, indica que es el propio artículo 12 de la Ley de Transparencia el que exige que una petición de información deba ser presentada por escrito. Respecto a que el Servicio se tomó la totalidad del plazo para evacuar pronunciamiento negativo, le resulta una afirmación antojadiza y sin ningún asidero legal. Asimismo, respecto a la temeraria afirmación de que el Servicio tendría una nula predisposición a acatar la Ley de Transparencia, reafirma que el SII ha resuelto con apego a la Ley cada una de las peticiones presentadas por el reclamante.

ix. Respecto al motivo por el que el solicitante pide la información señala que no consta en la presentación realizada que esté actuando a nombre de los propietarios de los inmuebles cuya información solicita y el artículo 9° del Código Tributario establece que toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente deberá acreditar su representación, lo que ha sido explicitado pormenorizadamente a través de la Circular N° 54, del 2002, que imparte Instrucciones sobre Comparecencia de los Contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos. Al respecto menciona que en la Resolución Exenta N° 1126, de 8 de junio de 2009, dirigida a don Carlos Carrasco Sánchez –quien solicitaba información sobre el registro de tasación de 4 bienes raíces- se le señaló que podría tener acceso a los roles consultados en la Dirección Regional o en la Oficina de Convenio Municipal correspondiente, en el entendido que contaba con la debida representación de los mismos y que su solicitud sería denegada si no acreditaba su personería. Asimismo, respecto de los dueños de los inmuebles, podrían ser obtenidos a través de dos vías: ingresando en la página web con su RUT y su clave o acudiendo a las Oficinas del Servicio.

x. Finalmente, respecto a la acusación que realiza el peticionario en cuanto a que existirían odiosidades o motivos personales en su contra, señala que en sus múltiples presentaciones el ocurrente ha sido tratado de manera cortés y con el debido respeto y se le ha respondido de manera oportuna y eficaz a sus requerimientos. Así, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia se han recibido 18 solicitudes de información, todas del mismo tenor de la que es objeto del reclamo y que se refieren generalmente a un gran número de actos administrativos.

e) Causales de la Ley de Transparencia que justifican la denegación del acceso a la información solicitada:

i. Artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia: la información requerida se encuentra amparada por el deber de reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario, que para estos efectos ostenta el rango de ley de quórum calificado, en especial lo relativo a la superficie de la unidad de que se trata, que refleja directa o indirectamente la cuantía de las rentas del contribuyente respecto del que se proporciona la información, como asimismo, la fuente de las rentas, toda vez que muchos de los inmuebles cuya información se solicita están destinados precisamente a una actividad comercial, por lo que se estaría revelando dicha información y, finalmente, los datos requeridos han sido obtenidos de las declaraciones obligatorias presentadas por el Conservador de Bienes Raíces, Notarios o el propio contribuyente.

ii. Artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia: de lo dispuesto en dicha norma, junto con el numeral 2 del artículo 7° del Reglamento de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 8° y 19 N° 4 de la Constitución y a las normas de la Ley N° 19.628, en particular los artículos 2° letra f) y 9°, se concluye que respecto de las personas naturales, de proporcionarse la información requerida por el recurrente, claramente se atentaría contra la garantía constitucional de protección a la esfera de la vida privada. En cuanto a lo dispuesto por la Ley N° 19.628 establecen que la información incluida en lo declarado en el formulario 2890, por ejemplo, se trataría de datos personales y la finalidad de su recolección es la determinación del Impuesto Territorial. Asimismo, invocan lo dispuesto por el artículo 19 N° 26 de la Constitución.

iii. Artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia: el espíritu de la Ley ha sido permitir un mayor control de la ciudadanía frente a la Administración, motivo por el cual se estableció la limitación contenida en dicha norma legal. En el caso que nos ocupa, la funcionaria interpelada debía ubicar las carpetas correspondientes a los roles de la comuna de Santiago, única que se encontraba en su jurisdicción y de la cual disponía de los antecedentes requeridos, revisar que entre la documentación existente en ellas no hubiere ningún antecedente reservado por ley, proceder a fotocopiar el contenido público de las carpetas y compaginar su entrega al requirente. A su vez, debía redactar sendos oficios requiriendo información a las otras Direcciones Regionales competentes, repitiéndose en cada una de éstas el proceso de recopilación de información y procesamiento de la misma manera para su envío a la Dirección Regional requirente. Por esto, satisfacer el requerimiento habría distraído importantemente no sólo a una funcionaria del ejercicio de sus funciones, sino que a funcionarios de distintas unidades.

f) Finalmente solicitan al Consejo fijar audiencia con la finalidad de acreditar los antecedentes de hecho expuestos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo primero a resolver en este caso es la invocación, por parte del SII, del deber de reserva establecido en el artículo 35 del Código Tributario, también denominado “secreto tributario”, para justificar la reserva de la información aquí solicitada, a saber, copia de los registros de tasación de 29 inmuebles ubicados en diversas regiones del país. Respecto de ello es preciso señalar lo siguiente:

a) Este Consejo, en diversas decisiones como la A54-09, A89-09 o la A117-09, ha acordado que la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico que, en tal carácter, debe ser interpretada de manera restrictiva. Esto significa que no puede extenderse a documentos distintos a los contemplados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información diferente de la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-.

b) El SII señala que dicha información se obtiene directamente de lo informado por los contribuyentes –personas naturales y jurídicas-, los Conservadores y los Notarios, a través de diversos formularios y declaraciones juradas, entre otras fuentes. Si bien se solicitó a dicho Servicio que acompañase a sus descargos copia del formulario N° 2890 –toda vez que no puede descargarse de su sitio web- éste no lo remitió. No obstante, este Servicio señala de manera aproximada el contenido de dichos registros, que consistiría en información objetiva respecto a los inmuebles, como el avalúo del bien raíz —información que ya ha sido declarada pública en la decisión del amparo A89-09—, datos de carácter gráfico y datos del propietario del inmueble.

c) Sin embargo, esta información se obtiene de diversas fuentes y no sólo de las declaraciones antes mencionadas, tal como lo ha expresado el propio Servicio reclamado.

d) Una solicitud semejante a la de este caso fue planteada en el amparo A54-09, interpuesto por el mismo reclamante, quien solicitó al SII los registros de tasación de 14 inmuebles. Al formular sus descargos en esa ocasión el SII no invocó el deber de reserva establecido en el artículo 35 del Código Tributario, sino sólo la afectación del debido cumplimiento de sus funciones en virtud de lo dispuesto en el Art. 21 N° 1, letra c) de Transparencia, la que fue desestimada por este Consejo que, en definitiva, acogió dicho amparo.

e) En la decisión del amparo A89-09, de 13 de noviembre de 2009, se acordó que la superficie de un inmueble no constituía fuente de ingresos de su titular en los términos del art. 35 del Código referido, aunque sí representaba un antecedente más para determinar los impuestos de un determinado contribuyente, además de un dato objetivo que emanaba de otras fuentes, como serían ciertas escrituras o al información registrada en los respectivos Conservadores de Bienes Raíces, etc., por lo que en la especie no se da una vinculación directa entre dicha información y las declaraciones obligatorias que deben prestar los contribuyentes. Asimismo, se consideró que el rol de avalúo, el avalúo y la superficie de un bien raíz asociado al nombre de su titular era información que ya se encontraba disponible en otras fuentes públicas, por lo que en estos casos primaba el derecho de acceso a la información, sin que pudiera considerarse que su sola comunicación vulnerase el derecho fundamental a la protección a la vida privada.

f) En síntesis, el criterio de este Consejo es que la información sobre la que versa este amparo no se encuentra cubierta por el deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario, toda vez que no se refiere a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias. A este respecto conviene recordar que la renta y el patrimonio (categoría a la que pertenecen los inmuebles de que una persona es propietario) son cosas diferentes.

g) Tampoco procede la aplicación de dicho precepto tratándose de los contribuyentes que determinan su base imponible conforme al sistema de renta presunta, pues aquélla es una presunción de ingresos que no indica la cuantía de las rentas que éstos perciben (precisamente opera porque ésta se desconoce), de modo que tampoco puede entenderse que de aplicarse debieran mantenerse en reserva los registros de tasación de los inmuebles que sirven para este cálculo.

h) Por último, conviene consignar que en la decisión del amparo A54-09 se requirió al SII que otorgara acceso a la información solicitada –ya sea otorgando copia de dichos expedientes, a costa del solicitante, o garantizando su acceso en los lugares de atención al público en que se encuentren- resguardando debidamente los datos personales, y aquellos sensibles, que pudieran contener dichos expedientes.

2) Que, en segundo lugar, en cuanto a lo argumentado por el SII respecto a lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el numeral 2 del artículo 7° de su Reglamento, en relación con lo prescrito en los artículos 8° y 19 N° 4 de la Constitución y lo establecido en la Ley N° 19.628, respecto de las personas naturales, debe considerarse que cualquier usuario registrado o que se registre puede obtener la siguiente información mediante los roles de avalúo de dichas propiedades: la dirección registrada en el SII, el nombre del propietario (registrado en el SII, que no acredita dominio), el RUT del titular y el avalúo total a la fecha de consulta, por lo tanto esta información ya se encuentra disponible de manera permanente para todo el público.

3) Que, por otra parte, el SII alega que también se vulneraría lo dispuesto por el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política, argumento que también debe rechazarse toda vez que dicho precepto constitucional se dirige al legislador y su finalidad es impedir que, a través de la dictación y aprobación de leyes se trabe el ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y no, por tanto como señala el Servicio reclamado, a cualquier órgano de la Administración del Estado.

4) Que no cabe acoger lo señalado por el Servicio reclamado en cuanto al sentido de la Ley de Transparencia y el objetivo perseguido por el reclamante ya que, como ha señalado de manera reiterada por este Consejo (decisiones A117-09, C434-09 y C539-09, entre otras), el principio de la no discriminación establecido en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia exige a los órganos de la Administración del Estado proporcionar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin expresión de causa o motivo para su requerimiento, por tanto, el motivo o interés que tuviese el requirente no debe ser considerado para denegar la información solicitada. Por otra parte, si se trata de información pública no es necesario que el solicitante acredite contar con la debida representación de los propietarios de dichos inmuebles ya que cualquier persona podría acceder a ésta a su solicitud.

5) Que, por otra parte, el Servicio alega la distracción indebida de los funcionarios de sus labores habituales, toda vez que se deberá entregar información respecto de un total de 29 inmuebles. De dichos inmuebles 14 corresponden a la Dirección Regional de Santiago Centro, 7 Dirección Regional de Santiago Oriente, 2 a la Dirección Regional de Concepción, 1 a la Dirección Regional de Valparaíso, 1 a la Dirección Regional de Temuco, 2 a la Dirección Regional de Puerto Montt y 2 a la Dirección Regional de Santiago Poniente. Según ya se ha señalado por este Consejo, la carga de la prueba respecto de la concurrencia de una causal de reserva o secreto establecida en la Ley, corresponde a quien la invoca, en este caso, al Servicio reclamado. El cálculo de tiempo realizado es el mismo que se hizo respecto del amparo A54-09, en el cual se determinó que no se había acreditado la distracción indebida y se le otorgó una alternativa al Servicio para cumplir con la entrega de la información. Por esto puede estimarse que en este caso no se ha acreditado fehacientemente que concurre la causal invocada y por esto debe desecharse dicha alegación.

6) Que, por todo esto se deberá acoger el amparo interpuesto y requerir al Director del SII que acceda a la entrega de lo requerido, ya sea otorgando copia de dichos expedientes, a costa del solicitante, salvo que el gasto sea excesivo o no previsto, caso en el que deberá garantizar su acceso en los lugares de atención al público en que se encuentren, resguardando debidamente los datos personales, y aquellos sensibles, que pudieran contener dichos expedientes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger el reclamo de don Álvaro Ponce Facusse en contra de Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos señalados precedentemente.

II) Requerir al Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos:

a) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Álvaro Ponce Facusse y al Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila, y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.