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Elisa Cisternas Huenul con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rol: C66-10

Consejo para la Transparencia, 13/04/2010

Se deduce amparo en contra de la Universidad de la Frontera por no suministrar información solicitada relativa a resultados de evaluación docente realizada por sus alumnos y copia autorizada de reglamentos internos de docentes y funcionarios. Organismo se excusó aduciendo que dicha información no tiene carácter de pública y que su divulgación afectaría el funcionamiento de dicha casa de estudios. El Consejo acoge parcialmente el amparo interpuesto, requiriendo a la Universidad la entrega de los resultados de la mencionada evaluación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C66-10

Entidad pública: Universidad de La Frontera

Requirente: Elisa Cisternas Huenul

Ingreso Consejo: 02.02.2010

En sesión ordinaria N° 141 de su Consejo Directivo, celebrada el 13 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C66-10.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de diciembre de 2009, doña Elisa Cisterna Huenul requirió a la Universidad de La Frontera la siguiente información:

a) Evaluación de los docentes de la carrera de medicina año 2007, 2008 y 2009, tanto semestrales como anuales, realizados tanto por los alumnos de ramos teóricos como alumnos internos de esa Facultad.

b) Copia de los reglamentos académicos y estudiantiles, completos y debidamente certificados.

2) RESPUESTA: El 8 de enero de 2010, la Universidad de La Frontera notificó a la solicitante su respuesta mediante Ord. N° 04/Div.leg., de 6 de enero de 2010, señalando, en resumen, lo siguiente:

a) Que todos los reglamentos de la Universidad se encuentran disponibles en la sitio electrónico institucional (www.ufro.cl) y en la sitio electrónico de su Dirección Jurídica www.ufro.cl/juridica/mapa.html. Sobre el particular, le informa que el artículo 13 de la Ley N° 18.575, en su inciso quinto, establece que cuando la información no se encuentra permanentemente a disposición del público, el interesado tiene derecho a requerirla por escrito, condición que no se daría respecto de los documentos solicitados.

b) En cuanto a la solicitud de la evaluación de los docentes de la carrera de medicina, señala que éste es un instrumento de medición cuyos resultados tienen el carácter de reservado, de acuerdo a la normativa que regula el proceso de evaluación docente, por lo que tampoco resultaría procedente poner a su disposición dichos datos. Al efecto, invoca el artículo 13, inciso décimo primero, de la Ley N° 18.575, que faculta al jefe de servicio para negar la entrega de la información cuando se trata de datos de carácter reservados por disposición legal o reglamentaria.

3) AMPARO: El 29 de enero de de 2010, doña Elisa Cisterna Huenul reclamó ante la Gobernación de Cautín el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada, atendida la respuesta negativa del órgano y la invocación del artículo 13 de la Ley N° 18.575 como fundamento de ésta.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Rector de la Universidad de La Frontera, mediante el Oficio Ord. N° 289, de 17 de febrero de 2010, quien respondió al mismo el 15 de marzo de 2010, mediante Ord. N° 16/Div.leg., formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:

a) Que en cuanto a la solicitud de los reglamentos académicos y estudiantiles completos y certificados, tal como indicó en su respuesta, éstos se encontrarían permanentemente a disposición del público en la página web de la Universidad, y específicamente, en la sitio Web de la Dirección Jurídica. Por lo tanto, de conformidad a lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, el órgano ha cumplido con su deber de informar.

b) En cuanto a la solicitud de entregar la evaluación de los docentes de la carrera de medicina, señala que no accedió a la solicitud de la recurrente fundado en los siguientes argumentos:

i) Sostiene que de la lectura de los artículos 4°, inciso segundo, 5° y 10° de la Ley de Transparencia, se infiere que la ley obliga a transparentar, actos, resoluciones, expedientes, contratos y acuerdos de carácter oficial, dentro de los cuales, no cabe la evaluación docente, pues ésta se refiere a un cúmulo de encuestas contestadas en forma anónima por los propios alumnos de la Universidad de La Frontera y referidas a cada una de las asignaturas impartidas en las diversas carreras que ofrece esta Universidad. En consecuencia, la evaluación docente no es un acto administrativo, ni tampoco tienen el carácter de documentación oficial y, por ende, dicha institución no se encontraría en la obligación de transparentarlos.

ii) Hace presente que la Universidad de la Frontera no posee un sistema de evaluación docente equivalente a las calificaciones de los funcionarios de la administración pública y la llamada evaluación docente tiene un énfasis radicado primordialmente sobre los contenidos de los ramos. En consecuencia, no resultarían replicables los razonamientos de las decisiones roles N° A10-09, A126-09 y A323-09 del Consejo para la Transparencia, toda vez que ellas se refieren a la publicidad de las calificaciones de los funcionarios de los servicios públicos recurridos, materia que es completamente diversa al objeto del requerimiento de la actora, esto es, la evaluación docente referida a los ramos de las respectivas carreras universitarias.

iii) A mayor abundamiento, hace presente el carácter informal que tiene dicha encuesta, al punto que no es materia de ninguna regulación reglamentaria al interior de la Universidad.

iv) Subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, se opone a entregar la información resultante de la referida evaluación docente, toda vez que la publicidad de dicha información podría afectar el funcionamiento de esta Universidad, pues su divulgación pondría a la institución en una situación de desmedro frente a los pares del sector privado, revelando información sensible, relativa a la calidad en que se imparten las asignaturas de la carrera de medicina. Al efecto, sostiene que las fortalezas y debilidades de las asignaturas serían conocidas por la competencia, atrayendo sobre sí a alumnos y docentes de la Universidad.

v) Además, funda sus descargos en lo prescrito en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que la eventual publicidad de las encuestas podría vulnerar los derechos de la vida privada de las personas involucradas, toda vez que las encuestas son aplicadas al alumnado en el entendido que sus respuestas y comentarios son confidenciales.

5) ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS DEL ORGANISMO: Mediante correos electrónicos de fecha 12 y 13 de abril de 2010, la Universidad de La Frontera, a requerimiento de éste Consejo, acompañó los siguientes documentos para su conocimiento:

 

a) Formulario de “Evaluación de Docencia. Percepción de los Estudiantes”. Cuyo contenido es el siguiente:

i) Indica que el “objetivo de este cuestionario es conocer su percepción sobre el grado en que el o los docentes que realizan esta asignatura o módulo integrado, presentan ciertas conductas que se han estimado deseables para una docencia de calidad, según una Comisión de Evaluación integrada por representantes de los académicos y los estudiantes”.

ii) Se garantiza el carácter confidencial de la encuesta. Señala “el docente, el Director de su Carrera y el Director del Departamento al que está adscrita esta asignatura o módulo integrado, conocerán la opinión global del grupo de estudiantes, nunca la opinión individual de algún estudiante”.

iii) Señala que el alumno “tendrá acceso con su clave a los resultados generales de la evaluación de la docencia de los Departamentos que imparten asignaturas en su Carrera”.

iv) Contiene 26 preguntas cuyas respuestas se dividen entre las siguientes alternativas: Muy en desacuerdo; en desacuerdo; neutro; de acuerdo; muy de acuerdo; no sabe/no aplica.

v) Contiene un apartado destinado a recibir las opiniones y sugerencias del alumnado “para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura”.

b) Informe de la Dirección Académica de Pregrado, denominado “Resultados de Carrera. Evaluación de la docencia periodo 2008/2”. Dicho documento contiene:

i) Resultados generales de la carrera de medicina, de su facultad y de la Universidad, en las siguientes siete dimensiones evaluadas: organización y responsabilidad, actualización y claridad, motivación y participación estudiantil, aprendizaje logrado, relación interpersonal, evaluaciones; y formación integral;

ii) Resultados de la carrera por pregunta.

c) “Ejemplo de resultados de Evaluación de la Docencia que ven los estudiantes”. Documento que contiene los mismos resultados anteriormente reseñados. Sin embargo, éstos son expuestos a partir de muestras gráficas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en su respuesta, la Universidad de la Frontera ha estimado que la información relativa a los reglamentos académicos y estudiantiles de la Universidad, por hallarse publicados en el sitio electrónico de institucional, deben entenderse contestados, en virtud del artículo 13, inciso quinto, de la Ley N° 18.575. Y, por su parte, respecto de la evaluación de los docentes de la carrera de medicina, ha denegado el acceso a la misma, por considerar aplicable lo dispuesto por el inciso décimo del mismo artículo.

2) Que no obstante en sus descargos la universidad invocó los artículos 15 y 21 de la Ley de Transparencia, resulta menester representar al órgano que conforme al artículo segundo de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, se encuentran expresamente derogados los incisos tercero y siguientes del artículo 13 y el artículo 14 de la Ley N° 18.575, razón por la cual éstos no resultan fundamento plausible para la denegación del acceso la información solicitada.

3) Que el reclamante ha solicitado copia de los reglamentos académicos y estudiantiles de la Universidad, completos y debidamente certificados, los cuales, conforme ha observado este Consejo, se encuentran permanentemente a disposición del público en el sitio electrónico de la institución.

4) Que en su decisión que resuelve el recurso de reposición presentado en el amparo Rol N° A146-09, este Consejo ha señalado «[q]ue respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como ‘solicitud de copia autorizada’, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada ‘en la forma y por el medio que requirente haya señalado’» (considerando 4°).

5) Que el precitado criterio ha sido sostenido respecto de la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado pero ello no resulta extensivo a aquella información que se encuentra permanentemente a disposición del público, toda vez que el artículo 15 de la Ley de Transparencia, regula expresamente aquella hipótesis en la cual “se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”, señalando que para ello el órgano deberá indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información solicitada, la cual deberá encontrarse permanentemente a disposición del público, o en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio; circunstancias que concurren en el presente caso.

6) Que, sin perjuicio de entenderse cumplida la obligación de la Universidad en los términos expuestos en el considerando anterior, atendido que los particulares solicitan al abrigo de la Ley de Transparencia documentos que les son de legítima utilidad, en muchos casos como pruebas en controversias legales o para su presentación ante otros órganos de la Administración del Estado, y para lo cual requieren de su certificación en los términos de la Ley de Transparencia; y orientados por el principio de facilitación en materia de acceso a la información, conforme al cual “los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo”; a fin de asegurar la mayor realización posible del derecho constitucional de acceso a la información pública; este Consejo concluye que de requerirse por un particular la certificación de que son copia fiel de lo publicado en el sitio electrónico del órgano, aquellos documentos que ha sido previamente reproducidos o impresos por el solicitante desde dicho sitio electrónico, en los términos permitidos por él, los órganos de la Administración deberán procurar tal certificación a posteriori, es decir, previo cotejo de los documentos acompañados con aquellos que el sitio electrónico permite reproducir o imprimir.

7) Que, por otra parte, la solicitante ha requerido aquella evaluación docente realizada por los alumnos de la carrera de medicina, de ramos teóricos como internos, tanto semestrales como anuales, realizados en los años 2007, 2008 y 2009.

8) Que según consta en el formulario reseñado en la parte expositiva de esta decisión, el docente, el director de carrera y el director del departamento al que está adscrita la asignatura, conocerán la “opinión global” que el grupo de estudiantes formuló en la evaluación; teniendo los acceso sólo a los “resultados generales” de esta evaluación, a través de su clave de acceso al sistema de interno de la Universidad.

9) Que de la revisión de los documentos enviados por el órgano reclamando a este Consejo se observa que éste elabora dos informes acerca de los resultados de la denominada “evaluación de la docencia”, en los cuales se exponen los resultados de la carrera de medicina, su facultad y la Universidad, sin que se indiquen los resultados de evaluación de cada uno de los docentes.

10) Que atendido que el formulario de evaluación docente es contestado separadamente por el alumnado, conforme a su asignatura o módulo integrado, resulta de manifiesto que no obstante los resultados por docente no se exponen en los informes generales que el órgano a acompañado a este Consejo, para su elaboración se ha debido procesar previamente éstos; razón por la cual resulta forzoso concluir que la información solicitada por la reclamante existe y se encuentra en poder del órgano.

11) Que, conforme ha indicado la Universidad en sus descargos, la información solicitada supone un cúmulo de encuestas contestadas en forma anónima por los alumnos de la Institución y se encuentran referidas a cada una de las asignaturas impartidas en las diversas carreras que ofrece la Universidad. Dichas encuestas tendrían un énfasis radica primordialmente en los contenidos de los ramos, son de carácter informal, pues no son materia de ninguna regulación reglamentaria, y contienen información relativa a la calidad en que se imparten las asignaturas de la carrera de medicina, indicando fortalezas y debilidades de sus asignaturas.

12) Que dicha información ha sido denegada por la citada Universidad fundado en que estos documentos no poseerían el carácter de información pública, pues atendida su naturaleza, la evaluación docente no es un acto administrativo, ni poseería el carácter de documentación oficial del órgano.

13) Que, no obstante no encontrarse este procedimiento de evaluación regulado por la Universidad, de los antecedentes revisados se concluye que éste constituye un instrumento de medición que refleja en forma anónima la percepción del alumnado respecto de las asignaturas consultadas, siendo su objetivo –tal como lo indica el mismo formulario- “conocer su percepción sobre el grado en que los docentes que realizan la asignatura, presentan ciertas conductas que se han estimado deseables para una docencia de calidad”. Dicho instrumento es elaborado con presupuesto público y se encuentra en poder del órgano. Razón por la cual, conforme al artículo 5° de Ley de Transparencia, la solicitada es información pública, salvo que concurra alguna de las excepciones legales.

14) Que, a su turno, el órgano ha invocado como causal para la reserva de la información la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, fundado en que su divulgación revelaría información relativa a la calidad en que se imparten las asignaturas de la carrera de medicina y las fortalezas y debilidades de las asignaturas, materias que de ser conocidas por la competencia pueden dañar a la institución, atrayendo sobre sí tanto a alumnos como a docentes de la Universidad.

15) Que no obstante la divulgación de información relativa a la evaluación realizada por los alumnos respecto sus asignaturas puede generar opiniones negativas acerca de la calidad en que se imparten las asignaturas de la carrera de medicina y las fortalezas y debilidades de las mismas, replicando el criterio fijado por este Consejo en sus decisiones A19-09, de 7 de julio de 2009, y A29-09, de 11 de agosto de 2009, se concluye que aunque la forma de presentar esta información puede dar pie a interpretaciones inexactas, será el debate público y académico quien deberá hacerse cargo de este tema, si es que aflora.

16) Que, en ese contexto, la posibilidad de que la institución resulte dañada por la divulgación de la información, mediante el tránsito de alumnos y profesores a otras universidades, se encuentra sujeta a variables distintas que la exclusiva divulgación de esta información, resultando dependiente del legítimo debate público que, eventualmente, se genere en torno a ésta u otras informaciones sobre la calidad académica de la carrera. Conforme a ello, la concurrencia del daño alegado por el órgano reclamando resulta incierto, razón por la cual le es imposible contrariar la presunción de publicidad que pesa sobre la información en poder de los órganos de la Administración del Estado.

17) Que, por su parte, el órgano no ha aportado otros elementos de juicio que permitan generar la convicción de que la divulgación de la información relativa a la evaluación realizada por los alumnos de la carrera de medicina, en los años 2007 a 2009, le impida o entorpezca prestar de manera regular y continua los servicios educacionales que desarrolla en dicha ciencia.

18) Que, por otra parte, el órgano ha señalado que la divulgación de la información solicitada puede vulnerar el derecho a la vida privada de los alumnos, pues las encuestas son aplicadas en el entendido que sus respuestas y comentarios son confidenciales.

19) Que, sobre el particular, cabe señalar que la información solicitada no dice relación con la identidad de los alumnos encuestados, sino con las evaluaciones formuladas por ellos, siendo innecesario identificar a los mismos.

20) Que el órgano recurrido ha sostenido que en el presente caso no resultaría aplicable lo resulto por este Consejo en sus decisiones A10-09, A126-09, ambas de 31 de julio de 2009, y A323-09, de 20 de noviembre de 2009, toda vez que en ellas este Consejo resolvió la publicidad de las calificaciones de los funcionarios de los servicios públicos, en circunstancias de que los docentes que se desempeñan en las universidades no se encuentran sometidos a ningún procedimiento de calificación similar a aquel, teniendo la llamada evaluación docente un énfasis radicado primordialmente sobre los contenidos de las asignaturas.

21) Que en dichas decisiones el Consejo resolvió el carácter público de las calificaciones de los funcionarios públicos, atendiendo, entre otras razones, al “interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios”.

22) Que dicho razonamiento resulta replicable al presente caso, en tanto la divulgación de la llamada evaluación docente constituye uno de los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por las jefaturas universitarias al momento de evaluar las asignaturas impartidas y éste versa sobre información referente al desempeño de funciones docentes y no respecto de información referida a la esfera privada de los docentes.

23) Que, a mayor abundamiento, la divulgación de la información solicitada, en tanto se refiere a un variable para la determinación de la calidad de la prestación de servicios educacionales, posibilita la elección informada de un determinado establecimiento educacional y, por lo tanto, su conocimiento supone un soporte básico para el adecuado ejercicio del derecho a la educación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Elisa Cisternas Huenul en contra de la Universidad de La Frontera, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Rector de la Universidad de La Frontera:

a) Hacer entrega de los resultados de la Evaluación de la Docencia que la Universidad de La Frontera comunica a cada uno de los alumnos de la carrera de medicina, así como aquellos comunicados a las jefaturas académicas de la misma, durante los años 2007 a 2009, e informarle, además, los resultados de cada uno de los docentes evaluados en dicho período.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Elisa Cisternas Huenul y al Rector de la Universidad de La Frontera, para efectos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.